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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 26/2002. · Registro digital (IUS): 17341
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMPAÑÍA BAJA GAS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, , Pág. 208.

AMPARO EN REVISIÓN 26/2002. COMPAÑÍA BAJA GAS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha veintiuno de junio de dos mil uno, emitió el Acuerdo General Número 5/2001, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Dicho acuerdo plenario, en la parte que interesa, a la letra dice:

"Novena Época

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Instancia: Pleno

"Tomo: XIV, julio de 2001

"Página: 1161

"Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.

"CONSIDERANDO:

"PRIMERO. Que por decreto de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre del mismo año, se introdujeron diversas reformas constitucionales tendentes a consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional creándose, incluso, las acciones de inconstitucionalidad y regulándose con mayor precisión las controversias constitucionales;

"SEGUNDO. Que por acuerdo de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de julio del referido año, se introdujeron reformas en materia política, ampliándose las acciones de inconstitucionalidad a las leyes electorales, con la peculiaridad de que, por su especial naturaleza, deben resolverse dentro de plazos fatales;

"TERCERO. Que por decreto de nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mismo año, se reformó, entre otros, el artículo 94 de la Constitución, en cuyo párrafo séptimo se otorgó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como para remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho, aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia;

"CUARTO. Que en la exposición de motivos del proyecto de decreto aludido en el considerando anterior se reafirmó el propósito de las reformas constitucionales mencionadas en el considerando primero de este acuerdo, de que la Suprema Corte tuviera, con mayor plenitud, el carácter de Tribunal Constitucional. En efecto, en diversas partes de ese documento se manifestó que, con el objeto de fortalecer a la Suprema Corte en su carácter de Tribunal Constitucional, se sometía a la consideración del Poder Reformador de la Constitución la modificación del párrafo sexto del artículo 94 (que pasó a ser séptimo) a fin de ampliar la facultad con que contaba el Pleno para expedir acuerdos generales y, con base en ello, aunque la Suprema Corte continuaría, en principio, conociendo de todos los recursos de revisión que se promovieran en contra de sentencias de los Jueces de Distrito en que se hubiera analizado la constitucionalidad de normas generales, la propia Corte podría dejar de conocer de los casos en los que no fuera necesaria la fijación de criterios trascendentes al orden jurídico nacional; y que era imprescindible permitirle -como sucede en otras naciones- concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de los asuntos de mayor importancia y trascendencia;

"QUINTO. Que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos de la honorable Cámara de Senadores, en el que se propuso la aprobación de la iniciativa a que se ha hecho referencia, se recalcaron las anteriores motivaciones, expresándose sobre el particular que la iniciativa se encauzaba en el espíritu de la reforma de mil novecientos noventa y cuatro y, en consecuencia, nuevamente buscaba dar a la justicia en México la fortaleza y eficiencia que el país reclama; que entre las reformas que se proponía aprobar destacaba la de otorgar a la Suprema Corte la facultad de expedir acuerdos generales a fin de que algunos de los asuntos que son de su competencia pudieran ser resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; que la propuesta se basaba en la consideración de que era necesario permitirle dedicar sus energías a resoluciones que contribuyeran de modo significativo a mejorar nuestros sistemas de impartición de justicia, y que la impresionante cantidad de resoluciones que debía de tomar impedía que éstas fueran oportunas; sobre todo aquellas cuya importancia y trascendencia ameritaran la intervención del Máximo Órgano Jurisdiccional del país;

"SEXTO. Que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno;

"SÉPTIMO. Que el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar, mediante acuerdos generales, la competencia por materia de cada una de las Salas y el sistema de distribución de los asuntos que éstas deban conocer;

"OCTAVO. Que en términos de lo establecido en las fracciones V y VI del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede, a través de acuerdos generales, remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito;

"NOVENO. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los asuntos que les encomienden los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno;

"DÉCIMO. Que el Tribunal Pleno, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete aprobó el Acuerdo 1/1997, el nueve de marzo de dos mil emitió el Acuerdo Número 4/2000, el siete de septiembre siguiente expidió el Acuerdo Número 9/2000 y el diecinueve de febrero de dos mil uno emitió el Acuerdo Número 2/2001, en los que determinó, en el primero, la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el mismo y en los restantes el envío de asuntos competencia originaria del Pleno a dichas Salas;

"DÉCIMO PRIMERO. Que con fechas veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, diecisiete de enero de dos mil, siete de septiembre de dos mil y diecisiete de mayo de dos mil uno emitió los Acuerdos Generales Números 6/1999, 1/2000, 10/2000 y 4/2001 en los que se determinó, respectivamente, el envío de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito; la modificación del procedimiento para el envío de los asuntos; la competencia de dichos tribunales para conocer de los asuntos en que se impugne una ley local; y el envío a los Tribunales Colegiados de Circuito, para su resolución, de asuntos con proyecto en los que exista jurisprudencia;

"DÉCIMO SEGUNDO. Que la aplicación de los acuerdos citados en los considerandos noveno y décimo de este acuerdo ha permitido que la Suprema Corte de Justicia destine sus esfuerzos a la resolución de los asuntos de mayor importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional;

"DÉCIMO TERCERO. Que para agilizar el trámite de los incidentes de inejecución, de las denuncias de repetición del acto reclamado, así como de las inconformidades, y a fin de lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, es conveniente que se resuelvan por los Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el territorio nacional, aprovechando su cercanía a los justiciables para los efectos de interrumpir la caducidad de la instancia y evitar los gastos que deben erogar para acudir a esta capital para atender dichos asuntos, conservando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional;

"DÉCIMO CUARTO. Que resulta conveniente emitir lineamientos generales que comprendan lo previsto en los referidos Acuerdos Generales 1/1997, 6/1999, 1/2000, 4/2000, 9/2000, 10/2000, 2/2001 y 4/2001, para evitar posibles confusiones en su interpretación y aplicación y, a su vez, unificar e integrar los criterios emitidos;

"DÉCIMO QUINTO. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia tramitar los asuntos de la competencia del Tribunal Pleno y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los respectivos proyectos de resolución; y, en los términos del artículo 25, fracciones I y II, de la misma ley, facultades análogas corresponden a los presidentes de las Salas respecto de los asuntos de la competencia de éstas.

"En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente

"ACUERDO:

"...

"TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución:

"I. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los recursos interpuestos en ellas, en los que sea necesaria su intervención;

"II. Los amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional, o por alguna otra causa; o bien, cuando encontrándose radicados en alguna de las Salas, lo solicite motivadamente un Ministro;

"III. Los recursos de reclamación interpuestos en contra de las providencias o acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se estime que procede revocarlos;

"IV. Las excusas o impedimentos de los Ministros en asuntos competencia del Pleno;

"V. La aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"VI. Las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas o las que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se refieran a la materia común; y las que se produzcan entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del párrafo quinto del artículo 99 constitucional;

"VII. Los asuntos a que se refiere la fracción III del artículo 105 constitucional;

"VIII. Las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, a juicio del Ministro ponente;

"IX. Los recursos de revisión administrativa a que se refiere el párrafo noveno del artículo 100 constitucional;

"X. Las controversias a que se refieren los artículos 10, fracciones IX y X, y 11, fracciones VII, IX, XVIII y XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y

"XI. Cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo conocimiento no corresponda a las Salas.

"CUARTO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.

"QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:

"I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

"A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.

"Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia;

"B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local o un reglamento federal o local; y

"C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de las mismas, si resulta innecesaria la intervención de la Suprema Corte por no darse ninguno de los casos precisados en los puntos primero y segundo de este acuerdo, como los que de manera ejemplificativa se enuncian a continuación:

"...

"DÉCIMO. La remisión de los expedientes a los Tribunales Colegiados de Circuito se sujetará, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, a las siguientes reglas:

"...

"DÉCIMO PRIMERO. En los supuestos a que se refiere el inciso A) de la fracción I del punto quinto de este acuerdo, el Tribunal Colegiado de Circuito procederá en los siguientes términos:

"I. Verificará la procedencia de los recursos de revisión, así como de la vía y resolverá, en su caso, sobre el desistimiento, la caducidad o la reposición del procedimiento;

"II. Abordará el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio hubieren omitido el Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio;

"III. De resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en las hipótesis previstas en el punto quinto, fracción I, incisos B), C) y D), de este acuerdo, el Tribunal Colegiado dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad; y

"IV. Si el problema de fondo es de la competencia del Tribunal Colegiado conforme a este acuerdo, examinará, primero, el problema de inconstitucionalidad de leyes planteado en la demanda y, en su caso, el de mera legalidad.

"DÉCIMO SEGUNDO. En los casos previstos en los incisos B), C) y D) de la fracción I y en las fracciones II y III del punto quinto del presente acuerdo, los Tribunales Colegiados de Circuito resolverán en su integridad las cuestiones de improcedencia, de fondo y de cualquier naturaleza que, en su caso, se presenten.

"...

"TRANSITORIOS:

"PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo 1/1997, emitido por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.

"TERCERO. Se abrogan los Acuerdos Generales Números 6/1999, 1/2000, 4/2000, 9/2000, 10/2000, 2/2001 y 4/2001 emitidos por el Tribunal Pleno el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, el diecisiete de enero de dos mil, el nueve de marzo de dos mil, el siete de septiembre de dos mil, el diecinueve de febrero de dos mil uno y el diecisiete de mayo de dos mil uno, respectivamente; sin embargo, los asuntos en los que se hubiese solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de dichos acuerdos, se continuarán tramitando conforme a ellos hasta su resolución.

"CUARTO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ..."

Como puede advertirse de los motivos expuestos en la parte considerativa del acuerdo transcrito, es claro que el fin de su emisión es reafirmar que este Alto Tribunal dedique sus esfuerzos al conocimiento y resolución de fondo de aquellos asuntos inéditos o que comprendan un alto nivel de importancia y trascendencia sobre "constitucionalidad" y que, por tal motivo, impacten en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional, finalidad que inició al emitir los Acuerdos Generales 1/1997, 6/1999, 1/2000, 4/2000, 9/2000, 10/2000, 2/2001 y 4/2001.

Por ello, y a fin de unificar e integrar los criterios emitidos en dichos acuerdos, dictó el diverso 5/2001 transcrito, pero siguiendo con el claro objetivo de ser un tribunal estrictamente constitucional.

Por lo anterior, y a fin de aplicar correctamente lo establecido en el citado Acuerdo 5/2001, deben tenerse presentes los diversos criterios sustentados por este Máximo Tribunal, emitidos en virtud de la aplicación del Acuerdo Plenario 6/1999, abrogado, pues ahí se resalta el objetivo de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de revisar asuntos en donde esté subsistente la materia de constitucionalidad, únicamente.

En ese sentido, procede recordar los criterios establecidos respecto a la aplicación del Acuerdo Plenario 6/1999, en los que se resalta la finalidad de su emisión.

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, octubre de 2001

"Tesis: 2a. CLXXXIX/2001

"Página: 439

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE IMPEDÍAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE FONDO PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA, INCLUSO EN AQUELLOS ASUNTOS NO MENCIONADOS EXPRESAMENTE EN EL ACUERDO 6/1999, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Si bien es cierto que en el punto tercero, fracción I, del Acuerdo Plenario 6/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, se mencionan de manera enunciativa diversos supuestos en los que se facultó a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver sobre la procedencia de asuntos cuya competencia originaria corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que no se encuentra incluido el planteamiento de un conflicto por invasión de esferas, también lo es que, por identidad de razón, a las hipótesis previstas expresamente en el mencionado punto debe agregarse el supuesto últimamente citado, así como cualquier otro que siendo competencia originaria de este Alto Tribunal, al dictarse en la audiencia constitucional la sentencia por el a quo, no se haga el estudio de fondo, pues la intención de este Alto Tribunal con la emisión del aludido acuerdo es que dedique sus esfuerzos al conocimiento y resolución de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia impacten en el orden jurídico nacional. En tales condiciones, si un Tribunal Colegiado de Circuito omite analizar las causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados o las que operen de oficio que impedían el estudio del problema de fondo planteado, deben devolverse los autos al citado Tribunal Colegiado, para que dé cabal cumplimiento al acuerdo de mérito, y se ocupe del estudio de la totalidad de las causales de improcedencia, y sólo en el caso de que llegue a desestimarlas y de que no exista motivo alguno que impida el análisis de fondo, deje a salvo la jurisdicción originaria a la Suprema Corte de Justicia.

"Amparo en revisión 333/2001. Francisco Ramírez Morán y otros. 21 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.

"Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 112, tesis 2a./J. 84/2000, de rubro: ‘REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS LAS CAUSAS QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO 6/1999 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).’."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, septiembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 84/2000

"Página: 112

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS LAS CAUSAS QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO 6/1999 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).-El punto tercero, fracción I, del citado acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, otorgó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver sobre todas las cuestiones de procedencia en los casos en que se hubiera reclamado, en amparo indirecto, la inconstitucionalidad de una ley o tratado internacional, o se hubiese planteado la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, al dictar sentencia, no se hubieran pronunciado en cuanto al fondo; en tales supuestos, el acuerdo establece que si de los agravios propuestos el Tribunal Colegiado estima que no subsiste la causal de improcedencia considerada por el a quo, ni existe ninguna otra causa o motivo que impida el estudio de fondo, debe revocar la sentencia recurrida, reservar la competencia de la Suprema Corte y remitirle los autos para los efectos procedentes. Ahora bien, puede suceder que el Tribunal Colegiado se limite a declarar su incompetencia, por estimar que el conocimiento del asunto de que se trata corresponde al Máximo Tribunal de la República al haberse resuelto el fondo, y que en la revisión subsiste el problema de constitucionalidad planteado, pero omite estudiar los agravios propuestos en contra del sobreseimiento decretado, que de resultar fundados, ello constituiría una infracción a las reglas esenciales del procedimiento del juicio de amparo, lo que daría lugar a que se revocara la sentencia recurrida y se ordenara la reposición del procedimiento; también puede ocurrir que el Tribunal Colegiado sólo estudie el motivo de sobreseimiento decretado por el a quo, revocando éste y remitiendo los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin hacerse cargo de las demás causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados. En ambas hipótesis, lo procedente es devolver los autos al Tribunal Colegiado, para que dé cabal cumplimiento al acuerdo de mérito, ocupándose del estudio de la totalidad de las causas de improcedencia, y sólo en el caso de que llegue a desestimarlas y no exista ningún motivo que impida el análisis de fondo de inconstitucionalidad, reserve jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Amparo en revisión 1700/99. Feliciano Vivanco y Asociados, S.A. de C.V. 14 de abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.

"Amparo en revisión 648/2000. Agave Tequilana Productores y Comercializadores, S.A. de C.V. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera.

"Amparo en revisión 1623/99. Licorera Oaxaqueña, S.A. de C.V. 23 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

"Amparo en revisión 1685/99. Agroindustrias Guadalajara, S.A. de C.V. 23 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

"Amparo en revisión 612/2000. María Guadalupe Leo Ramírez. 7 de julio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.

"Tesis de jurisprudencia 84/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de septiembre del año dos mil."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, marzo de 2001

"Tesis: 2a. XXX/2001

"Página: 201

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN OBLIGADOS A VERIFICAR SU PROCEDENCIA Y A PRONUNCIARSE SOBRE CUALQUIER CUESTIÓN QUE AFECTE ESA INSTANCIA, CUANDO CONOCEN DE AQUÉL EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO 6/1999 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUBLICADO EL 23 DE JUNIO DE 1999 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Conforme a lo establecido en la citada disposición de observancia general, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los recursos de revisión en amparo indirecto cuando en la sentencia recurrida no se hubiere efectuado el análisis de las cuestiones propiamente constitucionales por haberse sobreseído en el juicio o por cualquier otro motivo; y, en la hipótesis de que el respectivo tribunal estime que no se actualiza la causa de sobreseimiento revocará la sentencia recurrida y, en caso de que no exista jurisprudencia aplicable respecto de las referidas cuestiones, dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le remitirá el asunto. Ante tal disposición, debe concluirse que de acuerdo con su interpretación teleológica y sistemática, entre las atribuciones que fueron delegadas a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, y que deben ejercer, se encuentra la necesaria para verificar si el mismo cumple con todos los requisitos que condicionan su procedencia, entre otros, que se haya hecho valer en tiempo, que se interponga por la persona que goce de la capacidad procesal necesaria y que la resolución reclamada afecte la esfera jurídica del recurrente, inclusive, ocuparse de revisar que la instancia respectiva no haya caducado y, en su caso, proveer sobre el desistimiento que de la misma se manifieste por aquél; conclusión a la que se arriba tomando en cuenta que la finalidad primordial del referido acuerdo general fue la de lograr que la Suprema Corte de Justicia conociera exclusivamente de cuestiones de constitucionalidad de trascendencia e importancia, dentro de las cuales no pueden ubicarse las correspondientes a analizar si la instancia respectiva cumple con los requisitos legales que condicionan su procedencia, y que conforme al contenido del artículo 90, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la revisión conlleva la necesaria para calificar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la apertura de esa instancia; máxime que, de estimarse lo contrario, ello implicaría atribuir al creador del referido acuerdo general la intención de permitir la resolución de recursos sin el estudio previo de su procedencia, cuando constituye un principio general que rige la actuación de todo órgano jurisdiccional el que antes de abordar el estudio de las cuestiones que le sean planteadas mediante una determinada instancia, debe analizar de oficio si la misma cumple con todos los requisitos que condicionan su procedencia.

"Amparo en revisión 716/2000. Accuride Internacional, S.A. de C.V. 16 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina."

De los motivos que dieron origen a la emisión del Acuerdo Plenario 5/2001, así como de sus propios puntos de la finalidad -ya advertida- de esta Suprema Corte al dictarlo y de lo sustentado en las tesis reproducidas, se llega al convencimiento de que para la aplicación de dicho Acuerdo 5/2001, los Tribunales Colegiados, una vez que reciban un asunto para revisión, y antes de considerar remitir el mismo a esta Suprema Corte (por subsistir problema de constitucionalidad), deben analizar todas aquellas cuestiones de improcedencia que no permitan a este Alto Tribunal a que, llegado el asunto, se constriña única y exclusivamente al estudio de la constitucionalidad planteada.

En efecto, si la finalidad de este Máximo Tribunal plasmada en la parte "considerativa" del Acuerdo 5/2001, como ya se dijo, es revisar los asuntos en donde exclusivamente se tenga que estudiar el problema de constitucionalidad hecho valer, debe entonces considerarse que, en los casos en que se reclame en un juicio de amparo indirecto la inconstitucionalidad de una ley o de un tratado internacional o que se hubiese planteado la interpretación directa de un precepto constitucional, siendo competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia, al dictarse en la audiencia constitucional la sentencia por el a quo, en donde si bien realizó el estudio de fondo, pero omitió estudiar las causales de improcedencia hechas valer por alguna de las partes, como por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, como en la especie sucedió, lo que impide el estudio del problema de fondo planteado, el Tribunal Colegiado de Circuito que tenga en conocimiento el asunto debe analizar todas esas cuestiones para que, en caso de no operar alguna causa de improcedencia u otra que pueda considerar, y subsistiendo el problema de constitucionalidad, ahora sí, dejando a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte, o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17341-31bc6c9b/revision-en-amparo-indirecto-si-el-tribunal-colegiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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