CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO LA NORMA GENERAL IMPUGNADA HA DEJADO DE PRODUCIR SUS EFECTOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2002. MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de junio del año dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado el quince de diciembre de dos mil uno en la oficina de correos del Servicio Postal Mexicano del Estado de Toluca, y recibido el veintiséis de diciembre del mismo año, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Felix Francisco Romero Sánchez, quien se ostentó como síndico municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades que a continuación se señalan, demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan:
"... II. Parte demandada en el juicio. 1. El Poder Ejecutivo del Estado de México, representado por su depositario y titular de la administración pública estatal, el Gobernador Constitucional Lic. Arturo Montiel Rojas ... 2. El secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, Guillermo Cano Garduño ... 3. El subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, C.P. Jorge Arredondo Guillén. ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda. Primero. Acuerdo del subsecretario de Transporte por el que se establecen los programas específicos y subprogramas derivados del Programa para el Desarrollo Integral del Transporte Público. El acuerdo cuya invalidez se demanda fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, el día 16 de noviembre de 2001. Cabe destacar que el mencionado acuerdo tiene como antecedente el acuerdo que emitiera el propio secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, en fecha 15 de agosto de ese mismo año y el cual vincula al primero con este último."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, en síntesis, los siguientes:
Que el dieciséis de noviembre de dos mil uno, el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, publicó en la Gaceta del Gobierno un acuerdo donde establece: "los programas específicos y subprogramas derivados del Programa para el Desarrollo Integral del Transporte Público"; que dicho acuerdo tiene como antecedente otro acuerdo del secretario de Comunicaciones y Transportes de la entidad, por el que establece: "el Programa para el Desarrollo Integral del Transporte Público", publicado en la Gaceta del Gobierno el quince de agosto del citado año.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Primero. El artículo 115, fracción V, inciso h), establece: ...'V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: ... h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial.'. De lo anterior se advierte que al Municipio de Toluca se le debió haber tomado en cuenta para poder llevar a cabo los programas específicos y subprogramas derivados del Programa para el Desarrollo Integral del Transporte Público, dado que afectan su ámbito territorial. Si bien es cierto que el Estado tiene la facultad para regular el servicio público de transporte público, no menos cierto es que el mismo tiene la obligación de acatar las disposiciones legales que al respecto se encuentren vigentes, destacándose lo que al efecto señalan diversos preceptos legales. a) El artículo 16 de la Constitución General consagra la garantía de legalidad y, concretamente, la relativa a la debida fundamentación y motivación de sus actos, y ésta se cumple con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada. Es el caso, que las autoridades señaladas como demandadas dejan de dar cumplimiento a la garantía de legalidad, pues omiten cumplir con un mandato que consagra la propia Constitución en su artículo 115, debiendo de tomar en cuenta al Municipio actor para que conjuntamente desarrollaran el plan o programa de transporte público que dé beneficio a la población en general, dado que concurren circunstancias de hecho en donde ambos niveles de gobierno se deben coordinar -más adelante se expondrán en forma particular estas últimas- teniendo como aplicabilidad la tesis de jurisprudencia que al efecto se transcribe: 'Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, abril de 2000. Tesis: P./J. 50/2000. Página: 813. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no de otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la debida motivación. Controversia constitucional 34/97. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 11 de enero de 2000. Unanimidad de diez votos. Impedimento legal: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Mara Gómez Pérez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 50/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.'. No es óbice señalar que la Constitución del Estado de México establece que las autoridades deberán observar el debido cumplimiento de las normas generales. 'Artículo 137. Las autoridades del Estado y de los Municipios, en la esfera de su competencia, acatarán sin reservas los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cumplirán con las disposiciones de las leyes federales y de los tratados internacionales.'. b) Tanto el Programa para el Desarrollo Integral del Transporte Público, así como los programas específicos y subprogramas referidos, atentan contra lo que dispone el artículo 115 constitucional, al invadir una de las esferas de su competencia; en primer término, porque el órgano de gobierno que publicó el acuerdo de fecha 16 de noviembre del año en curso, en relación con el acuerdo publicado en fecha 15 de agosto del mismo año y del que se demanda su invalidez, no hace partícipe al Municipio que represento al emitir dichos programas y, en segundo lugar, el Municipio justifica su intervención en la elaboración de dichos programas por las consideraciones que a continuación se vierten y que, desde luego, afectan su circunscripción territorial. I. Se debe considerar la opinión del Municipio, pues a través de sus delegados, subdelegados y consejos de participación ciudadana se puede tener el sentir del usuario del transporte para tratar de solventar los graves problemas en materia de transporte público, y no dejar que un órgano de gobierno discrecionalmente tome medidas a través de programas que no cuentan con la opinión del destinatario o usuario de dicho servicio. II. La autoridad municipal recibe directamente peticiones para la prestación del servicio de transporte en localidades que carecen de éste, pudiendo intervenir en los programas que al efecto se establezcan para coadyuvar en la mejora del servicio. III. La ampliación de rutas derivadas por el cambio de modalidad no depende únicamente de la atención a una demanda específica, sino que se debe tomar en cuenta al Municipio para que conjuntamente se evalúe el impacto que dicho cambio tiene en las vialidades de la zona del territorio municipal. IV. La ratificación de inscripción de autorizaciones, permisos y concesiones; clave única y condiciones a que las autorizaciones de rutas o derroteros no afecten derechos de terceros; sin embargo, a la fecha, no prevé la afectación que sufre el Municipio en cuanto a la infraestructura vial, así como la convivencia social de las zonas destinadas como base. V. La autorización en que la secretaría defina los lugares en que hagan base los automóviles de alquiler, es claro que, de determinarse que fuese en algún lugar del Municipio, sin consulta del mismo, generará conflictos entre los vecinos del lugar; es por ello la importancia de tomar en cuenta a éste para sugerir el lugar adecuado donde tengan asiento las mencionadas bases de los automóviles de alquiler. Incluso, la propia Constitución del Estado prevé la obligación del gobernador de hacer partícipe a los Municipios en el proceso de planeación regional. 'Artículo 77. Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado: ... VI. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado; formular, aprobar, desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes sectoriales y regionales, y los programas que de éstos se deriven. En los procesos de planeación regional deberá consultarse a los Ayuntamientos.'. Segundo. Otro concepto de invalidez que se demanda del acuerdo de fecha 16 de noviembre, que tiene relación con el de 15 de agosto, ambos del año 2001, se deriva del hecho de que el emisor del primero de los acuerdos mencionados no cuenta con las facultades suficientes para emitir el mismo, esto es, el subsecretario de Transporte del Estado de México, dentro de las atribuciones que se señalan en los ordenamientos legales a aplicar, no se desprende que dicho funcionario público tenga facultades para emitir un acuerdo donde establezca programas específicos o subprogramas de transporte público; por otro lado, se advierte que el titular de la Secretaría de Comunicaciones, indebidamente delega funciones que le corresponden a un diverso poder del Estado siendo, incluso, materia de responsabilidad; lo anteriormente expuesto afecta al Municipio porque se deja de cumplir con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Suprema del país, permitiéndome transcribir las disposiciones que al efecto determinan lo considerado. 1. De la Constitución Política del Estado de México se desprende: 'Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura: I. Expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno.'. 'Artículo 122. Los Ayuntamientos de los Municipios tienen las atribuciones que establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones legales aplicables. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que señala la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los Municipios ejercerán las facultades señaladas en la fracción V del artículo 115 de la Constitución General, de manera coordinada y concurrente con el Gobierno del Estado, de acuerdo con los planes y programas federales y estatales a que se refiere el artículo 139 de este ordenamiento.'. De lo antes transcrito, se advierte que el Congreso Local es el órgano facultado para discutir y aprobar, en su caso, un acuerdo que tiene características de norma, ya que el mismo es general, abstracto y obligatorio, dada su publicación. Por otro lado, se reafirma que el Municipio debió de haber participado en la elaboración del programa, programa específico y subprogramas para el desarrollo integral del transporte público. 2. Ahora bien, me permito transcribir los ordenamientos tanto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, así como las que guardan relación con el caso que nos ocupa y que devienen del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 'Artículo 32. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el órgano encargado del desarrollo y administración de la red carretera, y de la regulación del transporte y las comunicaciones de jurisdicción local. A esta secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Formular y ejecutar los programas carreteros, de comunicaciones, de transportes y de vialidad del Estado. II. Establecer las normas técnicas a que debe sujetarse la construcción y operación de los programas a que se refiere la fracción anterior. III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de comunicaciones y transporte público local, con la intervención que corresponda a otras autoridades. IV. Coordinar la ejecución de planes y proyectos de obras de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la red carretera y de la infraestructura de comunicaciones del Estado. V. Construir, mantener y conservar en su caso, directamente o por adjudicación a particulares en términos de ley, las obras de vialidad, de carreteras libres y de cuota y demás de infraestructura de comunicaciones, de jurisdicción local y las que se le asignen. VI. Ejecutar las acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control de avance de las obras a que se refieren las fracciones anteriores, sin perjuicio de las facultades que en dichas materias correspondan a otras dependencias. VII. Establecer conforme a la ley, las normas técnicas y administrativas para la prestación del servicio público de transporte local. VIII. Otorgar, revocar, modificar y declarar la caducidad de concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte en vías de jurisdicción local y ejercer el derecho de reversión. IX. Fijar las tarifas de transporte público del Estado, con base en los estudios técnicos que realice. X. Prevenir y sancionar el incumplimiento por los concesionarios a las obligaciones establecidas en las autorizaciones, permisos y concesiones respectivas, para asegurar la prestación del servicio. XI. Realizar las tareas relativas a la ingeniería del transporte y al señalamiento de la vialidad del Estado, en coordinación con otras autoridades. XII. Ejecutar y promover acciones, cuando así se requiera, para el mejoramiento del transporte público en la entidad, en coordinación en su caso, con autoridades federales, locales y de otras entidades municipales, que correspondan. XIII. Concesionar la construcción, administración, operación y conservación de caminos y vialidades de cuota de competencia local. XIV. Administrar las vías de cuota a cargo del Gobierno del Estado de México. XV. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deben sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre. XVI. Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes.'. Del Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se desprende en sus artículos correspondientes: 'Artículo 6o. El secretario tendrá las siguientes atribuciones no delegables: I. Fijar, dirigir y controlar la política general de la secretaría; II. Planear, coordinar, vigilar y evaluar, en términos de la legislación aplicable, las actividades de los organismos auxiliares y fideicomisos del Poder Ejecutivo del Estado que se le adscriban sectorialmente; para tal efecto, aprobará sus programas de conformidad con los objetivos, metas y políticas que determine el gobernador del Estado; III. Autorizar los trámites, procedimientos y documentos relacionados con el transporte público que deban ser procesados por medio de tecnologías de información; IV. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el gobernador del Estado le confiera y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas; V. Proponer al titular del Ejecutivo del Estado los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios, sobre los asuntos competencia de la secretaría, así como de los organismos auxiliares y fideicomisos de su sector; VI. Comparecer ante la Legislatura del Estado, en los términos de los artículos 52 y 77 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para informar de la situación que guarda su ramo o sector correspondiente, o bien cuando se discuta una ley o se estudie un asunto relacionado con sus actividades; VII. Establecer los lineamientos generales de planeación, presupuestación, organización, dirección, control y evaluación de los programas y proyectos en materia de carreteras, vialidades, autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares, transportes y de comunicaciones de jurisdicción local; VIII. Expedir las normas administrativas, técnicas y operativas para la eficiente prestación del servicio público de transporte estatal; IX. Aprobar y establecer las políticas de los programas para el registro del transporte y vialidad, así como los de capacitación a conductores del transporte público y medicina preventiva, en el ámbito de su competencia; X. Celebrar acuerdos, convenios y contratos con los sectores público y privado, en materia de carreteras, vialidades, autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares, transportes y de comunicaciones; XI. Acordar los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas que integran la secretaría; XII. Designar a los servidores públicos que deberán coordinar o presidir, en su representación, los comités, consejos o comisiones, vinculados con el sector a su cargo; XIII. Proponer a la Secretaría de Administración el Programa de Capacitación y Formación del Personal de la secretaría, en materia de vialidad, comunicaciones y transporte; XIV. Autorizar el establecimiento de dispositivos en materia de vialidad, comunicaciones y transporte para brindar auxilio en situaciones de emergencia o siniestro; XV. Proponer al gobernador del Estado acciones emergentes de carácter temporal, en caso de suspensión de servicios de transporte y sus servicios auxiliares, así como para su regularización; XVI. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la secretaría, remitiéndolo a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su revisión correspondiente, así como sancionar el de los organismos auxiliares y fideicomisos públicos bajo su coordinación; XVII. Presidir la Comisión Interna de Modernización y Mejoramiento Integral de la Administración Pública de la secretaría, así como crear e integrar los comités y grupos que sean necesarios para su buen funcionamiento; XVIII. Determinar con la Coordinación General de Comunicación Social, los lineamientos que habrán de regir la difusión de información sobre las actividades y funciones propias de la secretaría; XIX. Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por la secretaría, para la formulación del informe de gobierno; XX. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; y XXI. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables y el titular del Poder Ejecutivo Estatal.'.-'Capítulo III. De las atribuciones genéricas de los subsecretarios. Artículo 7o. Al frente de cada subsecretaría habrá un subsecretario, quien tendrá las siguientes atribuciones genéricas: I. Acordar con el secretario el despacho de los asuntos que le sean encomendados e informarle de las actividades que realicen las unidades administrativas a su cargo; II. Elaborar y proponer al secretario los proyectos de programas operativos anuales de actividades y de presupuesto que le correspondan, así como gestionar los recursos necesarios para el eficaz desarrollo de sus funciones; III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le solicite el secretario; IV. Proponer, en términos de la legislación aplicable, los trámites, procedimientos y documentos que deban ser procesados por medio de sistemas de información electrónica, así como el establecimiento de nuevas tecnologías; V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean señalados por autorización, delegación o los que le correspondan por suplencia; VI. Proporcionar la información y el apoyo que le requieran otras dependencias del Ejecutivo del Estado previo acuerdo del titular de la secretaría; VII. Representar al secretario en los asuntos que éste le encomiende; VIII. Someter a la aprobación del secretario los estudios, proyectos y acuerdos internos relacionados con el área de su responsabilidad; IX. Establecer, en el ámbito de su competencia, las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir a las unidades administrativas que tenga adscritas; X. Someter a la consideración del secretario los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas bajo su adscripción; XI. Desempeñar las comisiones que el secretario le encomiende e informarle respecto de su desarrollo; y, XII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables y las que le encomiende el titular de la secretaría.'.-'Capítulo IV. De las atribuciones específicas de las subsecretarías y de la adscripción de las direcciones generales y de la unidad de comunicaciones. Artículo 8o. A la Subsecretaría de Infraestructura Carretera, Vial y de Comunicaciones le corresponde planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las funciones sobre vialidades, caminos y, en general, los sistemas de comunicación en el Estado con apego a las leyes, reglamentos y demás ordenamientos aplicables.-Quedan adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura Carretera, Vial y de Comunicaciones: I. Dirección General de Vialidad; y II. Unidad de Comunicaciones.'.-'Artículo 9o. A la Subsecretaría de Transporte le corresponde planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las funciones de transporte terrestre y masivo, con apego a las leyes, reglamentos y demás ordenamientos aplicables.-Quedan adscritas a la Subsecretaría de Transporte: I. Dirección General de Transporte Terrestre; y, II. Dirección General de Transporte Masivo.'.-En congruencia con lo antes apuntado, el artículo 143 de la Constitución del Estado de México, establece: 'Las autoridades del Estado sólo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos.'.-Desprendiéndose que el emisor de los acuerdos publicados los días 15 de agosto y 16 de noviembre, ambos del presente año, violan lo que establece el artículo 16 constitucional, en relación con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, los acuerdos de referencia deberán ser declarados inconstitucionales.-Tercero. Amén de lo expuesto, de igual forma resulta notoriamente inválido el acuerdo de fecha 16 de noviembre, emitido por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, porque de acuerdo con el diverso acuerdo emitido por el titular de la Secretaría de Comunicaciones, en sus artículos transitorios, se advierte lo siguiente: Acuerdo de fecha 15 de agosto de 2001.-Transitorios. Primero. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de (sic) Gobierno.-Segundo. Este acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de (sic) Gobierno.-Tercero. Los programas específicos y subprogramas deberán ser emitidos por la Subsecretaría de Transporte y publicados dentro del término de 30 días hábiles contados a partir de que surta efectos el presente acuerdo.'.-El acuerdo donde se establecen tanto los programas específicos como los subprogramas que establece el artículo tercero transitorio antes transcrito, fueron publicados en el periódico oficial hasta el día 16 de noviembre del año en curso, rebasando el término antes señalado y violando lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tener vicios que infringen la legalidad.-Por otro lado, de acuerdo con las disposiciones que prevé el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es indebido que el titular de ese organismo haya encomendado al subsecretario que publicara el acuerdo de fecha 16 de noviembre que se tilda de inconstitucional, so pena de estar incurriendo en graves responsabilidades como servidores públicos.-'Artículo 6o. El secretario tendrá las siguientes atribuciones no delegables: … V. Proponer al titular del Ejecutivo del Estado los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios, sobre los asuntos competencia de la secretaría, así como de los organismos auxiliares y fideicomisos de su sector; … VIII. Expedir las normas administrativas, técnicas y operativas para la eficiente prestación del servicio público de transporte estatal; IX. Aprobar y establecer las políticas de los programas para el registro del transporte y vialidad, así como los de capacitación a conductores del transporte público y medicina preventiva, en el ámbito de su competencia.'."
CUARTO.-El actor indica que el acto cuya invalidez demanda es violatorio de los artículos 16 y 115, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Por acuerdo de ocho de enero de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Mediante proveído de catorce de enero de dos mil dos, el Ministro instructor tuvo por presentado al síndico promovente haciendo valer la demanda de que se trata; asimismo, requirió a éste para que aclarara su demanda, precisando si en la controversia constitucional debía tenerse como acto impugnado el acuerdo emitido por el secretario de Comunicaciones y Transportes publicado el quince de agosto de dos mil uno.
El citado promovente desahogó el requerimiento aludido a través del oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de enero de dos mil dos señalando, en lo que interesa: "… Se combate de igual forma la gaceta de fecha quince de agosto del año dos mil uno, en vía de consecuencia …".
Por auto de veintinueve de enero de dos mil dos, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, a la cual le correspondió el número 7/2002, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
SEXTO.-El gobernador, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el subsecretario de Transporte Terrestre, todos del Estado de México, al rendir su contestación, en síntesis externaron:
1. Que en la presente controversia constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, en ejercicio de sus atribuciones emitió acuerdo de doce de marzo del año dos mil dos, publicado en la Gaceta del Gobierno al día siguiente, por el cual dejó insubsistentes los acuerdos publicados el quince de agosto y dieciséis de noviembre de dos mil uno, materia de impugnación.
2. Que el citado acuerdo de doce de marzo de dos mil dos surtió efectos al día siguiente de su publicación, es decir, el trece del mes y año indicados, por lo que la presente controversia constitucional carece de materia al quedar insubsistentes los actos cuya invalidez se demandan, actualizando la causa de improcedencia aludida.
3. Que atendiendo lo anterior, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia. Citando en apoyo a lo anterior las jurisprudencias de los rubros: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SOBRESEIMIENTO CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20 EN RELACIÓN CON EL 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN.", "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.".
SÉPTIMO.-El procurador general de la República manifestó, en síntesis:
1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional y el síndico promovente cuen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17146-5bf22cb0/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-surtirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA RELATIVA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 45, AMBOS DE LA L (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRE (64)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE EN EXCLUSIVA A LA LEGISLATURA ESTATAL FIJAR LOS LÍMITES Y EL TERRITORIO DE CADA MUNICIPIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). (P./J. 26/2005)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE EN EXCLUSIVA A LA LEGISLATURA ESTATAL FIJAR LOS LÍMITES Y EL TERRITORIO DE CADA MUNICIPIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). (105)
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis