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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2001. · Registro digital (IUS): 17139
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, ESTADO DE PUEBLA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, , Pág. 1001.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, ESTADO DE PUEBLA.

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de junio de dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el cuatro de julio de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Benigno López Mendoza, quien se ostentó como síndico municipal del Ayuntamiento de Molcaxac, Estado de Puebla, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se señalan, emitidos por las autoridades que a continuación se mencionan:

"II. Nombre y domicilio de los demandados: 1. Estado Libre y Soberano de Puebla, concretamente contra el H. Congreso del Estado de Puebla, con domicilio bien conocido en la ciudad de Puebla. Se le demanda por la acción que más adelante se precisa. 2. Estado mexicano, concretamente los Poderes Legislativo y Ejecutivo y Federales (sic) con domicilios bien conocidos en la Ciudad de México, Distrito Federal. El primero se demanda por acción y el segundo por omisión, que más adelante se precisan, respectivamente. Actos reclamados: 1. Al Estado Libre y Soberano de Puebla, concretamente a la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, se le reclama el acto de autoridad consistente en la aprobación que hizo el 29 de mayo de 2001 del proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia indígena de 28 de abril de 2001, con el que se pretende adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reformar el artículo 2o., derogar el párrafo primero del artículo 4o., adicionar un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que le fue remitido por el Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 constitucional federal (anexo tres). Dicho acto que se combate viola, entre otros artículos, el 115 de la Constitución Federal, en relación con diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y concretamente diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla; asimismo, viola el artículo 133 de la Constitución Federal al no respetar lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El acto que se combate aún no ha sido publicado oficialmente por el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, pero me di por enterado de él a través de los medios de comunicación masiva en el Estado de Puebla y a nivel nacional un día después de su fecha de aprobación, el día 30 de mayo. 2. Al Estado mexicano, concretamente al Congreso de la Unión, se le reclama el acto de autoridad consistente en la aprobación del proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia indígena con el que se pretende adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reformar el artículo 2o., derogar el párrafo primero del artículo 4o., adicionar un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 28 de abril de 2001, por violar el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetar lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 3. Al Estado mexicano, concretamente al Poder Ejecutivo Federal, se le reclama el acto de autoridad por omisión consistente en la falta de cumplimento a lo encomendado en el artículo 87 de la Constitución Federal, en el sentido del deber de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, violando el artículo 133 de la Constitución Federal, al no respetar lo preceptuado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos que me constan constituyen los antecedentes de los actos reclamados y cuya invalidez se reclama: Para nadie es desconocido el hecho de que los pueblos y comunidades indígenas del país han sufrido a lo largo de nuestra historia violaciones que les han significado el deterioro paulatino y sistemático de sus instituciones que les dan naturaleza y razón de ser, violaciones derivadas de un sistema colonialista que aún en nuestros días se resiste a morir y que se aferra a seguir viviendo sobre los intereses de los pueblos originarios de estas tierras. Pero las luchas y resistencias de los pueblos y comunidades indígenas por conservarse como culturas diferenciadas a la mestiza, también han estado presentes a lo largo de nuestra historia, pocas veces vislumbradas y muchas veces reprimidas, opacadas e invisibilizadas. Los pueblos indígenas de México al igual que otros en el mundo se han esforzado por decir a todos y en todas las lenguas indígenas y no indígenas que ya basta de abusos y violaciones a su integridad, que es hora de sentarse a establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y las sociedades, pero sobre todo una nueva relación entre los pueblos indígenas y los Estados. Es hora de revisar los principios bajo los cuales han sido construidos los Estados de la nación. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo dependiente de Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover la justicia social para los trabajadores en todo el mundo, formular políticas y programas internacionales para contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y elaborar normas internacionales de trabajo que sirvan de directrices a las autoridades nacionales para llevar a la práctica esas políticas, preocupada por los trabajadores indígenas del mundo y sus condiciones de vida, en 1957 adoptó un convenio amplio sobre poblaciones indígenas y tribales, conocido como el Convenio 107. Este convenio fue muy importante en aquel momento porque era la primera vez que un organismo internacional formulaba normas vinculantes respecto de los diferentes problemas de los indígenas y no sólo respecto del trabajo. Sin embargo, al reflejar este instrumento una política de integracionismo y paternalismo fue duramente criticado y, por ello, sustituido posteriormente por el Convenio 169. En su conferencia número 76a., la OIT logra la aprobación del texto del Convenio 169 en su sesión del día 27 de junio de 1989. El Estado mexicano fue el segundo país en firmarlo, después de Noruega, con lo que posibilitó su entrada en vigor a partir de septiembre de 1991 para los Estados que lo firmaran. Con ello, se da un giro sumamente importante en la historia de los pueblos indígenas, pues por primera vez a nivel internacional se reconoce no sólo la existencia de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, sino que éstos son los sujetos de su propio desarrollo dentro de los Estados de que son parte. Dicho instrumento internacional lejos de una postura paternalista, asume en principio a los pueblos como sujetos de derecho, con derechos ante todo colectivos, que les permiten vivir, reproducirse, organizarse y relacionarse desde su perspectiva cultural y con los recursos que han tenido, poseído y adquirido, siempre dentro del país al que pertenecen. Establece este convenio la normatividad esencial para erradicar las secuelas propias de los colonialismos a los que han estado sometidos los pueblos indígenas del mundo y corregir la desvalorización que de ellos y sus culturas se ha hecho bajo la falsa apreciación de que existe sólo un rumbo de civilización a la que es indispensable alcanzar, eliminando con ello a cuanta diferencia cultural no coincida con ella. Así, de conformidad con el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República ratifica este tratado internacional el 11 de julio de 1990, informa al presidente de la República dicha decisión y éste expide un decreto, el cual se publica el 3 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. La ratificación fue inscrita el 4 de septiembre de 1990, ante el director general de la OIT en Ginebra y desde el 5 de septiembre de 1991 es obligatorio para los Estados Unidos Mexicanos. En el contexto del punto anterior, en 1992 se reforma el artículo cuarto de la Constitución Federal para reconocer que: 'La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. ...'. El primero de enero de 1994 emerge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional demandando una serie de derechos y políticas de atención para los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y al mismo tiempo para el resto que constituyen el Estado mexicano. A raíz de una serie de negociaciones en torno a la paz en ese Estado, pero también con miras a atender las demandas indígenas del resto del país, basadas en el propio Convenio 169 de la OIT, antes señalado, el Ejecutivo Federal se comprometió mediante firma de su comisión negociadora, entre otras cosas, a impulsar una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena que retomaran los acuerdos firmados en San Andrés Larráinzar, Chiapas. El proyecto de iniciativa de reformas fue encomendado por las partes en conflicto a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), quienes para ello se basaron nuevamente en el Convenio 169 de la OIT. El 29 de noviembre de 1996, la Cocopa presenta la iniciativa a las partes en conflicto, aceptándola el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero no así el Ejecutivo Federal. El 5 de diciembre de 2000, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quesada, presenta ante el Senado de la República la iniciativa de reformas constitucionales que previamente había elaborado la Cocopa y a la que nos hemos referido en el punto anterior. El 28 de abril de 2001, el Congreso de la Unión aprueba el proyecto de decreto en materia indígena por el que se pretende adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reformar el artículo 2o., derogar el párrafo primero del artículo 4o., adicionar un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero desnaturalizando la iniciativa presidencial. El 28 de abril de 2001, la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante oficio número DGPL. 58-II-4-384, suscrito por los CC. Manuel Medellín Milán y Carolina Viggiano Austria, diputados secretarios de la mesa directiva, remitió el proyecto de decreto citado en el punto anterior al Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para efectos del artículo 135 de la Constitución Federal. El Municipio de Molcaxac, al cual represento, está conformado por cuatro comunidades indígenas nahuas y la cabecera municipal, aquéllas con Ayuntamientos auxiliares municipales: a) Pueblo de Santa Cruz Huitziltepec. b) Pueblo de San José de Gracia. c) Pueblo de San Andrés Mimiahuapan. d) Pueblo de San Luis Tehuizotla."

TERCERO. La parte actora expone como conceptos de invalidez los siguientes:

"Primer concepto de invalidez: Los actos reclamados en esta demanda de controversia constitucional se impugnan por ser anticonstitucionales, pues contraviniendo lo dispuesto en la Ley Fundamental pretenden modificar la misma, con una serie de disposiciones en materia indígena sin que hayan sido consultados y sin que se haya tomado en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas del país, del Estado de Puebla y concretamente los de mi Municipio que son cuatro: Pueblo de Santa Cruz Huitziltepec, Pueblo de San José de Gracia, Pueblo de San Andrés Mimiahuapan y Pueblo de San Luis Tehuizotla. Pretenden, asimismo, elevar a rango constitucional disposiciones que resultan anticonstitucionales, incoherentes, confusas, paradójicas y violatorias de garantías individuales y sociales de los propios pueblos y comunidades indígenas, concretamente de los pueblos indígenas que integran mi Municipio. Las autoridades responsables buscan, entre otras cosas, modificar la estructura municipal en perjuicio de los propios pueblos y comunidades indígenas, concretamente en el Estado de Puebla, en perjuicio de las Juntas Auxiliares, como es el caso de mis representadas. Todo lo anterior en perjuicio de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, pueblos originarios de este país, de conformidad con el artículo 4o. de la Carta Magna, de los Municipios, base de la división territorial de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 115 de la Ley Suprema, y en total contradicción con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al que está obligado el Estado mexicano a cumplir estrictamente, de conformidad con el artículo 133 constitucional que establece la supremacía constitucional. En efecto, esta demanda de controversia constitucional tiene por objeto combatir, en primer lugar, el acto de autoridad por anticonstitucional del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, consistente en la aprobación del proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia indígena, que hemos citado en esta demanda, y que le fue remitido por el Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 de la Constitución Federal. Dicha aprobación del H. Congreso del Estado de Puebla se realizó en sesión extraordinaria del Pleno, según el boletín 113-01 del mismo Congreso, el 29 de mayo de 2001. Con este acto, el H. Congreso del Estado de Puebla viola ante todo la esfera de competencia que tiene el Municipio que represento, toda vez que es facultad exclusiva del mismo regular y administrar su vida interna, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Carta Magna, en relación con la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla y su Ley Orgánica Municipal, asimismo, le corresponde vigilar el cumplimiento exacto del marco legal de su competencia. En efecto, el artículo 115 constitucional federal en su párrafo primero, fracción II, párrafos primero y segundo, fracción III, inciso i), fracción V, primer párrafo e inciso c), establecen que: 'Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: ... i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. ... V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: ... c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios.'. En este sentido, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en los artículos 102, primer párrafo y 106, primer párrafo, fracciones II y III que: 'Artículo 102. El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por la planilla que haya obtenido el mayor número de votos, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.'. 'Artículo 106. La Ley Orgánica Municipal, además de reglamentar las disposiciones de esta Constitución relativas a los Municipios, establecerá ...'. Y de este modo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla establece a su vez, en los artículos 1o., 2o., 78, fracciones I, III y V, 224 y 225 que: 'Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la administración pública municipal, desarrollando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado.'. 'Artículo 2o. El Municipio Libre es una entidad de derecho público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.'. 'Artículo 78. Son atribuciones de los Ayuntamientos: I. Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales. ... III. Aprobar su organización y división administrativas, de acuerdo con las necesidades del Municipio. ... V. Inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.'. 'Artículo 224. Para el gobierno de los pueblos habrá Juntas Auxiliares, integradas por un presidente y cuatro miembros propietarios, y sus respectivos suplentes.'. 'Capítulo IV De las comunidades indígenas Artículo 44. Los Ayuntamientos, las Juntas Auxiliares y órganos de participación ciudadana, promoverán y garantizarán el desarrollo integral de las comunidades indígenas que habiten en el Municipio.'. 'Artículo 45. Los planes de desarrollo municipal, deberán incluir programas de acción tendientes al fortalecimiento, conservación y bienestar de las comunidades indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres y tradiciones, con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'. Como puede percatar la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, corresponde a mi Municipio, en principio, al igual que a los demás en el Estado Libre y Soberano de Puebla decidir, en colaboración con las Juntas Auxiliares del Municipio, las medidas administrativas internas y, sobre todo, garantizar el desarrollo integral de las comunidades indígenas que lo constituyen o forman parte de él, fortalecer, conservar y buscar el bienestar de las mismas, respetando su cultura, usos, costumbres y tradiciones con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el H. Congreso del Estado de Puebla aprobó un proyecto de decreto que tiene como finalidad establecer diversas disposiciones en materia indígena, sin que haya consultado y tomado en cuenta la opinión de los Municipios, pueblos y comunidades indígenas del Estado de Puebla y, concretamente, los pueblos de mi Municipio que son cuatro: Pueblo de Santa Cruz Huitziltepec, Pueblo de San José de Gracia, Pueblo de San Andrés Mimiahuapan y Pueblo de San Luis Tehuizotla, por lo que esas disposiciones que pretenden ser reformas constitucionales son excluyentes, toda vez que excluye la participación de los pueblos y comunidades indígenas para garantizar su autodesarrollo. Así lo demuestro con la copia fotostática del boletín 113-01 del mismo Congreso del Estado de Puebla, de fecha 29 de mayo de 2001, en donde reconocen los propios diputados locales la falta de consulta (anexo cuatro). Solicito a la vez a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, le requiera al H. Congreso del Estado de Puebla la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del día 29 de mayo de 2001, para que esta H. Suprema Corte de Justicia en Pleno, tenga todos los elementos de convicción necesarios para fundar la invalidez del acto que se impugna. En estas circunstancias de hecho, el H. Congreso del Estado de Puebla violó el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6o., numerales 1, inciso a) y 2, y artículo 2o., numeral 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente y obligatorio para el Estado mexicano a partir del 4 de septiembre de 1991. En efecto, estas normas preceptúan: Constitución Política Federal 'Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.'. Convenio 169 de la OIT 'Artículo 6o. 1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados (indígenas), mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. ... 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.'. 'Artículo 2o. 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.'. El H. Congreso del Estado de Puebla, al no consultar a este Municipio y a los 216 Municipios restantes que integran el territorio del Estado de Puebla y sus comunidades indígenas correspondientes, sobre las disposiciones del proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia indígena a que nos referimos en esta demanda, es una actitud excluyente que trata de ignorar la existencia de estos pueblos indígenas como sujetos de derecho, además de violar flagrantemente los preceptos anteriormente transcritos, hace contraer al Estado mexicano una responsabilidad internacional. Por ello, se solicita que dicho acto de aprobación sea declarado inválido y se dé oportunidad a los pueblos y comunidades que integran mi Municipio, para que puedan expresar sus opiniones al respecto. Resulta importante resaltar la relevancia jurídica y jerarquía de los tratados internacionales que el Estado mexicano tiene celebrados, entre ellos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y para que no quede duda sobre su obligatoriedad por parte de todas las autoridades del Estado mexicano, hago valer la siguiente tesis de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación: 'Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVII/99. Página: 46. TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión «... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...» parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de «leyes constitucionales», y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que «Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.». No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: «LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.»; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: «LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.».'. Por otro lado, el proyecto de dictamen de reformas constitucionales en materia indígena en comento resulta anticonstitucional, contradictorio y confuso, con una tendencia a establecer lineamientos jurídicos por debajo de los derechos ya consagrados por nuestra Carta Magna y refleja una falta de técnica jurídica. A mayor abundamiento, para que esta H. Suprema Corte de Justicia en Pleno, declare inválida la aprobación que del proyecto en cita señalo: Es inconstitucional, contradictorio y discriminatorio lo que señala el proyecto de decreto de reformas cuando establece, por una parte, en el artículo 1o., tercer párrafo que: 'Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. ...'. Pero más adelante señala en el artículo 2o., apartado A, fracción VII que: 'Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: ... VII. Elegir, en los Municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos.'. Resulta anticonstitucional la fracción VII del artículo 2o. antes transcrita, porque nuestra Constitución Política Federal vigente, en ninguna parte discrimina a persona alguna para poder ser parte de un Ayuntamiento, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos indispensables que marcan las leyes, como la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. En cambio, este proyecto aparentemente en pro de un mejoramiento de los pueblos y comunidades indígenas, al interior de los Municipios, pretende modificar, e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17139-4c31228a/controversia-constitucional-cuando-en-la-demanda-solo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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