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Modo: Corpus Pro

ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL TRABAJADOR. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 975, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTABLEZCA QUE AQUÉLLOS DEBERÁN SER LIBRES DE TODO GRAVAMEN, IMPUESTOS Y DERECHOS FISCALES, NO INSTITUYE UNA EXENCIÓN FISCAL NI UNA REMISIÓN DE GARANTÍAS O DEUDAS EN PERJUICIO DE TERCEROS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/99. · Registro digital (IUS): 7321
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, , Pág. 457.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de mayo de dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Inés Cázares Villa, con el carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, y en representación del mismo, promovió controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Autoridades demandadas: a) Congreso de la Unión, con domicilio en Palacio Legislativo, ubicado en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, México, Distrito Federal, por ser el órgano que emitió la primera norma general que se impugna. b) Poder Ejecutivo Federal, con domicilio en Palacio Nacional, México, Distrito Federal, por ser el órgano que promulgó dicha norma. c) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con domicilio en Centro de Gobierno, edificio Sonora Norte, planta baja, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por ser el órgano que emitió los actos de aplicación de la norma impugnada. La Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, no puede pretender excepcionarse argumentando que carece de legitimación procesal pasiva para intervenir en controversias constitucionales. Lo anterior, en virtud de que según criterio de esa Suprema Corte de Justicia los órganos derivados, como lo es dicha Junta de Conciliación y Arbitraje, pueden ser demandados vía controversia constitucional cuando un órgano originario, en este caso el Municipio de Hermosillo, considere que un acto de aquél atenta contra su competencia. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia por unanimidad de diez votos, al resolver la solicitud de revocación por hecho superveniente en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 51/96, en el cual vertió el siguiente criterio: ‘... La tutela jurídica de este medio de control constitucional, pues, es la protección del ámbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prevé para los órganos originarios del Estado, lo cual se corrobora si se tiene en consideración que el legislador al establecer, en las diversas etapas a que antes se hizo mención, los supuestos que pueden dar origen al ejercicio de la acción constitucional, sólo hace referencia a los órganos constitucionales u originarios del Estado y, no así, a los órganos derivados o legales, pues estos últimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no están sujetos al medio de control que se analiza, ya que el espectro de la tutela jurídica se da, en lo particular, para preservar la esfera competencial de aquéllos y no de éstos y, en lo general, se da para preservar el orden establecido en la Constitución Federal, a que también se encuentran sujetos los entes públicos creados por leyes secundarias u ordinarias. Es precisamente por el espectro de la tutela jurídica del instrumento procesal constitucional previsto en la fracción I del artículo 105 constitucional, por lo cual no podría sostenerse que en el proceso legislativo haya pasado desapercibida la posibilidad de que en la realidad, se pudieran presentar casos en que órganos derivados o legales, eventualmente, en su actuar, pudiesen invadir la esfera de atribuciones que la misma Ley Suprema reservó para los órganos constitucionales u originarios del Estado, pues el instrumento procesal de carácter constitucional se concibe para que éstos estén en aptitud de ejercer la acción constitucional en contra de cualquier ente público invasor de su esfera competencial, ya originario o derivado. Esto es, dada la tutela jurídica del medio de control resultaba, por una parte, innecesario que el legislador estableciera la posibilidad de que un órgano originario del Estado pudiese ejercer la acción constitucional en contra de un órgano derivado, en el caso de que estime vulnerada su esfera constitucional de atribuciones y, por otra parte, que realizara un listado exhaustivo que incluyera a todos aquellos órganos derivados que auxilian a los órganos originarios en el ejercicio de las tareas de gobierno que la Ley Suprema les encomendó. ... En consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, pues ello implicaría desconocer el principio de supremacía constitucional y, con ello, la doble finalidad del medio de control; en consecuencia, debe estimarse que los órganos derivados eventualmente sí pueden estar legitimados pasivamente para intervenir en el procedimiento constitucional, esto es, para ser señalados con el carácter de demandados. ...’. IV. Se demanda la invalidez de: a) Norma general: inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. b) Actos: 1. Oficio 00284 de 21 de enero de 1999, notificado a la Tesorería Municipal de Hermosillo el 12 de mayo del presente año, por el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, le señala que en el expediente 1086/94 se adjudicó un bien inmueble a dos trabajadores, por lo cual, con fundamento en el artículo 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, el mismo se adjudicó libre de todo gravamen, impuesto o derecho fiscal, por lo que no debe realizar cobro alguno con motivo de tal adjudicación (anexo 3). 2. Oficio 00855 de 11 de mayo de 1999, notificado a la Tesorería Municipal el 20 del mismo mes y año, por el cual la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, hace saber al Ayuntamiento que en el juicio laboral 266/96, con fundamento en el artículo 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, se adjudicaron a tres trabajadores varios bienes inmuebles libres de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales, por lo que solicita que no se cobre sobre los mismos el impuesto de traslación de dominio, así como que se cancelen los gravámenes que pudieran tener (anexo 4)."

SEGUNDO. La accionante refiere como antecedentes de los actos impugnados, lo siguiente:

"Los juicios laborales 1086/94 y 266/96, respectivamente, seguidos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora."

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados en la demanda son los siguientes:

"A) En relación a la invalidez de la norma general impugnada. Como se manifestó anteriormente, la disposición general impugnada es el inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: ‘Artículo 975. Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente: ... II. Si se trata de bienes inmuebles, se observará: ... b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos (sic) y derechos fiscales (sic).’. Dicho precepto se analizará posteriormente con mayor detalle, por el momento sólo señalo que exenta a los trabajadores del pago de las contribuciones que se generan por la adquisición de bienes inmuebles con motivo de juicios laborales. Por su parte, el artículo 115 de la Constitución Federal prescribe: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones. Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles ...’. La fracción IV del artículo 115 constitucional se refiere al aspecto financiero de los Municipios, de lo que destaca, en importancia, lo relativo a la hacienda municipal. En los incisos a) y c) de la fracción mencionada, se establecen las contribuciones mínimas que corresponden a los Municipios, que son de su competencia, y que al cobrarlas pasan a formar parte de su hacienda; la contribución que en este caso nos ocupa se refiere al impuesto sobre la traslación de la propiedad inmobiliaria, a la cual la ley local (Ley de Hacienda Municipal) le denominó impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. Corresponderá a los Congresos Estatales regular, mediante leyes locales, lo relativo a dichas contribuciones municipales, así como a las demás que considere conveniente establecer a favor de los Municipios. Ahora bien, el penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional tiene como finalidad, el asegurar que los Municipios reciban tales contribuciones y, para ello, establece limitantes al legislador ordinario federal (Congreso de la Unión) y a los legisladores ordinarios estatales (Legislaturas Estatales). Dichas prohibiciones en cuanto a las leyes federales -que son las que en este caso nos interesan-, se refieren a lo siguiente: a) No deben limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c). b) No deben conceder exenciones en relación a las contribuciones a que se refieren dichos incisos. Por otra parte, el párrafo en análisis determina la única excepción a la regla de que toda persona física o moral, sea ésta pública o privada, debe pagar las contribuciones a que nos referimos, tal excepción se refiere a la Federación, los Estados y los Municipios, pero siempre y cuando la contribución se refiera a sus bienes de dominio público. En cumplimiento a la facultad que le otorga la fracción IV del artículo 115 constitucional, para expedir las leyes que regulen dichas contribuciones, el Congreso del Estado expidió la Ley de Hacienda Municipal en la cual, en el capítulo segundo de su segundo título, establece el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles, y señala en el primer párrafo del artículo 73 que son sujetos de tal impuesto los adquirientes de bienes inmuebles y remite al artículo 24 de la propia ley, que determina que no pagarán dicho impuesto la Federación, los Estados y los Municipios, cuando se trate de bienes de dominio público, lo cual, como se dijo anteriormente, es la única excepción que permite la Constitución respecto al cobro de tal impuesto. Ahora bien, después del análisis de la norma general impugnada y del precepto constitucional que estimo violado, paso a esgrimir los conceptos de invalidez. A) Conceptos de invalidez respecto a la norma impugnada. Primer concepto de invalidez. El inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, transgrede el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, puesto que exenta -entre otras contribuciones-, del pago del impuesto de traslación de dominio a los trabajadores que con motivo de juicios laborales les sean adjudicados bienes inmuebles, lo cual contraría el imperativo constitucional que establece que las leyes federales (como lo es la Ley Federal del Trabajo), no concederán exenciones respecto a las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción IV del precepto constitucional citado, entre las que se encuentra el impuesto de traslación de dominio. Segundo concepto de invalidez. El inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, transgrede el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Federal, puesto que al establecer que a los trabajadores que les sean adjudicados bienes inmuebles, éstos pasarán libres de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales, viola el imperativo de que sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de las contribuciones establecidas en los incisos a) y c) de dicha fracción, entre las que se encuentra, como ya se mencionó, el impuesto de traslación de dominio, que corresponde a los Municipios. B) Concepto de invalidez respecto a los actos impugnados. Tercer concepto de invalidez. Los actos impugnados también deben ser declarados inválidos, como consecuencia de la declaración de invalidez de la norma impugnada, que es el inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, así como de que dichos actos por sí mismos contrarían la fracción IV del artículo 115 constitucional, por las mismas razones que se manifestaron al señalar los conceptos de invalidez respecto del precepto impugnado."

CUARTO. La parte actora estima violado en su perjuicio el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución General de la República.

QUINTO. Por acuerdo de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y se designó como instructor al Ministro Juan N. Silva Meza.

Mediante proveído de veintidós del mismo mes y año, el Ministro instructor tuvo al promovente síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, con el carácter que ostentó y por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación de demanda, correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde y tuvo como pruebas de la actora las documentales que adjuntó a su demanda.

SEXTO. Mediante escrito de diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados formuló contestación a la demanda, en los siguientes términos:

"I. Contestación a las pretensiones: En general son infundadas las pretensiones de la demandante, dado que la norma general impugnada se encuentra apegada a lo dispuesto en la Constitución General de la República, y de ninguna manera restringe o limita la esfera de competencia del actor al no invadir su soberanía constitucional, como se demostrará en el capítulo correspondiente. Por otro lado, debo manifestar a este Máximo Tribunal Constitucional que la norma general impugnada cuya invalidez reclama la parte actora es cierta, al haberse recibido la iniciativa de ley remitida por el Ejecutivo Federal a esta Cámara colegisladora y discutida como Cámara de Origen durante las sesiones celebradas los días 21, 27 y 28 de diciembre de 1979. En cuanto al apartado VI de la demanda, denominado ‘Precepto constitucional que se estima violado’, desde este momento se declara que la norma general impugnada se ajusta a lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se demostrará en el capítulo correspondiente. II. Contestación a los antecedentes de la norma general impugnada: 1. En virtud de que el Municipio actor no señala antecedente alguno que se atribuya a mi representada, se niegan lisa y llanamente los mismos, correspondiendo al actor la carga de la prueba. 2. No obstante debe reiterarse, como se hizo en líneas anteriores, que esta Cámara de Diputados como colegisladora del Congreso de la Unión y en su carácter de Cámara de Origen, recibió la iniciativa de ley del Ejecutivo Federal, elaboró el dictamen correspondiente y discutió el contenido de la norma general impugnada en las sesiones celebradas los días 21, 27 y 28 de diciembre de 1979. III. Razones y fundamentos que sostiene la constitucionalidad del acto reclamado: Primero. La parte actora en su primer concepto de invalidez, identificado con la letra ‘A’, denominado ‘En relación a la invalidez de la norma general impugnada’, transcribe el contenido del artículo 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, señalado como norma general impugnada, así como del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que argumentó justifica la supuesta invasión de esferas de competencia que reclama. En síntesis, la parte actora señala que la norma legal impugnada es contraria al artículo 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que es contraria a lo establecido en la fracción IV del artículo 115 constitucional. Las razones que aduce la actora para sostener su argumento son, fundamentalmente, las siguientes: primera, que el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), establece que corresponde a los Municipios administrar las contribuciones y los ingresos que por concepto de traslación de inmuebles establezcan a su favor las Legislaturas Estatales; segundo, que las excepciones a dichos pagos únicamente pueden darse respecto de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios; tercero, que al haberse introducido en la Ley Federal del Trabajo una excepción al pago de contribuciones a favor de la adjudicación de ciertos inmuebles, se violó lo establecido en la fracción IV del artículo 115 constitucional. A primera vista el argumento de la parte actora tiene la virtud de la claridad y parece dar cuenta de una verdadera violación a la Constitución. Sin embargo, el argumento que se combate no considera que la Constitución es un sistema normativo complejo que, necesariamente, debe ser interpretado de manera sistemática, dándole a cada uno de sus elementos el paso normativo que le corresponde. En efecto, nuestra Constitución contiene un conjunto de normas de diverso tipo, entre ellas, las que les confieren competencia a los órganos de la Federación, de los Estados y de los Municipios, así como las que le otorgan a los individuos una serie de derechos. La correcta interpretación del texto constitucional no puede hacerse a partir de la apreciación aislada de unas normas en demérito de otras ni, como acontece en la especie, considerando y suponiendo que la violación constitucional se actualiza al enfrentar de manera aislada los supuestos de una norma legal frente a otra constitucional. Dada la complejidad de nuestro texto constitucional, la única manera posible de llegar al convencimiento de que una norma legal es contraria a la Constitución, es mediante, primero, la consideración de todos los elementos que juegan en la integración del supuesto normativo legal y, posteriormente, mediante su contraste con las normas constitucionales que, por una parte, apoyan o niegan el propio supuesto legal y, por otra, son configuradas desde la propia Constitución. En otros términos, no estamos en presencia de una contradicción pura y simple entre el contenido de una ley federal y una disposición constitucional, sino de dos materias cuyo fundamento y regulación tienen jerarquía constitucional. En efecto, la Constitución contiene una serie de preceptos prácticamente no reformados desde su entrada en vigor, desde 1917, en virtud de los cuales la misma define su sentido y naturaleza. Entre otras cosas, diversos preceptos de la Constitución le confieren a los trabajadores una serie de derechos y prerrogativas: en primer lugar, el artículo 1o. de la Constitución determina que las garantías que ella confiere no podrán limitarse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que expresamente establezcan las leyes de la materia o en términos del artículo 29 constitucional; en segundo lugar, el artículo 5o. le otorga a los trabajadores el derecho de percibir el producto de su trabajo, del cual sólo podrán ser privados por resolución judicial; finalmente, el artículo 123 dispone que los trabajadores tendrán derecho a percibir diversas prestaciones como producto de su trabajo, tales como horas extras, vacaciones, antigüedad, reparto de utilidades, salario mínimo, prima vacacional, entre otras, así como que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal. Si analizamos en su conjunto los tres preceptos constitucionales mencionados en el párrafo anterior, resulta que nuestra Constitución reconoce de manera expresa e indubitable, el derecho a que los trabajadores perciban el producto de su trabajo en numerario y sin ningún tipo de restricción o excepción. Dado el carácter eminentemente social de los preceptos constitucionales en materia de trabajo, el Constituyente Originario y los distintos Constituyentes Permanentes que han actuado a lo largo de nuestra historia, han reiterado la necesidad y, por tanto, la han formalizado en la Constitución, que los trabajadores perciban el salario justo por sus actividades. Para ello, han establecido a nivel constitucional los elementos mínimos para hacer efectivo el cumplimiento de tales derechos. Ahora bien, debido a su naturaleza resulta imposible que en el texto constitucional se establezcan todos los supuestos y modalidades para que de manera eficaz los trabajadores reciban el producto de su trabajo. En un sistema de normas jerarquizadas como el nuestro, corresponde a la Ley Federal del Trabajo establecer los supuestos y condiciones de eficacia de los derechos constitucionales a los que hemos aludido. Para tal efecto, establece las autoridades y los procedimientos a los cuales los trabajadores pueden acudir en caso de que los patrones incumplan con las obligaciones que la propia Constitución les impone. Para tal efecto, y reglamentando los supuestos generales previstos en el artículo 123 constitucional, en la Ley Federal del Trabajo se establece un procedimiento mediante el cual el trabajador puede demandar del patrón el cumplimiento de sus obligaciones laborales, lo que en un número importante de supuestos se traduce en la demanda por el pago de cantidades en moneda de curso legal. La Ley Federal del Trabajo en vigor prevé, en su título decimoquinto, diversos procedimientos de ejecución a efecto de que, una vez que el trabajador haya obtenido a su favor un laudo que impone al patrón la obligación de pagar ciertas indemnizaciones y el patrón no pueda hacer frente a esas obligaciones, la Junta ordene, imperativa y coactivamente, el embargo de bienes, a efecto de que el trabajador perciba, mediante la adjudicación de los bienes rematados, las cantidades mediante las cuales se hacen efectivos sus derechos constitucionales. En la especie, tenemos que la adjudicación de inmuebles que la autoridad laboral lleva a cabo en favor del trabajador, no es más que el acto procesal por el que se hace efectivo el derecho constitucional que este último tiene de percibir en numerario el producto de su trabajo. En otros términos, se trata de la única posibilidad de hacer posible un pago mediante la adjudicación de bienes sustitutos al numerario, pero que constitucionalmente deben tenerse como si se tratara de un pago en numerario, pues solamente así se satisface, en sus términos, la garantía constitucional. A mayor abundamiento, sólo a través de la ejecución forzosa de los bienes respecto de los cuales se trabó embargo es posible, dada la negativa o imposibilidad del patrón de entregar a favor del trabajador las cantidades líquidas que a éste le correspondan por concepto de indemnización, hacer efectivos los derechos constitucionales del propio trabajador. En este sentido, estamos frente a un sistema normativo compuesto por normas constitucionales y legales mediante el cual, y sólo mediante él, pueden llegar a garantizarse y satisfacerse los legítimos derechos constitucionales de los trabajadores a percibir el producto de su trabajo. De no entenderse la relación entre las normas constitucionales y lo dispuesto en la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, se dejaría de lado o alteraría el único sistema mediante el cual se pueden hacer efectivos esos derechos. Como se acaba de decir, de no aceptarse que se está frente a un sistema para lograr el cumplimiento de los derechos laborales que otorga la Constitución, se estarían nulificando las garantías constitucionales aludidas. En ese sentido, una de las posibilidades concretas que prevé la Ley Federal del Trabajo para lograr que el trabajador perciba, efectivamente, el pago de su salario y demás cantidades a que se hubiere condenado al patrón en el laudo, es mediante la adjudicación de bienes inmuebles, como acontece en el caso planteado por la parte actora. Sobre estas adjudicaciones y como se sabe, el derecho positivo mexicano establece a favor de los Municipios diversas contribuciones sobre la propiedad inmueble, de modo que, como regla general, los actos de traslación de dominio le imponen a los particulares el pago de una contribución en razón del acto de traslación que llevaron a cabo sobre los inmuebles. Si bien es cierto que la contribución por traslación de dominio debe pagarse en todos los casos, tratándose de la adjudicación de bienes inmuebles en favor de los trabajadores con motivo de la ejecución que se hubiere hecho en contra del patrimonio del patrón, admite necesariamente, una excepción de carácter constitucional que es precisamente aquella que se recoge en la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, si como anteriormente se demostró, nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo integran en la materia de las adjudicaciones de inmuebles que tengan como propósito el cumplimiento de los laudos, un sistema normativo mediante el cual, y sólo mediante el cual, es posible que se hagan eficaces los derechos constitucionales que la Constitución le confiere a los trabajadores, y sólo mediante la adjudicación directa de inmuebles es posible lograr el cumplimiento de tales obligaciones constitucionales, resulta entonces que sólo mediante la adjudicación directa al trabajador sin la carga tributaria de la contribución correspondiente a la traslación de inmuebles, puede cumplirse con los supuestos constitucionales mencionados. Para demostrar los extremos de lo dicho en el párrafo anterior, debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento constitucional y legal en materia del trabajo, parte necesariamente de suponer a un tipo medio de trabajador, y este tipo medio de trabajador es aquél respecto del cual está construida por el Constituyente la propia materia del trabajo. Para el Constituyente, el trabajador es una persona que no cuenta, como regla general, con una riqueza alta o ingresos extraordinarios, sino que vive del producto de su trabajo. En este sentido, si a ese trabajador se le adjudica de manera directa un bien inmueble, y adicionalmente se le obliga a pagar impuestos de traslación de dominio por el mismo, se hacen nugatorios sus derechos constitucionales, en tanto no puede presuponerse que cuente con los ingresos suficientes para pagar esas contribuciones, cuando es precisamente con la adjudicación del inmueble que se le están haciendo efectivos los ingresos que debió haber recibido como producto de su trabajo. De esta suerte, cuando el artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo establece disposiciones aplicables para el caso de que el pago al trabajador comprenda inmuebles, y señala expresamente que la adjudicación deberá hacerse libre de gravámenes, impuestos o contribuciones, no hace sino cumplir el mandato constitucional, al establecer una medida necesaria que sólo la ley reglamentaria puede incorporar para cumplir con la eficacia del sistema constitucional. Para finalizar con este argumento, debemos hacer notar que en una adecuada interpretación del derecho del trabajador a recibir su pago en numerario y de la atribución del Municipio para percibir las contribuciones relativas a la traslación de inmuebles, debemos distinguir dos supuestos: el primero, que se refiere a los inmuebles cuya transmisión de propiedad es la consecuencia necesaria y única posible del derecho del trabajador a recibir un pago sustituto del numerario, cuya regulación, por ser propia de la materia laboral, únicamente compete al Congreso de la Unión; el segundo, lo constituyen todas aquellas otras formas de traslación de la propiedad inmobiliaria, sean éstas propias del tráfico inmobiliario o de otro tipo, y c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7321-6ab604d0/adjudicacion-de-bienes-inmuebles-al-trabajador-el-hecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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