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Modo: Corpus Pro

ROBO CALIFICADO. PARA QUE SE ACTUALICE LA AGRAVANTE DE DOS O MÁS LADRONES, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL, ES NECESARIO QUE SE ACREDITE PLENAMENTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE POR LO MENOS DOS DE ELLOS EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 410/2001. · Registro digital (IUS): 17101
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, , Pág. 578.

AMPARO EN REVISIÓN 410/2001.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Precisado lo anterior, debe decirse que los agravios que se expresan resultan en parte fundados pero inoperantes, en otra infundados, y en una más esencialmente fundados, aunque para ello sea necesario suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente, en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, atento las siguientes consideraciones.

En virtud de que a lo largo de los agravios se expresan de manera reiterada diversos motivos de inconformidad, a fin de evitar una contestación repetitiva, se procede a su análisis conjunto.

Por cuestión de método, se estudiarán en primer término aquellos agravios que de resultar fundados darían lugar a la reposición del procedimiento.

El inconforme expresa como agravio que el Juez de Distrito infringió el procedimiento en el juicio de amparo, dejándolo en un completo estado de indefensión, toda vez que al momento de celebrarse la audiencia constitucional, aún se encontraban pruebas pendientes por desahogar que él había ofrecido, así como requerimientos que cumplir que el propio a quo había realizado, particularmente las pruebas tendientes a demostrar el cargo de la persona que rindió la información previamente solicitada al apoderado legal de la empresa denominada Industria Maquiladora de Muebles, S.A. de C.V., así como las copias certificadas solicitadas de los asientos contables de las facturas números 1679 y 1680 de fecha diecisiete de julio del año dos mil, con las que la agraviada Ana Paola Jalil Morales acreditó la propiedad de algunos bienes muebles robados, en la averiguación previa, pues el supuesto apoderado legal de la empresa mencionada al momento de rendir su informe sólo exhibió copias certificadas de las referidas facturas, documentos que no fueron solicitados, siendo que éstos en su oportunidad se objetaron de falsos.

Este agravio resulta fundado pero inoperante.

En efecto, es cierto que a la celebración de la audiencia constitucional no obraban en autos las constancias solicitadas a Rolando Sánchez Vega para acreditar su personalidad como representante legal de la empresa denominada Industria Maquiladora de Muebles, S.A. de C.V., así como las copias certificadas de los asientos contables de las facturas números 1679 y 1680 de fecha diecisiete de julio del año dos mil, con las que la pasivo Ana Paola Jalil Morales acreditó la propiedad de algunos bienes muebles robados en la averiguación previa, constancias que fueron solicitadas como prueba por el quejoso en el juicio de origen, previa admisión y requerimiento por parte del Juez Federal.

Sin embargo, es de indicarse que en la propia audiencia constitucional el a quo señaló que resultaba innecesario requerir nuevamente a Rolando Sánchez Vega para acreditar su personalidad y remitir las copias certificadas de los asientos contables de las mencionadas facturas, porque éste en su oportunidad había remitido copia certificada de las referidas facturas, lo que engendraba presunción de la propiedad de ciertos bienes, con independencia de la persona que las exhibía, e incluso para fundar su determinación citó sendos criterios de jurisprudencia, cuyos rubros son: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." y "PRUEBAS QUE NO INFLUYEN EN EL SENTIDO DEL FALLO, NO HA LUGAR A DECRETAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE.".

Consecuentemente, contrario a lo manifestado por el recurrente, la actuación del Juez Federal no infringió las normas del procedimiento del juicio de amparo, pues si bien es cierto que faltaban por desahogarse las pruebas documentales de referencia, no menos cierto es que las copias certificadas que se exhibieron de las facturas números 1679 y 1680 engendraban presunción legal para el a quo, con independencia de la persona que las presentó y, por tanto, hacían posible verificar la audiencia constitucional en los términos del acta de referencia.

Además, también es preciso señalar que el Juez de amparo en esa misma fecha desechó el incidente de objeción de falsedad de documentos interpuesto por el quejoso respecto de las copias certificadas de las facturas 1679 y 1680 que se exhibieron, objeción que se basó en que éstas no cumplían con los requisitos fiscales para su emisión y porque existían contradicciones con las originales presentadas por la pasivo en la averiguación previa; al respecto, el a quo resolvió que la objeción de las facturas no desvirtuaban la operación de compraventa de los muebles en ellas señalados, sino únicamente se impugnaban sus elementos accesorios y que, de llegar a demostrarse, resultarían insuficientes para desvirtuar la presunción que pesa sobre el quejoso, toda vez que en los autos del proceso 263/2001 existía la imputación hacia él del robo de diversos bienes muebles de la pasivo, y las facturas cuya objeción refería que sólo se concretaban a una parte de esos bienes, sin que el amparista hubiera acreditado tener la propiedad de alguno de ellos.

Esta determinación se encuentra íntimamente ligada con las consideraciones que expuso el Juez de Distrito para no requerir nuevamente la exhibición de las pruebas documentales que refiere el aquí recurrente y que dio motivo a la celebración de la audiencia constitucional, porque en ambos supuestos lo que pretendía demostrar el quejoso en el juicio de amparo era probar que no le asistía a la pasivo, Ana Paola Jalil Morales, el derecho de propiedad sobre los bienes muebles denunciados como robados, particularmente los señalados en las facturas 1679 y 1680, porque era a él a quien le asistía tal derecho con base en las copias certificadas de diversas facturas que ofreció, situación que no es posible dilucidar en el juicio de amparo, porque el Juez de Distrito al dictar sus resoluciones sólo puede hacer respetar el derecho de propiedad, previamente reconocido, pero no debe resolver en el juicio constitucional quién es el legítimo dueño de un bien, en virtud de que tal determinación es materia de las instancias del orden común, a fin de determinar qué derecho debe subsistir.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 730, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "PROPIEDAD, PROTECCIÓN AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO. Cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías, para el solo efecto de que, reconocido aquel derecho, se mantenga en su goce al propietario, mientras se resuelve en un juicio contradictorio, si su derecho debe subsistir.".

En el mismo orden de ideas, respecto a las posibles violaciones al procedimiento del juicio de amparo, el recurrente refiere que el Juez de Distrito no debió celebrar la audiencia constitucional, pues éste le debió haber dado vista con el oficio del delegado en el Estado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para interponer en su momento lo que a su derecho creyera conveniente, en virtud de que, contrariamente a como lo informó el delegado de dicha dependencia, no se encontraba imposibilitada para proporcionar lo solicitado por el a quo, toda vez que el asunto de donde emana el juicio de amparo es de carácter penal, por lo que aquélla sí estaba dentro de los supuestos que la ley le permite para proporcionar la información requerida, porque de lo que informara se demostraría que las facturas que ofreció la agraviada en la indagatoria para acreditar la propiedad de algunos de los bienes robados son falsas; por tanto, el Juez de Distrito debió, en principio, diferir la audiencia constitucional para darle vista con el oficio y, consecuentemente, requerir nuevamente a la referida secretaría a través de su delegado para proporcionar tal información y, en caso de no cumplir, hacer efectivo el apercibimiento decretado con anterioridad.

Tal argumentación es infundada.

Ello es así, en virtud de que en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito, en principio, únicamente se encuentra obligado a dar vista a las partes con los informes rendidos por las autoridades responsables, así como con las constancias que en su oportunidad acompañen para acreditar la existencia del acto reclamado, pero en el caso de no rendirse tales informes con la oportunidad debida a la celebración de la audiencia constitucional, el Juez de amparo deberá diferir ésta y señalar nuevo día y hora para su celebración, sin que exista otro precepto legal en la ley de la materia que obligue al Juez Federal a dar vista a las partes con oficios diversos a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables porque, en todo caso, si se llegara a diferir la audiencia constitucional para dar vista a las partes con un oficio distinto al informe de ley, sería a consideración del Juez de amparo siempre que el caso lo amerite, por lo que si en el particular no se le dio vista a la parte quejosa con el oficio del delegado en el Estado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se procedió a celebrar la audiencia constitucional, tal actuación no infringe las normas del procedimiento del juicio de amparo, porque el a quo estimó que el expediente de amparo se encontraba integrado, y que las constancias que existían en autos eran suficientes para resolver si el acto reclamado era o no violatorio de garantías.

Además de que el Juez de Distrito señaló en la audiencia constitucional que las copias certificadas de las facturas números 1679 y 1680 que se exhibieron en el juicio de amparo generaban presunción legal, motivo por el cual no era necesario requerir nuevamente al delegado en el Estado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proporcionar la información requerida.

En los agravios también se aduce que debió dársele vista al quejoso con el contenido del referido oficio que remitió el delegado en el Estado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que había tiempo suficiente para ello, pues del mismo se advierte que fue recibido en el Juzgado Federal con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, esto es, el cuatro de octubre del año dos mil y uno, y que aquélla se llevó a cabo el dieciséis de ese mes y año.

Lo anterior es fundado pero inoperante, toda vez que, efectivamente, el Juez de Distrito sí contó con tiempo suficiente para dar vista al quejoso con el oficio de mérito, además de que no se advierte ninguna razón para reservar su acuerdo hasta el día de la celebración de la audiencia constitucional.

No obstante lo anterior, es infundado lo aducido, en virtud de que, como se precisará más adelante, aun demostrando que las facturas en cuestión adolecían de ciertos requisitos fiscales, ello no es razón para restarle valor en el ámbito penal, ya que ningún precepto legal así lo establece, y con independencia de esto, el quejoso no demostró la propiedad de los bienes controvertidos, de ahí que sea irrelevante si demuestra que pertenecen o no a su cónyuge ofendida; por lo que resulta evidente que era innecesario insistir en que se remitiera la información solicitada a la delegación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También deben declararse infundados los agravios que aduce el inconforme, en relación con que el día y hora en que tuvo verificativo la audiencia constitucional sí se encontraba presente su apoderada legal para desahogar la prueba testimonial ofrecida, pero que el personal del juzgado le informó que se iba a diferir por falta de los informes solicitados, razón por la cual no le permitieron presentar a sus testigos, pero que al día siguiente se les informó que el Juez de Distrito había llevado a cabo la audiencia señalada.

Dicha declaración de que el citado agravio es infundado obedece a que el quejoso no aportó pruebas a fin de desvirtuar su afirmación, máxime si se considera que el Juez Federal expresamente indicó que la audiencia constitucional la celebraba sin asistencia de las partes, de lo cual dio fe el secretario respectivo, sin que, se reitera, exista ningún motivo para dudar de la veracidad de lo asentado por el Juez Federal y fedatario con quien actuó.

Por tanto, no fue indebida la actuación del Juez de amparo de celebrar la audiencia constitucional y de hacer efectivo el apercibimiento decretado con anterioridad al quejoso, declarando desierta la prueba testimonial ofrecida, por inasistencia de los testigos.

Consecuentemente, al no actualizarse las violaciones al procedimiento aducidas en el juicio de amparo que refiere el recurrente, se procede al estudio de los restantes agravios que aduce en relación con la sentencia de amparo, respecto de la orden de aprehensión reclamada a las autoridades responsables.

El recurrente expresa como agravio que en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito, al dictar la sentencia que se revisa, no apreció que la orden de aprehensión era violatoria del artículo 16 constitucional, toda vez que no se encontraban acreditados los elementos del cuerpo del delito de robo calificado, así como la probable responsabilidad que se le imputa en su ejecución, pues el a quo sólo se limitó a transcribir lo señalado por el Juez responsable en la referida orden de captura, sin realizar pronunciamiento alguno al respecto de tales requisitos.

Tal argumentación es infundada.

En efecto, contrariamente a lo que refiere el inconforme, el Juez Federal al dictar la sentencia que se revisa sí invocó los fundamentos legales en que se apoyó para determinar que la orden de aprehensión reclamada no era violatoria de garantías, toda vez que dicho juzgador primeramente precisó el acto reclamado, seguidamente apreció la orden de captura combatida tal y como apareció probada ante el Juez responsable, a través de la prueba documental pública remitida por la autoridad ordenadora responsable, de conformidad con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, y del artículo 16 constitucional; además, a través de razonamientos lógico-jurídicos desestimó los conceptos de violación expuestos por el quejoso a la luz de la garantía individual que denunció violada; luego entonces, es evidente que el a quo sí invocó los fundamentos legales en que se apoyó para resolver en los términos que lo hizo, sin soslayar que también señaló con claridad y precisión en el resolutivo segundo que la Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a ... en contra de los actos que reclama de las autoridades que señaló como responsables en su demanda de garantías.

También el Juez de Distrito al dictar la resolución impugnada apreció que la orden de aprehensión reclamada no era violatoria del artículo 16 constitucional en perjuicio del quejoso, porque con las pruebas habidas en la indagatoria se acreditaba el cuerpo del delito de robo calificado en agravio de Ana Paola Jalil Morales, así como la probable responsabilidad penal de ... en su ejecución, ilícito previsto y sancionado por los artículos 373, 380, fracciones III y XI, 382 y 384 del código en materia de defensa social del Estado, pues en el acto reclamado el Juez de la causa primeramente refirió cuáles eran los elementos constitutivos del mencionado ilícito, seguidamente manifestó que éstos se acreditaban con las pruebas existentes y, finalmente, con esas pruebas también se determinó la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del mencionado delito.

Ello es así, pues cabe mencionar cuáles fueron las consideraciones del Juez Federal para emitir su sentencia y resolver que la autoridad responsable al dictar la orden de aprehensión reclamada por el delito de robo calificado no era violatoria del artículo 16 constitucional en perjuicio del quejoso ...

En la sentencia que se revisa, se señaló: "... De la transcripción precedente, se deduce que el delito de robo calificado requiere para su comprobación que más de una persona se apodere de un bien ajeno mueble, sin derecho o sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley, que el hurto se cometa en lugar cerrado o en casa, edificio, vivienda, aposento o cuarto, que estén habitados o destinados para habitación, que el ofendido fuere cónyuge, concubina o concubinario, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptado, adoptante, madrastra, padrastro, hijastra, hijastro, pupilo o tutor del autor del robo, y que la víctima solicite que se ejercite acción contra el presunto responsable; y, en este caso, se encuentra acreditado que ... quien se encuentra casado con la ofendida Ana Paola Jalil Morales, como se acredita con el acta de matrimonio respectiva (foja 29), se apoderó junto con su hermano ... de diversidad de bienes muebles, y los sacó de la casa que el ahora impetrante y la agraviada ocupaban como domicilio conyugal, sin tener derecho y sin el consentimiento de Ana Paola Jalil Morales, quien es la persona que podía disponer de ellos con arreglo a la ley, como presuntivamente se advierte de las facturas emitidas a su nombre, en las que aparecen descritos diversos muebles, hechos que la ofendida puso en conocimiento de la autoridad ministerial para que procediera contra el ahora quejoso y otros, denuncia que se robustece con las declaraciones de los testigos de cargo Sandra y Yezmín, ambas de apellidos Jalil Morales, quienes manifestaron haber estado presentes el día veintisiete de mayo del año en curso, cuando el ahora quejoso junto con otras dos personas estaban empacando los bienes muebles que había en la casa de su hermana Ana Paola Jalil Morales, y que al regresar al día siguiente encontraron la casa vacía; con las declaraciones de los conductores de las camionetas del servicio de alquiler, Gonzalo Hernández Martínez y José Pablo Olvera Prieto, quienes señalaron que el señor ... junto con otra persona los contrataron para transportar muebles del domicilio ubicado en la Privada San Fernando número cuatro del Fraccionamiento San Bernardo, ubicado en Camino Real a Cholula, hacia el fraccionamiento ubicado enfrente de ese domicilio, denominado Arcos del Sur, en la calle Marsella número cuatro mil quinientos cinco, muebles que fueron subidos a las camionetas por los conductores de las mismas y por el ahora quejoso y otras personas; datos que al ser analizados por el Juez de Defensa Social de Cholula, Puebla, lo condujeron a determinar procedente el libramiento de la orden de aprehensión que ahora se analiza. Por todo ello, este Juzgado de Distrito considera que se encuentran satisfechos los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al encontrarse acreditados plenamente los elementos del cuerpo del delito de robo calificado y la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión, además de haber sido dictada por una autoridad competente para ello, como lo es el Juez de Defensa Social de Cholula, Puebla.".

Por otra parte, el inconforme refiere que el Juez de Distrito no apreció que la orden de aprehensión reclamada era violatoria de garantías, porque no se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de robo calificado, así como su probable responsabilidad en su ejecución, toda vez que el contrato de arrendamiento que obra en la averiguación previa exhibido por la denunciante, y que también ofreció el quejoso en el juicio de amparo, se demostró que él rentaba y vivía en el domicilio ubicado en la Privada San Fernando número cuatro del Fraccionamiento Residencial San Bernardo, Camino Real a Cholula número ciento catorce, San Andrés Cholula, Puebla, lugar en el que supuestamente sucedieron los hechos denunciados; por tanto, éste no sólo tenía la posesión del referido inmueble, sino que también tenía la posesión de todos los bienes muebles que se encontraban en su interior, ya que eran propiedad de las empresas Imaceramic, S.A. de C.V. y Marcam Internacional, S.A. de C.V., de las que el recurrente era propietario y accionista; en consecuencia, la posesión material del inmueble elimina la noción de apoderamiento ilícito de los objetos denunciados como robados.

Tal argumento es infundado.

En efecto, el Juez Federal al negar el amparo solicitado sí apreció que la orden de aprehensión no era violatoria de sus derechos fundamentales, porque con las pruebas habidas en la indagatoria sí se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de robo calificado, así como la probable responsabilidad de éste en su ejecución, además de que el Juez de amparo en la resolución que se revisa sí determinó que carecía de valor probatorio el contrato de arrendamiento que refiere el recurrente para demostrar que no fue ilegal el apoderamiento de los bienes muebles habidos en el interior de la casa arrendada, en atención a que el mismo no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, para crear pleno convencimiento de su contenido, por lo que contrariamente a lo que manifiesta sí se acreditó el robo de los objetos denunciado por la pasivo que se le imputa.

Además, debe indicarse que para la configuración de los elementos del cuerpo del delito de robo, por lo que hace al apoderamiento de los objetos, no es necesario que se demuestre en forma alguna la propiedad de los bienes relativos, si existen en la indagatoria pruebas que demuestren tal apoderamiento por parte del inculpado, sin el consentimiento del dueño o de la persona que podía disponer del mismo con arreglo a la ley, elementos que quedaron acreditados con la denuncia de la pasivo, Ana Paola Jalil Morales, con la declaración de los testigos de hechos Sandra Jalil Morales y Yezmín Jalil Morales, quienes coincidieron en señalar que el recurrente ... y su hermano ... fueron las personas que el día veintisiete de mayo del año dos mil uno se apoderaron de diversos bienes muebles sin derecho o sin consentimiento de Ana Paola Jalil Morales, cónyuge del recurrente, bienes muebles que se encontraban en la casa ubicada en la Privada San Fernando número cuatro del Fraccionamiento Residencial San Bernardo, Camino Real a Cholula número ciento catorce, San Andrés Cholula, Puebla, porque ese día los activos se encontraban empacando en cajas diversos bienes muebles que se encontraban en el interior de la casa, incluidos los que la pasivo denunció, y que al día siguiente, veintiocho de mayo del año dos mil uno, al acudir ésta a su domicilio advirtió que se encontraba vacía, es decir, no había objeto alguno en su interior.

Imputaciones que se encuentran corroboradas con las declaraciones de los testigos Gonzalo Hernández Martínez y José Pablo Olvera Prieto, quienes en esencia refirieron que el día veintiocho de mayo del año dos mil uno, como a las ocho de la mañana, fueron contratados para realizar la mudanza de diversos objetos que se encontraban en el interior de la casa arrendada, que cuando éstos llegaron al domicilio, ya se encontraban empacadas las cosas que se iban a transportar.

También existe el señalamiento que hace la testigo Rosa María Martínez Téllez hacia el recurrente ... quien manifestó que el día veintiocho de mayo del año dos mil uno, aproximadamente a las ocho de la mañana, al llegar al domicilio de referencia, advirtió que afuera de éste habían tres camionetas de mudanzas que se estaban llevando los muebles de la casa, ya empacadas en cajas y envueltas en sábanas, por lo que le preguntó qué estaba sucediendo a su patrón, aquí recurrente, y éste le informó que se debería ir al domicilio en donde se dejarían las cosas para acomodarlas, lo que así hizo.

Ha lugar a citar por su importancia la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 192, Tomo VIII, correspondiente al mes de septiembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ROBO. PARA QUE SE CONFIGURE EL CUERPO DEL DELITO, NO ES INDISPENSABLE QUE EL ACTIVO SE APODERE PERSONALMENTE DEL BIEN MUEBLE OBJETO DEL ILÍCITO. La noción de apoderamiento en el delito de robo, se limita a la acción de aprehender o tomar directa o indirectamente la cosa. Habrá aprehensión directa cuando el autor, empleando físicamente su energía muscular y utilizando sus propios órganos, tangiblemente se adueñe de la cosa; el apoderamiento es indirecto cuando el agente por medios desviados logra adquirir sin derecho ni consentimiento, la tenencia material de la cosa. Por tanto, es evidente que para que se configure el apoderamiento en el delito de robo, no es necesario que el activo del ilícito, personalmente atraiga la cosa hacia sí, sino que basta que se valga de medios indirectos (como pueden ser la intervención de terceros o de animales) para obtener la tenencia material de la cosa.".

También se cita por su importancia la tesis aislada número IV.3o.7 P del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 572, Tomo II, correspondiente al mes de diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "ROBO. ES INNECESARIO JUSTIFICAR LA PROPIEDAD DE LOS BIENES, CUANDO SE ACREDITA EL APODERAMIENTO POR EL ACTIVO. Es innecesario que la ofendida del delito de robo, demuestre en forma alguna la propiedad de los bienes robados, cuando en autos está probado que existió el apoderamiento por parte del inculpado de dichos bienes, los cuales le eran ajenos, sin consentimiento del dueño o de la persona que podía disponer de ellos con arreglo a la ley.".

Finalmente, en lo que interesa, se cita la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible a página 730, Tomo III, Segunda Parte-2, correspondiente al mes de enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "ROBO. MOMENTO EN QUE SE CONSUMA EL DELITO. El elemento material del delito de robo consistente en el apoderamiento de la cosa mueble, queda consumado en el preciso momento en que el activo de la infracción se apodera de la cosa aun cuando después la haya abandonado o arrojado y se haya recuperado, pues el apoderamiento quedó consumado desde el momento en que el acusado tomó el objeto del ilícito y lo colocó bajo su poder de hecho, ya que desde ese instante se atacó el bien jurídico tutelado.".

Consecuentemente, si no existía el consentimiento explícito por parte de la pasivo, Ana Paola Jalil Morales, hacia los activos ... ambos de apellidos ... para trasladar de la casa rentada diversos objetos de aquélla, es incuestionable que se acredita el ilegal apoderamiento que se le imputa al recurrente, pues con la conducta que realizó puso bajo su control bienes de su consorte que no fueron autorizados para trasladarlos ni por ella, ni por mandato de autoridad alguna.

Esto con independencia de que, tanto en la relación de objetos de la denuncia de la pasivo, como en las declaraciones de los diversos testigos de cargo y de hechos, no se precisó con exactitud cuáles fueron los objetos de la agraviada de los que se apoderó el activo ... porque como lo señaló el Juez de Distrito en la resolución que se revisa, el apoderamiento de diversos bienes muebles ajenos por parte del activo, al menos en la etapa procesal en que se encuentra la causa, está demostrado en autos a través de las facturas que exhibió la agraviada en la averiguación previa, respecto de una parte de la relación de objetos que denunció robados, sin que, por el momento, las documentales que ofreció el quejoso en el juicio de garantías (copia certificada de diversas facturas), resultaran suficientes para acreditar que él tenía el derecho de propiedad sobre los bienes que la denunciante refirió en las facturas que exhibió en la indagatoria porque, como lo dijo el a quo, las documentales que ofreció el quejoso no estaban suscritas a su nombre sino a nombre de personas morales distintas de él, y porque subsistía el apoderamiento de su parte de los restantes objetos relacionados en la denuncia de la pasivo; por tanto, este Tribunal Colegiado considera que la existencia y propiedad de los objetos denunciados por la pasivo será materia de prueba por parte del activo en la secuela procesal que se derive de la orden de aprehensión reclamada, pues hasta el momento sí se encuentra acreditado que el activo se apoderó de bienes muebles ajenos, que es lo que castiga la ley penal.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 314, Tomo XII, correspondiente al mes de septiembre de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "ROBO. PARA SU CONFIGURACIÓN, ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA COSA MATERIA DEL DELITO. Basta con que se demuestre la ajenidad del bien objeto del apoderamiento respecto al sujeto activo y la ilegitimidad de su conducta para configurar el delito de robo; por tanto, en ese caso es innecesario que el ofendido acredite en alguna forma la propiedad de dicho bien o el carácter de su tenencia, que sólo tiene trascendencia para la reparación del daño.".

También se cita por su importancia la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a página 630, Tomo I, Segunda Parte-2, correspondiente al mes de enero a junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ROBO, PROPIEDAD DEL BIEN MATERIA DEL. No constituye un desatino considerar que en cuanto al delito de robo no es necesario para su configuración, que se acredite la propiedad del bien robado sino la ajenidad de éste, pues tratándose del delito de robo, resulta intrascendente que el ofendido no demuestre en forma alguna la propiedad del bien relativo, si queda probado como verdad legal que existió el apoderam

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17101-b0a5b0da/robo-calificado-para-que-se-actualice-la-agravante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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