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Modo: Corpus Pro

CUOTAS OBRERO PATRONALES. NO ESTÁN COMPRENDIDAS EN LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS AL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2, APARTADO 4, INCISO A), DEL ACUERDO INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE DICHO INSTITUTO Y EL GOBIERNO MEXICANO, FIRMADO EL 10 DE JULIO DE 1981, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE MAYO DE 1982. INMUNIDAD JURISDICCIONAL. EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA NO GOZA DE ESA PRERROGATIVA CUANDO CONTRATA TRABAJADORES PARA CUMPLIR SUS FINES. INMUNIDAD JURISDICCIONAL INTERNACIONAL. NO ES PRERROGATIVA ILIMITADA. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA. PARA DEFINIR EL CONCEPTO IMPUESTOS PARA EFECTOS DE LA EXENCIÓN QUE LE CONCEDE EL GOBIERNO MEXICANO, POR VIRTUD DEL ACUERDO INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DICHO INSTITUTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE MAYO DE 1982, DEBE ATENDERSE A LO QUE AL EFECTO DISPONE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA. PARA DEFINIR EL TÉRMINO "DERECHOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, APARTADO 4, INCISO A), DEL ACUERDO CELEBRADO ENTRE DICHO ORGANISMO INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO MEXICANO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE MAYO DE 1982, DEBE ATENDERSE A LA INTENCIÓN DE LAS PARTES. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO AMPARO. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA. LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUEDAN COMPRENDIDAS DENTRO DEL TÉRMINO "DERECHOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, APARTADO 4, INCISO A), DEL ACUERDO CELEBRADO ENTRE AQUÉL Y EL GOBIERNO MEXICANO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE MAYO DE 1982, POR LO QUE DICHO ORGANISMO DEBE CUBRIRLAS. TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 348/2001. · Registro digital (IUS): 17498
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 459.

AMPARO EN REVISIÓN 348/2001. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción III, primer párrafo y 182, fracción III, de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y puntos primero y segundo, tercer párrafo, del Acuerdo Plenario 1/1997 (actualmente abrogado), de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio siguiente, así como del tercer transitorio del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que este medio de impugnación se promovió en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto, donde se cuestiona la interpretación de un tratado internacional, como es el acuerdo entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la sede del instituto y a las Misiones Permanentes que se acrediten ante dicho instituto, cuyos planteamientos se refieren a la materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala, además de que la intervención de este Alto Tribunal se solicitó bajo la vigencia del acuerdo plenario citado en primer término.

Es importante destacar que en el caso no resulta aplicable el Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del año en curso, el cual entró en vigor al día siguiente, toda vez que conforme a su artículo tercero transitorio los asuntos en los que se hubiese solicitado la intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de los acuerdos anteriores al enunciado, deben continuarse en su tramitación hasta su resolución y, en la especie, se solicitó la intervención de este Alto Tribunal con posterioridad a la fecha en que entró en vigor el mencionado acuerdo.

SEGUNDO. Es innecesario transcribir los agravios expuestos por el quejoso, dado que los mismos ya fueron analizados por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento de este recurso de revisión.

TERCERO. Para una mejor comprensión de este asunto, enseguida se sintetizan sus antecedentes.

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), acudió ante el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en demanda de amparo, contra actos del: 1. Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2. Director general de Afiliación y Cobranza, 3. Titular de la Delegación Cuarta Sureste del Distrito Federal, 4. Titular de la Subdelegación Diez, 5. Titular de la Coordinación de Auditoría a Patrones y 6. Jefe del Departamento de Cobranza en la Subdelegación Diez, todos dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes reclamó la determinación del crédito número 001076104 del periodo 2000-3, por un monto de ochenta y nueve mil setecientos setenta y dos pesos, y el nombramiento de notificador de Nancy Martínez Gutiérrez.

En la demanda de amparo expuso la parte quejosa que es un organismo internacional que ha venido operando desde mil novecientos cincuenta y seis, al amparo de un convenio celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Gobierno de México, y que se denomina Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Que el treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y ocho se suscribió en la Ciudad de México un convenio de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, para reestructurar al instituto mencionado, mismo que entró en vigor el ocho de febrero de mil novecientos setenta y nueve, después de su ratificación por la República de Ecuador y de México. Posteriormente, el diez de julio de mil novecientos ochenta y uno fue suscrito el "Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)", relativo a la sede de este organismo y las misiones permanentes que se acrediten ante el mismo, el cual fue aprobado por la Cámara del Senado en sesión de diecisiete de diciembre siguiente y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de enero de mil novecientos ochenta y dos, para entrar en vigor el veintitrés de ese propio mes y año.

El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, por una parte, en lo que atañe a los actos reclamados al: 1. Director general, 2. Director de Afiliación y Cobranzas, 5. Titular de la Coordinación de Auditoría a Patrones y 6. Jefe del Departamento de Cobranzas en la Subdelegación Diez, todos dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en la determinación del crédito número 001076104 del periodo 2000-3, por un monto de ochenta y nueve mil setecientos setenta y dos pesos, y el nombramiento de notificador de Nancy Martínez Gutiérrez, ante la inexistencia no desvirtuada por la quejosa; y por otra, porque estimó que respecto a los actos atribuidos a: 4. El titular de la Subdelegación Diez, consistentes en la resolución (sic) y nombramiento de notificador, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no agotó los medios ordinarios de defensa que prevé el Código Fiscal de la Federación, concretamente el juicio contencioso administrativo, para impugnar dichos actos, puesto que como tal normatividad no prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión que los consagrados en la Ley de Amparo, la parte quejosa debió agotarlos previamente a acudir al juicio de garantías.

El Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento de la revisión interpuesta en contra de la sentencia del Juez Federal resolvió, por una parte, declarar fundados los agravios y revocar el sobreseimiento en la parte en que se obliga a la quejosa a agotar el principio de definitividad, pues estimó que contrariamente a lo afirmado por el a quo, el Código Fiscal de la Federación establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión de ejecución de cobros de cuotas obrero-patronales y, por otra parte, determinó no estudiar los conceptos de violación cuyo análisis omitió el Juez de Distrito, ya que por las características que reviste el asunto estimó pertinente proponer a la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de que ejerciera la facultad de atracción.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejecutoria de veintinueve de junio de dos mil uno, decidió ejercer la facultad de atracción en este asunto, con independencia de que los aspectos que se debaten se refieran a cuestiones de legalidad, pues el quejoso básicamente hizo valer violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por haberse dejado de aplicar el acuerdo de diez de julio de mil novecientos ochenta y uno, suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), en el que se pactó, entre otras cosas, en el artículo 2o., punto número 4, inciso a), la exención del pago de impuestos de dicho organismo internacional que estableció su sede en el Estado mexicano, acuerdo bilateral que en concepto del peticionario de garantías, en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, tiene rango de ley, ya que fue aprobado por la Cámara de Senadores; en consecuencia, el tema central de estudio es resolver si los actos reclamados son violatorios de garantías de la institución quejosa, lo que implica precisar si está exenta del pago de las cuotas obrero-patronales y, con base en ello, establecer la legalidad o ilegalidad de la determinación emitida en su contra respecto del cobro que por tal concepto le hace el Instituto Mexicano del Seguro Social.

CUARTO. Antes de analizar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de primer grado, se estima conveniente corregir de oficio la confusión que se advierte en los dos primeros puntos resolutivos de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del presente recurso de revisión.

Lo anterior, sin desconocer el principio de firmeza de que están dotadas las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito cuando resuelven cuestiones de procedencia del juicio de amparo, porque si bien, en este aspecto son órganos terminales acorde con la división competencial entre dichos órganos y la Suprema Corte, establecida en el punto tercero del Acuerdo Plenario 6/1999 (actualmente abrogado por el diverso 5/2001, que en este aspecto es el aplicable atendiendo a la fecha en que el Tribunal Colegiado emitió la resolución de referencia), lo cierto es que en beneficio del principio de congruencia que debe imperar en las ejecutorias dictadas en los juicios de garantías, previsto en los artículos 77, fracciones II y III, así como 91, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, con el único propósito de evitar confusión en la resolución de este asunto, se procede, como ya se anticipó, a corregir los puntos resolutivos correspondientes.

Los artículos 77, fracciones II y III, y 91, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, establecen:

"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

"...

"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;

"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."

"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

"I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.

"...

"III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo."

En la parte transcrita de los preceptos legales se consagra, por una parte, el principio de congruencia interna que debe observar toda sentencia dictada en un juicio de amparo, esto es, se exige que en la resolución el juzgador exprese los fundamentos legales que apoyan el sobreseimiento en el juicio, o bien, los que tenga en cuenta para conceder o negar el amparo; por tanto, si la fracción III estatuye que los puntos resolutivos con que concluye la sentencia pueden ser el sobreseimiento en el juicio, la concesión o la negativa del amparo, aunado a las reglas básicas que rigen las resoluciones dictadas en los amparos en revisión, se llega a la conclusión que son los puntos resolutivos los que deben regir y reflejar el resultado de la decisión adoptada en la parte considerativa.

En el caso, el Tribunal Colegiado expuso en los puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. No se sobresee en el presente juicio."

Sin embargo, examinando la demanda y su sentencia, debe considerarse que, en realidad, debía haber concluido con los puntos resolutivos siguientes:

"PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee parcialmente en el juicio sólo por lo que ve a los actos reclamados al: 1. Director general, 2. Director de Afiliación y Cobranzas, 5. Titular de la Coordinación de Auditoría a Patrones y 6. Jefe del Departamento de Cobranzas en la Subdelegación Diez, todos dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en la determinación del crédito número 001076104 del periodo 2000-3, por un monto de ochenta y nueve mil setecientos setenta y dos pesos, y el nombramiento de notificador de Nancy Martínez Gutiérrez."

Lo anterior en virtud de que el quejoso recurrente no controvirtió las consideraciones en que se apoyó esta parte de la sentencia impugnada, consistentes en la inexistencia de tales actos, que no fue desvirtuada por la quejosa, por lo que en este aspecto debió concluir que el sobreseimiento quedaba firme ante la falta de agravios de la parte a quien perjudica esa parte de la resolución, esto es, de la quejosa, en aplicación de la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, marzo de 1991, tesis 3a./J. 7/91, página 60, que es del tenor literal siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."

Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 20/94, publicada en el tomo 79, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 22, que textualmente dice:

"SENTENCIAS INCONGRUENTES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO. CUANDO EL CASO LO PERMITA EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE SUBSANAR TALES IRREGULARIDADES. Si en la demanda de amparo se impugnó una ley con motivo de actos concretos de aplicación y el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de estos últimos, pero en lugar de sobreseer también respecto de la ley reclamada entró al estudio de su inconstitucionalidad, se considera que, no obstante la inoperancia de los agravios expuestos por el recurrente, el tribunal revisor puede oficiosamente subsanar esa irregularidad decretando el sobreseimiento respectivo, a efecto de evitar ejecutorias incongruentes. Debe tomarse en cuenta, por una parte, que en los términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio y, por la otra, que si de acuerdo con el espíritu del artículo 79 del citado ordenamiento es factible suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada en la cita de la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, por mayoría de razón debe conferirse esa facultad al tribunal revisor para que subsane notorias incongruencias en que haya incurrido el tribunal de primera instancia cuando el caso lo permita, puesto que con ello se cumple cabalmente con la alta función encomendada al órgano jurisdiccional."

También apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia número P./J. 133/99, sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 36, que es del tenor literal siguiente:

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: 'SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.', en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele."

Bajo ese contexto y con el único propósito de corregir esa incongruencia, sin que con ello se desconozcan los efectos de la cosa juzgada, se realiza la corrección oficiosa de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado para quedar en la forma antes propuesta.

QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, procede de oficio a hacerse cargo del estudio de diversas causales de improcedencia distintas a las abordadas por el Juez de primer grado y por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento de este asunto, toda vez que su análisis es de orden público y de estudio preferente.

Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 122/99, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página veintiocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, con el rubro y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

Igualmente cobra aplicación el criterio de jurisprudencia 2a./J. 30/97, sustentado por esta Segunda Sala, que aparece visible en la foja ciento treinta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:

"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

En el caso, esta Segunda Sala advierte que respecto del acto reclamado por el quejoso del titular de la Subdelegación Diez, consistente en "el nombramiento de notificador a cargo de la C. Nancy Martínez Gutiérrez, que llevó a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social", se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y II, todos de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento que dicho acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de garantías.

En efecto, los invocados artículos disponen:

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley."

"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales."

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales."

Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares.

Para ilustrar las anteriores precisiones es oportuno citar la tesis P. XXVII/97, emitida por el Tribunal Pleno, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época, con el rubro y texto siguientes:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."

Sobre la base de las consideraciones expresadas, debe destacarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo descentralizado, es un ente público que forma parte de la administración pública y, por ende, del Estado, y si bien presenta una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que le está atribuido, en la especie, de otorgar los distintos servicios de seguridad social a la población, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de asistencia social, entre otros. Por ello, para analizar si

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17498-7dd3029b/cuotas-obrero-patronales-no-estan-comprendidas-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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