Corpus
Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17211
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 127.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Ahora bien, a fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

I. El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de ese mismo circuito, al resolver los amparos directos y en revisión sometidos a su potestad jurisdiccional, en lo que interesa, sustentó el criterio siguiente:

- Amparo directo número 286/93, promovido por Gloria Araceli Polo, y resuelto en sesión del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres:

"TERCERO. No habrán de transcribirse los conceptos de violación hechos valer por la quejosa Gloria Araceli Polo, porque no serán materia de estudio por parte de este cuerpo colegiado, en virtud de que, como lo alega el tercero perjudicado, José Ignacio González López, en su escrito de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y tres, en la especie se surte la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo. Para llegar a esta conclusión es pertinente dejar asentado que de las constancias que integran el expediente de donde deriva el acto reclamado, entre otras cosas aparece que: a) En el expediente relativo al juicio de divorcio voluntario promovido por Gloria Araceli Polo y José Ignacio González López, por escrito de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, la primera de las nombradas demandó al mencionado José Ignacio González López, en la vía sumaria, la liquidación de la sociedad conyugal, reclamándole, entre otras prestaciones, la siguiente: ‘a) La liquidación de la sociedad conyugal respecto de los bienes inmuebles adquiridos dentro del matrimonio y que son los departamentos en condominio marcados con los números cuatro y cinco de la Calle Treinta y Cuatro Norte, número dos mil doscientos uno de la colonia Vista Hermosa de esta ciudad y, como consecuencia, la división de los mismos por partes iguales entre los excónyuges, de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 371 al 374 del Código Civil del Estado. ...’ (fojas 23 y 24 del expediente número 704/92); b) El veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y dos se admitió la demanda en la vía sumaria y se ordenó correr el traslado respectivo (fojas 33); c) Por escrito de fecha primero de junio de mil novecientos noventa y dos, José Ignacio González López interpuso recurso de revocación en contra del referido auto de veintiséis de mayo de este año (fojas 48 a 51); y, d) Previos los trámites legales, la Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, el treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, resolvió dicho recurso. Siendo esta resolución la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías promovido por Gloria Araceli Polo, cuyos puntos resolutivos y parte considerativa han quedado transcritos en el resultando primero y en el considerando segundo de esta ejecutoria. Por otra parte, de la copia certificada exhibida por el tercero perjudicado, José Ignacio González López, la cual obra a fojas de la cuarenta y dos a la sesenta y seis de este expediente de amparo, entre otras cosas, aparece que: A) Por escrito dirigido al Juez de lo Familiar en turno y presentado el once de mayo de mil novecientos noventa y tres ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Gloria Araceli Polo promovió en la vía ordinaria, juicio de liquidación de la sociedad conyugal en contra de José Ignacio González López, reclamándole, entre otras prestaciones, la siguiente: ‘a) La liquidación de la sociedad conyugal respecto de los bienes inmuebles adquiridos dentro del matrimonio y que son los departamentos en condominio marcados con los números cuatro y cinco de la Calle Treinta y Cuatro Norte, número dos mil doscientos uno de la colonia Vista Hermosa de esta ciudad y, como consecuencia, la división de los mismos por partes iguales entre los excónyuges, de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 371 al 374 del Código Civil del Estado. ...’ (foja 43); y, B) El doce del precitado mes y año, el Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, a quien le tocó conocer del asunto, admitió en la vía y forma propuestas la demanda, y ordenó correr el traslado correspondiente. De lo relatado con antelación y de la lectura de la resolución reclamada de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, se advierte que: I. En dicha resolución, a la quejosa Gloria Araceli Polo se le desechó la demanda de liquidación de sociedad conyugal, básicamente por estimarse que la acción debía ejercitarse por separado en un nuevo juicio, en la vía ordinaria, presentándose la demanda respectiva ante la oficialía común de partes; y, II. La quejosa, por escrito presentado el once de mayo de mil novecientos noventa y tres, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, promovió en la vía ordinaria juicio de liquidación de la sociedad conyugal, admitiendo la demanda en la vía y forma propuestas el doce del mismo mes y año. Siendo así, le asiste razón al tercero perjudicado José Ignacio González López, puesto que la quejosa, al haber presentado una nueva demanda de liquidación de sociedad conyugal en los términos señalados en la resolución reclamada, es indudable que esa circunstancia entraña su consentimiento con el contenido de esa resolución, emergiendo, en la especie, la causal de improcedencia que contempla el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el juicio de garantías, atento lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal invocado. Este cuerpo colegiado no pasa inadvertido que aun cuando en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparece probado ante la autoridad responsable y, por ello, en los juicios de garantías en la vía directa no pueden admitirse ni valorarse pruebas que no se hayan aportado ante la propia responsable, porque éstas implicarían, necesariamente, variar las situaciones jurídicas planteadas y resueltas por esa autoridad en el acto reclamado; sin embargo, ello únicamente tiene aplicación tratándose de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, tal prohibición no puede hacerse extensiva a elementos que tengan relación con causales de improcedencia de la acción constitucional, porque su estudio, incluso, puede hacerse de oficio por el juzgador federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, y porque la existencia de esas causales impide examinar el fondo del asunto, lo que significa que no se vierte ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior conduce a concluir que en los amparos en revisión o en la vía directa es susceptible de admitir y valorar pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello implique cambiar la materia de la litis del acto reclamado, porque no se refieren a su constitucionalidad o inconstitucionalidad, lo que en el caso acontece con las pruebas aportadas por el tercero perjudicado José Ignacio González López."

Amparo en revisión 345/93, promovido por ... resuelto el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres; este Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito consideró lo siguiente:

"TERCERO. No obstante que se transcribieron, tanto la parte considerativa de la sentencia materia del recurso de revisión, como los agravios hechos valer por el recurrente, los mismos no serán materia de análisis por la razón que a continuación se precisa. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, mediante oficio número 1393, recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día veinte de los corrientes, con el cual informa que con fecha diez del mes citado ... compareció en forma voluntaria ante este juzgado; que en esa misma fecha se le tomó su declaración preparatoria y de que con fecha doce de agosto resolvió su situación jurídica, remitiendo como justificante de lo anterior copia autorizada del auto por el cual decidió su situación jurídica. De la copia certificada a que se ha hecho referencia se desprende que la situación jurídica del quejoso, ahora recurrente, fue al tenor de los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Se decreta auto de formal prisión en contra de ... como presunto responsable del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y penado por el artículo 171, fracción II, del Código Penal Federal, sin perjuicio de la libertad bajo caución que se le concede. SEGUNDO. Encontrándose la presente causa en la hipótesis establecida en el artículo 152 del código adjetivo de la materia, esto es, que la pena aplicable por el antijurídico a que se contrae esta causa no excede de seis meses de prisión, se declara abierto el procedimiento sumario y se concede a las partes el término de quince días para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes, término durante el cual se procurará agotar la instrucción. TERCERO. Remítase copia certificada de esta resolución al director del Centro de Readaptación Social del Estado, para su conocimiento, pidiéndole se sirva proceder a identificar al referido encausado por el sistema administrativo acostumbrado, y remita la hoja que contenga los antecedentes penales que pudiera registrar; igual informe solicítese a la Dirección General de los Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; asimismo, gírese atento oficio al director del Registro Nacional de Electores, haciéndole saber nombre, estado civil, edad y domicilio particular del aquí procesado, para los efectos conducentes. CUARTO. Hágase saber al procesado que esta resolución es apelable dentro de los tres días siguientes al de su notificación, así como el grado en que procede y expídanse a las partes tantas cuantas copias soliciten de este proveído.’ (fojas 22 frente y vuelta). Por las razones apuntadas, es de concluirse que al haber cambiado la situación jurídica del quejoso al haberse decretado en su contra auto de formal prisión por el delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y penado por el artículo 171, fracción II, del Código Penal Federal, deviene improcedente el juicio constitucional que promovió contra la orden de aprehensión; habida cuenta que por el cambio de situación jurídica deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, de tal manera que no podría decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por este Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada con el número 57 a fojas 47 y 48 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 44, del mes de agosto de mil novecientos noventa y uno, que dice: ‘SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley.’. Consecuentemente, al cristalizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en lo que dispone el artículo 74, fracción III, de la misma ley, tanto por cuanto se refiere a los actos de la autoridad ordenadora, como por lo que ve a los reclamados de la ejecutora, en términos de la jurisprudencia número 1812, visible a fojas 2912 y 2913 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.’. Cabe señalar que si bien es cierto que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y, por ello, no es factible admitir ni valorar pruebas que no hayan sido aportadas ante la propia responsable, porque éstas implicarían, necesariamente, variar las situaciones jurídicas planteadas y resueltas por esa autoridad en el acto reclamado; sin embargo, ello únicamente tiene aplicación tratándose de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pero tal prohibición no puede hacerse extensiva a elementos que, como en el caso, tengan relación con causales de improcedencia de la acción constitucional, porque su estudio puede hacerse de oficio por el juzgador federal, como se dijo antes, dado que la existencia de esas causales impide examinar el fondo del asunto, lo que conduce a concluir que en los amparos en revisión o en la vía directa es susceptible admitir pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías; por tanto, la admisión de la prueba documental que remitió el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla para justificar el cambio de situación jurídica del quejoso, ahora recurrente, a la que ya se hizo referencia, es procedente y ello no implica cambiar la materia de la litis del acto reclamado, porque no se refiere a la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino a justificar la improcedencia del juicio. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por este Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver, con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, el juicio de amparo directo número 286/93, promovido por Gloria Araceli Polo, que dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. LAS PRUEBAS QUE LA ACREDITAN PUEDEN ADMITIRSE EN AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN. Aun cuando en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, y por ello en los juicios de garantías en la vía directa no puedan admitirse ni valorarse pruebas que no se hayan aportado ante la propia responsable, porque éstas implicarían necesariamente variar las situaciones jurídicas planteadas y resueltas por esa autoridad en el acto reclamado; sin embargo ello únicamente tiene aplicación tratándose de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Por lo tanto, tal prohibición no puede hacerse extensiva a elementos que tengan relación con causales de improcedencia de la acción constitucional, porque su estudio, incluso, puede hacerse de oficio por el juzgador federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, y porque la existencia de esas causales impide examinar el fondo del asunto, lo que significa que no se vierta ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, lo anterior conduce a concluir que en los amparos en revisión o en la vía directa es susceptible admitir pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello implique cambiar la materia de la litis del acto reclamado, porque no se refieren a su constitucionalidad o inconstitucionalidad.’."

Amparo en revisión 309/93, promovido por ... resuelto el trece de septiembre de mil novecientos noventa y tres; en este asunto, en la parte que interesa, se dijo lo siguiente:

"TERCERO. Previo al estudio de los agravios propuestos, es conveniente resaltar lo siguiente: Mediante escrito fechado el trece de mayo del año en curso y presentado el diecisiete del mismo mes y año, ante la Oficialía Común a los Juzgados de Distrito en el Estado ... solicitó del Juez de Distrito en turno en el Estado de Puebla, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Octavo de lo Penal de esta ciudad, procurador general de Justicia del Estado de Puebla y coordinador de la Policía Judicial de esta entidad federativa, reclamando, de la primera autoridad, la orden de aprehensión dictada en su contra dentro del proceso número 200/90, por el delito de violación, y de las restantes autoridades, su ejecución. Correspondió conocer de dicha demanda de garantías al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, quien mediante acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso radicó el juicio de amparo número 773/93-3a., admitiendo a trámite la demanda propuesta, solicitando el informe justificado a las responsables y señalando fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. La Juez Octavo de lo Penal rindió su informe aceptando la certeza del acto reclamado, pues existe orden de aprehensión en contra del quejoso como probable responsable del delito de violación equiparada, cometido en agravio de ... en el proceso 200/90, y agregó: ‘Asimismo, hago saber a usted que dentro del amparo número 575/93-3a., promovido por ... el Juez Cuarto de Distrito, con fecha 22 de abril del año en curso, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a dicho quejoso. Como justificación envío a usted constancias deducidas del proceso de antecedentes debidamente autorizadas por el secretario de este juzgado ...’ (foja 9). En las constancias que remitió la autoridad responsable ordenadora se encuentran, entre otras: Copia certificada de la demanda de garantías fechada el trece de abril del año en curso, de la cual se desprende que ... solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: ‘Que ocurro ante este juzgado a su digno cargo a promover juicio indirecto de garantías en contra de los actos de los CC. Juez Octavo de lo Penal de esta capital, como autoridad ordenadora, y como autoridades ejecutoras, el ciudadano procurador general de Justicia del Estado, coordinador de la Policía Judicial del Estado ...’ (foja 36). ‘IV. Acto reclamado. Del ciudadano Juez Octavo de lo Penal de esta capital, la orden de aprehensión que ha dictado en mi contra por el supuesto ilícito de violación; reclamo del ciudadano procurador general de Justicia del Estado y del coordinador de la Policía Judicial del Estado, el haber recibido la transcripción de dicha orden y que tratan de ejecutarla por sí o a través de los agentes a sus órdenes.’ (foja 37). De igual manera, de dichas constancias se advierte que correspondió el conocimiento de esa demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, y que mediante auto de catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, radicó la demanda de garantías y solicitó a las responsables su informe justificado, donde de esta manera inició el juicio de amparo número 575/93 (fojas 35). También aparece copia certificada del oficio número 720 de la Juez responsable, por medio del cual rindió su informe justificado, mencionando que eran ciertos los actos que se le atribuían, pues existe orden de aprehensión contra el quejoso como probable responsable del delito de violación equiparada, cometido en agravio de ... en el proceso número 200/90, acompañando al mismo las constancias que dijo demostraban su constitucionalidad (foja 39). Finalmente, el veinticinco de mayo del año en curso, el Juez Cuarto de Distrito, sin tomar en cuenta las manifestaciones que hizo valer la autoridad responsable ordenadora y las constancias que remitió, de las cuales se desprendía la existencia de un diverso juicio de garantías tramitado ante ese mismo juzgado, dictó sentencia en el juicio de amparo número 773/93-3a., otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados (fojas 48 a 54). Contra esa resolución la autoridad responsable ordenadora interpuso revisión, y para comprobar la improcedencia que señaló del juicio de garantías, acompañó diversas copias certificadas: a) De su informe justificado; b) De la sentencia pronunciada el veintidós de abril del año en curso, en el diverso juicio de amparo número 575/93-3a., en la que se negó la protección constitucional solicitada (fojas 9 a 11); c) Del acuerdo de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, mismo que recayó al escrito por medio del cual interpuso revisión el quejoso ... (fojas 7); y, d) Del acuerdo dictado por este Tribunal Colegiado en la R. 237/93, relativo a la revisión interpuesta en el juicio de amparo número 575/93, admitiendo a trámite el recurso de revisión hecho valer por el quejoso contra el fallo constitucional (foja 8). CUARTO. Los agravios son fundados. En principio, es conveniente transcribir la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo número 286/93, promovido por Gloria Araceli Polo, aprobada por unanimidad de votos en sesión plenaria de veintiséis de agosto del presente año, que dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. LAS PRUEBAS QUE LA ACREDITAN PUEDEN ADMITIRSE EN AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN. Aun cuando en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, y por ello en los juicios de garantías en la vía directa no puedan admitirse ni valorarse pruebas que no se hayan aportado ante la propia responsable, porque éstas implicarían necesariamente variar las situaciones jurídicas planteadas y resueltas por esa autoridad en el acto reclamado; sin embargo ello únicamente tiene aplicación tratándose de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Por lo tanto, tal prohibición no puede hacerse extensiva a elementos que tengan relación con causales de improcedencia de la acción constitucional, porque su estudio, incluso, puede hacerse de oficio por el juzgador federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, y porque la existencia de esas causales impide examinar el fondo del asunto, lo que significa que no se vierta ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, lo anterior conduce a concluir que en los amparos en revisión o en la vía directa es susceptible admitir pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello implique cambiar la materia de la litis del acto reclamado, porque no se refieren a su constitucionalidad o inconstitucionalidad.’. Ahora bien, la Juez Octavo de lo Penal de esta ciudad, al interponer la revisión, acompañó diversas probanzas que fueron relatadas en el apartado precedente, mismas que deben valorarse junto con las aportadas al juicio de amparo, en relación con la causal de improcedencia del juicio de garantías que hace valer en los agravios. De esta forma, se advierte que ante la Juez Octavo de lo Penal de esta ciudad, se encuentra radicado el proceso número 200/90, dentro del cual, el día trece de agosto de mil novecientos noventa, se libró orden de aprehensión en contra de ... como presunto responsable del delito de violación equiparada cometido en agravio de la menor ... Contra esa resolución el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer a este órgano colegiado en el toca R. 237/93, admitiéndose dicho recurso el dieciocho de mayo del año en curso (foja 8). No obstante lo anterior, un día antes de que se pronunciara el auto por medio del cual se admitió la revisión interpuesta en el primer juicio de garantías, el quejoso, mediante escrito presentado el diecisiete de mayo, volvió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra la misma orden de aprehensión dictada por la Juez Octavo de lo Penal de esta ciudad y su ejecución por parte del procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla, la cual fue pronunciada en el proceso número 200/90, por el delito de violación; de esa demanda de garantías nuevamente correspondió el conocimiento al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, formándose el juicio de amparo número 773/93-3a., solicitando a las autoridades responsables rindieran su informe justificado. Las responsables dieron cumplimiento a dicho requerimiento y la ordenadora hizo del conocimiento del resolutor federal que existía un diverso juicio de amparo número 575/93-3a., tramitado ante ese mismo Juzgado de Distrito, remitiéndole las constancias que justificaban su dicho. Con lo anterior, queda debidamente comprobado que con anterioridad al juicio de garantías en que se dictó la sentencia que se revisa ... había promovido otro juicio de garantías ante el mismo Juzgado Federal, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, dentro del cual, el veintidós de abril pasado, se había dictado la sentencia respectiva, contra la cual se había interpuesto revisión, recurso que fue admitido a trámite el dieciocho de mayo del año en curso, sin que hasta la fecha de la resolución impugnada hubiera constancia de que en dicha controversia se hubiera dictado ejecutoria. Siendo así, los dos juicios de amparo se promovieron contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados, y el día señalado para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 773/93 (veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres), fecha en la cual se dictó la sentencia que por este medio se revisa, aún se encontraba en trámite el primer juicio de garantías número 575/93-3a., ya que no existe prueba que demuestre que ese juicio se hubiera resuelto ejecutoriadamente, ya que sólo existe el auto de admisión del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia pronunciada en el juicio 575/93, misma que negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. De lo anterior se desprende, indudablemente, que el juicio de amparo número 773/93 es improcedente, pues el primer juicio se encontraba en trámite por la revisión hecha valer, en el que se impugnó el mismo acto reclamado, de iguales autoridades responsables, con lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento del juicio de acuerdo con el diverso 74, fracción III, de la ley de la materia, los cuales, respectivamente, dicen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... III. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.’ y ‘Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.’. Consecuente y contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, de ninguna manera puede abordarse el estudio del fondo del asunto, debido a que el primer juicio de garantías aún se encontraba en trámite, ya que de sostener lo contrario, además de contravenir la disposición legal contemplada en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se corre el riesgo, como en el caso aconteció, de dictar dos sentencias contradictorias, lo cual es contrario a derecho; por tanto, debe sobreseerse en el segundo juicio de garantías cuya sentencia motiva este recurso, ya que las causales de improcedencia son de estudio oficioso y preferente por ser de orden público. En estas condiciones, al ser fundados los agravios propuestos por la autoridad responsable ordenadora, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías."

Asimismo, este Tribunal Colegiado, al resolver el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres el amparo en revisión 246/93, promovido por ... ambos de apellidos ... consideró lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios hechos valer por el Juez Quinto de Defensa Social de esta ciudad de Puebla, en su carácter de autoridad responsable ordenadora, son parcialmente fundados. Asiste razón al Juez recurrente al manifestar en el primer agravio, que al haber cambiado la situación jurídica de los quejosos ... ambos de apellidos ... en virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, se surte la causal de improcedencia previs

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17211-f4565868/improcedencia-las-pruebas-que-acreditan-la-actualizacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.