Corpus
Modo: Corpus Pro

TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1/2001. · Registro digital (IUS): 17507
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 561.

AMPARO DIRECTO 1/2001. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182, fracción III, de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y puntos primero, segundo y tercero, fracción VII, del Acuerdo Plenario 1/1997 (actualmente abrogado) de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio siguiente, así como del tercer transitorio del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que el juicio de amparo directo a que se refiere este toca se promovió en contra de una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa donde se plantea la interpretación de un tratado internacional, como es el acuerdo entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la sede del instituto y a las misiones permanentes que se acrediten ante dicho instituto, cuyos planteamientos se refieren a la materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala, además de que la intervención de este Alto Tribunal se solicitó bajo la vigencia del acuerdo plenario citado en primer término.

SEGUNDO. Para facilitar la resolución de este asunto, enseguida se precisan sus antecedentes.

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa reclama de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la sentencia recaída al juicio fiscal 1722/00-11-07-8/920/00-S1-01-03, que reconoció la validez del oficio número 325-SAT-VII-A-6149, la cual calificó de infundados e insuficientes los agravios expuestos apoyándose, en esencia, en las siguientes consideraciones:

1. Estimó que carece de competencia legal para decidir los agravios que se hicieron valer sobre la constitucionalidad de la resolución impugnada, dado que esa facultad está reservada al Poder Judicial Federal.

2. En otro orden de ideas admitió que no forma parte de la controversia el que la actora no está obligada al pago del impuesto al valor agregado cuando realice alguno de los actos o actividades previstos en el artículo 1o. de la ley de la materia consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios, ya que en el artículo 2, punto 4, inciso a), del acuerdo relativo a la sede del instituto actor y las misiones permanentes que realiza en México, suscrito por el Gobierno Mexicano y el referido instituto, se pactó dicha exención; sin embargo, esa circunstancia no apoya su pretensión consistente en que se autorice la devolución del impuesto que como parte del precio le fue trasladado en las adquisiciones que realizó en mil novecientos noventa y nueve, puesto que acorde con el artículo 3o. de la ley de la materia, toda persona con independencia de que no sea causante de tributos o esté exenta de su pago debe aceptar la traslación del impuesto por los bienes y servicios que adquiera.

3. En consecuencia, concluyó que la resolución impugnada está debidamente fundada al haberse apoyado en ese precepto, lo que evidencia que sí cita la norma jurídica que sustenta el hecho de que la actora tenga que aceptar el traslado del impuesto al valor agregado por los bienes y servicios que adquiera, aunque no sea causante del tributo o esté exento de su pago.

4. Que la pretensión del actor de no aceptar el traslado del impuesto deriva de la confusión que éste tiene de la mecánica de causación del impuesto al valor agregado, por lo que procedió a explicarla en los siguientes términos:

"El impuesto al valor agregado por tratarse de una contribución indirecta que grava el consumo se distingue por contar con tres fases en su recaudación, a saber: 'la percusión, la traslación y la incidencia'. La percusión radica en el acto formal por el cual el tributo recae sobre el contribuyente de derecho, o sea, el sujeto que por designación o por coerción legislativa debe pagar el impuesto. De acuerdo a nuestra legislación, los sujetos en los que repercute el impuesto de acuerdo con el artículo 1o. de la ley de la materia son las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen actos o actividades consistentes en la enajenación de bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso temporal de bienes o importen bienes y servicios. Por otro lado, la traslación del impuesto es el fenómeno por el cual el contribuyente de derecho (aquel al que hace referencia el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), logra transferir la carga a otras personas, que devienen así en los contribuyentes de hecho, circunstancia que en la especie se encuentra regulada en el antepenúltimo párrafo del mismo artículo, en donde se señala que: 'Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley. ...'. Por último, tenemos la incidencia, que indica el sacrificio económico o la carga efectiva que soporta el que adquiere el bien o servicio, que en el caso lo es el consumidor final, quien por cierto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo resiente como parte del precio del bien o servicio que adquirió."

5. En conclusión, adujo que quien eventualmente resiente la carga económica no se constituye por ese hecho en contribuyente de derecho, el cual tiene a su cargo las obligaciones y derechos que derivan de la norma, dado que se trata de un impuesto al consumo donde la carga económica recae en el consumidor final quien, desde luego, no tiene derecho a que se le devuelva lo que como parte del precio le fue trasladado.

6. Bajo tales consideraciones estimó correcto el argumento medular en que se apoyó la negativa a la devolución del impuesto, consistente en que por disposición del artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado la actora debe aceptar el traslado del tributo como cualquier otro sujeto, aun cuando esté exento del mismo.

7. En otro sentido, hizo notar que de acuerdo con la ley, los obligados a enterar al fisco federal el impuesto al valor agregado son los contribuyentes del mismo, pues con tal carácter tienen la posibilidad legal de acreditar contra el impuesto trasladado, y de resultar saldo a favor pueden pedir su devolución, lo que acontece en virtud de ser contribuyentes del impuesto, pero como la enjuiciante sólo tiene la calidad de consumidora final -que no es sujeto del tributo-, no tiene derecho a la devolución. Citó como apoyo la jurisprudencia emitida por la propia autoridad bajo el rubro: "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ES IMPROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DEL QUE SE TRASLADÓ A LAS EMPRESAS NAVIERAS EXTRANJERAS SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.".

8. En suma, puntualizó que la accionante parte de la indebida interpretación del convenio internacional que fija su sede en México, en el que si bien se le concedió la exención de impuestos, entre ellos, el impuesto al valor agregado, no se incluyó el derecho de la actora para obtener la devolución del traslado contemplado en la ley relativa, de ahí que no se incurra en desacato al convenio; reitera que la actora confunde la causación del impuesto al valor agregado -de cuyo cumplimiento está exenta al tenor del convenio internacional-, con la obligación de aceptar el traslado de ese tributo que efectúen las personas de quienes obtenga bienes o servicios que, por ello, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, cuando realice los actos previstos en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no debe trasladar el gravamen a los adquirentes de bienes o servicios, por estar exenta de él al realizar sus operaciones propias, dado que esa es la mecánica del tributo.

9. Por ende, la circunstancia de que la autoridad hacendaria hubiera considerado que no está obligada al pago del impuesto al valor agregado cuando realice operaciones propias, en cuya hipótesis no debe realizar el traslado relativo, no conduce a su ilegalidad, porque la autoridad demandada con ese proceder sólo pretende establecer la distinción entre la causación del impuesto de la obligación de aceptar el traslado, que es donde radica la confusión de la actora; de ahí que estimó correcta la motivación de la resolución impugnada.

10. El hecho de que la actora "tenga (sic) que trasladar" el impuesto al valor agregado a los adquirentes de bienes o servicios prestados por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, si bien produce un descenso en el costo de los productos y servicios, ello constituye la finalidad de la exención otorgada al referido instituto, puesto que al tener un costo inferior los productos que comercializa por no estar gravados con el impuesto estimula su actividad, por ser más atractiva su operación frente a terceros.

11. Señaló que es equivocada la interpretación de la actora en el sentido de que el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado sólo se aplica a quienes están exentos por ley o decreto particular, pero no a los que, como ella, lo obtuvieron de un acuerdo internacional, que no debe ser ignorado por una regla administrativa o una ley jerárquicamente inferior, puesto que el referido precepto legal no condiciona la fuente de la exención, dado que la mención que realiza a leyes o decretos se refiere, en general, a los que no causan el impuesto.

12. Añadió que la conclusión anterior precisa establecer la distinción de "la no causación" y de la "exención" y, al respecto, expuso: "en la no causación no nace la obligación tributaria, ya que no se da la realización del hecho imponible, por lo que al no causarse la obligación no habrá nada que eximir o liberar, mientras que, por otra parte, la exención implica la eliminación de la obligación de pago de la contribución, esto es, de la obligación tributaria sustantiva, razón por la que lógicamente el precepto 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado distingue correctamente las dos instituciones en comento".

13. Concluyó en la validez de la resolución impugnada al estimar que ésta satisface los requisitos de fundamentación y motivación, y que además el acuerdo internacional fue correctamente interpretado, pues reiteró que no existe base legal que permita al actor evadir el traslado del impuesto.

En contra la resolución anterior, el quejoso hace valer, en esencia, los siguientes conceptos de violación:

1. La resolución impugnada viola la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, puesto que pretende privar al quejoso de un derecho conferido a su favor, consistente en la exención del pago de impuestos pactado en el acuerdo internacional mediante el cual estableció su sede en México, específicamente en el artículo 2, punto 4, inciso a), del mismo.

2. El precepto citado del acuerdo internacional es categórico al fijar la única excepción a la exención del pago de impuestos, consistente en que debe pagar "los derechos"; por tanto, no es correcto realizar interpretaciones extensivas de su texto para incluir dentro de las excepciones los impuestos por las operaciones que realice el instituto por la adquisición de bienes, o por la prestación de servicios independientes que reciba, o en aquellas que obtenga el uso o goce temporal de bienes, como se señala en la resolución reclamada.

3. Que la responsable interpreta indebidamente el acuerdo, puesto que abarca todo cargo, excepto los derechos, de ahí que con independencia de la mecánica que se emplea para recabar el impuesto al consumo, ello no cambia su naturaleza tributaria que lo ubica exento de su pago.

4. Del texto del artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que se cita como fundamento para negar la devolución del impuesto, no se desprende que estén incluidos los organismos internacionales ya que sólo se dirige a entes nacionales, pues la locución que emplea el precepto "cualquier otra persona" debe interpretarse de modo estricto como se hace con el acuerdo, lo que trae como consecuencia que proceda la devolución del pago de lo indebido con motivo del traslado del impuesto que resintió en su patrimonio.

5. La jurisprudencia que se cita es inaplicable porque no se refiere a organismos internacionales sino a empresas navieras.

6. Se contraviene la garantía de legalidad porque no se toman en cuenta los ordenamientos que fundan la petición del instituto quejoso, particularmente la normatividad que le confiere personalidad jurídica como organismo internacional de la que deriva un tratamiento diferente pese a que se actualicen las hipótesis normativas del derecho interno, en especial aquellas que obligan al pago del impuesto.

7. En el caso específico, al aceptar el Gobierno Mexicano la instalación de la sede del organismo quejoso en este país, en estricto apego al principio de reciprocidad internacional, fue que aceptó conferirle las inmunidades y privilegios pactados en el acuerdo, máxime que entre los pactos internacionales firmados y ratificados por México se encuentra la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, en cuyo artículo II, sección 7, se otorgan a las organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas la exención de impuestos, lo que también es aplicable al quejoso dada su vinculación con las Naciones Unidas.

8. Al organismo internacional quejoso no le resulta aplicable el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado porque ésta fue expedida por el Congreso de la Unión, autoridad que no puede legislar en relación con personas que no son ni mexicanas ni extranjeras, sino que fueron creadas en ámbitos supranacionales o de derecho internacional; esto es, por voluntad de varios Estados, entre ellos México.

9. Lo importante es establecer a quiénes está dirigido o vincula el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que sin duda, son las personas consideradas por el derecho interno y no el internacional.

10. Que el reconocimiento expreso del Gobierno Mexicano de la personalidad jurídica del organismo quejoso, incluyendo sus inmunidades y privilegios, entre los que se encuentra la exención del pago de impuestos, también debe comprender la autorización de la devolución solicitada por el traslado del impuesto que resintió en su patrimonio porque a través de este sistema se obtiene el cumplimiento del compromiso internacional que lo exime de tributar en México, excepto por las contribuciones denominadas "derechos".

11. Reitera que el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado está dirigido al ámbito interno, por lo que su alcance limitado obliga a que por separado se realicen aclaraciones en la miscelánea fiscal, donde debe establecerse el mecanismo de devolución a favor de los organismos internacionales.

12. Es inadecuada la fundamentación que soporta el oficio que niega la devolución del tributo, porque no le es aplicable al quejoso.

13. La autoridad responsable viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, atento que desatiende la jerarquía superior del acuerdo internacional en que se pactó la exención de impuesto sobre las leyes federales y locales que los contemplen y en cuyas hipótesis de causación pueda ubicarse.

De la reseña de los conceptos de violación anterior destaca que los motivos de inconformidad del quejoso se basan en la interpretación del acuerdo bilateral suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), relativo a la sede de este organismo y las misiones permanentes que se acrediten ante el mismo, enfatizando que la autoridad responsable no tomó en cuenta la normatividad que le confiere personalidad jurídica como organismo internacional de la que deriva un tratamiento diferente, pese a que se actualicen las hipótesis normativas del derecho interno, en especial aquellas que obligan al pago del impuesto, por lo que, como aspecto, preliminar esta Segunda Sala debe verificar si el mencionado acuerdo bilateral reúne los requisitos de validez que permiten su aplicación en los Estados Unidos Mexicanos para luego desentrañar el sentido y la intención que encierra el texto de los artículos del acuerdo cuestionado.

Para ese efecto, debe tenerse presente que los tratados, usando el término en un sentido genérico y acorde a lo previsto en el artículo 2, punto 1, inciso a), subincisos i) y ii), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, adoptada en la ciudad de Viena, Austria, el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y seis, del que es parte el Estado mexicano, son acuerdos celebrados por escrito entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales. El precepto de la convención en mención es del tenor literal siguiente:

"Artículo 2

"Términos empleados

"1. Para los efectos de la presente convención:

"a) se entiende por 'tratado' un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito:

"i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o

"ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular."

Generalmente se acepta que tratado internacional es todo acuerdo o entendimiento entre Estados o entre éstos y organismos internacionales celebrado a través de un acto diplomático, que se haya sometido a las reglas del derecho internacional y que crea, modifica o suprime, entre ellos, una relación de derecho. Así descrito, el concepto de tratado se refiere a un tipo especial de documento con determinados requisitos formales.

También se reconoce que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben sujetarse las diferentes formas que revisten los compromisos internacionales, sin embargo, a pesar de su distinta denominación, materialmente son equivalentes los instrumentos internacionales que consignan las diversas modalidades. La Corte Permanente de Justicia Internacional, en su opinión del 5 de septiembre de 1931 sobre la Unión Aduanera-Alemana asentó: "Desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos internacionales, pueden ser tomados bajo forma de tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o cambio de notas.", de lo que resulta que la noción del tratado es puramente formal e independiente de su contenido. La cita anterior, se puede consultar en la página 397 de la obra intitulada "Derecho Internacional Público" de Manuel J. Sierra, cuarta edición aumentada, México 1963.

En el caso específico, se está en presencia de un acuerdo bilateral de naturaleza internacional porque fue suscrito por el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, a quien el presidente de la República otorgó poderes para que en nombre y representación de los Estados Unidos Mexicanos firmara, ad referendum, el acuerdo de mérito, el que fue suscrito con un organismo internacional denominado Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), según se desprende de la fotocopia certificada que contiene, entre otros, el aludido acuerdo y la delegación de facultades de parte del Ejecutivo Federal, documentos que tuvo a la vista el notario público número 135 del Distrito Federal, licenciado Mario Filogonio Rea Field, que extendió la certificación correspondiente que aparece a la vuelta de la página 59 de los autos del expediente 1722/00-11-07-8 del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que fue remitido con el informe justificado para que se tomara en cuenta al fallar el amparo directo a que este toca corresponde, donde se asentó lo siguiente:

"El licenciado Mario Filogonio Rea Field, notario ciento treinta y cinco, actuando como asociado y en el protocolo a cargo del licenciado Mario Rea Vázquez, notario ciento seis, ambos del Distrito Federal, certifica: Las presentes fotostáticas que aparecen en dieciséis fojas utilizadas por el anverso se refieren: A) Las primeras doce fojas a la copia fotostática certificada del acuerdo entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la sede del instituto y a las misiones permanentes que se acrediten ante dicho instituto. B) Las fojas trece y catorce al documento suscrito por el licenciado José López Portillo, donde confiere pleno poder al señor Manuel Tello, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. C) Y finalmente las fojas quince y dieciséis, al documento firmado también por el señor licenciado José López Portillo, donde ratificó y confirmó el acuerdo celebrado entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Estos documentos concuerdan, los mencionados en el inciso A), con la copia fotostática certificada y los mencionados en los incisos B) y C), con los originales que tuve a la vista, según cotejo practicado por el suscrito notario en acta número cuarenta y un mil ciento treinta y uno del protocolo en que actúo. Doy fe. México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. El notario ciento treinta y cinco, Lic. Mario Filogonio Rea Field. Rúbrica." (página 59 vuelta del expediente natural correspondiente al anexo número 3 que se presentó junto con el juicio de nulidad).

Sobre la base de las consideraciones expuestas, debe ahora destacarse que los acuerdos o tratados internacionales en que interviene el Estado mexicano deben ser celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado de la República como lo establecen los artículos 76, fracción I, 89, fracción X y 133 de la Constitución Federal que dicen:

"Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

"I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión."

"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

"...

"X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

Los anteriores preceptos constitucionales son complementados por la mencionada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales adoptado en la ciudad de Viena, Austria, el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y seis, dado que en dicha convención se establecen a detalle las reglas que en materia de acuerdos, convenciones o tratados internacionales han adoptado diversos países del mundo que se han adherido a dicha convención de la que es parte el Estado mexicano, donde en el artículo 7, punto 2, inciso a), se hace extensiva la facultad de celebrar convenios o tratados internacionales, además de los jefes de Estado o de Gobierno, a los ministros de Relaciones Exteriores, como se aprecia del precepto en cuestión que textualmente dice:

"Artículo 7

"Plenos poderes

"1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:

"a) si presenta los adecuados plenos poderes; o

"b) si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos sin la presentación de plenos poderes.

"2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:

"a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales;

"b) los representantes acreditados por los Estados en una conferencia internacional, para la adopción del texto de un tratado entre Estados y organizaciones internacionales;

"c) los representantes acreditados por los Estados ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal organización u órgano;

"d) los jefes de misiones permanentes ante una organización internacional, para la adopción del texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización.

"3. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento de una organización en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a esa organización internacional:

"a) si presenta los adecuados plenos poderes; o

"b) si se deduce de las circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante de la organización para esos efectos, de conformidad con las reglas de la organización y sin la presentación de plenos poderes."

En la propia Convención de Viena se alude a la posibilidad de que un acuerdo o convenio internacional se autentifique a través de la denominada firma ad referendum.

La mencionada expresión latina, de acuerdo con el diccionario de expresiones y frases latinas de Víctor-José Herrero Llorente, significa: "para ser aprobado por el superior", "a condición de que se apruebe". Se emplea en derecho internacional cuando un acta es firmada por un diplomático cuyos poderes no abarcan todos los puntos del convenio.

De lo expuesto, se concluye que el compromiso internacional a que se refiere este toca al haber sido firmado ad referendum y aprobado por el Senado de la República obliga al Estado mexicano a lo expresamente pactado, si se toma en consideración que el acuerdo suscrito en esos términos tiene ese alcance legal, el cual deriva tanto de la legislación interna (artículo 133 de la Constitución Federal) como de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales donde se alude en forma recurrente a la posibilidad de que los tratados internacionales sean firmados ad referendum por un funcionario distinto al presidente de la República, como se puede constatar del texto de los artículos 10 y 12, punto 2, inciso b), que son del tenor literal siguiente:

"Artículo 10

"Autenticación del texto

"1. El texto de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales quedará establecido como auténtico y definitivo:

"a) mediante el procedimiento que se prescriba en él que convengan los Estados y las organizaciones que hayan participado en su elaboración; o

"b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados y de esas organizaciones en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto."

"Artículo 12

"Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma

"1. El consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante:

"a) cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto;

"b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en que la firma tenga ese efecto; o

"c) cuando la intención del Estado o de la organización de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación.

"2. Para los efectos del párrafo 1:

"a) la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las organizaciones negociadoras así lo han convenido;

"b) la firma ad referendum de un tratado por el representante de un Estado o de una organización internacional equivaldrá a la firma definitiva del tratado si ese Estado o esa organización la confirma.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17507-46103246/tratados-internacionales-admiten-diversas-denominaciones-independientemente-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.