PRIMA VACACIONAL. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE SU PAGO CUANDO SE CONDENA A LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO.
AMPARO DIRECTO 9683/98. SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los anteriores conceptos de violación son, inoperantes el primero, infundado el segundo y parcialmente fundado el tercero.
El primer concepto de violación es inoperante porque no se combaten todas las consideraciones en que la autoridad responsable se apoyó para pronunciarse sobre la acción principal, pues el quejoso sólo se concreta a impugnar la determinación adoptada por aquélla al valorar las pruebas ofrecidas en el procedimiento laboral, arguyendo que no las valoró a verdad sabida y buena fe guardada; así alega que:
a) El análisis que hizo del acta administrativa instrumentada al actor el ocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, es incorrecta porque contrario a lo que dicha responsable consideró, el demandante fue citado a la formulación del acta, lo cual quedó acreditado con la confesional del accionante al absolver la sexta posición, y además, en el oficio del siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, se le notificó que tenía derecho a presentar testigos de descargo a pruebas, y que por tanto no se le dejó en estado de indefensión.
b) La razón que dio la Sala responsable para negarle valor al testimonio de las personas que intervinieron en el acta administrativa es incorrecta, porque si bien es cierto que no les constaron directamente los hechos imputados al actor, también es verdad que fueron acreditados con las testimoniales de las alumnas Cecilia Rosas Orbe y Yésika Patiño Mora.
c) Tampoco es correcta la valoración que hizo del escrito del tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, suscrito por las mencionadas alumnas ya que Cecilia Rosas Orbe, reconoció el contenido y la firma de dicho documento y por tanto reconoció los hechos ahí asentados, y que Yésika Rosas Orbe no se refirió al escrito del tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, como mal apreció la Sala, sino al de veintidós de mayo de ese año; que además esta última al desahogarse su testimonial reconoció como suya la firma que aparece al calce del documento del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis.
d) La responsable no sólo valora indebidamente las pruebas del demandado sino también las del actor, sólo que eso favorece a éste y perjudica a aquél, porque respecto de los formatos de autorización de práctica de campo al Santuario de la Mariposa Monarca, si bien es cierto que están firmados por los padres de familia de diversos alumnos, y fueron ratificados, no por ello debe considerarse que el profesor tenía la autorización para dicha práctica, pues los formatos no contienen sello de la Secretaría de Educación Pública, ni firma de la directora del plantel, por lo que carecen de valor.
e) Tampoco es correcto el valor que le dio al escrito que obra a fojas ochenta y cinco del expediente laboral, porque el mismo fue objetado en cuanto a autenticidad de contenido y firma, sin que hubiera sido perfeccionado mediante la ratificación respectiva que al efecto propuso el oferente.
f) Las demás pruebas del actor no le benefician para desvirtuar los hechos imputados, ya que no presentó ningún escrito en el que constara la autorización para la práctica de campo mencionada, ni que contradijera el hecho de que exigía a los alumnos ir a dicha práctica para aumentar sus calificaciones, y el relativo a que pidió a Cecilia Rosas Orbe y Yésika Patiño Mora, botellas de whisky para aumentar sus calificaciones en los exámenes.
Sin embargo, el quejoso pasa por alto que la Sala responsable al considerar que el cese del actor fue injustificado no sólo se apoyó en las razones que expuso al desestimar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral, sino que consideró también que el cese era injustificado porque el demandado lo hizo unilateralmente, no obstante que estaba obligado a solicitar la autorización respectiva al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Expresamente la Sala determinó: "Por otra parte el titular demandado no cumplió con lo señalado en el artículo 46 fracción V de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que de manera unilateral cesó al hoy actor sin acreditar en el presente juicio la causal de los efectos del nombramiento, omitiendo cumplir con el precepto referido, al cesar unilateralmente al hoy actor del puesto de profesor, asociado ‘C’ en la especialidad de biología y química, tomando en consideración, que el titular de la Secretaría de Educación Pública dependiente del Ejecutivo carece de facultades para cesar a sus trabajadores de manera unilateral, sino que debe demandar el cese ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje siendo aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 46/97 que al rubro dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO, NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATERALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 564 COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO) ...’.-Dadas las anteriores razones y motivos es de considerarse que el cese del que fue objeto el hoy actor, es injustificado ...".
Consideración que por sí sola sustenta al laudo impugnado ya que la tesis jurisprudencial invocada por la responsable en esencia establece que cuando el titular de la dependencia burocrática del Ejecutivo estima que alguno de sus servidores incurrió en una causal de cese, debe promover demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que éste decida en un laudo si se demostró o no la causal respectiva, pero que si el titular dicta el cese por sí y ante sí, éste será injustificado si lo demanda el empleado.
Por tanto, al no ser combatida y destruida esta consideración en que la responsable se apoyó para resolver en la forma en que lo hizo, la misma debe seguir rigiendo el sentido del laudo impugnado; de ahí la inoperancia del concepto de violación que se analiza.
Al caso, resulta aplicable la tesis jurisprudencial sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número ochenta y tres, en la página sesenta y uno, del Tomo V, Materia del Trabajo, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, y que a la letra dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.-Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso no combaten las consideraciones que rigen el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes."
En una parte del segundo concepto de violación aduce el quejoso que la condena al pago de la prima vacacional es ilegal, porque para acceder a ella es necesario el disfrute de las vacaciones en los términos del artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que en el caso el actor no laboró desde el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis, por tanto no disfrutó de vacaciones, y consecuentemente tampoco tiene derecho al pago de la aludida prestación.
Es infundado lo anterior, en virtud de que el artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece como prestación de carácter autónomo en favor del trabajador, el disfrute de una prima vacacional sobre su salario en el periodo de vacaciones; por tanto, si éstas no se disfrutan por causas imputables al patrón y procede la reinstalación demandada, ésta tendrá como efecto restituir al trabajador en sus derechos como si la relación de trabajo no se hubiera interrumpido, y por ende la condena debe comprender el pago de la prima vacacional que el empleado hubiera recibido de no haberse roto la relación laboral.
El anterior criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado en la tesis que aparece publicada en la página cuatrocientos ochenta y cuatro del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"PRIMA VACACIONAL. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PROCEDE SU PAGO CUANDO SE CONDENA A LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO.-La condena a la reinstalación por despido injustificado en un juicio laboral tiene el efecto de restituir al trabajador en sus derechos como si la relación laboral nunca se hubiera interrumpido. El artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece como prestación de carácter autónomo el disfrutar de una prima vacacional de un 30% (treinta por ciento) sobre su salario en el periodo en que disfruten de vacaciones los trabajadores. Ahora bien, si las vacaciones no fueren disfrutadas por causa imputable al patrón, resulta claro que la condena debe abarcar la prima vacacional que el trabajador hubiere recibido de no haberse roto la relación laboral."
Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte la tesis que el quejoso invoca, de rubro "PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO NO PROCEDE SU PAGO CUANDO NO SE DISFRUTAN LAS VACACIONES.", la cual fue sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y que se halla publicada en la página doscientos ochenta y tres del Tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación.
Similar criterio procede respecto de lo alegado en otra parte del mismo concepto de violación, tocante a que es ilegal la condena al pago de aguinaldo por todo el año de mil novecientos noventa y seis y los años subsecuentes, porque el actor no laboró desde el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis, únicamente tiene derecho a la parte proporcional de ese año.
Es así, porque la relación laboral entre el actor y el demandado se interrumpió por causas imputables a este último, ya que el cese impuesto a aquél resultó injustificado, y por ende, la relación laboral ha de entenderse continuada en los mismos términos y condiciones en que se venía prestando, como si nunca se hubiera interrumpido, y en tales circunstancias, al haberse demandado la reinstalación y resultar ésta procedente, procedía también condenar al pago del aguinaldo en los términos en que lo hizo la autoridad responsable, por lo que su actuación se halla ajustada a derecho.
Viene al caso citar la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en las páginas veinticinco y veintiséis, del tomo de sus precedentes de mil novecientos sesenta y nueve a mil novecientos ochenta y seis, que a la letra dice:
"AGUINALDO, PAGO DEL, EN CASO DE REINSTALACIÓN, POR EL TIEMPO QUE DURE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO LABORAL.-Si un trabajador demanda la reinstalación y el patrón no acredita la causa justificada de la rescisión, la relación laboral se entiende continuada en los términos y condiciones convenidos como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; de ahí que el trabajador tiene derecho al pago de aguinaldo durante el periodo comprendido entre la fecha de la injustificada rescisión de su contrato y aquella en que fuere materialmente reinstalado."
Por tanto, la tesis invocada por el quejoso, de rubro "VACACIONES. FORMA DE DETERMINARLAS.", sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y que aparece publicada en la página doscientos noventa y cuatro, Sexta Parte, Volumen ciento cuarenta y cinco-ciento cincuenta, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, no es aplicable en este caso, porque independientemente de que contempla otro supuesto, como es la forma de determinar el número de días que deben disfrutarse por vacaciones, el hecho de que ahí se sustente de manera aislada que el aguinaldo (y otros conceptos) debe pagarse proporcionalmente al tiempo laborado; se insiste, cuando la ruptura de la relación de trabajo es por causa imputable al patrón, y se demandó la reinstalación, el pago de dicha prestación, o sea, del aguinaldo, procede, conforme a la invocada tesis de la Cuarta Sala, en los términos decretados por la autoridad responsable.
El tercer concepto de violación es parcialmente fundado.
Lo es, porque en la parte en la que se alega que el segundo punto resolutivo del laudo impugnado no es acorde con el considerando tercero del mismo, ya que en éste determina que el concepto denominado quinquenio se encuentra integrado al salario en base al cual establece la condena al pago de salarios caídos, y que en el señalado resolutivo decreta de manera independiente el pago de dicho concepto; resulta infundado, pues de la lectura acuciosa del laudo reclamado y en especial del considerando tercero, no se advierte que la autoridad responsable hubiera considerado que el concepto quinquenio se hallara integrado al salario de dos mil ciento veinticuatro pesos con sesenta y un centavos que tomó como base para cuantificar los salarios caídos; por el contrario, al decretar que el cese había sido injustificado condenó, además de la reinstalación y de otras prestaciones inherentes a la misma, al "pago de salarios vencidos, de incrementos, el pago de quinquenios, los cuales le deberá cumplir y pagar a partir de la fecha del cese, que fue precisamente el 5 de agosto de 1996 ..."; pero en ninguna parte consta que la Sala hubiera considerado que la aludida prestación integraba el salario; por lo que la condena decretada al pago de la misma, establecida de manera independiente de los salarios caídos en el segundo punto resolutivo resulta congruente con las consideraciones del laudo reclamado.
En cambio, la incongruencia de que se duele el quejoso sí se da en tanto que la autoridad responsable al referirse a los conceptos ayuda de despensa y material didáctico, determinó en el considerando tercero, que las mismas integraban el salario referido (dos mil ciento veinticuatro pesos con sesenta y un centavos mensuales), mientras que en el resolutivo segundo estableció que se condenaba al pago (entre otras prestaciones) de salarios caídos, ayuda de despensa y material didáctico a partir del cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, y hasta que se cumplimentara el fallo; lo cual incuestionablemente resulta violatorio del principio de claridad y congruencia previsto por el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria y por ende, de las garantías individuales del quejoso, ya que por un lado señala que los aludidos conceptos forman parte integrante del salario con el que cuantificó los salarios caídos, y por otra, condena al pago tanto de estos salarios como de aquellas prestaciones.
También asiste razón al quejoso en lo que alega de que la condena al pago de salarios caídos a partir del cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, es ilegal porque con el recibo de pago que el actor exhibió a fojas cuarenta del expediente laboral se advierte que se le pagaron salarios del dieciséis de julio al quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, y que en todo caso, la condena debe comprender a partir del dieciséis de agosto del año citado.
En efecto, consta en el mencionado recibo ofrecido por el actor con el número siete, inciso a), y que la parte demandada hizo suyo (fojas ciento veinticinco), que aquél recibió el pago de sus salarios por el periodo del dieciséis de julio al quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, por tanto, aunque la responsable haya determinado que el cese ocurrió el cinco de agosto de ese año, no podía válidamente condenar al pago de los salarios caídos a partir de esa fecha, dado que el ahora tercero perjudicado ya se encuentra cubierto de sus salarios hasta el quince de agosto; de ahí que como bien alega el quejoso, la condena al pago de los salarios vencidos debió establecerla a partir del dieciséis de ese mes; luego al no haberlo decretado así la autoridad responsable violó garantías en perjuicio del quejoso por inexacta aplicación del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.
En consecuencia, se debe conceder el amparo de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte otro, en el que se pronuncie de manera clara y congruente respecto de las prestaciones ayuda de despensa y material didáctico, y conforme a los lineamientos de esta ejecutoria, la condena al pago de salarios caídos la decrete a partir del dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, debiendo reiterar las condenas y absoluciones ya establecidas que no son materia de la concesión.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 44, 46, 77, 158, 188, 190 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve.
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege al secretario de Educación Pública contra el acto de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado con fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio laboral número 16636/96, seguido por Jorge M. Segura Santos en contra del quejoso. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Idalia Peña Cristo, Fernando Andrés Ortiz Cruz y María Edith Cervantes Ortiz, habiendo sido relatora la última de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5547-e0e4cd5d/prima-vacacional-trabajadores-al-servicio-del-estado-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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