CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de agosto de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, Luis Inés Cázares Villa, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, promovió controversia constitucional contra los actos y autoridades que a continuación se precisan:
"II. Autoridades demandadas: a) Poder Legislativo del Estado de Sonora, con domicilio en Tehuantepec y Pedro Moreno, Hermosillo, Sonora, por ser el órgano que emitió las normas generales que se impugnan.-b) Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, con domicilio en Dr. Paliza y Comonfort, Hermosillo, Sonora, por ser el órgano que promulgó dichas normas.-c) Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, con domicilio en Michel 62 entre Londres y Campodónico, Hermosillo, Sonora, por ser el órgano que emitió el acto impugnado.-IV. Se demanda la invalidez de: a) Normas generales: Fracción VII del artículo 3o. así como del artículo 85, ambos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios (del Estado de Sonora) publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.-b) Acto: Resolución del juicio administrativo 162/98/III del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora de fecha 30 de abril de 1999."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"VII. Antecedentes del acto impugnado.-1. Con fundamento en los artículos 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la Contraloría Municipal de Hermosillo, el 22 de septiembre de 1998 dictó resolución definitiva en el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades número 12/98 en el cual determinó responsabilidad administrativa y por lo tanto se sancionó a Gastón González Guerra, Feliciano Rafael Valenzuela Maldonado, Humberto Limón Gutiérrez, Miguel Ángel Carsolio Quintana, Andrés Germán Lohr Granich, Francisco Lohr Borgo, Martín Salazar Oviedo, Rodolfo Salazar Platt y Alejandro Lizárraga Barrios, por incumplir las obligaciones que en su carácter de servidores públicos municipales les imponía el artículo 63 de la ley citada (anexo 3).-2. En ejercicio del derecho que les otorga el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Estado de Sonora, dichas personas interpusieron ante la propia Contraloría Municipal de Hermosillo recurso de revocación contra dicha resolución.-3. El 9 de diciembre de 1998, la Contraloría Municipal de Hermosillo resolvió tal recurso considerándolo infundado y por lo tanto, confirmando la sentencia definitiva de 22 de septiembre de 1998 (anexo 4).-4. Con ‘fundamento’ en el artículo 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios (una de las normas impugnadas) los sancionados impugnaron la resolución citada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora.-5. Mediante resolución de 30 de abril de 1999 -que fue notificada a la Contraloría Municipal el 3 de mayo del presente año-, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de las dos resoluciones emitidas por la Contraloría Municipal especificadas anteriormente; dicha resolución constituye el acto impugnado en la presente demanda (anexo 5)."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora.
"VIII. Primer concepto de invalidez (con relación a la invalidez de las normas generales impugnadas).-Los artículos 3o., fracción VII y 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios al otorgar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora competencia para resolver (confirmando o anulando) sobre responsabilidades que determine la Contraloría Municipal en contra de servidores públicos municipales, transgrede el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal.-Las normas impugnadas establecen lo siguiente: ‘Artículo 3o. Son autoridades competentes para aplicar la presente ley: I. El Congreso del Estado. II. El gobernador del Estado. III. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. IV. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. V. La Contraloría General del Estado. VI. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores del servicio civil, en los términos de la legislación respectiva. VII. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo. VIII. Los Juzgados de primera instancia; y, IX. Las demás autoridades que señala esta ley.’.-‘Artículo 85. La resolución que se dicte conforme al artículo 83 de esta ley, podrá ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta impugnación tendrá por objeto que dicho tribunal confirme o anule la resolución impugnada, y se sustanciará únicamente con el escrito de expresión de agravios y el informe que, junto con el expediente de origen, le remita la autoridad instructora.-El servidor público podrá interponer su impugnación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada; la autoridad instructora deberá rendir su informe en igual término, haciéndolo por escrito y anexando el expediente de origen, una vez que el tribunal le notifique la interposición de la impugnación. Concluidos los términos mencionados en este párrafo, el tribunal dictará resolución, confirmando o anulando la resolución impugnada.’.-Por su parte, el precepto de la Constitución Federal transgredido establece: ‘Artículo 116. El Poder Público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.-Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: I. ... II. ... III. ... IV. ... V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.-VI. ... VII. ...’.-La fracción V del artículo 116 constitucional faculta a los Estados para que establezcan Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los Estados no están obligados a ello, pero si deciden hacerlo, deben acatar lo dispuesto por el propio ordenamiento que consiste en lo siguiente: a) Dichos tribunales deben gozar de plena autonomía para dictar sus fallos.-b) Su competencia será dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares.-c) La Constitución o ley respectiva, debe establecer las normas para la organización y funcionamiento de dicho tribunal.-d) Deben establecerse normas procesales que rijan los juicios de su competencia.-e) Deben haber recursos para impugnar las resoluciones de dicho tribunal.-El Constituyente Permanente consideró conveniente establecer y precisar al nivel constitucional la competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo estatales y la competencia que les asignó se limita a ‘dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares’ cualquier norma que otorgue competencia sobre otro tipo de conflictos o materias es abiertamente inconstitucional por contrariar el mandato referido.-Los artículos 3o., fracción VII y 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, transgreden el artículo 116, fracción V, en virtud de que otorgan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo competencia para resolver litigios en que las partes no son, por una parte, la administración pública estatal ni por otra parte, particulares.-Lo anterior, en virtud de lo siguiente: a) El artículo 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con los artículos 78 y 83 de la misma ley, otorga competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver impugnaciones presentadas por servidores públicos municipales, sancionados por resoluciones administrativas de las Contralorías Municipales, dependencias que forman parte de la administración pública municipal, no de la estatal.-b) Los artículos 3o., fracción VII, y 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, otorgan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado competencia para resolver sobre la aplicación de sanciones por violaciones a la Ley de Responsabilidad (sic) de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esto es, conductas en las cuales el sujeto activo del ilícito es un servidor público y que precisamente la conducta por la que se le sancione la haya realizado con tal carácter, lo cual transgrede el artículo 116, fracción V, constitucional, puesto que tal precepto no otorga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo competencia para resolver sobre ningún tipo de responsabilidad de servidores públicos sean éstos estatales o municipales.-En síntesis, las normas generales impugnadas contrarían el artículo 116, fracción V porque otorgan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo competencia para resolver revocando o confirmando las resoluciones dictadas por las Contralorías Municipales en las cuales tal dependencia sancione administrativamente conductas realizadas por servidores públicos municipales.-Segundo concepto de invalidez (con relación a las normas generales impugnadas).-Los artículos 3o., fracción VII y 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios transgreden el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal.-Lo anterior, en razón de lo siguiente: Como ya se mencionó, dichos preceptos de la ley de responsabilidades dan competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora para ‘confirmar o anular’ las resoluciones sobre responsabilidad administrativa de servidores públicos municipales que en ejercicio de su competencia, emitan las Contralorías Municipales, lo cual convierte a dicho tribunal en una autoridad intermedia que vulnera la autonomía municipal, puesto que puede anular las determinaciones municipales en materia de responsabilidad de servidores públicos municipales.-Tercer concepto de invalidez (con relación al acto impugnado).-Como se mencionó anteriormente, el acto impugnado consiste en la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sonora de 30 de abril de 1999, por medio de la cual declara la nulidad de las resoluciones de 22 de septiembre de 1998 y de 9 de diciembre del mismo año, emitidas por la Contraloría Municipal de Hermosillo, en las cuales se determinaron sanciones administrativas a varios servidores públicos municipales.-De tal acto también se debe declarar su invalidez, por las siguientes razones: a) Como consecuencia de la declaración de invalidez de las normas generales impugnadas, las cuales pretendían ser su fundamento de validez.-b) Transgrede el artículo 116, fracción V, puesto que como ya se mencionó, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conforme a tal precepto carece de competencia para resolver controversias sobre responsabilidades administrativas que se susciten entre los Municipios o sus contralorías y sus servidores públicos.-c) Transgrede también el artículo 115, fracción I, constitucional, puesto que convierte al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en una autoridad intermedia.-Cuarto concepto de invalidez (en relación al acto impugnado).-Adicionalmente a las razones expuestas en el anterior concepto de invalidez, se debe declarar la invalidez de la resolución mencionada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, porque transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales, por no apegarse a las leyes que la regulan así como por carecer de fundamentación y motivación, transgrediendo el principio de legalidad.-Las violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal son las siguientes: (A) Violaciones cometidas en el considerando IV de la resolución.-A.1. Violación de los artículos 143 y 144 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1o., 2o. y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y 87, fracción IX de la Ley Orgánica de Administración Municipal.-En el anverso de la hoja 38 de la resolución, el tribunal sostiene que los hechos denunciados por Enrique Zavala Urquídez en el numeral 1 del capítulo I de la denuncia que dio inicio al procedimiento administrativo seguido ante la Contraloría Municipal de Hermosillo (en adelante referida dicha denuncia en esta demanda como la ‘Denuncia de Promotora’), no son atribuibles a los sancionados ‘en lo individual’, sino ‘... al propio consejo de administración ...’ de Promotora ‘... como órgano colegiado que constituye la autoridad suprema de la paramunicipal, en términos del artículo 9o. del acuerdo que la creó ...’. Agrega dicho tribunal que es evidente que los sancionados ‘no fueron llamados por la Contraloría Municipal para responder de actos propios, sino de actos emanados del organismo colegiado del que formaron parte ...’.-Tales apreciaciones del tribunal resultan contrarias a los preceptos señalados como violados en el encabezado del presente apartado, por las siguientes razones: Aunque ciertamente los actos del consejo de administración de Promotora son, desde el punto de vista de la teoría del acto jurídico, actos provenientes de un órgano colegiado que como tal externa su voluntad, ello no significa que por esa razón la actuación de las personas que lo integran no esté sujeta al régimen constitucional y legal que en el Estado de Sonora tiene por objeto regular y en su caso sancionar la actuación de los servidores públicos.-Al respecto, el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora (en adelante referida en este escrito como la ‘Constitución Local’) dispone: ‘Artículo 143. Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial ...’.-Todo servidor público, cuando actúa como tal, no actúa ‘en lo individual’ (en las palabras de la responsable); es decir, no realiza ‘actos propios’ (en las palabras de la responsable), sino que actúa necesariamente en desempeño de ‘un empleo, cargo o comisión’ (en las palabras del artículo 143 antes transcrito).-Así las cosas, de ser correcta la apreciación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el título sexto de la Constitución Local, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios (en adelante en este escrito referida como la ‘LRSP’), serían absolutamente ociosos, pues en ningún caso sería posible, de acuerdo a tan desafortunada apreciación, atribuir y fincar responsabilidades a los servidores públicos.-No sería posible, por ejemplo, atribuir responsabilidad alguna, nunca, a quien funge o fungió como presidente municipal, debido a que sus actos como tal no son ‘actos propios’ sino actos realizados por, e imputables a, la figura abstracta e impersonal del presidente municipal.-Tampoco sería pensable el atribuir responsabilidad alguna a las personas que fungen o fungieron como integrantes de un Ayuntamiento, por actos u omisiones realizados con ese carácter, debido a que dichos actos no son actos realizados ‘en lo individual’, o, como indistintamente lo maneja la responsable, no son ‘actos propios’ de tales personas, sino actos realizados por, e imputables a, la entidad abstracta e impersonal conocida como Ayuntamiento.-Y no importaría cuán graves pudieran ser las conductas respectivas de tales servidores públicos. No sería relevante que fueran constitutivas, incluso, de delitos y sancionables penalmente en los términos del artículo 144, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Ello no importaría porque, de acuerdo al criterio de tal autoridad, tales conductas serían siempre atribuibles exclusivamente a los respectivos órganos abstractos de gobierno, y no a las personas que desempeñasen los respectivos empleos, cargos o comisiones.-En suma, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora violó sin lugar a dudas los artículos 143 y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, que tienen por objeto regular y sancionar a personas y no a órganos de administración pública estatal y municipal.-Lo anterior queda aún más claramente de manifiesto, en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, que establece: ‘Artículo 144. ... III. Responsabilidad administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en sanciones económicas ...’.-La ‘legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia’ son atributos exigibles a las personas que desempeñan el servicio público, de la misma manera en que la ‘suspensión, destitución e inhabilitación’ son sanciones que se imponen a dichas personas, y nunca a los órganos o entes abstractos de administración pública.-Es decir, para los efectos del referido régimen de responsabilidades establecido en los artículos 143 y 144 antes transcritos, se atiende necesariamente a la actuación de las personas que fungen como servidores públicos, con total independencia de si el servicio público lo prestan en un órgano unitario o colegiado.-Por lo expuesto hasta aquí, resulta evidente que la apreciación del tribunal es violatoria de los artículos 143 y 144 antes transcritos y comentados y, por ende, de los artículos 1o., 2o. y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y 87, fracción IX de la Ley Orgánica de Administración Municipal (en adelante referida dicha ley en este escrito como ‘LOAM’), que emanen o se derivan de aquéllos (es decir, de los preceptos constitucionales antes dichos), pues el proceder de la Contraloría Municipal de Hermosillo (en adelante referida en este escrito como ‘Contraloría Municipal’), al evaluar y sancionar la actuación de las personas que fungieron como miembros del consejo de administración de Promotora, resultó absolutamente apegada a tales disposiciones constitucionales y legales.-A.2. Violación de los artículos 143 de la Constitución Local; 1o., 2o. y 63, fracción XXV de la LRSP; y 54, 65 y 66, fracción I de la LOAM.-En el anverso de la propia página 38 de la resolución, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo agrega lo siguiente: ‘... por lo que tienen razón (los sancionados) cuando afirman que como instructora del procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas, la Contraloría Municipal no estuvo legitimada para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de esos acuerdos, pues la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo es un organismo público descentralizado de la administración municipal que no es sujeto pasivo de aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.’.-Si lo que quiso decir la responsable en tan deficiente pasaje de la resolución, es que Promotora no es sancionable en los términos de la LRSP, coincido con tal aseveración. Sin embargo, dicha aseveración salía -y sale sobrando- en el asunto que nos ocupa, pues no era Promotora quien estaba sujeta al procedimiento seguido ante Contraloría Municipal, sino personas por actos realizados como servidores públicos.-Ahora bien, si lo que quiso decir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue que la LRSP no se aplica a las conductas de los servidores públicos que desempeñan empleos, cargos o comisiones en organismos paramunicipales como Promotora, reclamo tal consideración de la responsable por violatoria de los preceptos constitucionales y legales mencionados como violados en el encabezado del presente apartado, por las siguientes razones: Como hemos visto, el artículo 143 de la Constitución Local dispone que son sujetos de responsabilidades las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones, de cualquier naturaleza ‘en la administración pública estatal o municipal’.-Por su parte, el artículo 54 de la LOAM dispone: ‘El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la administración pública municipal directa y paramunicipal.’.-Es decir, según dicho artículo, la administración pública municipal es de dos tipos, a saber, directa y ‘paramunicipal.’.-De lo que se sigue, en consecuencia, que la administración pública paramunicipal forma parte de la ‘administración pública municipal.’.-El artículo 65 de la propia LOAM, en relación con lo antes dicho, señala que ‘integran la administración pública paramunicipal los organismos descentralizados ...’.-El artículo 66 de la misma LOAM, por su parte, agrega: ‘Para los efectos de esta ley se entiende por: I. Organismos descentralizados, aquellas personas morales investidas de personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la forma o estructura que adopten, siempre que reúnan los siguientes requisitos: ...’.-Promotora, como lo reconoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el pasaje de la resolución que ahora impugno, es un ‘organismo público descentralizado de la administración municipal’.-De lo expuesto resulta, sin mayores esfuerzos de análisis, que Promotora, por ser un organismo descentralizado de la administración paramunicipal, forma parte de la ‘administración pública municipal’ de Hermosillo, y que, por ende, los servidores públicos que en Promotora desempeñan cargos, puestos o comisiones, son sin lugar a dudas sujetos de responsabilidad en los términos del artículo 143 de la Constitución Local y de los artículos 1o. y 2o. de la LRSP.-Resulta, en consecuencia, que la aseveración de la responsable que ahora reclamo, es estruendosamente violatoria de tales artículos.-Lo desafortunado y ligero de la aseveración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo queda aún más de manifiesto cuando afirma que Promotora ‘es un organismo público descentralizado de la administración municipal’, pues al decirlo debió advertir la actualización del supuesto normativo contenido en el artículo 143 de la Constitución Local.-Una evidencia legal adicional de que a quienes desempeñan puestos, cargos y comisiones en Promotora, como organismo público descentralizado, sí les es aplicable la LRSP, lo constituye el artículo de la propia LRSP que dispone: ‘Son sujetos de juicio político: ... los directores generales y sus equivalentes de ... los organismos descentralizados del Estado y de los Municipios.’.-Por arribar a la incorrecta conclusión a la que arribó según lo antes expuesto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo violó de paso el artículo 63, fracción XXV de la LRSP, al decir que ‘la Contraloría Municipal no estuvo legitimada para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de esos acuerdos’. Lo violó, ya que, resultando incuestionable la aplicación de las normas de la LRSP al caso concreto, a Contraloría Municipal sí le resultaba competencia (y no legitimación, como lo dijo la responsable) para conocer de la denuncia presentada por Zavala, en los términos del referido artículo 63, fracción XXV de la LRSP, que obligaba a Zavala a presentar dicha denuncia, y daba competencia y obligación a Contraloría Municipal para recibirla y sustanciarla.-A.3. Violación de los artículos 2o. y 148 de la Constitución Local; 5o. y 63, fracción XXV de la LRSP; y 19, 54, 66, fracción I, 70 y 87, fracción IX de la LOAM.-En el anverso de la hoja 38 de la resolución, agrega la responsable: ‘En este orden de ideas, también les asiste la razón cuando argumentan que debió estarse a lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Administración Municipal, que se invoca como violado por falta de aplicación, que dispone: ... (se cita el artículo 70 de la LOAM) ... . Este tribunal, acatando lo establecido en el precepto, estima que legalmente le competía al Ayuntamiento de Hermosillo, por conducto del presidente municipal, evaluar tanto los cuestionados acuerdos del consejo de administración de la Promotora inmobiliaria, como las operaciones realizadas con motivo de la celebración de los dos seminarios y, partiendo del resultado de esta evaluación, considerar la procedencia de dar vista a la Contraloría Municipal para que actuara de acuerdo a sus atribuciones.’.-Continúa el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el reverso de la hoja 38, diciendo que la denuncia de Promotora debió en todo caso presentarse ante ‘órgano idóneo para su evaluación previa, como lo es el Ayuntamiento de Hermosillo’ y que, por no haberse presentado ante el Ayuntamiento, se violentó el artículo 70 de la LOAM, lo que provocó -según el tribunal- que la actuación de la Contraloría Municipal al instaurar el procedimiento con base en la denuncia de Promotora fuera igualmente violatoria de dicho artículo 70.-Es decir, según la apreciación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las denuncias de hechos posiblemente constitutivos de violaciones a la LRSP y generadores de responsabilidades por tales violaciones, cometidos por servidores públicos que desempeñen puestos, cargos o comisiones en Promotora, no pueden jurídicamente formularse directamente ante la Contraloría Municipal, sino que, como un verdadero requisito de procedibilidad, deben presentarse ante el Ayuntamiento por conducto del presidente municipal para que sea éste quien, de acuerdo con el artículo 70 de la LOAM, considere ‘la procedencia de dar vista a la Contraloría Municipal’.-El artículo 70 de la LOAM, contrariamente a lo pretendido por la responsable, no establece tal requisito de procedibilidad. Más aún, dicho artículo no regula las cuestiones de responsabilidad de los servidores públicos de los organismos paramunicipales. Mucho menos faculta al presidente municipal a considerar, como lo señaló la responsable ‘la procedencia de dar vista a la Contraloría Municipal’.-De acuerdo con el artículo 2o. de la Constitución Local, las autoridades ‘... sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la ley ...’, de tal suerte que es contraria a dicha norma constitucional sonorense la afirmación de la responsable de que el artículo 70 de la LOAM faculta o da competencia al Ayuntamiento de Hermosillo, por conducto de su presidente municipal, para recibir denuncias de violaciones a la LRSP cometidas por servidores públicos que se desempeñen como tales en Promotora, y para considerar ‘la procedencia de dar vista a la Contraloría Municipal’.-La aseveración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, además de pretender reconocerle al Ayuntamiento de Hermosillo por medio de su presidente municipal una competencia que legalmente no tiene para conocer de denuncias por violaciones a la LRSP cometidas en Promotora, indebidamente pretende también reconocerle a dicho Ayuntamiento y presidente municipal un monopolio para la formulación de denuncias ante la Contraloría Municipal por tales violaciones.-Lo cierto es que quien sí cuenta con facultad expresa para recibir dichas denuncias es la Contraloría Municipal, y que no sólo el presidente municipal puede formularlas, tal y como se desprende de las siguientes disposiciones constitucionales y legales: ‘Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, y con apoyo en pruebas suficientes, podrá formular denuncias ante ... las autoridades competentes, por cualquiera de las conductas y contra los servidores públicos a que se refiere este título.’ (Artículo 148 de la Constitución Local.).-‘Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, y con apoyo en pruebas suficientes, podrá formular denuncia ante ... las autoridades que señala esta ley, por cualquiera de las conductas y contra los servidores públicos mencionados en el título sexto de la Constitución Política del Estado de Sonora.’ (Artículo 5o. de la LRSP.).-‘Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones ... XXV. ... denunciar por escrito a la contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley, y de las normas que al efecto se expidan.’. (Artículo 63, fracción XXV de la LRSP.).-‘La Contraloría Municipal, ejercerá las siguientes funciones: ... IX. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes ...’ (Artículo 87 de la LOAM.).-Que es la Contraloría Municipal la que cuenta con competencia expresa para conocer de denuncias por hechos constitutivos de resp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6646-a4d2530d/controversias-constitucionales-no-son-la-via-idonea-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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