CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS HAN DEJADO DE PRODUCIR EFECTOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 364/2001. MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de agosto de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el tres de octubre de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Gerardo Serrato Castell, quien se ostentó como síndico procurador del Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, en representación de éste promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma y del acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que se mencionan en el párrafo siguiente:
"II. Autoridades demandadas: Congreso del Estado de Sonora: Por haber emitido la norma general impugnada, con domicilio en Tehuantepec, entre Allende y Pedro Moreno, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. Poder Ejecutivo del Estado: Por haber promulgado la norma general objeto de la controversia, así como por realizar a través del secretario de Gobierno, a quien según dicho escrito giró instrucciones, el primer acto de aplicación de la misma, el cual también se impugna; el domicilio de esta autoridad es Palacio de Gobierno sito en Comonfort, entre Paliza y Callejón Velazco, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. ... IV. Normas generales impugnadas: Primer párrafo del artículo segundo transitorio de la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de marzo del año 2001. Artículo cuarto transitorio de la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 29 de marzo del año 2001. V. Acto impugnado: El consignado en el oficio SG-1376/01, de 24 de septiembre de 2001, notificado al Municipio el día 25 de septiembre del presente año, por el cual el secretario de Gobierno del Estado de Sonora se niega a acordar que el Municipio asuma el servicio municipal de agua potable que constitucionalmente le compete."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. El 29 de mayo de 1996, se celebró un convenio entre el Gobierno del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento de Hermosillo, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio de 1996; dicho convenio tuvo por objeto que el Gobierno del Estado preste en forma temporal el servicio de agua potable y alcantarillado en el Municipio de Hermosillo a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES), considerando que en aquel tiempo el artículo 115 constitucional facultaba la participación o concurso del Estado en la prestación de los servicios públicos municipales, como lo es el servicio público de agua potable. 2. Después de un intenso debate en el Congreso de la Unión, así como en todo el país, se aprobaron las reformas al artículo 115 constitucional, publicándose el 23 de diciembre de 1999, en el Diario Oficial de la Federación; dichas reformas dotaron de mayor autonomía al Municipio y le otorgaron competencia plena y exclusiva respecto de varios servicios públicos, entre ellos, el de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, como se desprende de la fracción III, inciso a), del imperativo constitucional citado. El artículo segundo transitorio del decreto por el cual se reformó el artículo constitucional mencionado señaló un plazo de un año a partir de su entrada en vigor, para que los Estados adecuen las Constituciones y leyes locales al imperativo del nuevo texto del artículo 115 constitucional. 3. En cumplimiento con la obligación mencionada, con fecha 29 de marzo de 2001, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, de conformidad con el artículo primero transitorio. En dicha reforma se establece que el servicio público de agua potable es de competencia municipal (artículo 137, inciso a), pero en el primer párrafo del artículo segundo transitorio, que es la norma de la cual se solicita se declare su invalidez, se establece que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento para que el Municipio asuma la prestación de un servicio público municipal que sea prestado por el Estado. 4. El artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 115 constitucional señala que las funciones y servicios que conforme al decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas que se realicen a las Constituciones y leyes locales sean prestados por los Gobiernos Estatales, o en forma coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento, agregando que la transferencia del servicio de que se trate deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de noventa días contados a partir de que se solicite por el Ayuntamiento. 5. En el Municipio de Hermosillo, a la entrada en vigor de la reforma a la Constitución del Estado, esto es, el 30 de marzo de 2001, en la actualidad, el servicio público de agua potable es prestado por el Gobierno del Estado a través de la paraestatal denominada Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (Coapaes). 6. En virtud de lo anterior, en sesión extraordinaria de Cabildo de 7 de septiembre de 2001, se aprobó por el H. Ayuntamiento que el Municipio asuma la rectoría y prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Hermosillo y, en consecuencia, dar por terminado el Convenio de Coordinación para la Prestación del Servicio de Agua Potable celebrado con el Gobierno del Estado, acordándose también comunicar lo anterior al gobernador del Estado para los efectos de la entrega de dicho servicio, de conformidad con el artículo tercero transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional, autorizándose al Ing. Francisco Búrquez Valenzuela, presidente municipal de Hermosillo, para que gire el oficio comunicando lo anterior al gobernador del Estado. 7. Mediante escrito de 7 de septiembre de 2001, presentado el 10 de septiembre de 2001, el presidente municipal de Hermosillo, Ing. Francisco Búrquez Valenzuela, hizo del conocimiento al gobernador del Estado de Sonora, Lic. Armando López Nogales, de los acuerdos mencionados en los que, como ya se mencionó, se acordó asumir la prestación del servicio de agua potable. 8. Mediante oficio SG-1376/01, de 24 de septiembre de 2001, suscrito por el secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Lic. Óscar López Vucovich, que constituye el acto impugnado, se hace del conocimiento del presidente municipal que no se acuerda favorablemente la solicitud, con fundamento en los artículos segundo y cuarto transitorios de la ley modificatoria de la Constitución Política Local publicada el 26 de marzo de este año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora ... aduciendo que el acuerdo del Ayuntamiento debió ser aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes, que serían 16 de los 23 miembros del Ayuntamiento, siendo que fue aprobado por catorce."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora señalan:
"Primer concepto de invalidez. Tanto el primer párrafo del artículo segundo transitorio de la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, como el primer acto de su aplicación, el contenido en el oficio SG-1376/01, suscrito, por instrucciones del gobernador del Estado de Sonora, por el secretario de Gobierno del Estado de Sonora, transgreden el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 23 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación. El precepto violado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se requiere la aprobación del Ayuntamiento, para que éste asuma la prestación de un servicio público municipal, en este caso, el de agua potable, cuando a la entrada en vigor de la reforma a la Constitución del Estado dicho servicio se preste por el Estado, mientras que la norma impugnada de la Constitución del Estado, ilegal e inconstitucionalmente establece una mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento para tal aprobación, precepto en el cual se fundamentó el acto impugnado para negar e impedir que el Municipio de Hermosillo asuma la prestación del servicio público de agua potable en su jurisdicción, no obstante la aprobación en ese sentido por parte del Ayuntamiento. Para mayor ilustración se citará el texto del artículo constitucional violado: Artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 23 de diciembre de 1999 en el D.O.F.: ‘Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. En el caso del inciso a) de la fracción III del artículo 115, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los Gobiernos Estatales podrán solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su ámbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. La Legislatura Estatal resolverá lo conducente. En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.’. El precepto impugnado, esto es, el segundo transitorio de la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado el jueves 29 de marzo de 2001, establece que para el efecto se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento: ‘Artículo segundo transitorio. Tratándose de funciones y servicios que conforme a la presente ley sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el artículo anterior, sean prestados por el Gobierno del Estado, o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previo acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento respectivo. El gobernador del Estado dispondrá lo necesario para que la función o servicio público de que se trate, se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. En el caso del inciso a) del artículo 137 dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el gobernador del Estado podrá solicitar al Congreso, conservar bajo su cargo los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. En tanto se realiza la transferencia de funciones y servicios públicos, éstos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.’. De lo anterior se advierte que la Constitución del Estado indebidamente establece una mayoría calificada (dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento) para que asuman la prestación de un servicio público municipal, en este caso, el de agua potable, cuando dicho servicio sea prestado por el Estado, por lo que solicito a ese Máximo Tribunal se declare la invalidez del artículo mencionado. El decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Federal establece la aprobación del Ayuntamiento, si se hubiera querido que la aprobación sea de las dos terceras partes de los integrantes, se hubiera establecido así expresamente en el texto del precepto, como quedó plasmado en el artículo 115, fracción II, incisos b) y d), que establecen los casos en que se requiere dicha aprobación calificada: ‘Artículo 115. ... II. ... Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organizan la administración pública municipal, regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguran la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: ... b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; ... d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate está imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesario solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes.’. Estos son los únicos casos en que se puede establecer dicha mayoría calificada para la aprobación de acuerdos del Ayuntamiento, los cuales tienen una gran trascendencia por la materia de la que versan, se refieren a propiedad inmobiliaria, actos o convenios que comprometan al Ayuntamiento más allá de su periodo de gobierno, así como para que el Ayuntamiento apruebe presentar solicitud a la legislatura para que el Estado asuma la prestación de un servicio público municipal, caso en que el Constituyente Permanente consideró necesaria tal mayoría calificada, en virtud de que el Municipio estaría cediendo el ejercicio de una función que le compete por disposición constitucional. El caso que nos ocupa es todo lo contrario, el Municipio está reclamando en esta vía de controversia constitucional, el ejercicio de una función y competencia que le corresponde constitucionalmente, que precisamente ese es el objeto del juicio constitucional mencionado, al cual corresponde conocer a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. Al establecer la reforma a la Constitución Local una mayoría de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, para que se apruebe el asumir la prestación de un servicio público municipal que esté prestando el Estado, contraría el mandato de la Constitución Federal, puesto que la misma no establece tal mayoría calificada. La Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal establece en el tercer párrafo del artículo 29, que los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, teniendo el presidente municipal voto de calidad en caso de empate. Este es el precepto aplicable, mismo que se acató al aprobar en sesión del Ayuntamiento de 7 de septiembre de 2001, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, asumir la prestación del servicio público municipal de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; tal mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros del Ayuntamiento presentes en sesión, se acredita pues consta en el acta correspondiente que la solicitud se aprobó por 14 de los 23 miembros presentes del Ayuntamiento, en virtud de que se encontraban en sesión la totalidad de sus integrantes. Asimismo, el Ayuntamiento acordó dar por terminado el convenio de coordinación celebrado con el Gobierno del Estado, por el cual se le facultó para que de forma temporal asumiera la prestación del servicio público municipal de agua potable. Como se expone en la cláusula sexta del convenio de referencia, se convino que el Ayuntamiento podrá reasumir la prestación del servicio previa solicitud que por escrito dirija al Gobierno del Estado, lo cual ocurrió el pasado 10 de septiembre. Los términos de la cláusula mencionada son los siguientes: ‘Sexta. Ambas partes acuerdan que en el supuesto de que el Municipio considere que, conforme a la ley, la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, no es prestado bajo las debidas condiciones de eficacia y eficiencia, y que posee la capacidad técnica y financiera para llevarlo a cabo, previo el debido acreditamiento ante el órgano correspondiente, el Ayuntamiento podrá reasumir la prestación del servicio, previa solicitud que por escrito dirija al Gobierno del Estado. Por una parte, el requisito que establece, previo acreditamiento ante el órgano correspondiente, es inaplicable, puesto que ni el convenio ni la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (Ley 104), ni ningún otro ordenamiento establecen un órgano ante el cual se deba dar dicho acreditamiento. Por otro lado, el artículo cuarto transitorio del decreto que reformó el artículo 115 constitucional establece: ‘Artículo cuarto transitorio. Los Estados y Municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este decreto y a las Constituciones y leyes estatales.’. Además de que no hay precepto que prevea el órgano facultado para dicho acreditamiento, lo cual es inaplicable por ser de imposible realización por no haber disposición legal; dicho requisito no existe en el decreto de reforma al artículo 115, por lo que es inconstitucional, el único requisito válido constitucionalmente es el establecido en el multicitado decreto, que es que lo apruebe el Ayuntamiento, lo cual se dio en la sesión de Cabildo de 7 de septiembre del año en curso, de conformidad con la ley orgánica de la administración municipal, que exige la mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión para la aprobación de acuerdos. De la misma manera, el artículo cuarto transitorio de la Ley Número 74 que reformó la Constitución del Estado, establece que los convenios que se hayan celebrado con anterioridad a la reforma se deberán ajustar a la misma, y dicha reforma no establece el requisito de que se deba acreditar algún requisito ante algún órgano correspondiente. El texto del precepto citado es el siguiente: ‘Artículo cuarto transitorio. Los convenios celebrados entre el Estado y los Municipios con anterioridad a la presente ley, se ajustarán a lo establecido en la misma.’. Por ello, se impugnan la norma y el acto mencionado, puesto que niegan e impiden que el Municipio asuma la prestación del servicio público de agua potable en el Municipio de Hermosillo, no obstante que se cumplió con el único requisito que establece la Constitución Federal, que es que lo apruebe el Ayuntamiento, lo cual se comprueba con la constancia certificada que contiene los acuerdos tomados al respecto por el Ayuntamiento, la cual se anexa al presente. Segundo concepto de invalidez. El primer párrafo del artículo segundo transitorio de la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora transgrede el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa ... la ratio legis de la reforma al artículo 115 constitucional de 1999, en la cual se incluyó el precepto citado para establecer que el Ayuntamiento gobierna al Municipio, mientras que antes establecía administra, fue precisamente el reconocerlo como órgano de gobierno, dotándolo de mayor autonomía respecto de los otros poderes, así como el otorgarle de manera exclusiva -ya no con el concurso o participación del Estado- la prestación de los servicios públicos municipales, entre ellos, el de agua potable. El fin u objeto de la norma impugnada es precisamente el contrario al de la reforma al artículo 115 constitucional, el fin de establecer que se requiere la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento para asumir la prestación de un servicio público municipal es con el objeto de que no se dé dicha transferencia, o por lo menos dificultarla, con lo cual se hecha por tierra el fortalecimiento municipal, que fue el objetivo de las reformas al artículo 115 constitucional, mismas que fueron materia de intensos debates en foros, universidades, congresos, análisis de juristas, así como en el mismo Congreso de la Unión y los Congresos Locales, que fueron los órganos que aprobaron dicha reforma. Ahí reside el concepto de invalidez que nos ocupa, de que las normas impugnadas impiden que los Municipios del Estado asuman la prestación de los servicios públicos que les corresponden por disposición constitucional, así como el que impiden que los Ayuntamientos gobiernen al Municipio, es decir, que sea el Ayuntamiento el que decida prestar o no el servicio público de agua potable. Tercer concepto de invalidez. Transgrede el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 constitucional, publicado el 23 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, tanto el artículo cuarto transitorio de la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, como el primer acto de aplicación mediante instrucción del gobernador del Estado, plasmados en oficio SG-1376/01, suscrito por el secretario de Gobierno del Estado de Sonora. El precepto violado, artículo cuarto transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ‘Los Estados y Municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este decreto y a las Constituciones y leyes estatales.’. Por su parte, el artículo cuarto transitorio de la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política Local establece que: ‘Los convenios celebrados entre el Estado y los Municipios con anterioridad a la presente ley, se ajustarán a lo establecido en la misma.’. Del contenido del oficio SG-1376/01, emitido por instrucciones del gobernador del Estado y suscrito por el secretario de Gobierno, se advierte que la negativa a la petición del Ayuntamiento para asumir la rectoría y prestación del servicio público de agua potable, la basa en el supuesto de que el artículo cuarto transitorio de la Ley Número 74 establece como imperativo que los convenios celebrados para dichos efectos, se ajustarán a lo establecido en dicha ley, dando por hecho con esto que al estar señalando en dicho ordenamiento que el Ayuntamiento requiere de las dos terceras partes de sus miembros para reasumir el servicio de agua potable, con el convenio actualmente vigente, automáticamente se ajustó a lo establecido por el artículo segundo transitorio de la citada Ley Número 74, en lo que respecta a la mayoría calificada que para dicho efecto establece el precepto citado. Contrario a la interpretación que respecto de la aplicación de los dispositivos enunciados realiza el Ejecutivo del Estado, esta autoridad considera que lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley Número 74, difiere y contradice el espíritu y el texto del artículo cuarto transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999. Ello es así, dado que el apenas citado artículo transitorio de la reforma constitucional establece como obligación para los Estados y Municipios, la de realizar los actos conducentes a efecto de que los convenios que se hubieren celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en la Carta Magna y las Constituciones y leyes estatales; sin embargo, del artículo cuarto de la Ley Número 74 y de la interpretación que efectúa el Ejecutivo del Estado, se advierte que sin concertación, ni acto alguno de las instancias de gobierno involucradas, los convenios celebrados se ajustarán automáticamente a lo dispuesto exclusivamente por el artículo segundo transitorio de la Ley Número 74, y de ninguna forma a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999. Puntualizado lo anterior, es de hacer notar a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a los razonamientos expuestos, es claro advertir que la reforma a la Constitución Local y la aplicación que de dicho precepto realiza el Ejecutivo Local evidencian, de manera precisa, la falta de armonía y concordancia con el imperativo constitucional federal, relativo a los supuestos que pretendieron adecuar, separándose tanto en el acto del Legislativo Local, como en el primer acto de aplicación, de la esencia y naturaleza, que constituye el espíritu de la norma contenida en el artículo 115 constitucional."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son el 115, fracciones I y III, inciso a), así como el tercero y cuarto transitorios del decreto que reforma y adiciona el precepto citado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
QUINTO. Por acuerdo de quince de octubre del año dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 364/2001 que, por razón de turno, correspondió conocer al Ministro Humberto Román Palacios como instructor del procedimiento.
Mediante auto de dieciséis del mismo mes y año, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación corresponda.
SEXTO. Resulta innecesario transcribir las contestaciones de las autoridades demandadas, así como la opinión del procurador general de la República, en atención al sentido del presente fallo.
SÉPTIMO. El primero de marzo de dos mil dos, tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la cual se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y, agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Sonora por conducto de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo, con el Municipio de Hermosillo, de la propia entidad, en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. En principio debe analizarse si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente.
La parte actora en su demanda solicita se declare la invalidez:
a) De los artículos transitorios segundo, primer párrafo y cuarto de la Ley Número 74, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial de la entidad el veintinueve de marzo de dos mil uno.
b) Del oficio número SG-1376/01, de veinticuatro de septiembre de dos mil uno, por el cual el secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora niega la transferencia para la prestación del servicio municipal de agua potable.
Ahora bien, tomando en consideración que la parte actora manifiesta en su demanda que impugna las normas señaladas con motivo de su primer acto de aplicación, que es el oficio número SG-1376/01 de veinticuatro de septiembre de dos mil uno, en el cual se niega por parte de la autoridad demandada a que el Muni
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17279-767ead91/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-surtirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL TRABAJADOR LIBRES DE TODO GRAVAMEN, IMPUESTOS Y DERECHOS FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 975, FRACCIÓN II, INCISO B) DE LA LEY (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LOS MUNICIPIOS, D (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 45, AMBOS DE LA L (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL TRABAJADOR. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 975, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTABLEZCA QUE AQUÉLLOS DEBERÁN SER LIBRES DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, QUIEN DEBE DECLARARLA. (s/clave)
- DERECHO DE PETICIÓN. SU RESPETO NO SE SATISFACE POR EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE FORMULE UNA PETICIÓN O SE PROMUEVA UNA INSTANCIA ARGUMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA NEGAT (I.7o.A.56 A (10a.))
- ACTO RECLAMADO. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA RESPONSABLE NO PRESUPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis