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Modo: Corpus Pro

MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2002. · Registro digital (IUS): 17673
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, , Pág. 613.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2002. MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de mayo de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de febrero de dos mil dos ... quien se ostentó como síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades que a continuación se señalan, de las que demandó la invalidez de las normas que más adelante se precisan:

"II. Autoridades demandadas: Congreso del Estado de Sonora: Por haber emitido la norma general impugnada, con domicilio en Tehuantepec entre Allende y Pedro Moreno, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. Poder Ejecutivo del Estado: Por haber promulgado la norma general objeto de la controversia, con domicilio en Palacio de Gobierno, sito en calle Comonfort entre Paliza y Callejón Velazco, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. ... IV. Normas generales impugnadas: Las normas generales impugnadas forman parte de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora (cuerpo normativo que, en adelante, podrá ser identificado sencillamente como ‘Ley de Hacienda’). Fueron aprobadas mediante el Decreto Número 237, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 31 de diciembre de 2001. Los preceptos de dicha ley aquí impugnados son los siguientes: El artículo 72, fracción I, incisos A), B), C) y D), fracción IX y fracción XII, primer párrafo, de la Ley de Hacienda invocada."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"VI. Antecedentes de las normas generales impugnadas. ... El Pleno del Congreso del Estado, mediante acuerdo aprobado el 30 de noviembre de 2000, instruyó a las Comisiones de Gobernación, unidas (sic) así como a las demás comisiones implicadas en la materia, para realizar los estudios, análisis y diseño de las iniciativas necesarias que permitan dar cabal cumplimiento a lo ordenado en los artículos transitorios del decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el día 23 de diciembre de 1999, que estableció como obligación a los Estados pertenecientes a la Federación mexicana, el adecuar sus Constituciones y leyes reglamentarias a los preceptos aprobados por el Constituyente Permanente en materia municipal. Asimismo, en cumplimiento de dicho acuerdo el 27 de febrero del año 2001, el Congreso del Estado aprobó, en todos sus términos, la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, enmarcando con ello los preceptos constitucionales que definirán el nuevo régimen legal del Municipio sonorense; desde ahí se establecen las bases que impactan su ámbito tributario y financiero, al establecer en los artículos 64 y 139 la facultad de los Ayuntamientos de la entidad, para proponer, al Congreso del Estado, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. En el mismo sentido, el 13 de septiembre de 2001 se aprobó la Ley de Gobierno y Administración Municipal, encargada de fijar el marco normativo bajo el cual, los Municipios de la entidad, ejercerán el Gobierno Municipal; en el citado ordenamiento, se consagran una serie de disposiciones que impactan el ámbito financiero del Municipio, principalmente lo relativo a la disposición constitucional citada en el párrafo anterior, estableciendo al efecto, en el capítulo referido a cuotas y tarifas por servicios públicos municipales, la facultad del Ayuntamiento para proponer, al Congreso del Estado, los montos concretos a cobrar por la hacienda pública municipal, en materia de cuotas, tasas y tarifas por servicios públicos de competencia municipal. Ahora bien, para que dichas disposiciones adquieran fuerza normativa y capacidad vinculante para los ciudadanos del Municipio, resulta necesario aprobar la reforma de los ordenamientos fiscales en materia municipal, concretamente la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos del Municipio, por ello, las Comisiones Unidas de Gobernación y la primera (sic) hacienda del Congreso del Estado, se han dado a la tarea de elaborar un proyecto que aterrice la reforma municipal en el ámbito tributario y financiero, mediante la conformación de un grupo de trabajo que, de igual modo que sucedió con la reforma constitucional y la creación de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, realizó los estudios y análisis requeridos para obtener una propuesta acorde a las necesidades de los Ayuntamientos de la entidad. Producto de ese trabajo, obtuvimos una iniciativa en la que convergen los puntos de vista de los tres grupos parlamentarios, así como de los órganos técnicos de esta soberanía, que sitúa a la hacienda pública municipal en la oportunidad de tener sus necesidades financieras estrechamente vinculadas con el manejo tributario; pudiendo establecer, con su iniciativa de Ley de Ingresos, el manejo que consideren necesario respecto de los temas mencionados, es decir, el Ayuntamiento ahora tiene la opción de decidir sobre el monto que cobrará por las contribuciones que el orden jurídico le permite recaudar y, además, como ya está previsto desde hace tiempo, el manejo de sus recursos financieros es competencia exclusiva del mismo. En ese sentido, se incorporan a la hacienda pública municipal, nuevas contribuciones que fortalecen la capacidad recaudatoria de los Ayuntamientos, es el caso del impuesto sobre servicios de hospedaje y de los derechos por servicios de limpia y catastro; en el primer caso, se crea el impuesto sobre servicios de hospedaje a fin de que los Municipios de la entidad, con capacidad para ofertar servicios de alojamiento de personas, obtengan recursos para promocionar sus tesoros turísticos, repercutiendo directamente, en fuentes de empleo, promoción y el fomento del potencial turístico de nuestro Estado a niveles hasta ahora no utilizados, haciendo hincapié que el manejo de los recursos será como determine cada Ayuntamiento. Por otra parte, la inclusión de los derechos por servicios públicos de limpia y catastro, se previenen como consecuencia de la reforma constitucional estatal de 27 de febrero de 2001, cuyo propósito es fortalecer los ingresos propios de los Municipios. Finalmente, con la presente iniciativa, se reforman 62 artículos, se derogan 11 artículos y se adicionan 11 artículos a la Ley de Hacienda Municipal, adecuando el ordenamiento a los preceptos contenidos en la Constitución Política Local y a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, teniendo como principal finalidad, delimitar en su conjunto la competencia municipal en materia tributaria, reflejándolo mediante la facultad que tienen los Ayuntamientos de la entidad para proponer al Congreso del Estado, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; así como reafirmando el cumplimiento al principio de legalidad por esta soberanía, dejando el manejo de la hacienda municipal a los Ayuntamientos de la entidad."

TERCERO. El concepto de invalidez que adujo la parte actora, es el siguiente:

"VII. Conceptos de invalidez. Único concepto de invalidez. El artículo 72 de la Ley de Hacienda Municipal establece varias exenciones al pago del impuesto de traslación de dominio, contrariando así el artículo 115 constitucional, en su fracción IV. A continuación se transcribe el artículo 71 y a manera de ilustrar sobre el objeto del impuesto también el artículo 72 de la ley citada, y se establecen las argumentaciones conducentes: ‘Capítulo segundo. Del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. Artículo 71. Es objeto de este impuesto, la adquisición de bienes inmuebles que consistan en suelo, construcciones o en suelo y las construcciones adheridas a éste, ubicadas en el territorio del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere.’. ‘Artículo 72. Para los efectos de este impuesto, se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, así como la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de: A) La que se realice al constituir o disolver la copropiedad o la sociedad conyugal o legal, siempre que sean inmuebles de los copropietarios o de los cónyuges. B) La adjudicación a los trabajadores en materia laboral. C) La donación, siempre que ésta se realice entre ascendientes o descendientes. D) La adjudicación que ocurra por causa de muerte, cuando el adquirente haya sido ascendiente, descendiente o cónyuge del autor de la sucesión. ... IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles, salvo que, tratándose de la cesión de derechos del heredero, ésta se realice a favor de otro heredero. ... XII. La enajenación a través de la celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero, sin que para esto se considere como transmisión el ejercicio del derecho de compra al término del mismo.’. Como el propio legislador establece en el artículo 71 de la Ley de Hacienda, el impuesto traslativo de dominio tiene por objeto gravar la adquisición de bienes inmuebles que consisten en suelo, construcciones, o suelo y construcciones adheridas a éste, así como los derechos relacionados con las mismas. No obstante lo antes expuesto, el legislador en el artículo 72 de la Ley de Hacienda Municipal, al pretender aclarar el alcance del objeto del impuesto y definir qué se entiende por adquisición, en la fracción I del precepto en cita, en principio es genérico al señalar que por adquisición se entiende todo acto por el que se transmita la propiedad, así como la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades; derivando de la exención a tal concepto que no se entenderá por adquisición la que derive de: ‘A) La que se realice al constituir o disolver la copropiedad o la sociedad conyugal o legal, siempre que sean inmuebles de los copropietarios o de los cónyuges. B) La adjudicación a los trabajadores en materia laboral. C) La donación, siempre que ésta se realice entre ascendientes o descendientes. D) La adjudicación que ocurra por causa de muerte, cuando el adquirente haya sido ascendiente, descendiente o cónyuge del autor de la sucesión. ... IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles, salvo que, tratándose de la cesión de derechos del heredero, ésta se realice a favor de otro heredero. ... XlI. La enajenación a través de la celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero, sin que para esto se considere como transmisión el ejercicio del derecho de compra al término del mismo.’. Lo anterior, evidentemente contraría el imperio constitucional que establece que no se concederán exenciones respecto a las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 de la Carta Magna, entre las que se encuentra el impuesto municipal de traslación de dominio. En los casos transcritos del artículo 72 de la Ley de Hacienda, se contienen excepciones a la regla general constitucional, toda vez que lo que se grava en dicho precepto es la traslación inmobiliaria prevista por el artículo 115 constitucional, fracción IV. La Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora, en el capítulo segundo, título segundo, establece el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, mismo que tiene por objeto central regular el pago sobre adquisición de inmuebles que consisten en suelo, construcciones o en suelo y las construcciones adheridas a éste, ubicadas en el territorio del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos. Los preceptos impugnados contienen supuestos que implican que los sujetos que se encuentren en las condiciones apuntadas por el legislador local (es decir, quienes constituyan o disuelvan la copropiedad o la sociedad conyugal o legal, siendo inmuebles de copropietarios o cónyuges; quienes se adjudiquen bienes en materia laboral; los ascendientes o descendientes que se donen inmuebles entre sí; quienes se adjudiquen inmuebles por causa de muerte, cuando el adquirente haya sido ascendiente, descendiente o cónyuge del autor de la sucesión; quienes reciban en cesión derechos de heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles; o quienes compren algún inmueble materia de un arrendamiento financiero), pese a que en todos y cada uno de esos casos hay transmisión o traslación de propiedad, no tendrán que pagar el impuesto de traslación de dominio que los Municipios tienen derecho a percibir de conformidad con la Constitución General de la República. Implica, en pocas palabras, que quienes se sitúen en los supuestos que contemplan las disposiciones legales impugnadas gozarán de una exención tributaria prohibida por la Constitución Federal pero permitida por la ley local, por considerar esta última que un acto eminentemente traslativo de propiedad no es objeto del impuesto respectivo. En todos los supuestos impugnados en este escrito del artículo 72 de la Ley de Hacienda, como acabo de sostener, hay traslación de propiedad, es decir, todos y cada uno de esos supuestos contemplan casos en que un bien deja de formar parte del patrimonio de una persona para integrarse al de otra. En tal virtud, al haber en esos casos una evidente y clara traslación de propiedad, el Municipio que represento se encuentra constitucionalmente legitimado a cobrar el respectivo impuesto de traslación y, por su parte el Congreso del Estado, se encuentra constitucionalmente impedido a imponer restricciones al derecho apenas apuntado. Es evidente que el legislador local, al momento de expedir las normas generales que hoy impugno mediante esta acción de controversia, tuvo muy claro que los casos de excepción donde los Municipios no pueden cobrar impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se refieren precisamente a casos donde, valga la redundancia, hay adquisición. Me explico (sic). La Ley de Hacienda, en su artículo 71 establece que el objeto del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles es aquel que se derive de la adquisición de éstos. Hasta aquí no hay ningún problema. No hay ningún problema porque en efecto, este impuesto debe generarse en todos y cada uno de los casos en que exista transmisión de dominio o de propiedad sobre bienes inmuebles y porque, de acuerdo a la Constitución, el derecho de los Municipios a cobrarlo no puede ni debe ser restringido en modo alguno por las leyes estatales. El problema de constitucionalidad nace y se configura cuando el legislador local: (1) indica e impone excepciones al concepto de adquisición para efectos del impuesto sobre traslación de dominio, en los incisos A), B), C) y D) de la fracción I del artículo 72 de la Ley de Hacienda. Es evidente y comprensible que el legislador acepta tácitamente que en esos casos hay traslación de dominio, pues en caso contrario, ni siquiera se hubiera molestado en señalar como excepciones al cobro de este impuesto unos casos donde no se transmite el dominio de un inmueble (por ejemplo, hubiera sido absurdo que el legislador sostuviera que para efectos del impuesto de traslación, no se entiende por adquisición aquella que se derive de un contrato de comodato porque, naturalmente, ahí no hay transmisión de dominio). (2) Indica e impone una excepción al cobro de traslación de dominio en la fracción IX del artículo 72 de la Ley de Hacienda, cuando un heredero ceda sus derechos a favor de otro heredero. (3) Indica e impone una excepción al cobro de traslación de dominio en la fracción XII del artículo 72 de la Ley de Hacienda, cuando sostiene que el derecho de compra que el arrendatario hace efectivo al término del arrendamiento financiero. Lo cierto es que resulta clarísimo que en este supuesto también hay traslación de dominio y de propiedad. Sin perjuicio que, como ya dije, los supuestos combatidos del artículo 72 de la Ley de Hacienda constituyen inconstitucionales excepciones, todos ellos, al pago de traslación de dominio de bienes inmuebles, por ocuparse de hipótesis normativas donde es de explorado derecho que hay traslación de propiedad, me permito de manera breve sostener esta afirmación. En otras palabras, expongo algunas de las razones por las cuales es jurídicamente imposible sostener que las normas combatidas no se ocupan de supuestos donde hay traslación de propiedad. En relación con el inciso A) de la fracción I del artículo 72 de la Ley de Hacienda, consideramos que efectivamente existe adquisición, actualizándose el impuesto traslativo de dominio, toda vez que con la constitución o disolución de la copropiedad y de la sociedad legal o conyugal se crea un nuevo patrimonio o, en su caso, se acrecentan los particulares de cada uno de los copropietarios y de los cónyuges. Este inciso, pues, tiene tres supuestos, a saber: (1) constitución o disolución de la copropiedad, cuando sean inmuebles de los copropietarios, (2) constitución o disolución de la sociedad conyugal, cuando sean inmuebles de los cónyuges, y (3) constitución o disolución de la sociedad legal, cuando sean inmuebles de los cónyuges. Al respecto, señala el artículo 1108 del Código Civil para el Estado de Sonora (en adelante CC): ‘1108. Hay copropiedad cuando una cosa, un derecho o una universalidad de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero, pertenecen pro indiviso a dos o más personas. ...’. Así pues, por lo que toca al primer supuesto, referido a la copropiedad, es indiscutible que estamos frente a un cambio de propietario al constituirse o disolverse una copropiedad. Cuando una copropiedad se constituye por más que uno de los nuevos copropietarios haya sido el dueño anterior del inmueble objeto de la copropiedad, queda fuera de toda duda que por lo que toca a los nuevos copropietarios, su patrimonio se ve acrecentado debido a la adquisición de la propiedad de la parte alícuota del bien de que se trate, y viceversa, cuando se disuelve una copropiedad, el patrimonio de los copropietarios se ve disminuido al salir de su esfera de propiedad o de dominio el bien objeto de la disolución en referencia, acrecentándose, como consecuencia natural, el patrimonio del nuevo adquirente. En el caso de las sociedades conyugal y legales ocurre, mutatis mutandis, algo similar. La diferencia de este supuesto frente al de la copropiedad es que la copropiedad no supone un nuevo patrimonio formado con el concurso de los copropietarios (sino una suma de derechos reales de quienes forman la copropiedad), mientras que la sociedad conyugal y la legal constituyen un nuevo patrimonio social, distinto al personal de cada uno de los cónyuges. Señala el CC: ‘276. Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida.’. ‘309. El régimen de la sociedad legal consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes, sin que el dominio de cada cónyuge sobre bienes o partes determinadas o alícuotas se precise sino al liquidarse la sociedad por las causas que la ley establece. ...’. Como se advierte, cuando un bien inmueble se lleva o se retira de cada una de estas sociedades, opera en cada caso una traslación de propiedad que va, según sea el caso, del patrimonio personal del cónyuge respectivo al patrimonio de la sociedad, o bien, del patrimonio de la sociedad al patrimonio del cónyuge. En relación con el inciso B) de la fracción I del artículo 72 de la Ley de Hacienda Municipal, consideramos que la adjudicación laboral también constituye una adquisición e implica al igual que en el anterior supuesto, una traslación de propiedad. Señala el CC: ‘1022. Enunciativamente se reconocen en este código como medios de adquirir la propiedad, los siguientes: ... IV. La adjudicación. ...’. En la donación de ascendientes o descendientes prevista en el inciso C) de la fracción I del artículo 72 de la precitada Ley de Hacienda, consideramos que efectivamente se actualiza una adquisición y existe una transmisión efectiva de propiedad. Sostiene el CC: ‘1022. Enunciativamente se reconocen en este código como medios de adquirir la propiedad los siguientes: ... VI. El contrato. ...’. ‘2589. Donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este último caso los necesarios para subsistir.’. Coincidentes con los textos legales apenas transcritos, debemos concluir que la donación, como contrato, es una de las formas reconocidas de adquirir la propiedad, esto sin importar entre quiénes se realice o perfeccione. Luego entonces, queda fuera de toda duda que el inciso C) de la fracción I del artículo 72 de la Ley de Hacienda resulta inconstitucional, pues impone una indebida restricción tributaria a los Municipios al impedirles cobrar el impuesto de traslación de dominio a quienes reciban la propiedad de inmuebles en donación. En el inciso D) de la fracción I del artículo 72 de la ley en cita, se actualiza también la adquisición, pues existe una traslación de patrimonio, luego entonces, se actualiza el concepto de la traslación, así es que se debe gravarse (sic) con el impuesto traslativo de dominio. Establece el CC: ‘1022. Enunciativamente se reconocen en este código como medios de adquirir la propiedad, los siguientes: ... IV. La adjudicación. V. La herencia. ...’. Luego entonces, también resulta claro que quien se adjudique por medio de herencia algún bien inmueble, es y debe ser sujeto al pago de traslación de dominio, puesto que dicho acto implica necesariamente una traslación de propiedad. En la fracción IX del artículo 72 de la Ley de Hacienda Municipal, relativa a la cesión de derechos de herederos, legatarios o copropietarios, el legislador no considera que existe adquisición tratándose de cesión de derechos de herederos, se realice a favor de otro heredero, al efecto, consideramos que existe adquisición y la traslación de la totalidad o parte del patrimonio para acrecentar uno diverso, luego entonces, debe actualizarse el impuesto traslativo de dominio. Como ya dije en los párrafos anteriores, tanto el contrato como la herencia son parte de los medios enunciativamente reconocidos para adquirir la propiedad. El supuesto que inconstitucionalmente establece la fracción IX del artículo 72 de la Ley de Hacienda, se refiere a un acto traslativo de propiedad por virtud de un contrato, en este caso, el de cesión, ya sea onerosa o gratuita. Al efecto, señala el último párrafo del artículo 2206 del CC: ‘2206. ... Exceptuando los derechos reales de uso y habitación, los demás pueden cederse a título oneroso o gratuito ...’. En la fracción XII del artículo 72 de la ley en cita, en materia de enajenación a través de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos, el legislador consideró que para efectos del pago del impuesto traslativo de dominio no hay transmisión de propiedad cuando se hace efectivo el derecho de compra al término del mismo. El derecho de compra ejercido sobre un inmueble, por increíble que parezca, no es considerado traslativo de dominio por el legislador local. Lo cierto es que al celebrar una compraventa con otra persona, quien compra está gozando de un incremento en su patrimonio inmobiliario, con el correspondiente detrimento del relativo del vendedor. Entendida la compraventa como un contrato y entendidos los contratos como un medio de adquirir la propiedad, queda claro que la fracción XII del artículo 72 de la Ley de Hacienda es atentatorio de la disposición constitucional cuya violación se invoca en esta demanda. El artículo 2483 del CC dice: ‘2483. La compraventa es un contrato por virtud del cual una de las partes transfiere a la otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última al pago de un precio cierto y en dinero.’. Si entendemos que la exención es la exclusión de una obligación tributaria, en el caso específico que me ocupa se actualiza tal figura (es decir, se configura una exención tributaria), toda vez que el propio legislador local, careciendo de facultades, de manera expresa impuso algunas de ellas en la ley que ahora se impugna, específicamente en el artículo 72 del ordenamiento legal invocado, en la parte citada previamente. De tal forma que la exención tributaria no sólo se presume, sino que en forma expresa y obligatoria se contiene en una ley de índole fiscal, como es la Ley de Hacienda Municipal. Así pues, el impuesto de traslación de dominio a cuya recaudación tiene derecho el Municipio, es aquel que surge de todo acto por el cual se transmite la propiedad de un bien inmueble, siendo sujeto pasivo el adquirente del mismo, causándose a partir de la fecha de la firma de la escritura o el documento respectivo y se paga a la Tesorería Municipal del lugar de ubicación de los bienes en un plazo determinado (lo anterior se deriva de lo dispuesto por los artículos 5o., 6o., 71 y 78 de la Ley de Hacienda Municipal). Sin embargo, en el caso que me ocupa, y que se genera a partir de las normas contenidas en el artículo 72, fracción I, incisos A), B), C) y D), fracción IX, última parte y fracción XII, primer párrafo, última parte, de la Ley de Hacienda Municipal, encontramos que dichas disposiciones constituyen excepciones (o exenciones) expresas consideradas por el legislador local al pago del impuesto sobre traslación de dominio, lo que atenta al libre manejo de la hacienda municipal, impuesto por el artículo 115 constitucional en su fracción IV, donde además se contempla la integración de la misma, fortaleciendo el Constituyente la autonomía y autosuficiencia económica del Municipio, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, en términos de las leyes, para el cumplimiento de sus fines públicos. Las leyes locales tienen una prohibición expresa impuesta por el Constituyente, consistente en abstenerse de establecer exenciones a la conformación de la hacienda municipal, conferida en el propio artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, señalando el propio precepto las exenciones concedidas a los bienes del dominio público de la Federación, los Estados o los Municipios. En la exposición de motivos que sirvió de base para la reforma del artículo 115 constitucional (hoy transgredido por el legislador local) hecha en 1983, el Constituyente Federal estableció que el fin de dicha reforma era fortalecer económica y políticamente al Municipio Libre, tal como a continuación transcribo: ‘... El Municipio es la comunidad social que posee territorio y capacidad político-jurídica y administrativa para cumplir esta gran tarea nacional: nadie más que la comunidad organizada y activamente participativa puede asumir la conducción de un cambio cualitativo en el desarrollo económico, político y social, capaz de permitir un desarrollo integral. La centralización ha arrebatado al Municipio capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos su ámbito territorial y poblacional ... Por todo ello, el fortalecimiento municipal no sólo es de considerarse como camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios poco desarrollados sino también para resolver simultáneamente los cada vez más graves problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales. El fortalecimiento municipal no es una cuestión meramente municipal sino nacional, en toda la extensión del vocablo. A este respecto, ha sido una verdad reiteradamente sustentada en todos los rincones de nuestro territorio, que el Municipio, aun cuando teóricamente constituye una fórmula de descentralización, en nuestra realidad lo es más en el sentido administrativo que en el político, por lo que como meta inmediata de la vigorización de nuestro federalismo, nos planteamos la revisión de las estructuras diseñadas al amparo de la Constitución vigente, a fin de instrumentar un proceso de cambio que haga efectiva en el federalismo la célula municipal tanto en autonomía económica como política. ... Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes en Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17673-411279b2/municipios-las-exenciones-o-cualquiera-otra-forma-liberatoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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