EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE FORMA AUTODIDACTA O A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL PARA ACREDITAR EL BACHILLERATO. EL LINEAMIENTO 47.2, INCISO A), DEL ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE LO PREVÉ, AL ESTABLECER QUE EL INTERESADO DEBE TENER POR LO MENOS 21 AÑOS DE EDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE FORMA AUTODIDACTA O A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL PARA ACREDITAR EL BACHILLERATO. EL LINEAMIENTO 47.2, INCISO A), DEL ACUERDO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE LO PREVÉ, AL ESTABLECER QUE EL INTERESADO DEBE TENER POR LO MENOS 21 AÑOS DE EDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 419/2010. SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios segundo al cuarto resultan inoperantes en un aspecto e infundados en lo restante, por otro lado, el primer agravio es sustancialmente fundado.
En atención a la entidad de los planteamientos propuestos por la autoridad recurrente, se analizarán de manera preferente los agravios segundo a cuarto en los que, a grandes rasgos, se argumenta que la Juez de Distrito analizó indebidamente las causales de improcedencia propuestas en el juicio de amparo.
De inicio, señala la autoridad recurrente que la a quo omitió atender que en el caso sí se actualiza la causal prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues para demostrar su interés jurídico, la quejosa debió acreditar el perjuicio real y directo que le ocasiona el acto reclamado, en relación con las garantías consagradas en los artículos 1o. y 3o. de la Constitución Federal que reclamó; sin embargo, de ninguna manera demostró que con motivo de su edad se le esté negando o restringiendo el derecho subjetivo contemplado en el último de los numerales en cita, relativo a la impartición de educación por parte del Estado, pues tal como se hizo ver en el informe justificado, tiene expedito su derecho para acceder al sistema educativo, bajo una serie de opciones, como es la educación escolarizada, que pueden adecuarse a su situación personal.
En tanto que el acuerdo reclamado regula una modalidad específica dirigida a personas que deseen someterse al procedimiento para acreditar conocimientos correspondientes a un nivel educativo, mas no así para acceder a la educación.
Y la Juez de origen omitió considerar que la quejosa ni siquiera pretende acceder a la educación impartida por el Estado, sino sujetarse al procedimiento establecido en el Acuerdo 328 que reclama, el cual se encuentra dirigido a personas que deseen "acreditar conocimientos adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo", es decir, conocimientos adquiridos de fuentes diversas al servicio que imparte el Estado.
Aunado lo anterior a la circunstancia de que el artículo 64 de la Ley General de Educación no señaló ninguna restricción de edad para acreditar conocimientos, sí faculta a la Secretaría de Educación Pública para establecer los procedimientos y requisitos necesarios al respecto, y el acuerdo reclamado establece el procedimiento y requisitos para, entre otros objetivos, acreditar los conocimientos obtenidos en forma autodidacta o por la experiencia laboral, como lo es, una edad mínima de acuerdo al nivel educativo correspondiente, sin que la impetrante de garantías hubiese acreditado la afectación que dice haber sufrido, pues dicho acuerdo se encuentra encaminado a las personas que por alguna razón desertaron del Sistema Educativo Nacional, pero que han adquirido conocimientos suficientes de forma autodidacta o mediante la experiencia laboral, y por ello pueden acreditarlos, lo cual, lejos de ser discriminatorio, abre una posibilidad más a la población para avalar su nivel de conocimiento ante la sociedad.
Por otra parte, en el tercero de los motivos de disenso aduce que se ocasiona un agravio al secretario de Educación Pública al considerar infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, pues el cuestionado Acuerdo 328 por el que se modifica el diverso 286, se encuentra ajustado a derecho y la Juez de origen resta importancia al hecho de que, al conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, se estaría beneficiando un interés particular en perjuicio del interés social.
Finalmente, en el cuarto concepto de violación afirma, que contrario a la determinación de la Juez de Distrito, la peticionaria de garantías consintió expresamente el acto reclamado desde el momento en que se ostentó conocedora del acuerdo que ahora pretende reclamar, y no obstante ello, lejos de impugnarlo, decidió someterse a él voluntariamente, al formular la solicitud respectiva, resultando claro que tenía conocimiento de los requisitos ahí exigidos, manifestando expresamente su voluntad de someterse a las evaluaciones correspondientes.
Y que el artículo 64 de la Ley General de Educación no señala ninguna restricción de edad para acreditar conocimientos; no obstante, dicho artículo faculta a la Secretaría de Educación Pública para establecer los procedimientos y requisitos necesarios al respecto; es por ello que se emitió el Acuerdo 328 reclamado por la parte quejosa, en el cual, en total apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable, se establece el procedimiento y requisitos para, entre otros objetivos, acreditar los conocimientos obtenidos en forma autodidacta o por la experiencia laboral, como lo es, una edad mínima.
Los argumentos acabados de exponer resultan infundados, porque en la sentencia que ahora se revisa, la Juez de Distrito llevó a cabo un adecuado estudio de las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables al emitir su informe con justificación, para lo cual, de inicio, acatando lo dispuesto en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, en el considerando segundo precisó que conforme al contenido de la demanda de amparo, los actos reclamados en el juicio son los siguientes:
"1. Los acuerdos secretariales números 328 y 379, por los que se modificó el diverso Acuerdo 286, que establece los lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, y los procedimientos para acreditar conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo, publicados en el Diario Oficial del Federación el treinta de julio de dos mil tres, y el veinticuatro de febrero de dos mil seis, en específico el inciso a) del lineamiento 47.2, que requiere de una edad de veintiún años para acreditar conocimientos del tipo medio superior. 2. Como primer acto de aplicación de los acuerdos referidos en el punto que antecede, el oficio número **********, de diez de agosto de dos mil diez."
Posteriormente, después de establecer la certeza de tales actos en el considerando tercero, para determinar que la causa de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, invocada por el titular y el director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación, ambos adscritos a la Secretaría de Educación Pública no se encontraba actualizada, se dio a la tarea de señalar de manera ilustrativa, con base en los criterios emitidos por el Máximo Tribunal del País, qué debe entenderse por interés jurídico, y que para la procedencia del juicio de amparo, los actos que en el mismo se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos.
Y en el caso concreto, el oficio reclamado en el juicio de origen está dirigido de manera expresa a **********, quien es la impetrante de garantías, aunado a la circunstancia de que a través del mismo la autoridad responsable, al dar contestación a la solicitud formulada, la declaró improcedente, bajo el argumento de que no cumplía con la edad requerida para acceder al procedimiento establecido en el Acuerdo 286, modificado por los diversos 328 y 379 para acreditar la educación del tipo medio superior en la modalidad de bachillerato.
Por tanto, contrario a lo manifestado por las autoridades responsables, la quejosa sí acreditó su interés jurídico, porque los actos reclamados transgreden su esfera jurídica al no haberse acordado de conformidad su solicitud para que le fueran practicadas las evaluaciones correspondientes, a afecto de obtener el reconocimiento del nivel de estudios que pretende y que a consideración de la promovente del amparo tiene derecho.
De ahí que es correcto que haya declarado infundada la causa de improcedencia de que se trata.
Por otra parte, para desestimar las causas de improcedencia enumeradas como segunda y tercera en el oficio a través del cual rindió su informe justificado el secretario de Educación Pública, donde expuso que el juicio de garantías resultaba improcedente conforme a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, en relación con la fracción V del mismo numeral, habida cuenta que la quejosa antepuso la violación a sus derechos por encima del interés colectivo y del orden público, que son los que deben prevalecer sobre los derechos particulares, así como porque se trata de actos que no le causan perjuicio porque no cumple con los requisitos que exige la norma aplicable; esto es, no tiene la edad suficiente para ubicarse en el supuesto de la misma.
La Juez de amparo correctamente estableció que su estudio involucra un análisis íntimamente relacionado con el fondo del asunto, en tanto que la autoridad pretende hacer depender la improcedencia del juicio de la legalidad de las actuaciones que se le reclaman.
Lo que, incluso, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 36/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 865, que es del tenor literal siguiente:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."
En tanto que, la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que se hizo valer respecto de los Acuerdos 328 y 379 de la Secretaría de Educación Pública, bajo el argumento de que fueron consentidos por la quejosa al haberse sometido a sus disposiciones, toda vez que desde que presentó su solicitud aceptó sujetarse a lo ahí dispuesto con el fin de obtener un certificado de bachillerato, también fue desestimada por la a quo.
Lo anterior en razón de que, contrario a lo expuesto por la responsable, la quejosa no expresó su conformidad con tales disposiciones, pues si bien realizó la solicitud a efecto de que, aplicando los referidos acuerdos se le permitiera presentar las evaluaciones correspondientes a fin de obtener el certificado de bachillerato, del estudio integral del escrito de mérito se desprende que su objetivo era que las autoridades adscritas a la Secretaría de Educación Pública dejaran de aplicar lo dispuesto en el lineamiento 47.2, y que se le permitiera acreditar que tiene los conocimientos suficientes para obtener dicho grado académico, no obstante que no reúne los requisitos de edad establecidos en la sección correspondiente.
Ante esas circunstancias, precisó la Juez de amparo, que al haber expresado la ahora quejosa que era su deseo presentar las evaluaciones correspondientes para acreditar los conocimientos suficientes para obtener el reconocimiento del nivel de estudios correspondiente al bachillerato, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos secretariales 286, 328 y 379, solicitó que no se le exigiera el requisito establecido en el lineamiento 47.2 de los mismos, expresando con ello su desacuerdo con el requisito de edad ahí contenido.
Finalmente, la Juez federal abordó el planteamiento que hizo el secretario de Educación Pública respecto de las causas de improcedencia previstas en las fracciones V, VI, XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, aduciendo que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar los acuerdos secretariales 286, 328 y 379, y que transcurrió en exceso el término establecido en el artículo 22, fracción I, de la ley de la materia para impugnarlos.
Para ello, precisó que las normas de observancia general que conforman el sistema jurídico mexicano y que, desde luego, se dirigen a los gobernados, surten sus efectos y los vinculan con su obligatoriedad desde el momento mismo en que entran en vigor o hasta que, a través de un acto en el que sea aplicada esa norma al particular se actualiza dicho perjuicio, lo que permite su clasificación en normas generales autoaplicativas o heteroaplicativas; y después de llevar a cabo una amplia explicación al respecto, concluyó que, en la especie, el lineamiento 47.2 del Acuerdo secretarial número 379, por el que se modificó el diverso 286, que establece los lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios y los procedimientos para acreditar conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo, reclamado por la parte quejosa, le fue aplicado al emitirse el oficio número **********, de diez de agosto de dos mil diez, mismo que se le notificó el día de su emisión, toda vez que con fundamento en la sección citada se declaró improcedente la solicitud de la quejosa por no cumplir con la edad requerida para acreditar los conocimientos suficientes para que se le efectuaran las evaluaciones correspondientes para obtener el certificado de estudios del nivel bachillerato.
Así, declaró infundada las causales de improcedencia en comento, toda vez que el término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo comenzó a transcurrir para la quejosa a partir del primer acto de aplicación, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 22 del mismo ordenamiento legal, derivando del mismo razonamiento el interés que le asiste a la quejosa para hacer valer el juicio de garantías.
Como sustento de su determinación, la Juez de Distrito invocó la jurisprudencia 179 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Parte SCJN, página 179, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.", así como la tesis 3a./J. 9/94, emitida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la Gaceta Número 76 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, abril de 1994, página 17, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS."
De donde resulta que, contrario a las aseveraciones que lleva a cabo la autoridad inconforme, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, sí realizó un adecuado estudio a través del cual determinó que resultaba procedente el juicio de amparo que dio origen al presente recurso de revisión, desvirtuando para ello las causales de improcedencia que se hicieron valer, sin que en la presente vía se logre demostrar lo contrario.
Por otro lado, la autoridad recurrente afirma en el primer agravio, que la Juez de Distrito indebidamente consideró que el acuerdo reclamado carece de los motivos que llevaron al secretario de Educación Pública a determinar el límite de edad para participar en el procedimiento de evaluación para obtener el certificado de estudios con motivo de los conocimientos adquiridos en forma autodidacta, toda vez que atendiendo a la naturaleza de dicho dispositivo, resultaba innecesario establecer expresamente los motivos por los cuales se fijó tal límite, en tanto que la disposición reclamada no está dirigida a toda la población, sino a las personas que, por alguna causa, no lograron adquirir la educación formal en la edad acorde para ello.
Además, la recurrente estima que la a quo omitió observar que la quejosa supedita la supuesta violación a la garantía de igualdad, a lo dispuesto en el artículo 3o. constitucional, que establece como obligación del Estado garantizar el derecho a la educación, en tanto que el acuerdo reclamado únicamente regula la posibilidad de acreditar conocimientos para el reconocimiento de un grado de estudios, lo que de ninguna manera se contrapone al dispositivo constitucional precisado, esto es, para que un individuo continúe con su instrucción.
A lo anterior se agregó que nadie tiene restringido su derecho a acceder a la educación pública; sin embargo, su impartición se encuentra regulada conforme a la propia Constitución Federal y de acuerdo con los requisitos establecidos en cada procedimiento, los cuales han sido cuidadosamente analizados, fundados y motivados a través de los diversos ordenamientos expedidos para tal efecto.
Además, la inconforme precisó que la a quo no realizó un escrutinio estricto de la norma reclamada en relación con la garantía de igualdad, pues para ello debió observar que su expedición obedeció a situaciones de hecho que requerían un trato diferente, las cuales fueron sustentadas con base en criterios razonables y objetivos.
También, la recurrente afirma que para dar cumplimiento a la garantía de igualdad, la norma creada debe contener un fin objetivo, constitucionalmente válido, además de que la distinción en comento debe ser racional y adecuada, existiendo un balance entre el trato desigual y la finalidad perseguida; aspectos que se cumplen en el caso, ya que el dispositivo reclamado fue emitido por la autoridad facultada para tal efecto, esto es, el secretario de Educación Pública, quien reglamentó una relación social que necesitaba regularse, estableciendo el procedimiento correspondiente y, para ello, observó que muchas personas por diversas circunstancias habían rebasado la edad en la que el común de la población recibe educación a través del sistema formal en los distintos niveles, por lo que buscó que esas personas, a través de su experiencia laboral o del aprendizaje autodidacta, adquirieran un grado educativo, por lo que se determinó otorgarles la opción de acreditar ante esa dependencia sus conocimientos y habilidades; de ahí que el acuerdo reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado.
En relación con lo anterior, la inconforme considera que, contrario a lo resuelto por la a quo, el hecho de tener veintiún años para cumplir con uno de los requisitos para presentar la evaluación en comento, no restringe la garantía de igualdad, pues lejos de ser arbitrario, dicho límite está en función de los distintos niveles educativos que se pretendan acreditar, por lo que atendiendo a la naturaleza de la norma, dicho límite debe ser mayor a la edad a que corresponde la conclusión de los estudios en una trayectoria académica normal. También, afirma la inconforme, que de suponer que debe suprimirse ese requisito, se podría llegar al absurdo de que una persona que aun pueda ingresar a la educación impartida por el Estado, acreditara el bachillerato o la licenciatura bajo la modalidad contemplada en el acuerdo en cuestión, máxime que las distintas modalidades de la educación formal se han clasificado en forma pedagógica, no como un elemento discriminatorio, sino como un parámetro proporcional y razonable.
Además, la inconforme manifiesta que el acuerdo reclamado resulta proporcional, en tanto que el límite de edad previsto no afecta en forma innecesaria o desmedida derechos constitucionalmente protegidos, por tratarse de un procedimiento dirigido a personas en condiciones particulares que no pudieron concluir con su educación formal, mas no para los que sí están en esa posibilidad, pues ello implicaría que tal disposición se utilice para evadir la educación escolarizada.
La parte inconforme concluye que en el caso específico, la garantía de igualdad debe entenderse en relación con la oportunidad que tienen las personas de acceder a la acreditación de conocimientos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto; por ello, la Juez de Distrito debió estimar que la norma reclamada es constitucional, pues además de que fue emitida por autoridad competente, reglamenta una relación social existente que requería de tal regulación, la cual cumple con una finalidad válida, al ser un medio apto para alcanzar el fin perseguido, el cual es proporcional y susceptible de regulación.
El agravio sintetizado con antelación resulta esencialmente fundado, en atención a las siguientes consideraciones:
Respecto de la garantía de igualdad, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
Del contenido del precepto transcrito se desprende que el Constituyente estableció que los derechos públicos subjetivos consagrados en el máximo ordenamiento se otorgan o reconocen por igual a todos los individuos, sin distinción de raza, nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, con las excepciones que el propio texto establece.
Así, tal derecho fundamental debe entenderse bajo el concepto de que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social; ello con independencia de que el máximo ordenamiento proteja la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, pues esas distinciones implícitamente implican la aceptación de la existencia de desigualdades materiales y económicas.
Por tanto, la igualdad que tutela la Carta Magna se refiere a la igualdad jurídica, lo que implica que no todos los ciudadanos se encuentren siempre en absoluta igualdad, pues lo que persigue el derecho fundamental analizado es que no existan normas que al aplicarse generen un trato discriminatorio en situaciones análogas o propicien efectos similares respecto de personas que se encuentren en situaciones dispares; de esta manera, los poderes públicos tienen la obligación constitucional de tomar en cuenta que todas las personas que se encuentren en similar situación de hecho, deben ser tratadas iguales, sin privilegio ni favoritismo alguno.
También, dicha garantía se traduce en la posibilidad y capacidad de que varias personas, numeralmente indeterminadas, adquieran los mismos derechos y contraigan las mismas obligaciones, derivados de una condición determinada, de modo que esa igualdad implica que varias personas que se encuentran en una determinada situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones. Por ello, dicho principio se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, que ha de servir como un criterio básico en la producción normativa, su posterior interpretación y aplicación.
Tal prerrogativa no sólo otorga a las personas la seguridad de que sean iguales ante la ley, sino también debe reflejarse en la propia legislación, es decir, en relación con su origen y contenido, la que tendrá que ajustarse a las disposiciones constitucionales, por lo que atendiendo a las circunstancias fácticas del entorno, en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido.
Asimismo, el derecho fundamental que se analiza no prohíbe plasmar en la norma cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas que resulten artificiosas o injustificadas, por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables. Así, para que una diferencia resulte constitucionalmente aceptada, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten de tal disposición sean adecuadas y proporcionales a tal fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el creador de la norma, no se aparten del marco constitucional.
De acuerdo con lo anterior, un precepto normativo será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales, o no discrimine de la misma forma situaciones objetivamente diversas. Dicho de otra forma, el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, es decir, no implica que todos los sujetos se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma desigual e injustificada.
Las consideraciones que anteceden se encuentran inmersas en la jurisprudencia 1a./J. 81/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 99, del tenor literal siguiente:
"IGUALDAD. LÍMITE A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."
En el mismo tenor, los razonamientos que anteceden se sustentan en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 75, que establece lo siguiente:
"IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario exa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22908-ac6a886a/examen-de-conocimientos-adquiridos-de-forma-autodidacta-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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