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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. QUIEN PRESENTA UNA DENUNCIA O QUEJA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INEXISTENCIA DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 504/2006. · Registro digital (IUS): 20027
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INGENIERÍA DIESEL Y GASOLINA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 1766.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 504/2006. INGENIERÍA DIESEL Y GASOLINA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Es infundado el agravio de la recurrente quejosa.

En su único agravio, en síntesis, manifiesta que sí tiene interés jurídico para promover la demanda de amparo y que el criterio del Juez de Distrito para desecharla no es correcto al negar la posibilidad de que se revise la constitucionalidad de la actuación del director de quejas, denuncias e inconformidades de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien no sancionó a los servidores públicos con motivo de la queja interpuesta; contrariando, así, la Ley de Amparo y el artículo 10 de la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La inconforme, concluye, con el argumento de que para dar por válido el criterio del juzgador, sería tanto como negar que una víctima del delito no puede oponerse a la propuesta del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal, en el cual, la víctima del delito tiene interés de que se castigue al culpable, atendiendo a la reparación del daño.

No tiene razón la recurrente, pues como bien lo estableció el Juez del conocimiento, carece de interés jurídico para ejercitar la acción de amparo en contra de una resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido a partir de una queja o denuncia.

En efecto, la resolución de no responsabilidad administrativa, no afecta el interés jurídico de la quejosa, hoy recurrente, pues el hecho de poder formular una denuncia en términos de los artículos 109 constitucional y 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, implica tan sólo la obligación para la autoridad administrativa competente de analizar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa; pero de ninguna, tales preceptos legales, confieren a los gobernados la facultad de exigir el fincamiento de esa responsabilidad y, en su caso, controvertir la resolución que se llegare a dictar.

Dichos artículos disponen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Art. 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

"...

"III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

"Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

"...

"Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo."

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

"Artículo 10. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

"Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

"La secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia."

En consecuencia, si la ley aplicable que rige el acto reclamado no establece a favor del denunciante un derecho subjetivo distinto al de que su denuncia o queja se tramite, investigue y resuelva, resulta que carece de interés jurídico para efectos del amparo, por no acreditarse el perjuicio, es decir, un agravio personal y directo en su esfera de derechos, no obstante el argumento de que fue desestimada su queja.

Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:

"Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIII, enero de 2006. Tesis: 2a./J. 1/2006. Página: 1120.

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.-De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa."

Por añadidura, en cuanto al argumento de la inconforme de que dar por válido el criterio del juzgador, sería tanto como negar que una víctima del delito no puede oponerse a la propuesta del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal, en el cual, la víctima del delito tiene interés de que se castigue al culpable, atendiendo a la reparación del daño, es infundado.

Lo es, porque la hipótesis que refiere es distinta al caso analizado.

El ofendido, denunciante, querellante, víctima del delito, los familiares de éste o el interesado legalmente por la comisión del delito, sí están legitimados para promover el juicio de amparo, en términos del párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esa disposición constitucional contiene la garantía facultativa para el gobernado de poder impugnar las resoluciones del Ministerio Público cuando éste no ejerce acción penal o desista de ella.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Amparo dispone que el ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo podrán promover juicio de amparo contra actos que emanan del incidente de reparación o de responsabilidad civil y que también podrán promover el juicio de amparo contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.

De ahí que, en el supuesto de no ejercicio de la acción penal que menciona la inconforme, si es procedente el juicio de amparo indirecto de conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece:

"Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXI, mayo de 2005. Tesis: 1a./J. 17/2005. Página: 15.

"ACCIÓN PENAL. EL PRESUNTO RESPONSABLE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.-De la interpretación conjunta de los artículos 1o. y 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén, respectivamente, que dentro del territorio nacional todo individuo gozará de las garantías que otorga la propia Constitución, las cuales únicamente podrán restringirse o suspenderse en los casos y con las condiciones que ella establezca y que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán impugnarse por vía jurisdiccional, se advierte que la propia Constitución Federal consagra a favor de los gobernados interesados el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, así como la abstención de dicha representación social de pronunciarse al respecto, siendo procedente el juicio de amparo indirecto contra tales actos u omisiones, mientras no se establezca en la legislación penal secundaria un medio de defensa ordinario. Ahora bien, la referida garantía no sólo permite a la víctima u ofendido de un delito, al denunciante o querellante y a sus familiares interponer el juicio de amparo contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o desistimiento de la acción penal, sino que también el presunto responsable tiene interés jurídico para interponerlo, en tanto que tal abstención afecta su esfera jurídica al dejarlo en estado de incertidumbre sobre su situación jurídica respecto de los resultados arrojados por la averiguación previa, ya que desconoce si las conductas por él realizadas se adecuan a algún tipo penal establecido en la ley o si, por el contrario, no hay elementos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y su presunta responsabilidad en los hechos denunciados." (énfasis añadido).

Finalmente en cuanto al argumento de la inconforme en el sentido de que la resolución sancionadora es una prueba que le serviría para demandar la indemnización a que tiene derecho por la actuación ilegal de la convocante en el procedimiento de licitación con lo cual acredita su interés jurídico, debe decirse que tampoco tiene razón.

En el supuesto que menciona la quejosa, es condición previa que la autoridad administrativa emita una resolución en la que se determine que los servidores públicos con su conducta (acción u omisión) infringieron la normatividad que rige su función y, por lo tanto su actuar es constitutivo de responsabilidad administrativa, imponiéndole la sanción conducente y que exista una declaración de responsabilidad resarcitoria a cargo del servidor público en beneficio del particular afectado.

En las relatadas condiciones, al ser infundado el agravio propuesto, lo procedente es confirmar el auto recurrido y desechar la demanda de amparo.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 77, 78, 79, 91, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto de diez de noviembre de dos mil seis, dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el expediente 975/2006, promovido por Ingeniería Diesel y Gasolina, Sociedad Anónima de Capital Variable.

SEGUNDO.-Se desecha la demanda de amparo promovida por Ingeniería Diesel y Gasolina, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos del auto sujeto a revisión.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados Patricio González-Loyola Pérez, presidente, Jesús Antonio Nazar Sevilla y Jean Claude Tron Petit, por mayoría de votos, contra el emitido por el Magistrado señalado en tercer orden, quien formuló voto particular. Fue ponente el primero de los Magistrados antes nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20027-ff0e53c4/responsabilidad-administrativa-de-los-servidores-publicos-quien-presenta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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