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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, DEBE TOMARSE EN CUENTA QUE EL DELITO O DELITOS, INCLUYENDO SUS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS, POR LOS CUALES SE DICTÓ EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RESPECTIVO, NO ESTÉN CONSIDERADOS COMO GRAVES POR LA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2000-PS. · Registro digital (IUS): 17004
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 290.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción, se considera conveniente transcribir, en la parte que interesa, los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los citados Tribunales Colegiados de Circuito.

a) La resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 248/2000 promovido por ... el veintitrés de agosto de dos mil, en lo conducente dice:

"CUARTO. Son infundados e inoperantes los transcritos agravios. La sentencia que se revisa otorgó al quejoso la protección constitucional que solicitó contra el acto que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia Penal de Apatzingán, Michoacán; determinación contra la cual quien se inconforma lo es el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante los agravios que expresa en su libelo respectivo, los cuales se dejaron transcritos en el considerando que antecede; no se está en el supuesto de que deba suplirse la deficiencia de la queja, pues de hacerlo tal proceder entrañaría una violación manifiesta a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, acorde con el cual la persecución de los delitos compete de manera exclusiva al Ministerio Público, y este tribunal se apartaría de la norma procesal que impone la obligación de ceñirse a los agravios que expresa el titular de la acción penal. Sobre el particular, se invoca la aplicación de los criterios establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 9 de los Volúmenes 181-186, Segunda Parte, Séptima Época, y la diversa visible a fojas 12 del Volumen XCIV, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: ‘AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS, INOPERANTE.’ (Se transcribe). ‘AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CARACTERÍSTICAS DE LOS.’ (Se transcribe). La conclusión del Juez de amparo, de que el acto reclamado era violatorio de garantías, la cimenta en las consideraciones de que era ilegal la negativa de la responsable a otorgar al quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución; que el Juez responsable al dictar el auto de formal prisión en contra del quejoso, lo decretó por el delito de robo simple, previsto por el artículo 299 del Código Penal del Estado de Michoacán, porque así derivaba del análisis íntegro del auto de formal prisión, puesto que en él el Juez no precisó, como era su obligación ‘... las calificativas que de los hechos materia de la consignación se advierten, cuando es evidente que dada la mecánica del evento incriminado, se desprende, como según lo esgrimió la responsable en el acto reclamado, que conforme al pedimento del fiscal consignador se considera que el robo fue cometido en el restaurante bar denominado «La Parota», ubicado en la población de Felipe Carrillo Puerto, y que en la hora en que ocurrió el latrocinio dicho lugar se encontraba cerrado y fuera de servicio; además, porque no hubo alguna persona que lo impidiera, de ahí que al omitir analizar la concurrencia de calificativas, es evidente que debe prevalecer el auto de formal prisión tal y como aparece dictado, es decir, por el injusto de robo a que se contrae el ordinal 299 del código sustantivo local ...’; que por ello, estableció el a quo, lo que debió observar la autoridad responsable para estar en condiciones de acordar sobre la petición del inculpado, en torno a que se le concediera la libertad provisional bajo caución, era lo señalado en el auto de formal prisión ‘... máxime que dicha figura delictiva no es de las que por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder ese beneficio, acorde con lo estipulado en el ordinal 20 constitucional, en alternancia con el ordinal 493 de la ley procesal local ...’; finalmente, estimó el Juez de amparo ‘... ilógico e inicuo establecer como lo señala la responsable que sería hasta el momento de resolver en definitiva si proceden o no tales calificativas, cuando es patente, como ya se indicó, que en la formal prisión deben incluirse las calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador y las demás circunstancias que la ley prevea, como así lo precisa la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar en sesión de doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, la jurisprudencia 1a./J. 6/97, que resolvió la contradicción de tesis 42/96, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, la cual aparece publicada en la página 467 de la compilación Jurisprudencia por contradicción de tesis, Novena Época, Tomo III, Primera Parte, 1997, cuyo epígrafe es: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES «AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.», QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.’. Y contra estas consideraciones, como lo corrobora la lectura de los agravios expresados, en ellos el recurrente señala que, al resolver, el Juez de Distrito desapercibió las últimas reformas al artículo 20 constitucional, de acuerdo con las cuales en caso de delitos no graves el Juez podrá negar el beneficio de la libertad provisional en dos casos: uno, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley, o bien, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez, para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias o características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad; que en el caso particular se está en la segunda hipótesis, porque -dice el recurrente- si el agente del Ministerio Público ejercitó acción penal contra el inculpado por delitos considerados como graves, independientemente de que el auto de formal prisión no se haya decretado de esa manera, sino por un delito no grave, el Juez estaba impedido para otorgarle el beneficio. Lo que resulta infundado e inoperante; infundado, puesto que contra lo que arguye quien se agravia, si por disposición del tercer párrafo del artículo 19 constitucional, todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las garantías que consagra el precepto 20 de nuestra Carta Magna se refieren a las que tendrá el inculpado en el proceso penal, es inconcuso que para determinar sobre la procedencia o improcedencia del otorgamiento del beneficio de la libertad provisional que le fue solicitada a la responsable -después del dictado del auto de formal prisión- necesariamente debía atender al o los delitos por los que el mismo se decretó, y no a los términos en los que se solicitó se siguiera el proceso cuando se realizó la consignación pues, se insiste, de conformidad con el precepto 20 (sic) constitucional, todo proceso se seguirá, necesariamente, por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Por consecuencia, aun para el supuesto de que en el caso hubiese existido la solicitud del Ministerio Público de que se negara al inculpado el beneficio de la libertad caucional al momento de la consignación, resulta innegable que si el auto de formal prisión sólo decretó éste por el delito de robo simple, que la ley califica como no grave, el Juez no podía negarle la libertad caucional si el Ministerio Público no acreditaba que el inculpado hubiese sido condenado con anterioridad por un delito calificado como grave, o cuando aportara elementos de los que se estableciera que la libertad del encausado representara, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad, y exclusivamente por esas razones. Resulta inatendible la afirmación del recurrente, cuando refiere que el Juez de la causa radicó el proceso penal 70/2000, considerando como grave el delito que el quejoso perpetró, por cuanto que en autos no existe prueba que corrobore tal aserto, y en cuanto a la tesis cuya aplicación invoca, de rubro: ‘LIBERTAD CAUCIONAL. PARA SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDERSE NO SÓLO AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SINO TAMBIÉN A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’, este órgano de control de legalidad no lo comparte pues, como se dijo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 20 constitucionales, después del dictado del auto de formal prisión, para determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento del beneficio de la libertad provisional, necesariamente debe atenderse al delito o los delitos por los que el mismo se decreta; y por ello debe denunciarse la probable contradicción de tesis. Y son inoperantes por cuanto a que el recurrente no combate todas y cada una de las consideraciones en que se funda la sentencia que se revisa, pues particularmente no controvierte la estimación del Juez relativa a considerar ilógico e inicuo el argumento de la responsable de que sería hasta el momento de resolver en definitiva si procedían o no las calificativas por las que se consignó al inculpado, cuando se podría resolver sobre la procedencia o improcedencia del otorgamiento del beneficio solicitado y el aserto de que conforme al criterio jurisprudencial de rubro: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES «AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.», QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.’, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 42/96, en la formal prisión deben incluirse las calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador, y las demás circunstancias que la ley prevenga. Así las cosas, al resultar infundados e inoperantes los agravios, debe confirmarse, en sus términos, la sentencia sujeta a revisión."

b) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, al resolver el amparo en revisión número 59/99, promovido por ... sostuvo:

"TERCERO. La Juez Séptimo de Distrito fundó la sentencia que se combate en las siguientes consideraciones: ‘TERCERO. Los conceptos de violación formulados por el quejoso suplidos en sus deficiencias en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de materia penal, resultan fundados, atento las siguientes consideraciones. En efecto, el quejoso reclama ante esta instancia constitucional el auto dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, dentro de los autos de la causa penal número 80/98, con fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, por el que se le negó el beneficio de disfrutar de la libertad provisional bajo caución. ... Ahora bien, de las documentales que a su informe con justificación remitió el Juez responsable, relativas a la causa penal número 80/98, se advierte que con fecha veintiséis de marzo del año en curso dictó en contra del quejoso auto de formal prisión, de cuya lectura se advierte que los elementos del tipo penal del delito de robo por el que lo consideró probable responsable en su comisión, los tiene por acreditados adecuándolos en el artículo 173 del Código Penal vigente en el Estado; y al referirse a la probable responsabilidad, también la tiene por acreditada en los términos del citado precepto legal. Por su parte, los artículos 19, párrafo segundo y 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: «Artículo 19.» (se transcribe). «Artículo 20.» (se transcribe). De lo anterior se desprende que el auto reclamado es violatorio en perjuicio del quejoso de sus garantías individuales contenidas en los referidos artículos 19, párrafo segundo y 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Juez responsable al emitirlo le niega el beneficio de la libertad provisional bajo caución, argumentando que el delito de que se trata encuadra dentro del artículo 176, fracción II, incisos a) y b), así como del artículo 13, fracción IX, todos del Código Penal para el Estado; sin embargo, por este motivo, la responsable no debió negar tal beneficio, ya que en ninguna parte en su resolución de formal procesamiento hizo consideración alguna para concluir que de las constancias de autos se estimase que tal ilícito fue cometido por varias personas y por medio de violencia física o moral en las personas o en las cosas, o bien, se hubiese ejercido ésta para proporcionarse la fuga o defender lo robado y que, por ello, pueda calificarse como robo calificado y quedar sancionado por el referido artículo 176, fracción II, incisos a) y b), del Código Penal veracruzano. En consecuencia y al haber quedado demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, es procedente que se le conceda al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, a fin de que el Juez responsable deje sin efecto dicho acto y, tomando en consideración el tipo penal del delito de robo por el que lo sujetó a la traba de la formal prisión, dicte la resolución que en derecho corresponda, restituyéndolo en el goce de sus garantías violadas.’. CUARTO. El Juez recurrente expresó como agravios los siguientes: (se transcribe). QUINTO. Los agravios son fundados. Asiste razón a lo alegado por la autoridad recurrente en el sentido de que la Juez de Distrito al otorgar el amparo contra el acuerdo por el que se negó al inculpado aquí quejoso, el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, se apoyó exclusivamente en las deficiencias del auto de formal prisión, pues en él no se precisó ni motivó que el delito de robo que se le atribuye al quejoso encuadraba en la calificativa que contempla el artículo 176, fracción II, incisos a) y b), del Código Penal del Estado, sin tomar en cuenta las constancias procesales, concretamente la acusación. En efecto, según aparece de la determinación del Ministerio Público al ejercitar la acción penal por el delito de robo calificado al que ‘... toda vez que se encuentran satisfechos los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución General de la República, como son: la existencia de una denuncia que se refiere a hechos que el código sustantivo penal tipifica como delito, precisamente en los artículos 173, fracción I, párrafo tercero, en relación con el 176, fracción II, incisos a) y b) ...’. De igual manera, se advierte del auto de inicio que el Juez natural radicó el proceso con fundamento, entre otros, en los artículos 173, fracción I, párrafo tercero, en relación con el 176, fracción II, incisos a) y b), del Código Penal del Estado. Luego, es evidente que con todas las deficiencias del auto de formal prisión antes apuntadas, el Ministerio Público ejercitó acción penal en contra del indiciado, aquí quejoso, por la comisión del delito de robo calificado y así se radicó el proceso y, por ende, la motivación del acuerdo de fecha veintitrés de octubre del año próximo pasado, por el que se negó al quejoso dicho beneficio fue considerada con la fundamentación antes precisada, partiendo del punto de vista legal que el delito de robo calificado previsto por el artículo 173, fracción I, en relación con el 176, fracción II, incisos a) y b), del Código Penal del Estado, se encuentra comprendido como delito grave en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 13, fracción IX, ibídem. En mérito de lo anterior, el acuerdo combatido no es violatorio de las garantías individuales del quejoso, lo que impone revocar la sentencia que se revisa y negar el amparo de la Justicia Federal solicitado."

En virtud de dicha ejecutoria, el Tribunal Colegiado en cuestión sostuvo la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, noviembre de 1999

"Tesis: VII.1o.P.115 P

"Página: 995

"LIBERTAD CAUCIONAL. PARA SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDERSE NO SÓLO AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SINO TAMBIÉN A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si de las constancias de autos se advierte que el representante social ejercitó la acción penal contra el indiciado por un delito grave, como lo es, en el caso, el de robo calificado previsto en el artículo 173, fracción I, en relación con los diversos numerales 176, fracción II, incisos a) y b) y 13 del código punitivo de la entidad, y el propio Juez del proceso penal así lo radicó, no procede otorgar la libertad caucional solicitada por el inculpado, aun cuando aquél al dictar el auto de formal prisión no precisara dicha calificativa, ya que para otorgar el citado beneficio no sólo debe atenderse al auto de bien preso sino también a las constancias de autos.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

"Amparo en revisión 59/99. Juez Primero de Primera Instancia de Tuxpan, Veracruz. 17 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Marco Antonio Ovando Santos."

CUARTO. En primer lugar y por cuestión de orden, debe advertirse si en el caso existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, cuyas consideraciones han quedado ya transcritas.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que deba prevalecer, es necesario que cuando menos se dé formalmente una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, que para que sea viable su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las respectivas sentencias.

En otros términos, existe contradicción cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios, los Tribunales Colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En esencia, para que exista contradicción se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme respecto de un mismo tema, enfocado desde un mismo plano.

Al respecto, tiene aplicación la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

Ahora bien, en el caso a estudio, del análisis comparativo de los criterios ya transcritos, se advierte que el razonamiento emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en lo que corresponde a la materia de la presente contradicción de tesis, esencialmente se hizo consistir en que por disposición del tercer párrafo del artículo 19 constitucional, todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y que las garantías que consagra el artículo 20 de la Carta Magna se refieren a las que tendrá el inculpado en el proceso penal; que, por ello, para determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución, después de dictado el auto de formal prisión, necesariamente debe atenderse al delito o delitos por los cuales se haya decretado el auto de término constitucional, y no a las condiciones en que se ejercitó la acción penal por parte del Ministerio Público; mientras que el razonamiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en síntesis, consiste en que para el otorgamiento de la libertad caucional debe atenderse no sólo al auto de formal prisión, sino también a las constancias de autos, específicamente a la forma en que fue ejercitada la acción penal por parte del agente del Ministerio Público y la forma en que fue radicada la causa penal por parte del Juez responsable.

Así las cosas, esta Primera Sala considera que sí existe contradicción de criterios en el presente caso, en atención a las siguientes razones:

1) Los Tribunales Colegiados mencionados examinaron el mismo tópico referente a los requisitos que deben tomarse en cuenta para la procedencia o improcedencia del beneficio de la libertad provisional bajo caución;

2) Ambos órganos colegiados adoptaron criterios jurídicos discrepantes, ya que mientras que por una parte el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostuvo que para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la libertad provisional bajo caución sólo debe tomarse en cuenta el delito o delitos por los cuales se dictó el auto de formal prisión; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito determinó que para el otorgamiento o negativa del beneficio en cuestión, no debe atenderse sólo al auto de formal prisión, sino también a las constancias de autos, específicamente a la forma en que fue ejercitada la acción penal por el Ministerio Público y la forma en que fue radicada la causa penal por parte del Juez natural;

3) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razonamientos de las respectivas sentencias; y,

4) Los criterios sustentados provienen del examen de los mismos elementos, puesto que ambos Tribunales Colegiados examinaron los requisitos que deben tomarse en cuenta para la procedencia o improcedencia de la libertad provisional bajo caución, después de haberse dictado el auto de formal prisión, y de un estudio pormenorizado de las causas penales de donde derivan los actos reclamados en los juicios de amparo relativos a los recursos de revisión donde emitieron las resoluciones materia de la presente contradicción, se advierte que en ambos procesos penales se ejercitó acción penal por parte del agente del Ministerio Público, por un delito considerado como grave por la ley, como lo es el robo calificado, además de que en ambas causas criminales, los Jueces señalados como responsables dictaron auto de formal prisión sólo por el delito básico, sin tomar en cuenta las modalidades o calificativas, y al resolver lo relativo a la libertad provisional bajo caución, ambos determinaron que dicho beneficio era improcedente por estimar que el delito básico imputado se encontraba agravado con una calificativa y que, por ello, se trataba de un delito considerado como grave por la ley.

QUINTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo sustancial coincide con el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con base en las siguientes consideraciones:

El artículo 20, fracción I, de la Constitución General de la República, que establece el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en su texto original, textualmente decía:

"Artículo 20. En todo juicio del orden criminal, tendrá el acusado las siguientes garantías:

"I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad, bajo fianza hasta de diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad, u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla."

Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, el citado precepto legal en la fracción apuntada fue reformado y quedó de la siguiente manera:

"Artículo 20. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías: I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo fianza que fijará el Juez tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito merezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, y sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva, a disposición de la autoridad u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla, bajo la responsabilidad del Juez en su aceptación. En ningún caso la fianza o caución será mayor de $250,000.00, a no ser que se trate de un delito que represente para su autor un beneficio económico o cause a la víctima un daño patrimonial, pues en estos casos la garantía será, cuando menos, tres veces mayor al beneficio obtenido o al daño ocasionado."

En la exposición de motivos respectiva, la Cámara de Origen (Senadores), para reformar el artículo en cuestión, en lo que interesa expuso:

" ... El artículo 20 de la Constitución General de la República, en su fracción I consagra como garantía individual de todo acusado que será puesto en libertad inmediata, en cuanto lo solicite, siempre que se reúnan estas dos condiciones: a) que el delito motivo de su proceso no merezca pena mayor de cinco años de prisión y b) que otorgue la fianza o caución que el Juez le señale y la cual no podrá exceder de la cantidad de 10,000 pesos. Seguramente, hace treinta años, cuando el legislador fijó como máximo de la garantía la cantidad de 10,000 pesos, esta cantidad representaba una suma de dinero bastante para responder al interés social predominante que en todo proceso penal existe y para arraigar al procesado de tal suerte que quedara sujeto al juicio y no eludiera, en su caso, el cumplimiento de la pena que le fuere impuesta. Mas si esto fue así en aquella época, ahora, en los últimos años y por razones económico-sociales que no es del caso analizar, la suma de dinero 10,000 pesos ha resultado insuficiente, prestándose a que, con frecuencia, los delincuentes no sólo burlen a los tribunales, sino que, además y tratándose de delitos patrimoniales resulte para ellos provechosísimo el otorgar la garantía dispuestos a perderla, ya que de antemano saben que se les hará efec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17004-66cdc8b8/libertad-provisional-bajo-caucion-para-resolver-sobre-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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