ORDEN DE APREHENSIÓN CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EXAMINAR VIOLACIONES DE FONDO.
AMPARO EN REVISIÓN 640/2001.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Ahora bien, del análisis comparativo efectuado entre los agravios precedentemente transcritos y la resolución que constituye el acto reclamado se evidencia que, tal como lo aduce la autoridad inconforme, en la especie no existió extralimitación en el estudio de los agravios expuestos en la alzada.
En efecto, el Juez Sexto de Distrito en el Estado negó librar la orden de aprehensión en contra del quejoso bajo el argumento de que ésta no reunía la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al efecto, estimó que las constancias de la averiguación judicial de donde emana el acto reclamado, no acreditaban el cuerpo de los delitos que se atribuyen al quejoso y, por ende, tampoco su probable responsabilidad.
Ahora bien, de la lectura de los agravios formulados por el agente del Ministerio Público Federal en la alzada, los cuales quedaron transcritos en líneas precedentes, se advierte que sí combatió en forma adecuada los argumentos en que el Juez Sexto de Distrito apoyó la negativa de librar la orden de aprehensión solicitada. Ciertamente, en dichos agravios mencionó todas las pruebas con las cuales consideró se satisfacen los requisitos del artículo 16 de la Carta Magna. Además, adujo que la conclusión a la que arribó el Juez Sexto de Distrito fue superficial, al no realizar un verdadero estudio de todas y cada una de esas pruebas.
Asimismo, dicho fiscal apelante expuso las razones por las cuales consideraba que las pruebas que obran en la averiguación judicial constituyen una serie de indicios que concatenados en forma lógica, jurídica y natural integran la prueba circunstancial, con valor convictivo pleno en términos del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales y acreditan los elementos de los delitos por los que solicitó la orden de aprehensión, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. En igual forma, el fiscal federal también adujo que en la resolución apelada el Juez instructor inaplicó los artículos 168 y 134 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Por otra parte, de la lectura de la resolución que constituye el acto reclamado, se desprende que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario se ciñó al análisis conjunto de los argumentos que en vía de agravio formuló el fiscal federal, y estimó que los elementos probatorios existentes en la averiguación judicial de que se trata sí colmaban los requisitos que el artículo 16 de la Carta Magna exige para el libramiento de una orden de aprehensión. Luego, no es dable concluir que con tal proceder la responsable supliera deficiencia alguna al examinar los agravios del representante social federal.
En otro aspecto, de la lectura de los agravios formulados por la representación social de la Federación, se advierte que señala las constancias pertinentes, como son los dictámenes periciales y las diversas escrituras públicas de las que, a su juicio, se desprende que los acusados recibieron y dispusieron de varias cantidades de dinero, de las que dice nunca acreditaron su legal procedencia y que además formaron sociedades con personas que, según aparece en autos, se encuentran procesadas por delitos contra la salud. Luego, el argumento de la autoridad responsable recurrente, en el sentido de que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los recursos y que existan indicios de su origen dudoso para colegir su ilicitud, se limita a contestar el agravio del fiscal federal apelante a que antes se hizo alusión.
En relación con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, es cierto que resultaba innecesario invocarlo en la resolución emitida por el Magistrado de apelación, toda vez que el Ministerio Público Federal apelante, en sus agravios hizo alusión a este precepto para patentizar el dolo con el que actuaron los indiciados, entre ellos el quejoso, en la comisión del ilícito previsto en el artículo 115, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, que se atribuye al quejoso ... es decir, no se citó precisamente para combatir la consideración del Juez, consistente en la necesidad de la prueba de la procedencia ilícita de los recursos utilizados en la comisión de los delitos por los que se negó la orden de captura pues, al respecto, en sus agravios el Ministerio Público apelante fue claro al establecer que no podía exigirse dicha prueba durante la etapa de averiguación previa, dado: "... que nos encontramos en presencia de un delito de oculta realización y que el fin último que tienen las organizaciones criminales como la que formaron los hoy indiciados es precisamente la de ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate y, por lo mismo, no puede comprobarse con prueba directa, pues este tipo de delitos son refractarios a este tipo de probanzas y, por lo mismo, es de imposible realización la exigencia de la comprobación plena del nexo o relación fundada de que las operaciones se hayan constituido con dinero ilícito, como lo exige en este momento procesal el a quo ..." (foja 56 del toca).
De manera que si el resolutor de la apelación compartió tal argumento, no tenía por qué razonar en la resolución que se impugna, como lo exige el Magistrado del amparo, en el sentido de que era menester que se acreditara en forma directa la procedencia ilícita de los recursos de que se trata. De ahí que resulta fundado el agravio relativo.
En relación con lo expuesto en el segundo y quinto agravios del Magistrado recurrente, este tribunal comparte su criterio en cuanto aduce que para estimar acreditado el origen ilícito del numerario utilizado para llevar a cabo las operaciones a que se refieren las fracciones I y II, inciso b), del artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, basta que no se demuestre la licitud del origen de esos recursos y que existan indicios que hagan dudosa su procedencia.
Ahora bien, tales indicios sí existen en la averiguación judicial de donde emana el acto reclamado y el Ministerio Público Federal en los agravios que formuló en la alzada así lo señaló, pues en forma detallada indicó cuáles fueron las transacciones, enajenaciones y la constitución de múltiples sociedades mercantiles en las que el aquí quejoso y su coindiciado participaron. Asimismo, destacó al efecto que obtuvieron cuantiosos ingresos, cuyo origen no comprobaron.
De igual forma, asiste la razón a la inconforme en cuanto coincide con lo expresado en el agravio de la representación social en la apelación, respecto a la valoración de los dictámenes fiscales emitidos por peritos de la Procuraduría General de la República, a fin de determinar el origen del numerario utilizado por el quejoso y por sus coacusados en las operaciones ilícitas que se les atribuyen, pues el análisis respectivo no se podía constreñir al estudio de un solo dictamen como lo hizo el a quo sino que, en todo caso, debía efectuarse el examen de todos éstos y concatenarlos con el resto del material probatorio.
Lo anterior, con independencia de la validez de los comentarios adicionales emitidos por los peritos contables en relación con las diversas constancias de autos, pues aun si se prescinde de dichas expresiones, subsiste el restante material probatorio valorado por el Magistrado de la apelación, en atención a los agravios expresados por el fiscal recurrente que, en principio, la responsable consideró fundados, porque también estimó que el Juez instructor realizó un análisis superficial de las pruebas que existen en la averiguación judicial.
Por último, de igual forma, asiste la razón a la inconforme en cuanto expone que resulta intrascendente que en uno de sus agravios, el fiscal apelante transcribiera el segundo párrafo del inciso d) de la fracción II del artículo 115 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de la comisión del delito, por el cual no se ejercitó acción penal, dada cuenta que todo el cuerpo de dicho agravio está dirigido a patentizar la corporeidad de los ilícitos previstos en las fracciones I y II del inciso b) del citado numeral.
Por otra parte, en el primero de los agravios aducidos en la adhesión al recurso principal, fundamentalmente se repiten los argumentos expuestos por el Magistrado resolutor del amparo para conceder la protección constitucional solicitada por los impetrantes, lo cual ya fue materia de estudio en esta parte considerativa, por lo que, en obvio de repeticiones innecesarias, debe estarse a lo ahí considerado y declararse infundado el agravio relativo.
En tal virtud, es claro que al resolver la apelación, el Magistrado del conocimiento no rebasó los agravios expresados por el fiscal federal; sin embargo, antes de efectuar declaratoria alguna respecto de la suerte de la resolución recurrida, como bien se aduce en el segundo de los agravios formulados en la revisión adhesiva, deben analizarse los conceptos de violación expresados por el quejoso, cuyo estudio omitió el Magistrado relator de amparo, por haber considerado que en la alzada la responsable suplió los agravios del Ministerio Público Federal.
DÉCIMO. Es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal el tercer concepto de violación, el cual es del tenor literal siguiente:
"TERCERO. Este último alegato se refiere a la indebida motivación formulada por la responsable al momento de emitir la resolución que aquí se combate, pues del análisis de ella se pone de manifiesto que se concretó a expresar de manera global que los indiciados, a sabiendas de que determinadas sumas de dinero o bienes provenían o representaban una actividad ilícita, realizaron con ello operaciones financieras, compra, venta, garantía, depósito, transferencias, cambio de moneda o, en general, enajenaron y adquirieron objetos y bienes, con el propósito de ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trata; sin embargo, no especifica cuál o cuáles actividades específicas se imputan al hoy peticionante de garantías, lo que pone de manifiesto la ilegalidad de la resolución que aquí se combate, puesto que si se utilizaron para su libramiento, en el capítulo del cuerpo del delito y su comprobación, las disposiciones normativas contenidas en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, debieron precisarse las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión en que se llevaron a cabo las supuestas actividades ilícitas que les son imputadas. Al no hacerlo así, en la resolución que aquí se combate, se violentó la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 constitucional."
En efecto, el quejoso ... reclamó del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, la resolución de fecha treinta de enero de dos mil uno, emitida en el toca número 455/2000, que revocó la diversa de veinticuatro de noviembre de dos mil, dictada en la averiguación judicial 64/2000 por el Juez Sexto de Distrito en esta entidad y, en su lugar, libró orden de aprehensión en su contra, por estimarlo probable responsable en la comisión del delito previsto en la fracción I, inciso b), del artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, en relación con los diversos 7o., párrafo primero, fracción III, 8o., 9o., párrafo primero, del Código Penal Federal; así como el 95, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación; y el diverso ilícito previsto y sancionado por el artículo 164, vinculado con los numerales 7o., párrafo primero, fracción III, 8o. y 9o., párrafo primero y 13, fracciones II y III, todos del Código Penal Federal.
Ahora bien, como lo aduce el quejoso en el concepto de violación antes transcrito, la orden de aprehensión reclamada carece de la debida fundamentación y motivación que el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna, impone que debe contener todo acto de autoridad.
Ciertamente, el precepto de que se trata consagra que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que por fundamentación debe entenderse que en el acto de autoridad debe expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso, y por motivación, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.
Lo anterior, conforme a la siguiente tesis jurisprudencial:
"Séptima Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Volumen: VI, Parte SCJN
"Tesis: 260
"Página: 175
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Ahora bien, el Magistrado responsable, en la orden de captura reclamada, después de relacionar las pruebas que obran en la averiguación de origen y los hechos y circunstancias que de ellas se desprendían, les otorgó eficacia demostrativa plena, al tenor de lo dispuesto por los artículos del 279 al 290 en relación con el diverso 168, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, y concluyó que eran suficientes para justificar la materialidad del delito previsto y sancionado por el artículo 115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso y sus coindiciados, bajo los siguientes argumentos:
"... toda vez que de los mismos se evidencia que adquirieron predios y formaron o constituyeron diversas empresas, los que quedaron plenamente identificados en el proemio de esta resolución, a sabiendas de que el dinero que utilizaron para ello provenía de una actividad ilícita, como lo es el narcotráfico, que era desarrollada por Juan García Abrego y su organización criminal denominada "Cartel del Golfo", así como también que con las sumas de dinero obtenidas realizaron diversas operaciones financieras consistentes en depósitos, compraventa, aportaciones y retiros de capital, con la finalidad de ocultar su origen, naturaleza, propiedad, destino o localización, tal y como se precisa claramente en los dictámenes periciales que obran en el sumario; a lo que se suma el hecho de que, igualmente, se demostró con las propias opiniones contables que los inodados obtuvieron ciertas cantidades de dinero que se especifican en las mismas y de las cuales no pudieron comprobar su origen, concluyéndose de esta manera que esas sumas eran provenientes o producto de alguna actividad ilícita, en este caso, como ya se mencionó, de la organización criminal de Juan García Abrego. Luego entonces, es obvio que su conducta encaja dentro de la hipótesis legal en comento."
Asimismo, después de lo anterior, la responsable volvió a reseñar la querella y su ampliación formuladas por el procurador fiscal de la Federación, así como la documental proporcionada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, de las que concluyó que ... hermano del narcotraficante Juan García Abrego (cabeza del Cartel del Golfo) y Rubén Guadalupe García Robles, primo de los antes mencionados, a sabiendas de que diversas cantidades de dinero provenían del narcotráfico, realizaron diversas operaciones financieras. También aludió el Magistrado de apelación a las copias certificadas de la causa criminal P-93-028-S1 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que contiene la declaración de Francisco Pérez Monroy; copia certificada de las declaraciones rendidas por Carlos Rodríguez y Carlos Reséndez Bortoloussi, rendidas ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica; copia certificada de la acusación penal H93167SSS de la Corte de Distrito de los Estados Unidos de Norteamérica, en contra de ... copias certificadas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, en las que obra la investigación del agente especial Rosendo López; diversas constancias relativas al poder general para pleitos y cobranzas otorgado a ... por "... Francisco Javier García Flores, Juan Alonso Loera, Albino García Cárdenas, Rosa Elia García Abrego, Blanca Estela García Abrego, Josué García Ramírez, Gerardo Calvo Juárez, Cesáreo Loredo López, Juan Alonso Sepúlveda, Juan Héctor García Benavides, Gaspar Acevedo García, Enrique Ortiz Castillo y Felipe Alonso Caballero Olivella, por sus propios derechos, Juan García Abrego y Carmen Olivella Zamora, por sí y en nombre y representación en el ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos Pedro Albino García Olivella e Ivette del Carmen García Olivella, la señora Margarita Carriedo de García, por sí y en nombre y representación en el ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos Juan Humberto García Carriedo y Estela Margarita García Carriedo y además de Juan García Abrego y la señora Guadalupe González, en nombre y representación del ejercicio de la patria potestad de su menor hijo Juan José García González ...".
También reseñó diversos dictámenes periciales en materia de contabilidad; además, destacó lo que de esas probanzas se desprendía y al efecto determinó lo siguiente:
"... probanzas, las anteriores que, en términos de lo dispuesto por el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales constituyen indicios, pero concatenados en forma lógica, jurídica y natural conforme a lo preceptuado por el diverso numeral 286 del mismo ordenamiento legal, nos conducen a la verdad formal conocida de que las operaciones mencionadas por las personas indicadas conocían, por la naturaleza de los fondos, que provenían de actividades ilícitas realizadas por la organización criminal de Juan García Abrego, personas que eran parte integrante de dicha organización; realizando tales actividades con la finalidad de ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización de los recursos provenientes de la actividad ilícita; y, como ya se dijo, Rogelio René Rodríguez Montemayor, Luis Ángel Chávez Montemayor ... Rubén Guadalupe García Robles, Francisco Javier Gamboa Berthaud, José Guadalupe Cantú Ramírez, Juan José García González, Víctor Manuel García Pérez, Julio Alberto Reséndez Figueroa, Miguel Ángel Lerma Elizondo, Juan Carlos García Bazán, Juan García Abrego, Francisco Guerra Barrera, José Carlos Reséndez Bortoloussi, Juan Francisco González Martínez, María Teresa Padrón Parra, Romeo Quintanilla González, José María González Reyna o Jesús María González Reyna, Elías Ruiz Molina, Fernando Herrera Vázquez, Ricardo Aguirre Villagómez, José Luis Aguirre Villagómez y Mario Alberto Rodríguez Montemayor, integraron una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir, pues, como quedó establecido, todos ellos estaban enterados que integraban parte de una banda debidamente organizada, creada con el fin de cometer delitos de diversa naturaleza, sin que fuere necesario para su formación que hubieren participado en la comisión de todos los ilícitos, lo que se acredita con todos y cada uno de los medios probatorios antes estudiados; teniendo aplicación al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 228, Tomo XI, enero de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes:
"'ASOCIACIÓN DELICTUOSA. CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE.-El delito de asociación delictuosa es un delito per se, independiente de los delitos que para su realización hayan concertado los asociados; es decir, el delito se consuma por la sola participación en la asociación o banda y no en los hechos punibles concretos que la misma lleve a cabo, pues se trata de un delito de peligro abstracto y doloso; luego, para que éste se configure no es necesario que se cometan otros delitos diversos, ya que en otras palabras, el delito de que se trata se integra con el solo convenio asociacionista, sin ningún acto ejecutivo.'
"Además de que estudiadas en conjunto las constancias que existen en la averiguación previa, hacen probable la culpabilidad de los indiciados en los ilícitos que se les atribuyen; pues, participaron en asociaciones y actos de carácter mercantil con dinero producto del narcotráfico, y dada la dimensión de las cantidades de numerario que fueron utilizadas para esos fines, no es aceptable que al ser invitados a formar parte de ellas no supieran de lo que se trataba; sino que se desprende de autos, como ya se vio, unos aportaron el capital que provenía de actos ilícitos y otros aceptaron participar en ello, buscando como finalidad principal el ocultamiento del origen ilícito de dicho numerario; existiendo en el sumario indicios fundados de que el dinero afecto provenía directa o indirectamente de las ganancias derivadas de la comisión de delitos contra la salud; sin que hasta el momento se hubiere acreditado debidamente el origen ilícito de esas ganancias, ni tampoco que hasta el momento se cuente con pruebas que avalen que los encausados no estaban enterados de ello; por lo que, a criterio del suscrito, en el presente caso sí se reúnen los requisitos del artículo 16 constitucional para el dictado de una orden de aprehensión, en los términos que se solicitan; teniendo aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 451, Tomo I, Segunda Parte, enero a junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: …"
Ahora bien, el Magistrado responsable al emitir la orden de aprehensión reclamada invocó los artículos 94 de la Carta Magna; 4o., 6o., 7o. y 383 del Código Federal de Procedimientos Penales; y 29, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que lo facultan para conocer y resolver sobre la citada orden de captura; además, citó los diversos numerales 115 bis, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación y 164 del Código Penal Federal que, respectivamente, prevén los ilícitos por los que libró orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos; asimismo, citó los numerales 168, 279 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales que se refieren a la valorización de las pruebas.
Empero, no motivó su resolución como lo exige el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna.
En efecto, como se precisó en párrafos anteriores, el Magistrado responsable en la resolución reclamada, después de reseñar todas y cada una de las probanzas que obran en la averiguación de origen, así como los hechos y circunstancias que de ellas se desprendían sostuvo, en forma dogmática, que dicho material probatorio era suficiente para acreditar tanto la materialidad de los ilícitos de que se trata, como la probable responsabilidad del aquí quejoso y sus coindiciados, en su comisión, bajo el argumento de que adquirieron predios y formaron o constituyeron diversas empresas, a sabiendas de que el dinero que utilizaron para ello provenía de una actividad ilícita, como lo es el narcotráfico, desarrollada por Juan García Abrego y su organización criminal denominada "Cartel del Golfo".
En la misma forma, concluyó que con las sumas de dinero obtenidas realizaron diversas operaciones financieras, consistentes en depósitos, compraventa, aportaciones y retiros de capital con la finalidad de ocultar su origen, naturaleza, propiedad, destino o localización, sin comprobar su origen.
Por último, estimó que todos los inculpados integraron una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir, porque estaban enterados que formaban parte de una banda debidamente organizada, creada con el fin de cometer delitos de diversa naturaleza, y así participaron en asociaciones y actos de carácter mercantil con dinero producto del narcotráfico; no obstante que ante la dimensión de las cantidades del numerario que fueron utilizadas para esos fines, no era aceptable que al ser invitados a formar parte de ellas no supieran de su proceder ilícito.
Como es de verse, los argumentos antes precisados de ninguna manera colman la garantía de fundamentación y motivación que el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna consagra que debe contener todo acto de autoridad puesto que, como ya se dijo, la responsable, después de relacionar las pruebas que obran en la averiguación de origen y los hechos y circunstancias que de ellas se desprenden, cita una serie de preceptos legales y afirma dogmáticamente y en forma global que son suficientes para demostrar tanto la materialidad de los repetidos ilícitos, como la probable responsabilidad de todos los inculpados en su comisión, sin detallar las circunstancias esenciales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir la orden de captura reclamada en contra de cada uno de los indiciados, de acuerdo con la conducta que se atribuyó a cada uno de ellos.
En efecto, el Magistrado responsable omite señalar con precisión con qué pruebas o indicios se justifica la participación concreta e individual que el quejoso tuvo en la comisión de los repetidos flagelos sociales, situación que resulta indispensable no sólo para determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas que invocó como fundamento y, por ende, si se configuran o no esas hipótesis normativas, sino también para que el aquí impetrante conozca con precisión los hechos que se le imputan y las pruebas en que se sustentan y, de ese modo, esté en aptitud de defenderse en la vía legal que proceda.
De otra manera, el quejoso quedaría en total estado de indefensión, lo cual está proscrito por la Carta Fundamental.
Así pues, si la responsable omitió determinar con exactitud con qué elementos probatorios o indicios se demostraba la participación del peticionario de garantías en la comisión de los multicitados antisociales, resulta incuestionable que la orden de aprehensión reclamada no está suficiente y adecuadamente fundada y motivada, lo cual es violatorio del artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna.
Ante tal situación, cabe destacar que este órgano colegiado no puede, válidamente, sustituirse al tribunal responsable en la apreciación de los elementos de convicción que omitió ponderar en la resolución reclamada, al tenor de la tesis jurisprudencial número 271, publicada a foja 152 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, EN EL AMPARO.-El tribunal constitucional no puede válidamente sustituirse al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, a menos que advierta alteración de los hechos, infracción a los dispositivos que norman el ejercicio del arbitrio judicial sobre el valor jurídico de la prueba, o infracción a las reglas fundamentales de la lógica."
Así las cosas, este Tribunal Colegiado estima que el Magistrado del Primer Tribunal Unitario de este circuito debió otorgar al quejoso la protección constitucional solicitada, pero no por las razones que expuso, sino por la falta de fundamentación y motivación antes precisada.
Al respecto, conviene citar por su importancia las tesis jurisprudenciales de los rubros y textos que a continuación se transcriben:
"Séptima Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 48, Tercera Parte
"Página: 51
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AMPARO EN CASO DE LA GARANTÍA DE.-Si el acto reclamado no es intrínseca y radicalmente anticonstitucional porque no evidencia en sí mismo la falta de norma alguna legal o reglamentaria que pudiera justificarlo (como sucedería, por ejemplo, respecto de un acto dictado sin competencia constitucional) para obtener, de modo indubitable, una conclusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, que yendo más allá de su aspecto formal trascendiera al fondo, esto es, a su contenido, sería preciso hacer un estudio exhaustivo de todas las leyes y reglamentos, a fin de poder determinar si existe o no alguna disposición que le sirva de apoyo, estudio que no es dable realizar en el juicio de amparo. Llámese violación procesal o formal (los dos términos se han empleado indistintamente en la jurisprudencia, aunque el primero, en verdad, no con intachable propiedad) a la abstención de expresar el fundamento y motivo de un acto de autoridad, lo cierto es que tal abstención impide juzgar el acto en cuanto al fondo, por carecerse de los elementos necesarios para ello, pues desconocidos tales fundamento y motivo, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. La reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal; pero no juzgada la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo por desconocerse sus motivos y fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo concernientes a s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17120-0c51362f/orden-de-aprehension-carente-de-fundamentacion-y-motivacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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