ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL TRABAJADOR LIBRES DE TODO GRAVAMEN, IMPUESTOS Y DERECHOS FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 975, FRACCIÓN II, INCISO B) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. EL ACTO POR EL QUE LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EXENTEN DEL PAGO DEL IMPUESTO DE TRASLACIÓN DE DOMINIO POR ESE MOTIVO, TRANSGREDE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE AQUEL PRECEPTO NO ESTABLECE EXENCIÓN ALGUNA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de mayo de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito recibido el veintiséis de octubre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Gerardo Serrato Castell, ostentándose con el carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, y en representación del mismo, promovió controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"III. Autoridades demandadas: a) Ambas Cámaras del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, con domicilio en Palacio Legislativo, ubicado en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia Del Parque, México, Distrito Federal y Cámara de Senadores, ubicada en el lugar conocido como Casona Xicoténcatl, en calle Donceles, Distrito Federal, por ser el órgano que emitió la primera norma general que se impugna.-b) Poder Ejecutivo Federal, con domicilio en Palacio Nacional, México, Distrito Federal, por ser el órgano que promulgó dicha norma.-c) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con domicilio en Centro de Gobierno, Edificio Sonora Norte, planta baja, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por ser el órgano que emitió el acto de aplicación de la norma impugnada.-IV. Se demanda la invalidez de: a) Norma general: inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación.-b) Acto: oficio 01443 de 18 de septiembre de 2000, notificado a la Tesorería Municipal de Hermosillo el 19 de septiembre del presente año, por el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora le señala que en el expediente 770/93 se adjudicó un bien inmueble al señor Carlos Matías Noriega Alegre, por lo cual, con fundamento en el artículo 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, el mismo se adjudicó libre de todo gravamen, impuesto o derecho fiscal, por lo que no debe realizar cobro alguno con motivo de tal traslación de dominio (anexo 3)."
SEGUNDO.-La accionante refiere como antecedentes del acto impugnado, lo siguiente:
"Manifiesto que el 14 de junio de 1999 se presentó por el Municipio de Hermosillo ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, demanda de controversia constitucional a la que tocó el número de expediente 15/99, en contra de las mismas autoridades y de actos idénticos al aquí impugnado.-Se designó como instructor de la misma al señor Ministro Juan N. Silva Meza y actualmente se encuentra en estudio.-No omito mencionar que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado omitió dar contestación a la demanda, ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como el Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, contestaron la demanda coincidiendo en que los actos de aplicación corresponden a una incorrecta interpretación del precepto impugnado.-El artículo 27 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional señala que se puede impugnar un hecho superveniente hasta antes del cierre de la instrucción.-No tendré inconveniente alguno si se decide tomar el acto impugnado como un hecho superveniente y se acumula a la controversia constitucional 15/99."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez expresados en la demanda son los siguientes:
"Como se manifestó anteriormente, la disposición general impugnada es el inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: ‘Artículo 975. Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente: ... II. Si se trata de bienes inmuebles, se observará: ... b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales ...’.-Dicho precepto se analizará posteriormente con mayor detalle, por el momento sólo señalo que exenta a los trabajadores del pago de las contribuciones que se generan por la adquisición de bienes inmuebles con motivo de juicios laborales.-Por su parte, el artículo 115 de la Constitución Federal, prescribe: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.-Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.-b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.-c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.-Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones.-Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. ...’.-La fracción IV del artículo 115 constitucional se refiere al aspecto financiero de los Municipios, de lo que destaca en importancia lo relativo a la hacienda municipal.-En los incisos a) y c) de la fracción mencionada, se establecen las contribuciones mínimas que corresponden a los Municipios que son de su competencia, y que al cobrarlas pasan a formar parte de su hacienda; la contribución que en este caso nos ocupa, se refiere al impuesto sobre la traslación de la propiedad inmobiliaria, a la cual la ley local (Ley de Hacienda Municipal) le denominó impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles.-Corresponderá a los Congresos Estatales regular mediante leyes locales lo relativo a dichas contribuciones municipales, así como a las demás que considere conveniente establecer a favor de los Municipios.-Ahora bien, el penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional tiene como finalidad el asegurar que los Municipios reciban tales contribuciones y, para ello, establece limitantes al legislador ordinario federal (Congreso de la Unión) y a los legisladores ordinarios estatales (Legislaturas Estatales).-Dichas prohibiciones en cuanto a las leyes federales -que son las que en este caso nos interesan- se refieren a lo siguiente: a) No deben limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c).-b) No deben conceder exenciones en relación a las contribuciones a que se refieren dichos incisos.-Por otra parte, el párrafo en análisis determina la única excepción a la regla de que toda persona física o moral, sea ésta pública o privada, debe pagar las contribuciones a que nos referimos; tal excepción se refiere a la Federación, los Estados y los Municipios, pero siempre y cuando la contribución se refiera a sus bienes de dominio público.-En cumplimiento a la facultad que le otorga la fracción IV del artículo 115 constitucional para expedir las leyes que regulen dichas contribuciones, el Congreso del Estado expidió la Ley de Hacienda Municipal, en la cual, en el capítulo segundo de su segundo título, establece el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles y señala, en el primer párrafo del artículo 73, que son sujetos de tal impuesto los adquirentes de bienes inmuebles y remite al artículo 24 de la propia ley que determina que no pagarán dicho impuesto la Federación, los Estados y los Municipios, cuando se trate de bienes de dominio público, lo cual, como se dijo anteriormente, es la única excepción que permite la Constitución respecto al cobro de tal impuesto.-Ahora bien, después del análisis de la norma general impugnada y del precepto constitucional que estimo violado, paso a esgrimir los conceptos de invalidez.-A) Conceptos de invalidez respecto a la norma impugnada. Primer concepto de invalidez. El inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo transgrede el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal puesto que exenta -entre otras contribuciones- del pago del impuesto de traslación de dominio a los trabajadores que con motivo de juicios laborales les sean adjudicados bienes inmuebles, lo cual contraría el imperativo constitucional que establece que las leyes federales (como lo es la Ley Federal del Trabajo) no concederán exenciones respecto a las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción IV del precepto constitucional citado, entre las que se encuentra el impuesto de traslación de dominio.-Segundo concepto de invalidez. El inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo transgrede el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, puesto que al establecer que a los trabajadores que les sean adjudicados bienes inmuebles, éstos pasarán libres de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales, viola el imperativo de que sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, estarán exentos de las contribuciones establecidas en los incisos a) y c) de dicha fracción, entre las que se encuentra, como ya se mencionó, el impuesto de traslación de dominio, que corresponde a los Municipios.-B) Concepto de invalidez respecto del acto impugnado. Tercer concepto de invalidez. El acto impugnado también debe ser declarado inválido como consecuencia de la declaración de invalidez de la norma impugnada, que es el inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, así como de que dicho acto por sí mismo contraría la fracción IV del artículo 115 constitucional por las mismas razones que se manifestaron al señalar los conceptos de invalidez respecto del precepto impugnado."
CUARTO.-La parte actora estima violado en su perjuicio el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal.
QUINTO.-Por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y se designó como instructor al Ministro Juan Díaz Romero.
Mediante proveído de siete de noviembre del año citado, el Ministro instructor tuvo al promovente síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, con el carácter que ostentó y por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación de demanda; correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde; y tuvo como pruebas de la actora las documentales que adjuntó a su demanda.
SEXTO.-Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en síntesis señaló lo siguiente:
1) Respecto de la procedencia del juicio:
a) Que es extemporánea la demanda por lo que hace a la invalidez de la Ley Federal del Trabajo.
La Ley Federal del Trabajo y las últimas reformas al artículo 975 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de mil novecientos setenta y el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, respectivamente; es decir, antes de la vigencia de la ley reglamentaria de diez de junio de mil novecientos noventa y cinco. Por consiguiente, para computar el plazo debe considerarse la fecha de entrada en vigor de la mencionada ley reglamentaria, por lo que el plazo para presentar la demanda venció el siete de agosto de mil novecientos noventa y cinco.
b) Que la actora reconoce que la norma impugnada se le ha aplicado con anterioridad. En el capítulo V de su escrito, afirma que el primer acto de aplicación fue el oficio número 284 de veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve, por el que impugnó la mencionada norma con anterioridad y, por tanto, no se puede afirmar que el acto que se combate sea el primero.
Por lo anterior, resulta extemporáneo demandar la invalidez de la mencionada norma por haberse excedido los plazos previstos para la interposición de la controversia y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria.
c) Que la norma impugnada es objeto de una controversia pendiente de resolver, por lo que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción III del artículo 19 de la ley reglamentaria.
Lo anterior, porque la actora manifiesta en el punto V de su escrito inicial que:
Respecto del inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo: "Manifiesto que este Municipio presentó demanda de controversia constitucional en contra de tal precepto, a la que le tocó el número de expediente 15/99, la cual se encuentra en estudio.".
Que en la mencionada controversia, como menciona la actora, se impugnó la misma norma general y fue promovida por la misma actora; además, como se desprende de un simple análisis de ambos escritos de demanda, son idénticas las autoridades demandadas: Congreso de la Unión, Ejecutivo Federal y Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y los mismos conceptos de invalidez.
d) Que no se respetó el principio de definitividad, de acuerdo con los artículos 690 y 849 de la Ley Federal del Trabajo.
De la demanda se infiere que la actora no agotó la vía judicial prevista en la Ley Federal del Trabajo para la solución del conflicto y, por lo tanto, si se toma en cuenta que, por medio del recurso de revisión, la actora podría haber obtenido una respuesta favorable que hubiera resuelto el conflicto sin la necesidad de acudir ante esta Suprema Corte en controversia constitucional; resulta obvio que el Municipio de Hermosillo no cumplió con el principio de definitividad, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria.
e) Que al ser un conflicto de índole patrimonial por causarle a la actora un supuesto perjuicio al impedirle percibir contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, la vía que procede para combatir los actos y la norma general impugnados así como, en su caso, la resolución que recayera al recurso de revisión a que se hace referencia en el punto anterior es el juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución, así como 9o. y 114, fracción III, de la Ley de Amparo.
En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con los artículos 1o. del mismo ordenamiento y 105 constitucional.
f) Falta de legitimación activa.
La actora considera que el artículo 975 establece una exención que invade su esfera de competencia. Sin embargo, la mencionada exención no podría invadir la esfera de competencia de la actora, porque el Municipio sólo se encarga de ejercer actos de administración sobre las contribuciones a que se refiere la fracción IV del artículo 115 constitucional, sino que en todo caso se invadiría la esfera de competencia del creador de normas formal y materialmente legislativas; es decir, del Congreso del Estado de Sonora.
En consecuencia, la actora carece de legitimación activa para la interposición de la demanda, toda vez que carece de interés jurídico para promoverla, pues en todo caso se invadirían las facultades del Congreso del Estado de Sonora.
Por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 105 constitucional.
g) Los efectos de la norma general han cesado; de aceptarse la interpretación de la actora en el sentido de que en la norma impugnada se contempla alguna exención al pago de contribuciones respecto al acto de transmisión de inmuebles al trabajador, no tendría vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y cinco (1985), en el que se derogan todas las disposiciones de las leyes federales que concedieran exenciones de impuestos establecidos en leyes locales.
Que en consecuencia, al haber cesado los efectos de la norma general impugnada, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria.
h) Que la improcedencia de la demanda es causa de sobreseimiento.
Al ser improcedente la presente controversia, según se desprende de las razones y los fundamentos expuestos, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria.
2. En cuanto al fondo.
i) Que la norma impugnada no exime del pago del impuesto municipal de traslación de dominio de bienes inmuebles, sino que, en la Ley Federal del Trabajo se contempla dentro del procedimiento de ejecución de laudos el remate y adjudicación de bienes para cubrir créditos laborales. Específicamente, en su artículo 975.
Ahora bien, de la norma impugnada no puede inferirse válidamente algún término o condición expresa que permita concluir la existencia de una exención sobre determinado impuesto relacionado con la propiedad inmobiliaria, toda vez que es congruente con lo dispuesto en el artículo 123 constitucional.
En el procedimiento de remate y en los procedimientos laborales, los créditos están sujetos a un régimen legal que establece su preferencia u orden de prelación; es decir, el orden en el que deberán ser cubiertos, en caso de multiplicidad de acreedores.
En consecuencia, los créditos laborales tendrán preferencia sobre cualquier otro, incluidos los créditos fiscales municipales, estatales y federales.
Que en la norma impugnada no se contiene ninguna exención, en todo caso, no se trataría de una exención de impuestos sino de una no causación y, en consecuencia, no se violaría el artículo 115, fracción IV, de la Constitución.
Que es verdad que sólo los bienes del dominio público de la Federación están exentos de las contribuciones sobre traslación de dominio de bienes inmuebles; sin embargo, como se ha expresado, la norma impugnada no exenta del pago de contribución alguna, no existe ninguna exención y, por lo tanto, respeta el principio constitucional que sólo los bienes del domino público de la Federación, de los Estados y de los Municipios estarán exentos de contribuciones sobre traslación de dominio de bienes inmuebles.
Que el acto impugnado no puede ser, como pretende la actora, declarado inválido como consecuencia de la declaración de invalidez de la norma impugnada, ya que como ha quedado establecido la norma se ajusta perfectamente a lo dispuesto por la Constitución. En todo caso, el acto podría ser declarado inconstitucional por ser motivo de una errónea interpretación de la norma aplicada por parte de la autoridad que lo emitió.
SÉPTIMO.-Mediante escrito recibido el ocho de enero de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores contestó la demanda, en representación de este órgano legislativo; sin embargo, no se sintetiza por virtud de que no será materia de estudio, por las razones que más adelante se precisarán.
OCTAVO.-Mediante escrito de diez de enero de dos mil uno, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, formuló contestación a la demanda en términos que se sintetizan a continuación:
Que en general, son infundadas las pretensiones de la parte actora, toda vez que la norma general impugnada se encuentra apegada a lo dispuesto en la Constitución General de la República y de ninguna manera, restringe o limita la esfera de competencia del actor, al no invadir su soberanía constitucional.
Que en cuanto al apartado VI de la demanda, denominado "precepto constitucional que se estima violado", se declara que la norma general impugnada se ajusta a los artículos 31, fracción IV, 73, fracciones X y XXX, 115, fracción IV, penúltimo párrafo, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que existe el procedimiento de controversia constitucional número 15/99 pendiente de resolverse, en contra de la misma norma general impugnada en el presente juicio, pero derivada de distinto acto de aplicación, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, desde este momento se sugiere que sean resueltos ambos asuntos en la misma sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que los argumentos de la parte actora resultan insuficientes para demostrar la invasión de esferas constitucionales de competencia en perjuicio del Municipio actor, habida cuenta que el acto reclamado se ajusta a lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV, 73, fracciones X y XXX, 115, fracción IV, penúltimo párrafo, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se realizó en pleno ejercicio de las facultades expresamente atribuidas por la Norma Fundamental en favor de esta Cámara de Diputados, como se demuestra a continuación:
1. La Cámara de Diputados está facultada constitucionalmente para establecer en la Ley Federal del Trabajo los principios de equidad y generalidad tributaria que disfrutan los trabajadores en ejercicio de sus derechos laborales.
Que constitucionalmente se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de hacer respetar el principio de igualdad a favor del trabajador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracciones X y XXX, en relación al 5o. y 123 de la Constitución General de la República; luego entonces, si la equidad y proporcionalidad tributaria buscan, a semejanza de los principios de equidad laboral, que se trate de manera igual a quienes se encuentren en igual situación, dentro del marco de competencia que corresponde a las autoridades legislativas locales o federales, es facultad de esta Cámara Colegisladora crear aquellas disposiciones federales en materia laboral que establezcan principios de igualdad y equidad tributaria en materia laboral.
De ahí precisamente el texto del artículo 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, que otorga el derecho al trabajador de que se le entregue libre de todo gravamen el inmueble que se adjudique en el caso de una controversia en materia laboral; pues con ello se pretende que el trabajador reciba el inmueble adjudicado y que equivale a las prestaciones laborales que no se le pagaron, sin pretexto alguno, otorgándole la preferencia correspondiente a los derechos laborales sobre los créditos fiscales.
2. El contenido del inciso b) de la fracción II del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, no limita ni restringe las facultades establecidas constitucionalmente a favor del Municipio demandante.
Como se demostró en el numeral anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracciones X y XXX, en relación al 5o., 31, fracción IV, y 123 de la Norma Fundamental, la Cámara de Diputados, como colegisladora del Congreso de la Unión, está facultada para establecer principios de igualdad y equidad tributaria en materia del trabajo, en virtud de que se trata de una atribución exclusiva que el Constituyente de mil novecientos diecisiete le otorgó.
En este sentido, es claro que no se vulnera lo dispuesto en el artículo 124 de la Carta Magna, dado que se trata de una facultad expresamente establecida por la Norma Fundamental a favor del Poder Legislativo Federal.
Más aún, con el ejercicio de dicha facultad, la Cámara de Diputados no vulnera lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción IV, del artículo 115 de la Norma Básica del Estado mexicano, ni ejerce facultad alguna que le corresponda al Municipio actor.
Que el artículo 115, fracción IV, constituye la regla constitucional general, cuya única excepción se encuentra en la misma Carta Magna, en los artículos 73, fracciones X y XXX, en relación al 5o., 31, fracción IV, y 123; en virtud de que siempre son y han sido preferenciales los derechos laborales sobre los tributarios.
En consecuencia, no se limita la facultad del Municipio actor para recibir los beneficios derivados de las contribuciones sobre inmuebles, pues claramente la Constitución le otorga dicho beneficio, al mismo tiempo que le otorga facultades al Poder Legislativo Federal en materia del trabajo para establecer el principio de equidad laboral y tributaria.
Que el Municipio actor puede disfrutar de dichas contribuciones, incluso, como lo dispone el artículo 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, puede cobrar las contribuciones pendientes al patrón que las dejó de cubrir sabiendo que el trabajador se adjudicaría el inmueble, pero en franco respeto al precepto jurídico y en cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad laboral y equidad tributaria, debe adjudicar libre de gravámenes el inmueble a favor del trabajador.
La excepción constitucional sólo se limita al trabajador, no al público contribuyente en general; de lo que se colige que se trata de una hipótesis sustentada en las facultades específicas del Poder Legislativo Federal en materia del trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 73, fracciones X y XXX, en relación al 5o., 31, fracción IV, y 123 de la Constitución General de la República; por lo que no se otorga una exención general y fuera de los casos autorizados por dicha Norma Fundamental.
3. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está facultada constitucionalmente para otorgar exenciones fiscales a favor de los trabajadores en ejercicio de sus derechos laborales.
Es cierto que el artículo 115, fracción IV, último párrafo, dice que solamente los inmuebles del dominio público de la Federación, de los Estados y Municipios, estarán exentos del pago de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria destinadas a favor de los Municipios.
Pero no menos cierto es que los artículos 31, fracción IV, 73, fracciones X y XXX, 115, fracción IV, penúltimo párrafo, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultan expresamente al Congreso de la Unión para crear normas jurídicas en materia laboral que busquen el equilibrio y la igualdad del trabajador, en razón de sus desventajas económicas; lo que implica, entre otras cosas, buscar la equidad tributaria cuando ésta se derive de dichos derechos estrictamente laborales.
Por todo lo anteriormente argumentado, la norma general impugnada se encuentra ajustada a la Constitución General de la República.
NOVENO.-Por auto de quince de enero de dos mil uno, se tuvo por precluido el derecho para contestar la demanda a la demandada Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora; no obstante, por oficio de dos de febrero del año en curso, remitió copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral número 770/93.
DÉCIMO.-Por oficio número 061/2001, presentado el ocho de febrero de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, manifestó en síntesis lo siguiente:
1. Sobre la legitimación procesal.
Que la actora compareció a la presente controversia constitucional por conducto del síndico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Municipal del Estado de Sonora.
En el precepto aludido, se establece la facultad del síndico del Ayuntamiento actor para representar a dicho órgano en la presente controversia constitucional. Ahora bien, este servidor público, con el objeto de acreditar la personalidad con la que se ostenta, exhibió copia certificada del acta de Cabildo número ochenta, de dieciséis de septiembre de dos mil, en la que consta su nombramiento como síndico municipal.
Que por lo anterior, el actor cuenta con legitimación procesal para comparecer en la presente controversia constitucional.
2. Sobre la oportunidad en la presentación de la demanda.
Que el Municipio de Hermosillo, Sonora, controvierte la validez, por una parte, del artículo 975, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo y, por la otra, la emisión del oficio número 01443, por el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraj
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7316-b89b9a22/adjudicacion-de-bienes-inmuebles-al-trabajador-libres-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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