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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES. LOS ARTÍCULOS 25 BIS, 98 TER Y 113 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, SON DE CARÁCTER HETEROAPLICATIVO (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2004).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 465/2004. · Registro digital (IUS): 18701
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMPAÑÍA DE GAS DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 928.

AMPARO EN REVISIÓN 465/2004. COMPAÑÍA DE GAS DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Es infundado el único agravio transcrito con anterioridad, que invoca la Compañía de Gas de Tijuana, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal.

En efecto, alega en síntesis la recurrente, que el auto impugnado le causa agravios por cuanto que la Juez de Distrito indebidamente desechó de plano la demanda de garantías porque existía un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debido a que los actos reclamados eran de naturaleza heteroaplicativa y, por tanto, la a quo consideró que se requería la existencia de un acto de aplicación concreto para que se actualizara la posibilidad del particular para reclamarlos mediante el juicio de amparo y, en consecuencia, se actualizó la causa de improcedencia prevista por la fracción VI, del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Tal conclusión alega el inconforme que es inaplicable, ya que en principio, la ley tildada de inconstitucional es de naturaleza autoaplicativa y no heteroaplicativa, por lo que la Juez no debió calificar a priori los actos reclamados, sino que debió admitir la demanda y esperar los informes justificados a efecto de allegarse de los elementos necesarios tendentes a normar sus juicios y determinaciones en forma concreta y directa; que de acuerdo con los artículos 25, 25 Bis, 98 Ter y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se aprecia que son de carácter autoaplicativo ya que dice, se está ante un acto inminente de la autoridad y con ello, aduce, se actualiza el principio del agravio personal y directo en contra del quejoso; agregando finalmente, que con apoyo en el mismo argumento que sirvió de fundamento al a quo para decretar la improcedencia del juicio constitucional, sustentado en el criterio del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, atinente al concepto de individualización incondicionada de la norma, se podía concluir que independientemente de que no se actualizara condición alguna derivada de las obligaciones que imponía dicha ley, éstos resultaban de naturaleza autoaplicativa y no heteroaplicativa.

Se afirma que los anteriores alegatos son infundados en razón de que, contrario a lo que sostiene el inconforme, la Juez de Distrito actuó correctamente al desechar la demanda de garantías por las razones que a continuación se expresan.

Se aprecia de la demanda de garantías que el quejoso reclamó de las autoridades señaladas como responsables, la discusión, aprobación y expedición del decreto legislativo de once de diciembre de dos mil tres, en el cual se contiene el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, específicamente lo relativo a los artículos 25 Bis, 98 Ter y 113 de la mencionada legislación, los que reclama como autoaplicativos.

El artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: ... VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causan perjuicio al quejoso, sino que se necesita un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio."

Tal como lo consideró la Juez de Distrito, este motivo de improcedencia de la acción de amparo es operante en atención a que la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 25 Bis, 98 Ter y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, con el carácter de autoaplicativos, es decir, por considerar que desde su entrada en vigor le ocasionaba perjuicio en su esfera jurídica.

Ahora bien, el examen de estas disposiciones permite determinar que las mismas son de naturaleza heteroaplicativa, pues por su sola vigencia no causan perjuicio a las quejosas, sino que se necesita un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio.

A fin de demostrar la afirmación anterior, es conveniente analizar las disposiciones reclamadas referidas, a la luz del criterio que actualmente sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo propósito es establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas.

La tesis aludida es la número LI/96, aprobada por el Pleno del Máximo Tribunal del País en sesión privada de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, con el rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento".

En este orden de ideas, el artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone: "La procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores: I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes; II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el artículo 98 Ter de esta ley; III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios; IV. Colocación de sellos de advertencia, y V. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta ley.-Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efecto expida la Procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 57 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; así como cuando se advierta que se afecta o se puede afectar la economía de una colectividad de consumidores en los casos a que se refiere el artículo 128 Ter o cuando se violen disposiciones de esta ley por diversas conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como: el incumplimiento de precios o tarifas exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el incumplimiento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias y por publicidad o información engañosa. En el caso de la medida precautoria a que se refiere la fracción IV de este precepto, previo a la colocación del sello respectivo, la procuraduría aplicará la medida a que se refiere el artículo 25, fracción I, de esta ley. Tales medidas se levantarán una vez que se acredite el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En su caso, la procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades competentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este precepto."

El artículo 98 Ter de la referida ley señala lo siguiente: "La procuraduría podrá ordenar el aseguramiento de bienes o productos que se comercialicen fuera de establecimiento comercial cuando no cumplan con las disposiciones aplicables, conforme al procedimiento que al efecto se establezca y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y lo hará del conocimiento de las autoridades competentes a fin de que adopten las medidas que procedan."

A su vez, el artículo 113 del mismo cuerpo de leyes establece: "Previo reconocimiento de la personalidad y de la relación contractual entre las partes, el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe presentado, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución, salvaguardando los derechos del consumidor.-Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento."

Como se observa de la lectura de los preceptos legales transcritos, entre los que existe una estrecha vinculación, debido a que el perjuicio que pudieran ocasionar a la parte quejosa los artículos, sólo es posible que acontezca en función de que, en principio, la quejosa infrinja alguna disposición de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y que además, la autoridad le inicie un procedimiento en su contra.

En efecto, de la aplicación de las reglas rectoras para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, contenidas en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribió con anterioridad, se sigue que los artículos 25 Bis, 98 Ter y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no son autoaplicativos, pues ninguno de ellos causa perjuicio a la parte quejosa desde el inicio de su vigencia, en virtud de que no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho por el solo hecho de entrar en vigor, con independencia de que no se actualice condición alguna.

Por el contrario, lo dispuesto en la ley reclamada acerca de la posible aplicación de medidas precautorias, el aseguramiento de bienes, o bien, la limitación a que se refiere la última parte del artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor arriba transcrito, revela que se trata de sanciones hipotéticas que no se concretarían de no infringir las normas contenidas en la ley en comento.

Lo anterior denota que las disposiciones legales de que se trata, son de naturaleza heteroaplicativa, puesto que, se reitera, requieren de un acto diverso condicionante de su aplicación para actualizar el perjuicio; esto es, la aplicación jurídica o material de esas normas en un caso concreto se halla sometida a la realización de ese evento.

Así, es necesario, primero, que la parte quejosa incumpla con cualquier disposición contenida en aquella normatividad a efecto de que pueda actualizarse la atribución de las autoridades para poder aplicar las medidas precautorias que se contienen en el artículo 25 Bis de la ley en cita.

Con base en lo expuesto, se concluye que los artículos 25 Bis, 98 Ter y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor no causan perjuicio a la quejosa, en tanto que si nunca se actualiza lo dispuesto en el artículo 25 Bis de la ley citada, de ninguna manera se le podrían aplicar dichos numerales, y si como lo estableció la recurrente en su demanda de garantías, a la fecha de promoción de la misma no se encontraba en ninguna de las hipótesis ya que reclama los referidos numerales con el carácter de autoaplicativos aduciendo estar en el supuesto de las normas, sin embargo, como se vio, los mismos son de naturaleza heteroaplicativa, lo que ciertamente implica la necesidad de un acto concreto de aplicación que afecte al quejoso para la procedencia del juicio constitucional; de ahí que la Juez de Distrito obró correctamente al desechar la demanda de garantías por actualizarse en el caso el motivo de improcedencia previsto por la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que procede confirmar el auto que se recurre.

Conviene citar en apoyo de lo anterior la tesis P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, cuyo rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

De igual manera, conviene citar el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, mismo que este Tribunal Colegiado comparte, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 659, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS.-Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente."

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal; 76, 78, 82, 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la resolución sometida a revisión.

SEGUNDO.-Se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por Compañía de Gas de Tijuana, S.A. de C.V., en contra del acto que reclamó del Congreso de la Unión y otras autoridades, el cual quedó precisado en el resultando primero de esta sentencia.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio autorizado de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió este Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Sergio González Esparza, Raúl Molina Torres y Manuela Rodríguez Caravantes, siendo ponente el primero de los nombrados.

Nota: la tesis de rubro: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS." citada, aparece publicada con el número IV.1o.5 K.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18701-3526e4b2/amparo-contra-leyes-los-articulos-25-bis-98 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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