CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (DELEGACIONES) EN EL DISTRITO FEDERAL, AL TENER AUTONOMÍA FUNCIONAL EN ACCIONES DE GOBIERNO, DEBEN CONSIDERARSE COMO ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD Y, POR ENDE, PUEDEN PROMOVER AQUELLA ACCIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2000. JEFE DELEGACIONAL DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de agosto de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arne Sydney Aus Den Ruthen Haag, quien se ostentó como jefe delegacional de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, promovió controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"II.1. Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuyo titular es la C. Lic. Rosario Robles Berlanga, con domicilio en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución y 5 de febrero s/n, Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 2. Oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, por conducto de su titular C. Ricardo Pascoe Pierce, con domicilio en Plaza de la Constitución número 1, primer piso, esquina Pino Suárez, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 3. Secretaría de Gobierno, a través de su titular el C. Lic. Leonel Godoy Rangel, con domicilio en Plaza de la Constitución y Pino Suárez, primer piso, Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 4. Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, y a su titular el C. Ing. Aarón Mastache Mondragón, con domicilio en Plaza de la Constitución y Pino Suárez, tercer piso, colonia Centro. 5. Secretaría de Finanzas, mediante su titular el C. Lic. Armando López Fernández, con domicilio en calle Doctor Lucio esquina con Doctor Lavista, primer piso, colonia Doctores, C.P. 06727. 6. Contraloría General, a través de su titular el C. Lic. León Alazraki Gaysinsky, con domicilio en Avenida Juárez, número 92, tercer piso, colonia Centro del Distrito Federal. ... IV. 1. Acto cuya invalidez se demanda: oficio OM/2376/2000, suscrito por el C. Ricardo Pascoe Pierce y dirigido al ahora actor, con fecha 20 de octubre de 2000, y mediante el cual se informa que ‘a partir de la segunda quincena del mes de octubre el Gobierno del Distrito Federal, de manera centralizada, procederá a efectuar el pago correspondiente a sueldos y demás prestaciones al personal de base, lista de raya, eventual, de confianza y honorarios adscritos al Bosque de Chapultepec. También que absorberá el pago de los servicios generales, incluido lo que se refiere al mantenimiento del citado bosque’. Asimismo, se me ordena dar cumplimiento al Acuerdo por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del D.F., publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 23 de septiembre de 1999 ‘en lo que toca a la entrega que deberá hacer esa delegación a su cargo (Miguel Hidalgo) de los recursos materiales que estén destinados a la operación del Bosque de Chapultepec, así como sus bienes inmuebles’. Agrega el citado oficio que ‘dicha entrega deberá efectuarse a la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Bosques Urbanos, a más tardar el 31 de octubre del año en curso (sic)’. 2. Acto cuya invalidez se demanda y del que deriva el acto reclamado en el punto anterior, consistente en: acuerdo, refrendo y publicación por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 23 de septiembre de 1999, cuyo primer acto de aplicación ante mi representada es de fecha 20 de octubre del año 2000."
SEGUNDO. En la demanda se señalan como antecedentes del caso los siguientes:
"VI. Hechos que constituyen antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda: 1. Con fecha 23 de septiembre de 1999, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo administrativo mediante el cual crea la Unidad de Bosques Urbanos, otorgándole competencia para administrar, mantener y conservar el denominado Bosque de Chapultepec. 2. Con fecha 1o. de octubre del año 2000, el suscrito tomó protesta al cargo de jefe delegacional de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, realizando el procedimiento de entrega-recepción en esa misma fecha, mismo procedimiento que incluyó el conocido Bosque de Chapultepec, por encontrarse dentro del territorio delegacional de Miguel Hidalgo. 3. Es el caso que con fecha 20 de octubre del año 2000, recibí el oficio OM/2376/2000, suscrito por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, el C. Ricardo Pascoe Pierce, mediante el cual hace de mi conocimiento lo siguiente: ‘que a partir de la segunda quincena del mes de octubre, el Gobierno del Distrito Federal, de manera centralizada, procederá a efectuar el pago correspondiente a sueldos y demás prestaciones al personal de base, lista de raya, eventual, de confianza y honorarios adscritos al Bosque de Chapultepec. También absorberá el pago de los servicios generales, incluido lo que se refiere al mantenimiento del citado bosque’. Asimismo, en el citado oficio se me ordena dar cumplimiento al acuerdo citado en el antecedente número uno de la presente demanda en los siguientes términos: ‘sírvase dar cumplimiento al acuerdo en cuestión en lo que toca a la entrega que deberá hacer esa delegación a su cargo (Miguel Hidalgo) de los recursos materiales que estén destinados a la operación del Bosque de Chapultepec, así como sus bienes inmuebles’. Agrega el citado oficio que ‘dicha entrega deberá efectuarse a la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Bosques Urbanos, a más tardar el 31 de octubre del año en curso (sic)’. Es decir, mediante el citado oficio se da el primer acto de aplicación del acuerdo señalado en el antecedente número 1 en dos vías, la primera, consistente en que se me hace del conocimiento que a partir de la segunda quincena del mes de octubre, el Gobierno del Distrito Federal, de manera centralizada, procederá a realizar el pago de sueldos y demás prestaciones a todo tipo de personal adscrito al Bosque de Chapultepec y que, de igual manera, absorberá el pago de servicios generales, incluido el mantenimiento del citado bosque; y la segunda, consistente en la orden al suscrito de hacer entrega de los recursos materiales destinados a la operación del Bosque de Chapultepec, así como de sus bienes inmuebles a más tardar el 31 de octubre del año en curso. 4. Es el caso que el oficio referido en los puntos 2 y 3 del presente capítulo de antecedentes y el acuerdo administrativo que le precede, son actos que violentan los artículos 39, fracciones XXVI, XXXIII y LXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el artículo 91 de la ley del medio ambiente del Distrito Federal y, en consecuencia, los artículos 16 y 122 constitucionales, como se expondrá en el capítulo relativo a los conceptos de invalidez."
TERCERO. La parte actora expone como conceptos de invalidez, los siguientes:
"Primero. El acto cuya invalidez se demanda, consistente en el oficio OM/2376/2000, viola el artículo 16 constitucional, en virtud de que no se encuentra debidamente fundado y motivado por las razones que a continuación se señalan: En efecto, el acto impugnado adolece de la más mínima fundamentación legal, en la medida de que la autoridad demandada no cita ni transcribe la disposición legal en la que funda su decisión unilateral de, por un lado, efectuar de manera centralizada el pago correspondiente a sueldos y demás prestaciones al personal de base, lista de raya, eventual, de confianza y honorarios, adscritos al Bosque de Chapultepec, al igual que el pago de servicios generales, incluido el mantenimiento del citado bosque, lo cual implica, desde luego, la afectación del presupuesto en perjuicio de mi representada. Por otro lado, el citado oficio me ordena ‘entregar los recursos materiales destinados a la operación del Bosque de Chapultepec, así como sus bienes inmuebles, a más tardar el 31 de octubre del año en curso’, (sic) sin que el oficial mayor que suscribe el multicitado documento fundamente su actuación. Es de explorado derecho que la autoridad gubernamental, sea cual fuere el poder público del que forma parte, no pueda realizar actos que generen derechos u obligaciones, órdenes de hacer o no hacer, ni mucho menos declaraciones que cambien la situación jurídica de persona de derecho privado o público, so pena de violentar el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional. Dicho de otra forma, el acto del oficial mayor que se reclama de inválido, carece de validez y es inconstitucional por no encontrarse fundado legalmente. Es pertinente señalar que la ilegalidad y consecuente inconstitucionalidad del acto cuya invalidez se reclama, no se deduce del simple hecho de que el oficio en cuestión haya sido omiso en la cita escrita del fundamento legal en el que el demandado pudiera apoyar su actuación. La ilegalidad consiste en el hecho contundente de que se violentan directamente disposiciones legales que establecen exactamente lo contrario al acto reclamado. Lo anterior resulta así, luego de revisar el artículo 39, fracciones XXVI, XXXIII y LXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, pues se constata que dichos dispositivos le otorgan competencia a mi representada en materia de administración, operación, mantenimiento y control de las áreas verdes, parques, bosques, plazas públicas y monumentos históricos, dentro de su demarcación territorial. Por su parte, los artículos 10 y 11 del citado ordenamiento, determinan los linderos de la demarcación territorial de la actora en el presente juicio constitucional, resultando que dentro de la misma se encuentra el denominado Bosque de Chapultepec, situación que además se corrobora y prueba plenamente con el mismo oficio que constituye el acto reclamado, el cual desde este momento se ofrece como prueba, independientemente de hacer relación de la misma y de otras en el momento procesal oportuno. De todo lo anterior, se colige que el acto impugnado viola directamente los dispositivos legales en cita y, por ello, no reúne los requisitos que impone el artículo 16 constitucional a toda autoridad, consistente en fundar y motivar sus actuaciones derivando consecuentemente en inconstitucional. A mayor abundamiento, la competencia legal para la administración, control, vigilancia, mantenimiento y operación del Bosque de Chapultepec, se surte del artículo 91 de la ley del medio ambiente del Distrito Federal, mismo que dispone que cuando un área verde, parque, plaza pública, monumento o bosque, se encuentre en su totalidad dentro de la circunscripción de una demarcación territorial (delegación), será competencia de ésta. Tal es el caso del Bosque de Chapultepec respecto de la demarcación de mi representada, como se prueba presuncional e instrumentalmente, sin perjuicio de la prueba pericial que se ofrezca en el momento procesal oportuno. Como se puede observar, los dos ordenamientos legales aplicables previenen una competencia a favor de la demarcación territorial que represento y no existe fundamento legal para sustentar el acto impugnado que nos ocupa, violentándose el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, debe ese Máximo Tribunal declarar la invalidez del acto reclamado, sin que sea óbice para lo anterior, la facultad reglamentaria del jefe de Gobierno del Distrito Federal para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley, mediante reglamentos, decretos y acuerdos, ya que en la exégesis de tal disposición es obvio que no se incluye la posibilidad de proveer normas contrarias a la ley. Es decir, en el caso que nos ocupa, no podrá alegar la demandada que su acto obedece a la facultad reglamentaria, puesto que ésta ha sido diseñada por el Constituyente, precisamente para deducir, en la esfera administrativa, las normas contenidas en un ordenamiento de mayor jerarquía denominado ley. De ahí que la práctica de los Poderes Ejecutivos de distorsionar hasta el punto de contrariar las disposiciones legales, se manifieste en el caso que nos ocupa, pues el acto que se reclama, lejos de proveer a la exacta observancia de la ley, va en contra de la misma. Segundo. El acto cuya invalidez se demanda y del que deriva el acto reclamado en el punto anterior, su acuerdo, refrendo y publicación por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del D.F. (sic) el 23 de septiembre de 1999, cuyo primer momento de aplicación ante mi representada es de fecha 20 de octubre del año 2000, viola el artículo 122 constitucional en su base primera, fracción V, incisos g) y j). En efecto, el artículo 122 establece el régimen especial del Distrito Federal previendo la existencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la existencia de órganos político-administrativos y la elección popular de los titulares de estos últimos. Es el caso que el acuerdo administrativo cuya invalidez se reclama, violenta el inciso g) de la fracción V de la base primera del artículo 122 constitucional, ya que tal dispositivo faculta a la Asamblea Legislativa para legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos, resultando invasivo de dicha facultad el que el jefe de Gobierno del D.F., mediante el acuerdo impugnado, contravenga las competencias que el legislador local del Distrito Federal otorgó a las demarcaciones territoriales denominadas comúnmente delegaciones. Efectivamente, como se puede apreciar, el acuerdo impugnado se motiva en la intención de centralizar en la Secretaría del Medio Ambiente el concepto de bosques urbanos y su administración a través de un órgano desconcentrado, denominado Unidad de Bosques Urbanos, incluyendo en su ámbito de competencia al Bosque de Chapultepec. Sin embargo, las autoridades demandadas no reparan en el hecho de que es la ley la que marca las pautas y bases de la organización administrativa del Distrito Federal. De esta manera, si el acuerdo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, que crea un órgano desconcentrado con facultades y atribuciones, dentro de las cuales se incluye la competencia para administrar, controlar, dar permisos, mantener y preservar el Bosque de Chapultepec, y dispone la atribución de competencias que sólo el legislador puede determinar, es evidente que el acuerdo impugnado violenta la facultad legislativa de la Asamblea del Distrito Federal, y con ello al artículo 122 de nuestra Carta Magna, pues ello le compete decidir exclusivamente al citado órgano legislativo. En igual circunstancia se encuentra el acuerdo impugnado, en relación con el inciso j) de la fracción V de la base primera del artículo 122 constitucional, pues resulta claro que la facultad para legislar en materia de protección al medio ambiente y concomitantemente la organización de la administración pública para la atención del tema ambiental, corresponde al ámbito legislativo. En relación con lo expuesto en el presente concepto de invalidez, es necesario recordar que en el concepto de invalidez marcado como primero, hemos discurrido sobre los contenidos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y la ley del medio ambiente, mismos argumentos que son aplicables totalmente al concepto de violación (sic) que nos ocupa, dando por reproducido, en obvio de repeticiones, el concepto de invalidez que precede, para todos los efectos. Sin embargo, conviene resaltar el hecho de que la normatividad sustantiva y orgánica es competencia de la Asamblea Legislativa mediante las leyes correspondientes y que, por tanto, la facultad de expedir acuerdos administrativos del jefe del Distrito Federal, se debe limitar a proveer la exacta observancia de la ley en la esfera administrativa. Por tanto, si como se observa, el acuerdo impugnado crea toda una entidad en el ámbito administrativo denominada Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, y dicho acuerdo despoja de competencias y atribuciones que, por otro lado, la ley le confiere a un órgano previsto en la Constitución y delimitado por la propia ley, como lo es la demarcación territorial de la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, resulta clara la violación del multicitado acuerdo respecto de la ley que atribuye funciones y competencias a mi representada, que son en resumen: la administración, control, conservación, mantenimiento y demás asuntos relacionados con el Bosque de Chapultepec. Por todo lo anterior, es procedente declarar la invalidez del acuerdo impugnado por violar el artículo 122 constitucional, en los términos del presente concepto de invalidez. Procedencia de la demanda: Ante el obligado estudio que sobre causales de improcedencia debe hacer ese Altísimo Tribunal, previo al estudio de fondo de la presente controversia constitucional, me permito realizar una breve reflexión sobre la legitimidad activa de mi representada en el presente juicio. En efecto, el artículo 105 constitucional dispone que pueden promover controversias constitucionales, entre otras partes: ‘Artículo 105. ... k) Dos órganos del Gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. ...’. A su vez, la base tercera, fracción II, del artículo 122 constitucional dispone la existencia de órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. El mismo dispositivo establece que los citados órganos político-administrativos, de cuya naturaleza jurídico-constitucional goza mi representada, tendrán competencias de gobierno y sus titulares deben ser electos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley. De lo anterior, se surte que no sólo, como pudiera pensarse, son los tradicionales Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que pueden ser actores o demandados en una controversia constitucional como la que nos ocupa, sino que ésta es posible entre órganos o entidades que formen parte de un mismo poder. A mayor abundamiento, el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones l y II del Artículo 105 Constitucional dispone como requisito del escrito de demanda que se señale la entidad, poder u órgano actor, lo cual ratifica nuestra tesis de que la acción que hoy se intenta no es monopolio exclusivo de los poderes tradicionalmente denominados como Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que existe, desde luego, la posibilidad de que alguno de sus órganos o entidades que tengan atributos y competencias definidas en la ley ejerciten una acción de esta naturaleza. Adicionalmente, la naturaleza del órgano que represento tiene la peculiaridad de que su titular es electo popularmente, según lo dispone el artículo 122, en su parte relativa y precitada. Ello, no es un asunto menor en el análisis de la legitimación activa de la presente controversia, pues resulta obvio que el titular de una demarcación es electo por una comunidad de ciudadanos determinada, con el objeto de que dicha persona desempeñe determinadas competencias conferidas en la ley al órgano al que es electo. De ahí que ese tribunal no sólo deba reparar en que se plantea una controversia constitucional en defensa de un órgano determinado por sí mismo, sino que ello incluye la legitimidad democrática y representativa de su titular en pro de una reivindicación del orden constitucional violentado y de las competencias gubernamentales para las que fue electo. Estimar lo contrario, sería tanto como abrir la posibilidad de que mediante un acto arbitrario, el gobierno central pudiera despojar de todas y cada una de las competencias de mi representada y que no pudiera plantearse recurso alguno, quedando en un absurdo estado de indefensión. Por todo lo expuesto, y sin que exista ninguna otra causa de improcedencia previsible, atentamente solicito a ese Máximo Tribunal admitir y, en su momento, declarar la procedencia de la vía, por estar apegada a la Constitución y su hermenéutica superior de proveer, vigilar y controlar la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos y de los órganos que los integran."
CUARTO. La parte actora estima que el acto cuya invalidez se demanda infringe lo dispuesto por los artículos 16 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional planteada, a la que le correspondió el número 37/2000, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Humberto Román Palacios.
SEXTO. Mediante acuerdo del día veintisiete del mes y año citados, el Ministro instructor desechó de plano la demanda en cuestión, por considerar que era notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 25, ambos de la ley reglamentaria de la materia.
SÉPTIMO. Por escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra de la aludida resolución de veintisiete de noviembre del mismo año, en que se desechó de plano la referida demanda de controversia constitucional, a la cual correspondió el número 4/2001-PL, y se designó por turno a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, para que una vez integrado el expediente formulara el proyecto de resolución respectivo.
Por acuerdo del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dieciséis de abril de dos mil uno, se declaró procedente y fundado el citado recurso de reclamación, por lo que se revocó el auto de veintisiete de noviembre de dos mil y se ordenó admitir a trámite la demanda, si no se advertía diversa causa de improcedencia.
OCTAVO. Por auto de veintiséis de abril de dos mil uno, y en acatamiento a lo resuelto en el mencionado recurso de reclamación, se admitió la demanda de mérito en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal y del secretario del Medio Ambiente de la entidad, se ordenó su emplazamiento para que rindieran su respectiva contestación a la demanda, así como correr traslado al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación conviniera.
NOVENO. El jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal al formular, en forma conjunta, su contestación a la demanda argumentaron, en síntesis, lo siguiente:
1. Que en el presente caso se configura la existencia de diversas causales de improcedencia de la controversia constitucional.
A) La prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el primer acto de aplicación del Acuerdo por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, fue el oficio número GDF/RRB/127/09/00, de veintidós de septiembre de dos mil, suscrito por la entonces jefa de Gobierno de esa entidad y dirigido al entonces delegado del Distrito Federal en Miguel Hidalgo, que se hizo del conocimiento de este último el mismo día, mediante el cual se le comunicó que en cumplimiento al artículo tercero transitorio del Acuerdo por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial número 120, de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, debería llevar a cabo las acciones necesarias para concluir la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de la subdelegación del Bosque de Chapultepec a la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad.
Que si el día veintidós de septiembre de dos mil, se hizo sabedor el titular de la demarcación territorial en Miguel Hidalgo de lo instruido en el mencionado oficio, conforme a la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de esa fecha tenía treinta días hábiles para promover la demanda de controversia constitucional, y al haberse presentado hasta el dieciséis de noviembre de dos mil, es evidente que transcurrió en exceso el término que prevé la ley de la materia para su promoción y, por tanto, debe sobreseerse el juicio.
Que lo anterior se corrobora del hecho de que el veintiséis de septiembre de dos mil, se llevó a cabo la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros del Bosque de Chapultepec, como consta en el acta administrativa de entrega-recepción firmada por el entonces delegado de Miguel Hidalgo, por lo que contrariamente a lo que sostiene el actor, el oficio número OM/2376/2000 de veinte de octubre de dos mil, suscrito por el oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, no fue el primer acto de aplicación del acuerdo de referencia, sino que se formuló exclusivamente en seguimiento al acuerdo combatido, así como a lo asentado en la citada acta, en la que se dispuso que: "Se precisa también que la delegación del Distrito Federal en Miguel Hidalgo, pagará hasta el treinta de septiembre las percepciones de todos los trabajadores de la subdelegación de la Coordinación del Bosque de Chapultepec.".
B) Que se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el numeral 10, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, pues el jefe delegacional de una demarcación territorial del Distrito Federal, no es o representa a una entidad, poder u órgano originario y, por tanto, no puede adquirir el carácter de parte en una controversia constitucional.
Que no todo órgano puede ser considerado como parte en un procedimiento constitucional, sino sólo aquellos que son originarios, esto es, que la propia Constitución Federal regula como tales, por lo que los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, aun cuando tengan ese calificativo, no reúnen los requisitos para ser considerados parte en una controversia constitucional, pues son órganos derivados que forman parte integrante de la administración pública con el carácter de desconcentrados.
Que la falta de legitimación activa del promovente se deriva del texto expreso del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina quiénes pueden constituirse como parte en un procedimiento de esta naturaleza, y que en el inciso k) prevé la hipótesis de que una controversia constitucional surja entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, siendo que el artículo 122 constitucional establece que son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia, en concordancia con el artículo 8o. del Estatuto de Gobierno de la entidad y, por tanto, es manifiesto que los órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, inciso k), constitucional, son exclusivamente los citados.
Que para el ejercicio de acciones relativas a una controversia constitucional, los artículos 29 y 31 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, son claros cuando establecen quiénes deben ser considerados como órganos para ese efecto, y en los cuales no reconoce la posibilidad de que los jefes delegacionales ocurran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte actora en una controversia constitucional, pues inclusive establece para los órganos correspondientes condiciones para el ejercicio de la acción y, por ende, si el Congreso de la Unión hubiese conferido a los jefes delegacionales la facultad de ocurrir como parte actora en una controversia en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, habría establecido requisitos similares o análogos en el texto del artículo 31, lo cual no sucedió.
Que de una interpretación sistemática de los preceptos del Estatuto de Gobierno, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su reglamento, referentes a los citados órganos político-administrativos, se deduce que no constituyen órganos diversos y autónomos de la administración pública local, sino integrantes de ésta, no obstante ser electos popularmente.
C) Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la controversia constitucional es improcedente cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.
Que esto es así, pues el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal determina que: "Artículo 108. ... Las controversias de carácter competencial administrativo que se presentaren entre las delegaciones y los demás órganos y dependencias de la administración pública del Distrito Federal serán resueltas por el jefe de Gobierno.".
Que si la actora sostiene que el acto reclamado consistente en el oficio número OM/2376/2000, de veinte de octubre de dos mil, violenta lo dispuesto por el artículo 39, fracciones XXVI, XXXIII y LXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que le otorgan competencia en materias de administración, operación, mantenimiento y control de las áreas verdes, parques, bosques, plazas públicas y monumentos históricos, dentro de su demarcación territorial, debió ser resuelto por el titular del Gobierno del Distrito Fe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17314-c6bb3b6f/controversia-constitucional-los-organos-politico-administrativos-de-las-demarcaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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