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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2001. · Registro digital (IUS): 17320
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, , Pág. 981.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2001. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y EVA LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de octubre de dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el treinta y uno de agosto de dos mil uno, Rumualdo López Yescas y Epifanio Bautista González, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente y síndico municipal del Ayuntamiento de San Miguel Yotao, Estado de Oaxaca, en representación de éste promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Nombre y domicilio de los demandados: Al Poder Ejecutivo del Estado mexicano, representado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A los Congresos de los Estados Libres y Soberanos de Aguascalientes, Durango, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, como integrantes del Poder Constituyente Permanente y titular de la facultad de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Senadores y de Diputados, así como su Comisión Permanente. Al primero se demanda por omisión y a los restantes por acción, en los términos que más adelante se precisan. IV. Actos reclamados: 1. A las Legislaturas Estatales de los Estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, reclamamos los actos de autoridad consistentes en los decretos emitidos, respectivamente, el 30 de mayo, 12 de junio, 6 de junio, 21 de junio, 12 de julio, 12 de julio (sic), 31 de mayo, 7 de junio, 28 de junio y 9 de junio, todos del presente año 2001, que contienen la aprobación del dictamen de reforma constitucional en materia indígena enviada por el Congreso de la Unión. Por violación a los artículos que regulan la reforma constitucional en las Constituciones Locales y, en consecuencia, por violación al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber aprobado dicho dictamen por mayoría simple y no por mayoría calificada como lo preceptúan los artículos invocados. 2. Al Congreso de la Unión reclamamos el acto de autoridad realizado a través de la Cámara de Diputados, Senadores y la Comisión Permanente, consistentes en: la aprobación del proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia indígena de 28 de abril de 2001, decreto aprobado el 18 de julio del presente año 2001, por el cual la Comisión Permanente contabilizó la votación de las Legislaturas Estatales y ordenó su publicación, así como todos los actos administrativos y legislativos posteriores que tuvieron como consecuencia reformar la Constitución al adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reformar el artículo 2o., derogar el párrafo primero del artículo 4o., adicionar un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por violar los artículos 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6o. del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 3. Al Poder Ejecutivo Federal reclamamos los actos de autoridad consistentes en la falta de cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 87 de la Constitución Federal, en el sentido de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, violando los artículos 87, 128 y 133 de la Constitución Federal, por violación a lo dispuesto por los artículos 2o. y 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; asimismo, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de agosto del presente año 2001, de las reformas constitucionales en materia indígena, con lo cual culmina el procedimiento legislativo de estas reformas. 4. A todas las autoridades señaladas como responsables reclamamos la invalidez de la reforma constitucional por la cual se adicionó un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reformó el artículo 2o., derogó el párrafo primero del artículo 4o., adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada y publicada por el Ejecutivo Federal el 14 de agosto del presente año 2001; por los vicios legales cometidos por cada uno de ellos, en la forma y medida que se detalla en el presente documento, misma que agravia directa e inmediatamente a nuestro Municipio. Manifestamos a ustedes que nos enteramos de todos los actos que en la presente reclamamos, el día de la publicación de las reformas constitucionales en el Diario Oficial de la Federación."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. El Municipio de San Miguel Yotao pertenece al Pueblo Zapoteca, ubicado en el Estado de Oaxaca. 2. Nuestro Municipio indígena zapoteca conserva la totalidad de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, heredadas de nuestros ancestros, tales como: La asamblea general de ciudadanos fundamental en el ejercicio colectivo del poder municipal; la fiesta como forma de reproducción y transmisión de la cultura y solidaridad con otros pueblos; el trabajo comunal, representado fundamentalmente con el Tequio, institución que ha posibilitado el desarrollo de nuestro Municipio con los escasos recursos obtenidos de la Federación y del Estado; así como la tierra comunal y su aprovechamiento por todo el colectivo que conforma nuestro Municipio. Todos los integrantes de nuestro Municipio, ciudadanos y autoridades tanto civiles como tradicionales, tenemos conciencia plena de nuestra pertenencia al Pueblo Zapoteca, de la afinidad cultural y del pasado común que nos hermana con las demás comunidades zapotecas. En consecuencia y para todos los efectos legales de la presente controversia constitucional, nuestro Municipio debe considerarse indígena en términos de lo dispuesto por el artículo 1o. del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 2o., 3o., fracción II, 4o. y demás relativos de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de nuestro Estado de Oaxaca. 3. Son hechos evidentes, públicos y notorios la negación sistemática que la legislación nacional ha tenido con las comunidades y pueblos indígenas; situación que se ha traducido en agresiones y violaciones a nuestras tierras, recursos naturales y territorios, derechos humanos, cultura, sistemas normativos internos, religiosidad, formas de elegir a nuestros representantes y autoridades, entre otros. Así, ante nuestro desconocimiento legal, las comunidades y pueblos indígenas hemos pervivido en resistencia; en muchas ocasiones, esta resistencia se ha tornado violenta, fundamentalmente cuando no nos han dejado otras vías para reclamar o resarcir nuestros derechos, sin duda, la más reciente y preocupante ha sido el levantamiento indígena de los hermanos zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que colocó en la agenda nacional la discusión y exigencia de reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas. 4. Como solución, en distintos momentos nuestro Municipio se ha unido a la propuesta de que los pueblos indígenas seamos incluidos en las leyes. Esta propuesta, ante la inocultable realidad diferenciada de nuestros pueblos, se han (sic) traducido en diversos instrumentos legales estatales, nacionales e internacionales que han reconocido estos derechos colectivos y nuestro ser indígena. Para el caso concreto de nuestro Municipio, podemos mencionar que nuestros derechos colectivos han sido recogidos parcialmente, entre otros, en los siguientes instrumentos legales: a) El Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por nuestro país y ratificado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 11 de junio de 1990, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del mismo año y vigente en nuestro país desde el 5 de septiembre de 1991. Este convenio por primera vez reconoce la existencia de los pueblos indígenas en países independientes, les da el carácter de sujetos de derecho, titular de derechos colectivos traducidos en el convenio como un mínimo de principios que permitiría desarrollar el ser indígena de nuestros pueblos. De capital importancia ha sido el reconocimiento en este convenio del derecho a ser ‘pueblos’ (artículo 1o.), el derecho a gozar de todos los derechos respetando nuestra identidad social y cultural, costumbres, tradiciones e instituciones, con la respectiva obligación del Estado mexicano de proteger nuestros derechos y salvaguardar nuestra integridad (artículo 2o.), a ser consultados en caso de que se prevean medidas legislativas (artículo 6o.), a conservar nuestros sistemas normativos (artículo 9o.), a nuestros territorios (artículo 13). b) En el mismo sentido, ha sido propuesto el reconocimiento de nuestros derechos indígenas en el proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. c) La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que en sus artículos 1o., 2o., 16, 19, 22, 23, 24, 25, 112, 113, 126 y 127 contienen normas que reconocen: la composición étnica pluricultural de nuestra entidad, la presencia y diversidad de los pueblos indígenas que la integramos; el derecho a la libre determinación en tanto comunidades y pueblos, a la autonomía, el reconocimiento como sujetos de derecho con personalidad jurídica de derecho público; el ejercicio colectivo de los derechos sociales; lenguas y formas culturales; los principios de protección para nuestras formas de organización social, política y de gobierno, reconocimiento y validez de nuestros sistemas normativos internos, la jurisdicción sobre territorios, el acceso colectivo a nuestros recursos naturales; la proscripción de la discriminación étnica; la sanción del etnocidio; procedimientos que aseguran el acceso a la protección jurídica de los indígenas sujetos a procesos criminales, a la conciliación en la solución de conflictos de límites ejidales, municipales, comunales; asimismo, establece las formas de homologación y convalidación de los procedimientos, juicios, decisiones y resoluciones de autoridades comunitarias. d) Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, reglamentaria del artículo 16 de la Constitución del Estado. Cuerpo normativo que precisa el reconocimiento de los pueblos indígenas que integramos nuestra entidad, otorga algunos de los derechos sustantivos que han formado parte de los reclamos de nuestros pueblos en los últimos años, tales como el derecho a la autonomía, al uso de los sistemas normativos en la solución de nuestros problemas jurídicos internos, a la diferencia cultural; asimismo, sanciona el etnocidio y establece normas para la protección de mujeres indígenas para impulsar su desarrollo y la protección de sus recursos naturales. e) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, que crea la Secretaría de Asuntos Indígenas, como el órgano estatal encargado de ejecutar materialmente el sistema normativo derivado de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado. f) Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, que reconoce los sistemas normativos internos para la elección de las autoridades municipales, calificando dichas normas y procedimientos como régimen de usos y costumbres para la renovación de nuestros órganos de gobierno, legislación que no nos obliga a tener filiación partidista. g) Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en el que se han incluido como garantías de los indígenas, individualmente considerados, el derecho a un traductor y la posibilidad de que el criterio judicial que imponga penas y medidas de seguridad y aplique la ley penal, tome en cuenta la condición especial del infractor cuando el enjuiciado pertenezca a un pueblo indígena. h) Ley del Instituto Oaxaqueño de las Culturas, que establece la posibilidad de que esta institución preserve el patrimonio cultural, las tradiciones, las artes y las costumbres de las comunidades. i) Ley que crea la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que contiene disposiciones para garantizar la difusión y preservación de la cultura de los pueblos y de los programas de las autoridades educativas en la materia. j) Ley Estatal de Educación, en la que se define a la educación como un proceso por el cual se adquiere, transmite, intercambia, crea y enriquece la cultura y el conocimiento para lograr el desarrollo integral de la persona y que además establece que es principio educativo respetar las disposiciones de la comunidad, como forma de vida y razón de ser de los pueblos indígenas; estatuye la educación bilingüe e intercultural, la preservación de las lenguas vernáculas, la protección de las formas comunitarias de la cultura, el acceso a la educación bilingüe e intercultural en todos los niveles, tipos y modalidades, la promoción de la cultura en español y lenguas indígenas; la atención a los requerimientos educativos regionales, la promoción del respeto a la lengua y cultura de los educandos, planes y programas de estudio con contenidos étnicos y regionales adecuados, en suma, las disposiciones para que a través de la actividad educativa del Estado se puedan preservar la cultura de las comunidades indígenas. k) Ley Estatal de Salud, que garantiza una atención médica a los grupos indígenas vulnerables, sobre la base de la participación de la comunidad. l) Ley para el Fomento y Desarrollo Integral de la Cafeticultura en el Estado de Oaxaca, contiene disposiciones para fomentar el desarrollo integral de esta rama agropecuaria de producción, tomando en consideración a las etnias y los grupos sociales de la entidad. m) Ley Orgánica de la Junta de Conciliación Agraria, que dispone que la solución de los conflictos agrarios es de interés público y utilidad social y tiene como función la de promover la conciliación entre ejidos, comunidades y centros de población indígena, la de realizar convenios y concertaciones a través de procedimientos conciliatorios. n) Ley Orgánica Municipal del Estado, contiene disposiciones relativas al Tequio, a la integración de las autoridades municipales conforme a las tradiciones, usos, costumbres y prácticas democráticas de las comunidades, tanto de los Ayuntamientos como de sus autoridades auxiliares. o) Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Indígena, que establece fundamentalmente el derecho a que los individuos integrantes de un pueblo indígena puedan acceder a una defensoría de oficio cuando se encuentran sujetos a procedimientos judiciales, al otorgamiento de fianzas, así como actividades de planeación comunitaria y micro planeación. p) Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, contempla disposiciones para la atención prioritaria de grupos marginados y desprotegidos en localidades empobrecidas. q) Ley que crea el Instituto Estatal de Desarrollo Municipal, contempla la creación de una institución que tiene por objeto auxiliar a las autoridades municipales del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, promoviendo su capacitación y asesoría. r) Decreto por el cual se crea la Coordinación del Migrante Oaxaqueño, el cual es un organismo de atención para los migrantes oaxaqueños, que en gran número son integrantes de los grupos étnicos del Estado. s) Decreto por el cual se crea la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, que establece una institución especial para formar docentes que atiendan a las comunidades indígenas del Estado, en sus lenguas maternas para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Estatal de Educación. 5. Este conjunto de instrumentos legales ha significado un avance legislativo importante, todos ellos han aportado al reconocimiento de nuestra existencia como pueblo indígena. En el caso concreto de nuestro Municipio, la reglamentación del sistema indígena para la elección de autoridades en el CIPPEO (Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca), ha permitido superar la simulación de actos y la obligación de pertenecer a un partido político, a la que antes se tenía que recurrir para obtener el reconocimiento de nuestras autoridades por las instituciones del Estado; la Ley Orgánica de la Junta de Conciliación Agraria ha contribuido a resolver conflictos agrarios a través de procedimientos conciliatorios. El reconocimiento de la autonomía y los sistemas normativos propios en la ley indígena, ha (sic) fortalecido el uso de nuestras costumbres en la solución de problemas internos (para no hacer de esto una práctica oculta) y de los conflictos entre la cabecera municipal y las comunidades que pertenecen a nuestro Municipio. 6. Sin embargo, este marco legal no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la autonomía en los ámbitos municipal y regional, el uso pleno de nuestras costumbres en la solución de conflictos internos, nuestra representación en las Legislaturas Locales y en los órganos de representación federal; el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, la existencia plena de nuestras comunidades, entre otros. Desde nuestra existencia como comunidad y Municipio del pueblo indígena zapoteca, hemos tenido la experiencia de ver disminuidos nuestros derechos o ver desequilibrado nuestro Municipio sin que exista una norma, autoridad y procedimiento que pueda apreciar la importancia del Tequio, la asamblea, las cooperaciones, la forma de administrar justicia, entre otros. Hoy día, no tenemos los mecanismos y los medios legales necesarios para garantizar la existencia misma de nuestro Municipio, porque no existe un marco constitucional que así lo establezca, que recoja la condición pluricultural de nuestro país. 7. Por esta razón, como Municipio indígena del Pueblo Zapoteca aportamos nuestro consentimiento con el contenido de los llamados Acuerdos de San Andrés, suscritos entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y con la propuesta de reforma constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y exigimos el reconocimiento de nuestros derechos en la Constitución Federal. Conforme a nuestro sistema jurídico y político, estamos conscientes que es la única forma de garantizar el reconocimiento pleno y el respeto a nuestros derechos colectivos, es la única forma de asegurar nuestra pervivencia. Sin embargo, al conocer el contenido de la actual reforma constitucional en materia indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del presente año 2001, conocimos que esta reforma, lejos de ampliar el marco legal ya establecido para nuestro Municipio por el cuerpo de leyes antes enumerado, su contenido significa un retroceso en relación con dicho cuerpo de leyes e incluso su implícita derogación. Lejos de elevar nuestros derechos colectivos a rango constitucional y, por tanto, a la condición jurídica de garantías constitucionales con la posibilidad de ser tutelados por el juicio de amparo y por autoridades e instituciones federales, remite el reconocimiento y reglamentación al ámbito de las entidades federativas, con ello desconoce la necesidad de traducir jurídicamente y en toda la Federación la existencia de los pueblos indígenas y relega a nuestros pueblos a una situación jurídica similar a la de una reservación, al no posibilitar que este reconocimientotrascienda aun en aquellos Estados con baja o nula presencia de los pueblos indígenas. La reforma constitucional en materia indígena, al haber disminuido los derechos ya reconocidos a nuestro Municipio en los instrumentos legales antes invocados, agravia en forma directa e inmediata a nuestro Municipio, lo que además se hace contraviniendo el procedimiento establecido por la propia Constitución para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, nos vemos obligados a ejercitar la presente controversia constitucional. Hechos. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los hechos que nos constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados cuya invalidez se reclaman, son: 1. El 5 de diciembre de 2000, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quesada, presenta ante el Senado de la República la iniciativa de reformas constitucionales elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). 2. El 28 de abril de 2001, el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto en materia indígena que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reforma el artículo 2o., deroga el párrafo primero del artículo 4o., adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del contenido de este decreto tuvimos conocimiento que el Congreso de la Unión eliminó algunos de nuestros derechos sustanciales, con los que esta autoridad agravia en forma directa e inmediata a nuestro Municipio. 3. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión remitió el proyecto de decreto citado en el punto anterior, a los Congresos Estatales de las entidades federativas para efectos del artículo 135 de la Constitución Federal. 4. Los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, el 30 de mayo, 6 de junio, 12 de julio, 31 de mayo, 7 de junio, 28 de junio, 9 de junio y 29 de junio, todos de 2001, respectivamente, aprobaron el dictamen de reforma constitucional en materia indígena, que les fue remitido por el Congreso de la Unión. Todos por mayoría simple y no por mayoría calificada como lo exige la Norma Constitucional Federal y Local aplicable. 5. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión del 18 de julio del presente año, llevó a cabo el cómputo de la votación realizada por los Congresos Legislativos de las entidades federativas, emitiendo un decreto por el cual declaró aprobada la reforma constitucional en materia indígena, solicitando al Poder Ejecutivo Federal su publicación. Resaltamos que a esta fecha, aún no se recibían los votos de todas las Legislaturas Estatales. 6. Durante todo el procedimiento legislativo que dio origen a la presente reforma constitucional, nunca se realizó consulta alguna con los pueblos indígenas, los Municipios o comunidades que los integramos. En lo particular, nuestro Municipio nunca fue consultado, por el contrario, nuestro consentimiento expreso fue para que se aprobara una reforma constitucional conforme a los contenidos de la propuesta de reforma elaborada por la Cocopa, sustancialmente modificada por el Congreso de la Unión. Dado el rango constitucional del Convenio 169 de la OIT, la consulta a los pueblos indígenas constituye la fase del proceso de reforma constitucional (por tratarse de una reforma en materia indígena). Con los hechos y antecedentes narrados, se evidencian los vicios cometidos por las autoridades señaladas como responsables durante el proceso de reforma constitucional en materia indígena, así como el agravio que esta reforma significa para nuestro Municipio, pues se traduce en una disminución al reconocimiento que de nuestros derechos hace el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el orden jurídico de nuestra entidad federativa, restringiendo nuestra participación legítima en los distintos ámbitos y niveles en que toma forma nuestra existencia como pueblos, en particular el de nuestro Municipio. Por esta razón, solicitamos se declare la invalidez del proceso legislativo que le dio origen y, como consecuencia, la invalidez de adición del segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reforma del artículo 2o., derogación del párrafo primero del artículo 4o., adición del sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. Las autoridades señaladas como responsables durante el proceso legislativo de reforma a nuestra Constitución, violaron el artículo 6o. del Convenio 169 de la OIT, en relación con los artículos 133, 14, 16 y 135 constitucionales. Los preceptos constitucionales invocados establecen, respectivamente: la garantía de audiencia, legalidad y debido proceso; el principio de supremacía de nuestra Carta Magna, y la naturaleza rígida de nuestra Constitución. Conforme al primero, toda autoridad está impedida de realizar actos arbitrarios e ilegales en detrimento de los gobernados; en atención al segundo, todas las disposiciones legales y actos de autoridad habrán de ajustarse a la Constitución para ser plenamente válidos. Con base en estos preceptos, podemos afirmar que las normas constitucionales vienen a ser la medida de todas las leyes y todos los actos de autoridad, sus disposiciones constituyen la máxima y única garantía frente a cualquier acto arbitrario de los órganos encargados del ejercicio del poder público. Siendo de tal trascendencia las normas constitucionales, la propia Constitución establece un órgano y un procedimiento especial para reformar cualquiera de sus preceptos. El marco legal que rige para cualquier reforma constitucional está determinado por los siguientes artículos: ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. De esta disposición se desprende la supremacía de nuestra Carta Magna. El procedimiento especial para reformar la Constitución se encuentra establecido por el artículo 135 constitucional: ‘Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.’. Por el contenido del artículo 135 constitucional, se ha calificado a nuestra Constitución como de naturaleza rígida. Su obligatoriedad para reformar la Constitución se ve robustecida por lo que disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución: ‘Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...’ y ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Del marco legal transcrito se desprende que el procedimiento para reformar la Constitución Federal es más complejo que el que se sigue para la alteración de una norma ordinaria, ya que: a) En el Congreso Federal se exige un quórum de votación de las dos terceras partes de los legisladores presentes; b) El proyecto de reforma constitucional deberá contar con la aprobación de la mayoría de las Legislaturas Estatales; c) El Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, deberá realizar el cómputo de la votación emitida por las Legislaturas Estatales; d) La observancia de todos los requisitos anteriores y en general de todo el proceso legislativo, es de orden público, irrenunciable e inmodificable. Ésta es la única forma en que puede ser reformada la Constitución, y como lo manifestó el Ministro Castro y Castro (memoria de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 3 de febrero de 1997) no serán parte de la Constitución aquellas reformas o adiciones que no cumplan y respeten los requisitos establecidos por el artículo 135 constitucional. El procedimiento para una reforma constitucional en materia indígena. Tratándose de una reforma constitucional en materia indígena, además de las fases procedimientales antes precisadas, el órgano facultado para modificar la Constitución debe cumplir con otra fase procedimental, consistente en consulta a los pueblos interesados. Esta fase procedimental se desprende de lo dispuesto por el artículo 6o. del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que por disposición del artículo 133 constitucional, es Ley Suprema de la Unión. Dicho precepto dispone: ‘Artículo 6o. ... 1. ... a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. ... 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17320-a5b2c440/controversia-constitucional-es-improcedente-para-impugnar-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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