AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. NO SE VIOLA POR LA VERIFICACIÓN QUE HAGA LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ANTES CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA) DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES QUE SE OTORGAN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
AMPARO EN REVISIÓN 317/2001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de acuerdo con lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 4/2002, de fecha ocho de abril de dos mil dos, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se realizó la interpretación directa de preceptos constitucionales, concretamente del artículo 3o., fracción VII, en relación con el 74, fracción IV, subsistiendo en dicho recurso el problema de interpretación constitucional planteado.
SEGUNDO. La parte considerativa de la sentencia recurrida en la que se realizó la interpretación directa de preceptos constitucionales, textualmente señala:
"QUINTO. Los antecedentes del caso y conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda de amparo, se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, máxime que ni el artículo 77 ni ningún otro de la Ley de Amparo señala que deban transcribirse en la sentencia. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/129, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuya síntesis se publica en la página 599 del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.’. Son infundados en una parte y fundados en otra los conceptos de violación hechos valer. No obstante lo dicho y apoyado en el criterio jurisprudencial que antecede, a efecto de dar claridad a la exposición del caso, se reseñan enseguida sintéticamente los conceptos de violación expresados. Por su estrecha relación, se citan aquí los motivos de disentimiento primero y sexto de la quejosa. Estos conceptos de violación esencialmente inciden en señalar que el oficio OCMH-FR-3335/00, que reclama, carece de fundamentación y motivación; precisando que los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política General, 3o., fracciones I, II, inciso b), III, IV, V, VI y X, 7o., fracciones VI, VIII, IX y XII, 16, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que refiere el propio oficio, no faculta a la autoridad responsable a realizar el acto que pretende, porque no está comprendida dentro de las entidades a que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y porque el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales de la Administración Paraestatal señala que a las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley les otorgue autonomía, se regirán por sus leyes específicas. Establece que el artículo 74, fracción IV (y otros), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue reformado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, y que al fundar la responsable su actuación en el dispositivo próximo anterior mencionado, violenta los artículos segundo y tercero transitorios, al pretender llevar a cabo las acciones contenidas en el artículo 79, fracción (sic) I a la IV, cuando sólo se le faculta para realizarlas a partir de la cuenta pública del año dos mil uno y que, consecuentemente, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación no aplicará dicha reforma para los ejercicios de mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve, y dos mil, pero al hacerlo así, aplica retroactivamente la ley, haciéndolo en leyes que no son vigentes al hecho al cual se pretende aplicar. Manifiesta la quejosa que la responsable viola el artículo 74, fracción II, de la Constitución Federal, ya que el diverso tercero transitorio del decreto de reformas le obliga a ejercer las atribuciones de conformidad con el numeral 74, fracción IV, vigente hasta antes de la entrada en vigor del decreto de reformas; asimismo, dice que la quejosa no aparece contemplada en la Ley de Ingresos de la Federación, ni en partida alguna del presupuesto de egresos de la Federación, por lo que la responsable viola la fracción IV del artículo 74, párrafo quinto, que alude a la responsabilidad en caso de discrepancias con las partidas respectivas, estimando que se refieren a las partidas del presupuesto de egresos de la Federación; también dice que indebidamente la responsable pretende aplicar las reformas contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, al pretender revisar la cuenta pública para el año de mil novecientos noventa y nueve, cuando el artículo segundo transitorio indica que tales reformas no estarán en vigor para dicho ejercicio fiscal, debiéndose aplicar las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor de dicho decreto; por último, expresa que la responsable viola el artículo 73, fracción XXIV, constitucional, argumentando que tal dispositivo se refiere a la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, dentro de los cuales no se encuentra la quejosa. El segundo concepto de violación lo hace consistir la quejosa en que en el oficio de catorce de noviembre de dos mil que reclama, la responsable, Contaduría Mayor de Hacienda, omitió señalar la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en donde se determinó revisar y fiscalizar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, o la resolución de la Cámara que así lo considerara, o el acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y que al ser esto así le causa agravio, ya que la Contaduría Mayor de Hacienda no es un órgano autónomo, sino que depende de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y de la propia Cámara, lo que la obliga a realizar sus actos conforme a los acuerdos o resoluciones de éstas, y al pretender fiscalizar a la quejosa sin el acuerdo correspondiente, le viola garantías individuales. El tercer motivo de disenso externado, es en el sentido de que la quejosa, Universidad Autónoma de Tamaulipas, no es una entidad que sea susceptible de fiscalización por la Cámara de Diputados, y al pretender realizarlo se violan los artículos 1o., 3o., fracciones I, III, IV, 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en relación con el 90 de la Constitución General de la República; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Precisa la impetrante de la protección constitucional, en su cuarto concepto de inconformidad, la violación a los artículos 1o., 3o. y 14 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, toda vez que su atribución de revisión conforme al artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, es para verificar si las autoridades que cita dicho numeral cumplieron con sus operaciones con apego a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de la Federación o del Distrito Federal, y al no realizar la peticionaria del amparo actos contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, ni estar considerada en el presupuesto de egresos de la Federación, sus actos no están sujetos a la revisión de la cuenta pública de la Federación, violando por ello, la responsable, los dispositivos legales referidos. El quinto concepto de violación lo endereza la impetrante del amparo al aducir la violación al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución General de la República. Manifiesta que se viola la garantía constitucional de ‘autonomía’, ya que la Constitución le otorga a la quejosa libertad para administrar su patrimonio sin más restricciones que informar, justificar y ser fiscalizada por sus propios órganos de control y fiscalización; reconociendo que también tiene una obligación de ‘informar y justificar’ sólo ante la autoridad de la cual recibió el subsidio o recurso. Refiere que el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política General es un valladar para el Estado, pues protege los fines que la universidad persigue, pues ‘bastaría autorizar a un órgano del Estado para que procediera a la fiscalización de una universidad como lo pretende la responsable, e imponerle sanciones para afectar su libertad de administración ...’. Aduce que si el órgano de fiscalización rechazara la administración que a la quejosa le garantiza la Constitución, atentaría contra sus fines (sustituir profesores, cuerpos directivos, planes y programas de estudios, se tergiversaría la investigación de la verdad, etcétera). Reseña la quejosa el dictamen y debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al elevarse la autonomía al rango constitucional en cuanto a los fines de las universidades autónomas, y expresa, retomando el contenido de aquéllos, que: La autonomía sustenta la libre administración del patrimonio universitario, ya que ello significa que los universitarios deciden en qué invertir su patrimonio. Las universidades deben ser autónomas frente al Estado, ya que sólo así se garantiza la libertad en la discusión de las ideas, en la posibilidad de crítica permanente, en la cátedra, en la investigación, en la creación y transmisión de la cultura. El pueblo mexicano tiene interés en que nadie interfiera ni obstaculice en la búsqueda y difusión del conocimiento y de la verdad, lo cual se logra ejerciendo la libertad de administrar su patrimonio ‘con responsabilidad’, como deviene del artículo 3o., fracción VII, constitucional. Por lo que queda claro que a las universidades se les encomienda que administren su patrimonio con libertad, pero también con responsabilidad. Administrarse con responsabilidad no significa que la quejosa pueda ser auditada, fiscalizada y sancionada al rechazarle su administración; lo que implica que un ente fiscalizador ajeno a la universidad mantenga la amenaza de una sanción, perdiendo con ello la libertad de buscar la verdad y la obligaría a un cambio de rumbo. La autonomía concedida a la quejosa (universidades) en relación con su patrimonio les concede total libertad para administrarlo y la obliga sólo a actuar con responsabilidad, pero no admite que sea auditada, fiscalizada y cateada en su domicilio, como pretende la responsable. Actuar con responsabilidad es sólo para informar y justificar ante las propias autoridades de las cuales se recibió el recurso económico correspondiente y no a través de la responsable. Señala que en la iniciativa que elevó la autonomía a rango constitucional, respecto a la libre administración, el presidente José López Portillo expuso que es compromiso del Estado respetar la autonomía de las universidades, debiendo de responsabilizarse sólo ante las propias comunidades y en última instancia ante el Estado; pero que no se precisó cómo las universidades se responsabilizarían ante el Estado, ya que ante su comunidad la quejosa se responsabiliza ante la asamblea y patronato universitarios. Prosigue diciendo que, ante la omisión anterior, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es muy claro y establece que las universidades tengan responsabilidad y libertad de administrarse, que es una nueva y mayor responsabilidad en relación con la sociedad; y que en el mismo sentido, refiriéndose a la iniciativa antes anotada, se pronunciaron diversos diputados. Externa la peticionaria de garantías que de acuerdo con el dictamen leído en la Cámara de Senadores, las universidades agotarán su responsabilidad de administrar libremente su patrimonio informando y justificando los recursos ante las instituciones de las cuales se recibió el subsidio, y que en el caso de la quejosa es la Secretaría de Educación Pública; y que por ello es a dicha secretaría, que sí aparece en el presupuesto de egresos de la Federación, a la que corresponde la obligación de rendirle la cuenta pública. Luego, la impetrante de la protección constitucional detalla la forma en que de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación se destinan recursos a la educación superior a través de la Secretaría de Educación Pública, de los que una parte se asignan a las universidades mediante los convenios respectivos, ejerciendo las universidades con autonomía sus presupuestos e informando y justificando ante la Secretaría de Educación Pública los recursos con los fines convenidos. El Ejecutivo Federal rinde su cuenta, donde se incluye el presupuesto ejercido por la secretaría mencionada y es el Ejecutivo Federal el que resulta ser auditado por la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia, ordenándoselo al contador mayor de Hacienda, de donde resulta, concluye, que éste no tiene facultades para auditar al sujeto autónomo (quejosa), que previamente informó y justificó el apoyo económico recibido. Puntualiza que de acuerdo con el acervo legislativo que dio vida a la autonomía universitaria, plasmado en la fracción VII del artículo 3o. constitucional, la quejosa sólo acepta el deber de informar y justificar a la autoridad que materialmente le entregó el recurso y no ante ninguna otra y por procedimientos diferentes al informe con justificación rendido. Respecto de la ampliación de la demanda de amparo, la quejosa manifestó en esencia, en su primer concepto de violación, que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados Federal carece de competencia al aprobar, el treinta y uno de octubre de dos mil, en lo general un programa de auditorías presentado a su consideración por el contador mayor de Hacienda, ya que esa facultad sólo le corresponde a la Cámara de Diputados; y que al hacerlo, dicha comisión omitió insertar en el acuerdo mencionado (de 31 de octubre de 2000) el fundamento legal que le autoriza a emitir el acto reclamado. El segundo concepto de inconformidad del libelo ampliatorio de demanda expresa, sustancialmente, que la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil, donde se aprobó en lo general el programa de auditorías para la revisión de la cuenta pública federal correspondiente a mil novecientos noventa y nueve, en el que se incluyó la práctica de una auditoría a la quejosa, es ilegal, aduciendo que viola la determinación que ordenó la Cámara de Diputados el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que contiene el decreto relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, ya que dispone que (artículo 1o.) el ejercicio y control del gasto público federal se realizará conforme a las disposiciones de ese decreto, y es el caso que el artículo décimo cuarto transitorio, en su fracción IV, ordena a la Secretaría de Educación Pública establecer mecanismos que contribuyan a que las instituciones de educación superior, sin menoscabo del principio de su autonomía, aseguren el uso racional y transparente de sus presupuestos; por lo que las responsables, Comisión de Vigilancia y Contaduría Mayor de Hacienda, ambas de la Cámara de Diputados, violentan la resolución señalada (de 31 de diciembre de 1998), por desatender el transitorio mencionado, al pretender realizar actos de fiscalización y auditoría a una institución de educación superior que es autónoma. El tercer motivo de disentimiento del ocurso que amplía la demanda de amparo, se circunscribe a externar que la Contaduría Mayor de Hacienda carece de facultades para realizar programas de auditorías en ejercicio de la revisión de la cuenta pública federal, ya que ésta es competencia y facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la que después de ser analizada pasa para su ejecución, en ámbito de su competencia, a la Comisión de Vigilancia; y que al no seguirse la forma prevista en la fracción IV del artículo 74 constitucional, el programa de auditorías del contador mayor de Hacienda se encuentra viciado de origen. La parte infundada de los conceptos de violación expresados, es exclusivamente la relativa al acto que se le reclama a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es pertinente anotar, en primer término, los dispositivos legales a que la quejosa hace referencia en sus motivos de inconformidad primero y sexto, ya que se analizarán en primer término, de manera conjunta, por su estrecha relación; así, los siguientes artículos dicen a la letra: De la Constitución Política General: ‘Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: ... IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. ...’. De la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda: ‘Artículo 3o. La Contaduría Mayor de Hacienda revisará la cuenta pública del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal, ejerciendo funciones de contraloría y, con tal motivo, tendrá las siguientes atribuciones: I. Verificar si las entidades a que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, comprendidas en la cuenta pública: a) Realizaron sus operaciones, en lo general y en lo particular, con apego a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, y cumplieron con las disposiciones respectivas de las Leyes General de Deuda Pública, de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos aplicables en la materia; b) Ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos conforme a los programas y subprogramas aprobados; c) Ajustaron y ejecutaron los programas de inversión en los términos y montos aprobados y de conformidad con sus partidas, y d) Aplicaron los recursos provenientes de financiamientos con la periodicidad y forma establecidas por la ley; II. Elaborar y rendir: ... b) A la Cámara de Diputados el informe sobre el resultado de la revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal y de la del Departamento del Distrito Federal, el cual remitirá por conducto de la Comisión de Vigilancia en los diez primeros días del mes de septiembre del año siguiente al de su recepción. Este informe contendrá, además, el señalamiento de las irregularidades que haya advertido en la realización de las actividades mencionadas en este artículo; III. Fiscalizar los subsidios concedidos por el Gobierno Federal a los Estados, al Departamento del Distrito Federal, a los organismos de la administración pública paraestatal, a los Municipios, a las instituciones privadas, o a los particulares, cualesquiera que sean los fines de su destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado. En el caso de los Municipios, la fiscalización de los subsidios se hará por conducto del Gobierno de la entidad federativa correspondiente; IV. Ordenar visitas, inspecciones, practicar auditorías, solicitar informes, revisar libros y documentos para comprobar si la recaudación de los ingresos se ha realizado de conformidad con las leyes aplicables en la materia y, además, eficientemente; V. Ordenar visitas, inspecciones, practicar auditorías, solicitar informes, revisar libros, documentos, inspeccionar obras para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades, se han aplicado eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas y subprogramas aprobados y, en general, realizar las investigaciones necesarias para el cabal cumplimiento de sus atribuciones; VI. Solicitar a los auditores externos de las entidades, copias de los informes o dictámenes de las auditorías por ellos practicadas y las aclaraciones, en su caso, que se estimen pertinentes ... X. Todas las demás que le correspondan de acuerdo con esta ley, su reglamento y disposiciones que dicte la Cámara de Diputados.’. ‘Artículo 7o. El contador mayor de Hacienda tendrá las siguientes atribuciones: ... VI. Formular y ejecutar los programas de trabajo de la Contaduría Mayor ... VIII. Fijar las normas técnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditorías que se ordenen, las que se actualizarán de acuerdo con los avances científicos y técnicos que en la materia se produzcan; IX. Integrar las comisiones que sean necesarias y seleccionar al personal capacitado, a fin de practicar las visitas, inspecciones y auditorías a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, ... XII. En general, todas las que deriven de esta ley, de su reglamento y de disposiciones generales y acuerdos que tome la Cámara de Diputados.’. ‘Artículo 10. Son atribuciones de la Comisión de Vigilancia: ... III. Ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando lo estime conveniente, para los efectos de esta ley, la práctica de visitas, inspecciones y auditorías a las entidades comprendidas en la cuenta pública ... V. Presentar a la Cámara de Diputados, dentro de los diez primeros días del mes de septiembre de cada año, el informe que le rinda la Contaduría Mayor de Hacienda sobre el resultado de la revisión de la cuenta pública recibida el año anterior ... XI. Ser el conducto de comunicación entre la Cámara de Diputados y la Contaduría Mayor de Hacienda ...’. ‘Artículo 16. Las entidades pondrán a disposición de la Contaduría Mayor de Hacienda, los datos, libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, que manejen, así como los programas y subprogramas correspondientes para la evaluación de su cumplimiento.’. ‘Artículo 19. La Contaduría Mayor de Hacienda, para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere el artículo 3o. de esta ley, goza de facultades para revisar toda clase de libros, instrumentos, documentos y objetos, practicar visitas, inspecciones y auditorías y, en general, recabar los elementos de información necesarios para cumplir con sus funciones. ...’. ‘Artículo 20. La revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal precisará el ingreso y el gasto públicos, determinará el resultado de la gestión financiera, verificará si el ingreso deriva de la aplicación de las leyes de ingresos y de las leyes fiscales, especiales y reglamentos que rigen en la materia, comprobará si el gasto público se ajustó a los presupuestos de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal y si se han cumplido los programas y subprogramas aprobados. La revisión no sólo comprenderá la conformidad de las partidas de ingresos y de egresos, sino que se extenderá a una revisión legal, económica y contable del ingreso y del gasto públicos, y verificará la exactitud y la justificación de los cobros y pagos hechos, de acuerdo con los precios y tarifas autorizados o de mercado, y de las cantidades erogadas. Si de la revisión aparecieren discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas de los presupuestos, o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, o en los ingresos percibidos, se determinarán las responsabilidades procedentes y se promoverá su fincamiento ante las autoridades competentes.’. ‘Artículo 21. La Contaduría Mayor de Hacienda, para el efecto de las atribuciones que le corresponden de conformidad con lo previsto por el artículo 3o. de esta ley, podrá practicar a las entidades las auditorías que, enunciativamente, comprenderán las siguientes actividades: I. Verificar si las operaciones se efectuaron correctamente y si los estados financieros se presentaron en tiempo oportuno, en forma veraz y en términos accesibles, de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al sector gubernamental; II. Determinar si las entidades auditadas cumplieron en la recaudación de los ingresos y en la aplicación de sus presupuestos con las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal y demás leyes fiscales, especiales y reglamentos que rigen en la materia, y III. Revisar si las entidades alcanzaron con eficiencia los objetivos y metas fijados en los programas y subprogramas, en relación a los recursos humanos, materiales y financieros aplicados conforme a los presupuestos de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal ejercidos.’. ‘Artículo 22. Las visitas, inspecciones y auditorías ordenadas por la Contaduría Mayor de Hacienda se efectuarán por auditor y personal expresamente comisionados para el efecto. El auditor tendrá el carácter de representante del contador mayor de Hacienda en lo concerniente a la comisión conferida. La Contaduría Mayor de Hacienda podrá contratar los servicios profesionales de personal especializado, para el mejor desempeño de sus funciones.’. ‘Artículo 23. A solicitud de la Contaduría Mayor de Hacienda, las entidades le informarán de los actos, convenios o contratos de los que les resulten derechos u obligaciones, con objeto de verificar si de sus términos y condiciones pudieran derivarse daños en contra de la hacienda pública federal o de la del Departamento del Distrito Federal, que afecten a la cuenta pública o impliquen incumplimiento de alguna ley relacionada con la materia.’. ‘Artículo 24. Las entidades están obligadas a proporcionar a la Contaduría Mayor de Hacienda la información que les solicite y a permitir la práctica de visitas, inspecciones y auditorías necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Igual obligación tienen los funcionarios de los Gobierno de los Estados, del Departamento del Distrito Federal, de los organismos de la administración pública paraestatal y de los Municipios, así como las instituciones privadas, o los particulares, a los que el Gobierno Federal les hubiere concedido subsidios.’. En lo que respecta a la reforma constitucional, por la cual se reformó el artículo 74 y otros dispositivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, los artículos segundo y tercero transitorios señalan: ‘Segundo. La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación iniciará sus funciones el 1o. de enero del año 2000. La revisión de la cuenta pública y las funciones de fiscalización a que se refieren las fracciones I a la IV del artículo 79 reformado por este decreto, se llevarán a cabo, en los términos del propio decreto, a partir de la revisión de la cuenta pública correspondiente al año 2001. La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación revisará la cuenta pública de los años 1998, 1999 y 2000 conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este decreto. Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, se entenderán hechas a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación.’. ‘Tercero. En tanto la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación no empiece a ejercer las atribuciones a que se refiere este decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, su ley orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto. Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda no serán afectados en forma alguna en sus derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de este decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan. Una vez creada la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, todos los recursos humanos, materiales y patrimoniales en general de la Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a formar parte de dicha entidad.’. Con el marco legal precisado y que resulta ser el mismo en el cual la responsable, Contaduría Mayor de Hacienda, funda el oficio OCMH-FR-3335/00, de catorce de noviembre de dos mil, que reclama, es infundado que la quejosa manifieste que el artículo 74, fracción IV, referido, no faculte a la mencionada autoridad para fiscalizar a dicha quejosa y, por ende, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para así ordenarlo, aduciendo que sólo permite la revisión de la cuenta pública de la Federación por lo que, consecuentemente, no se le contempla para ello. A lo que corresponde expresar que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sí está facultada para ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda revisar la cuenta pública del Gobierno Federal y del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política General, 1o., 3o. y 10, fracción III, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; como también es legal la inclusión de la quejosa dentro de dicha cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado artículo 3o., fracción I, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en relación con el numeral 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; al efecto, este último artículo cita: ‘El gasto público federal c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17253-9fe1dd9d/autonomia-universitaria-no-se-viola-por-la-verificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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