SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO CUANDO EL RECURRENTE SEA EL INCULPADO, AUN CUANDO NO SE FORMULEN AGRAVIOS EN CONTRA DEL MISMO.
AMPARO EN REVISIÓN 41/2002.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En el considerando segundo de la sentencia que se revisa, sostiene el Juez de amparo que el director de la Policía Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, rindió su informe justificado negando la existencia del acto reclamado por los quejosos, consistente en el cumplimiento de una presentación dentro de la averiguación previa número 4058/2001 de la Agencia del Ministerio Público de la Primera Mesa de Trámite, turno matutino de esta capital, por lo cual se impone decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 310, con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.".
Ahora bien, a pesar de que en la especie el inconforme no formula agravio en contra del sobreseimiento en cuestión, este cuerpo colegiado debe analizarlo de oficio para el efecto de determinar si afecta o no al citado inculpado, a favor del cual procede la suplencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
Robustece lo expuesto la tesis aislada número 120 aprobada por este cuerpo colegiado, visible en la página 1233, Tomo XIII, correspondiente al mes de mayo de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:
"-Si en la sentencia recurrida por el quejoso se sobresee y niega el amparo, y el recurrente no formula agravios en el recurso de revisión contra el sobreseimiento decretado; el estudio de éste debe hacerse de oficio, pues ese sobreseimiento puede afectar al inculpado, a favor del cual procede la suplencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo."
Expuesto lo anterior, del contenido de las constancias que integran el expediente número 1550/2001, se obtiene que el director de la Policía Judicial del Estado de Puebla, mediante oficio número 37624, de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil uno, rindió su informe justificado, manifestando en la parte conducente lo siguiente:
"... no son ciertos los actos reclamados de mi autoridad y no pudiendo la parte quejosa rendir prueba en contrario, con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede y pido respetuosamente se sirva: sobreseer el juicio de garantías ..."
Por otra parte, la agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de Trámite, turno matutino, confesó la existencia del acto reclamado y al efecto acompañó copia certificada de todo lo actuado dentro de la averiguación previa radicada con el número 4058/2001/1a., por el delito de abuso de confianza en contra de quien resulte responsable, de cuyo contenido no se obtiene que hubiese ordenado la presentación de persona alguna y que hubiese encomendado la ejecución de dicho mandamiento al director de la Policía Judicial del Estado de Puebla.
Con base en lo anterior, es correcto concluir en el caso a estudio que al negar el citado director la existencia del acto reclamado, corrió a cargo del quejoso demostrar lo contrario, atento el contenido del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, y al no haberlo efectuado, es evidente la inexistencia del referido acto, máxime que del contenido de las constancias exhibidas por la responsable ordenadora consistentes en la copia certificada de todo lo actuado en la averiguación previa número 1550/2001/1a., no se desprende que se hubiese emitido algún mandamiento de presentación en contra de los impetrantes de garantías y que su ejecución se hubiese encomendado al director de la Policía Judicial del Estado de Puebla; consecuentemente, ante la inexistencia del acto reclamado al citado director, es correcto el sobreseimiento decretado por el Juez Federal, atento lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Asimismo, es aplicable la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, que a la letra dice:
"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.-Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."
SEXTO.-Son por una parte infundados y por otra inatendibles los agravios que hace valer el recurrente, sin que en la especie se advierta materia para suplir en su favor la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
Las consideraciones que vierte el Juez de Distrito en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa son, en esencia, las siguientes:
A. Que previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia con el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.".
B. Que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, con el diverso numeral 1o., fracción I, de la citada ley.
C. Que tanto de la demanda de garantías como de las constancias de autos se desprende que los quejosos reclaman del agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Mesa de Trámite, turno matutino, la radicación e integración de la averiguación previa número 4058/2001/1a., radicada con motivo de los hechos denunciados por Karla Gabriela Rodríguez Balbuena, en contra de quien resulte responsable por la comisión del delito de abuso de autoridad.
D. Que el juicio de garantías en contra de la radicación e integración de la averiguación previa es improcedente, porque dicho acto lo "emite" la autoridad responsable en su carácter de titular de la institución denominada "Ministerio Público" y en uso de la facultad persecutora de los delitos a que se contrae el artículo 21 constitucional, la cual no constituye un derecho privado sino uno de índole social, porque su ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución.
E. Que por lo anterior se concluye que el amparo enderezado en contra de los citados actos es improcedente, al haberse actualizado la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 73, fracción XVIII y 1o., ambos de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee el juicio de garantías en términos del diverso artículo 74.
F. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen garantías individuales y, a contrario sensu, el referido juicio es improcedente en los casos que no exista una garantía que pueda ser violada con el acto reclamado.
G. Que de proceder el juicio de garantías en contra de la radicación e integración de la averiguación previa reclamada, provocaría como efecto que la representación social incumpliera con lo dispuesto por el artículo 21 constitucional en cuanto a la persecución de los delitos, puesto que se paralizaría el trámite que como investigador le corresponde constitucionalmente, ya que la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito, por lo que la averiguación penal no puede causar un perjuicio de difícil reparación a los quejosos y, en cambio, a la sociedad sí, si no se lleva a cabo a su debido término la averiguación.
H. Que es aplicable al caso la tesis con el rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.".
Las consideraciones precedentes permiten establecer que es correcto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el juicio de garantías, por considerar que en el mismo se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa I del artículo 1o., en virtud de que como lo expone el resolutor federal en la sentencia recurrida, la actuación desplegada por el Ministerio Público consistente en radicar una averiguación previa y proceder a su integración, no viola en forma alguna las garantías individuales de los amparistas y aquí recurrentes, máxime que le asiste dicha facultad, atento el contenido del artículo 21 constitucional.
A la vez, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable ordenadora como justificante de sus actos, no se advierte que hubiese ordenado la privación de la libertad de los quejosos, de sus posesiones o derechos, lo cual permite establecer que no se ha vulnerado la esfera jurídica de éstos ni, por ende, sus derechos fundamentales, por lo que es improcedente el juicio de garantías que proponen, máxime que en la indagatoria ni siquiera aparecen sus nombres como probables responsables en la comisión del delito de abuso de autoridad cometido en agravio de Karla Gabriela Rodríguez Balbuena y, por ende, es obvio que no existe afectación alguna a su libertad, propiedades o derechos, por parte de la autoridad responsable.
Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia de referencia, es correcto que el a quo sobreseyera en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la citada ley reglamentaria, así como con base en el criterio jurisprudencial número 564 sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 448 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, mismo que se comparte y que reza:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.-Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso."
Al efecto, también son aplicables las tesis aisladas 51 y 8, que se comparten, sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, respectivamente, visibles en las páginas 407 y 264, de los Tomos XIV, diciembre de 1994 y III, enero de 1996, ambos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época y Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes:
"MINISTERIO PÚBLICO, PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS POR EL. CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL QUE NO CONFORMA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-Habida cuenta que, la persecución de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, por deducción, debe arribarse a la conclusión de que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en el ejercicio de ese derecho social, particularmente aquellas que ven a la integración de la averiguación previa, las cuales están encaminadas a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella, aun cuando fueren indebidas, no pueden constituir violación a las garantías individuales, y por ende, el amparo enderezado en su contra, es improcedente, conforme a los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo en el supuesto de que dichos actos afecten de manera directa o indirecta los derechos sustanciales de todo individuo, protegidos en la propia Constitución Federal."
"AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.-El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el Máximo Ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales."
No es obstáculo a lo expuesto, el contenido de los argumentos que en vía de agravio esgrime el recurrente, en los que en esencia manifiesta:
1. Que es fuente de agravio la resolución emitida en el amparo indirecto, al establecer que se sobresee el juicio de garantías, a la vez que se comete un perjuicio de irreversible reparación.
2. Que se advierte la negativa de concederle el amparo solicitado, formalidad con la cual no se cumplió.
Es infundado lo expuesto por el quejoso inconforme, toda vez que como ya ha quedado señalado en líneas que anteceden, fue legal el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías, atento lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 1o., fracción I, de la citada ley, toda vez que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, que se hicieron consistir en la radicación de una averiguación y la integración de la misma, el juicio de garantías es improcedente.
Por otra parte, debe señalarse que al advertirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia ya mencionada, misma que debe ser estudiada de oficio lo aleguen o no las partes, ello implica un obstáculo procesal que impide al Juez de Distrito el análisis del fondo de la litis planteada, por lo que en este aspecto es inatendible lo expuesto por el aquí inconforme en cuanto a que afirma que el Juez Federal no le concedió el amparo solicitado.
No sobra decir al respecto, que el sentido de la resolución recurrida no le causa daño alguno a los inconformes y mucho menos de irreversible reparación, pues como se lleva expuesto, corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, atento lo dispuesto por el artículo 21 constitucional y, por ende, es una cuestión de orden público que sobrepasa el interés particular; sin que sobre establecer que en su oportunidad los amparistas tendrán la oportunidad de defenderse de la acusación que en algún momento se formule en su contra, rindiendo para tal efecto su versión de los hechos, ofreciendo los medios de prueba que estimen pertinentes, expresando alegatos y, en general, haciendo valer todo aquello que beneficie a sus intereses.
Robustece lo expuesto con antelación, la jurisprudencia número 509, sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que dice:
"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."
En las relatadas condiciones, y de acuerdo a las consideraciones que anteceden, se impone confirmar la sentencia sujeta a revisión y sobreseer en el juicio de amparo en cuestión.
Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Carlos Loranca Muñoz, José Manuel Vélez Barajas y Enrique Zayas Roldán, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17018-6642937d/sobreseimiento-en-el-amparo-indirecto-debe-estudiarse-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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