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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA, PUBLICADO EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, ENTRÓ EN VIGOR EL CINCO DE MAYO SIGUIENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 503/2004. · Registro digital (IUS): 18444
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: OPERADORA MEXICANA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, , Pág. 1808.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 503/2004. OPERADORA MEXICANA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los argumentos contenidos en el único agravio que hace valer la recurrente resultan sustancialmente fundados, en atención a las consideraciones que más adelante se exponen.

Previo a su estudio, resulta oportuno reseñar los antecedentes del caso.

Ricardo Leal Lozano, en su carácter de apoderado general de la persona moral denominada Operadora Mexicana del Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo en el que demandó del Congreso de la Unión y otras autoridades, acorde a la intervención que les compete, los actos legislativos que conformaron el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, específicamente los artículos 7o., 9o., 8 bis, 17, 18 bis, 32, 43, 73, 73 bis, 73 ter, 74, 75, 76, 76 bis, 77, 82, 86, 90 bis, 92, 92 bis, 95, 105 y 123, por considerarlos inconstitucionales, y que le causan agravio con su sola entrada en vigor.

También, demandó del procurador Federal del Consumidor y subalternos, las órdenes verbales o escritas que dicten, ejecuten o pretendan ejecutar, tendientes a la aplicación de los preceptos señalados; la materialización de tales órdenes y, en general, los actos de molestia y privación derivados de su aplicación.

La impetrante alegó en sus conceptos de violación, en esencia, la transgresión a las garantías de libertad de comercio y profesión, imprenta, igualdad, legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad de la ley y de acceso a la impartición de justicia.

El Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, desechó la demanda de garantías por estimar que se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XII, en relación con el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, debido a que las disposiciones impugnadas fueron consentidas tácitamente al no promover la quejosa el juicio de amparo, dentro del término que para tal efecto le concede la ley relativa.

Arribó a la anterior conclusión, porque consideró que si el decreto impugnado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, y conforme al artículo primero transitorio del mismo entraría en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en dicho medio de difusión, su vigencia inició entonces el día cuatro de mayo de dos mil cuatro, día noventa contado a partir del siguiente de la fecha de su publicación; luego, concluyó que el cómputo de los treinta días que la quejosa tenía para promover el juicio de garantías, feneció el quince de junio del mismo año, excluyendo en el cómputo los días inhábiles entre ambas fechas que fueron los días cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo; cinco, seis, doce y trece de junio todos de dos mil cuatro; de manera que si la demanda de garantías se presentó el dieciséis de junio del año que transcurre, resultaba extemporánea por un día.

En contraposición a las anteriores consideraciones, la quejosa alegó lo siguiente:

a) Que el a quo inobservó lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, 73 fracción XII, 145 y 147 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso primero transitorio del decreto en el que se publicó la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales interpreta desde una postura subjetiva al desarrollar los conceptos de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, consentimiento, y de oportunidad para promover la demanda de garantías cuando se presenta la figura denominada doctrinalmente como vacatio legis;

b) Que los Tribunales Colegiados de Circuito se han pronunciado en el sentido de que, en la fase conocida como vacatio legis, no es procedente la impugnación de leyes de observancia general en la vía del amparo biinstancial, ya que aún no tienen fuerza obligatoria y los gobernados carecen de interés jurídico para inconformarse con ellas, al no tener el deber ineludible de cumplirlas; de manera que, dice, es menester que aquélla (concebida como el periodo de postergación en el inicio de la vigencia de la norma) transcurra completamente;

c) Que los acuerdos dictados por los juzgadores de amparo deben contener los fundamentos legales aplicables al caso concreto. A la vez, les está proscrito el desechamiento a priori de las demandas de garantías, en términos del artículo 73, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, si los particulares afectados las presentan dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores a que entraron en vigor; así que, con fundamento en el diverso numeral 147 ibídem, se deben admitir a trámite;

d) Que la ley impugnada se publicó en el medio de difusión oficial de la República mexicana el cuatro de febrero de dos mil cuatro y en su artículo primero transitorio destacó que entraría en vigor a los noventa días siguientes a tal suceso; por lo que establecido ese plazo de vacatio legis, iniciado el cinco de febrero, concluía el cuatro de mayo siguiente a las "23:59'59" (veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, y cincuenta y nueve segundos); así pues, la entrada en vigor de aquélla, es decir, cuando adquirió fuerza obligatoria, fue a las cero horas del cinco de mayo sucesivo; sin embargo, como este último fue inhábil, el plazo para la interposición de la demanda de garantías inició, materialmente, el seis del mes y año en referencia para fenecer el dieciséis de junio venidero a las "23:59'59" (veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, y cincuenta y nueve segundos);

e) Que en los términos anteriores, el Juez de Distrito realizó un cómputo arbitrario y equívoco del plazo para el ejercicio de la correspondiente acción constitucional, ya que éste lo empezó a contar el mismo día noventa cuando todavía no fenecía el intervalo de la vacatio legis, siendo que las normas impugnadas aún no tenían fuerza obligatoria, ya que la conclusión exacta de esa figura fue a las "23:59'59" (veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, y cincuenta y nueve segundos), del cuatro de mayo del presente año; por ende, el inicio de la vigencia de estas últimas fue hasta las cero horas del cinco de ese mes, mismo que por ser inhábil, propició que el término de los treinta días hábiles para impugnarlas, en su carácter de disposiciones autoaplicativas, diera comienzo el seis de mayo de dos mil cuatro;

f) Que en virtud de lo anterior, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues en la especie le está vedado al juzgador primigenio restringir, modificar o ampliar el plazo de la vacatio legis decretado por el legislador ordinario, mucho menos en detrimento de los gobernados que se ven afectados por una norma autoaplicativa;

g) Que acorde con lo expuesto, resulta desajustada a derecho la restricción de un día completo que hiciera el juzgador al considerar ilegalmente, que el plazo para la presentación de la demanda a la postre desechada, inició a las cero horas del cuatro de mayo del año que transcurre, siendo que éste apenas era el día noventa de la vacatio legis, el que debía transcurrir con todos sus minutos y segundos antes de que entrara la norma en vigor, pues de lo contrario, se llegaría a la absurda afirmación de que el decreto impugnado tuvo una vacatio legis de sólo ochenta y nueve días, lo que pugna con el texto de su artículo primero transitorio;

h) Que el a quo también dejó de observar lo dispuesto en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, al omitir invocar en el auto combatido los fundamentos aplicables a la determinación asumida, así como la jurisprudencia del Máximo Órgano de Justicia de la nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, que le impedía restringir, a su voluntad y capricho, el plazo para la interposición del juicio de garantías, o bien, que lo facultaran para reducir el lapso de la vacatio legis que estableció el legislador en el artículo primero transitorio del decreto controvertido;

i) Que siendo así las cosas, el plazo para la presentación de la demanda de garantías, feneció, precisamente, el dieciséis de junio de dos mil cuatro, por lo que al haberla exhibido ese día, se ajusta a la regla de temporalidad que al respecto resulta observable; y

j) Que resulta desacertado el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia obligatoria invocada por el a quo, que sostiene que el plazo para la interposición de la demanda de garantías en tratándose de leyes autoaplicativas, inicia desde las cero horas del mismo día en que entran en vigor, porque si dicho plazo tratándose de controversias constitucionales, inicia a contar a partir del día siguiente de la publicación de la norma impugnada; no existe razón para que tratándose de leyes el plazo para su interposición inicie a contar a partir del mismo día de su publicación.

Precisado todo lo anterior, se dice que le asiste la razón al recurrente, como ya se adelantó, en atención a las razones que a continuación se exponen.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 71 y 72, las normas que regulan el proceso de formación de la ley; en tanto que el Código Civil Federal regula en sus artículos 3o. y 4o. los sistemas establecidos para determinar la iniciación de su vigencia.

Tales dispositivos legales se transcriben a continuación, en lo conducente:

"Art. 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"I. Al presidente de la República;

"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

"III. A las Legislaturas de los Estados.

"Las iniciativas presentadas por el prseidente (sic) de la República, por las Legislaturas de los Estados, o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."

"Art. 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas Cámaras, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente;

"B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que corriendo este término, hubiere el congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido;

"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al ejecutivo para su promulgación."

Por otra parte, los artículos 3o. y 4o. de la codificación sustantiva civil en mención, respectivamente, dicen:

"Artículo 3o. Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial.

"En los lugares distintos del en que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad."

"Artículo 4o. Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior."

De los preceptos legales transcritos anteriormente, se desprende que los órganos que constitucionalmente están facultados para iniciar leyes o decretos son el presidente de la República; el Congreso de la Unión, a través de los diputados y de los senadores, y las Legislaturas de los Estados.

Se infiere también, que las etapas que regulan el proceso de formación de la ley, son seis, a saber: iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación e iniciación de la vigencia.

La iniciativa, es el acto por el cual los órganos que se encuentran facultados para iniciar leyes, someten a la consideración del Congreso General de la República, el proyecto respectivo; la discusión, consiste en la deliberación que hacen las Cámaras acerca de las iniciativas legales a fin de determinar si deben o no ser autorizadas; la aprobación, es el acto por el cual dichas Cámaras aceptan un proyecto de ley, ya en forma total, o bien, sólo parcialmente; la sanción, es la aceptación de una iniciativa legal por el poder ejecutivo y debe ser posterior a la aprobación del proyecto de las Cámaras respectivas; la publicación, constituye el acto mediante el cual la ley, ya aprobada y sancionada, se da a conocer a sus destinatarios que deben acatar sus mandamientos.

Por último, la iniciación de la vigencia de la norma, que constituye el último estadio que al respecto se prevé, se encuentra regulada por los artículos 3o. y 4o. del Código Civil Federal.

De las diversas etapas de creación y entrada en vigor de la ley, cabe destacar aquí esta última, por su trascendencia para la resolución del presente asunto.

Así es, los mencionados artículos de la codificación sustantiva invocada, fijan las reglas sobre la iniciación de la vigencia del ordenamiento legal, conforme a las cuales se han adoptado dos sistemas que sirven para determinar en qué momento se considera vigente la ley, a precisar: el sucesivo y el sincrónico.

El primero de ellos, se encuentra regulado en el artículo 3o. citado, que establece la iniciación de la vigencia de las leyes, reglamentos, circulares y cualesquier otras disposiciones de carácter general, con relación al lugar en que se publique el medio oficial de difusión pública de las mismas.

Al efecto señala que entrarán en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial en los lugares en que se cuente con dicho medio de difusión; y en los que no, para su entrada en vigor, además del plazo referido, deberá transcurrir un día más por cada cuarenta kilómetros o fracción que exceda de la mitad.

Por su parte, el sistema sincrónico, se encuentra regulado por el artículo 4o. del Código Civil Federal, conforme al cual, si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior. En este supuesto, la ley entra en vigor en forma simultánea en todo el territorio donde habrá de ser aplicada, sin que pueda admitirse que la misma ha adquirido fuerza mientras no transcurra el plazo que debe mediar entre su publicación y la iniciación de su vigencia.

Viene al caso hacer notar que el periodo que media entre la publicación de la ley y su entrada en vigor, se conoce en la doctrina como vacatio legis.

La vacatio legis responde a la idea de que debe haber un término durante el cual quienes deben cumplir la ley pueden enterarse de su contenido y obedecerla consecuentemente. Transcurrido este plazo, la ley obliga a todos los que se encuentren en su hipótesis normativa, haciéndose evidente el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.

Al respecto, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, acorde a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho periodo no está contemplado como una fase esencial del procedimiento legislativo, e incluso ha establecido que no es necesaria su existencia para que inicie la vigencia de una ley.

Los criterios anteriores se encuentran inmersos en las tesis aisladas números 2a. CIV/2003 y 1a. XXVII/2004, visibles en las páginas 333 y 309, tomos XVIII y XIX, agosto de 2003 y marzo de 2004, emitidas por la Segunda y Primera Salas de ese Alto Tribunal, respectivamente, ambas de la Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcriben a continuación:

"LEYES FISCALES. SU ENTRADA EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 Y 71 DE LA LEY FUNDAMENTAL. El artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación dispone que las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior; sin embargo, el hecho de que los propios ordenamientos establezcan que aquéllas entrarán en vigor el mismo día de su publicación no transgrede los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, por un lado, la inconstitucionalidad de una norma surge de su contradicción con un precepto de la propia Constitución Federal y no de su oposición con otras leyes secundarias y, por otro, porque la vacatio legis no está contemplada como una fase esencial del procedimiento legislativo, por lo que la materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. Además, la promulgación de la ley no es otra cosa que su publicación formal, cuya finalidad es lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan, de modo que no están constreñidos a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, de manera que si bien el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, resulta evidente que jamás podrá determinar que su vigencia sea anterior a su promulgación; empero, ninguna disposición constitucional le impide prever que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial."

"REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA. Para que una reforma constitucional tenga tal carácter, basta con incorporarla al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en el procedimiento establecido en su artículo 135, de manera que para autentificarla en relación con sus destinatarios -los gobernados y los órganos del Estado- se requiere su publicación en un medio fehaciente, lo cual se logra con la inserción del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación; esto es, una vez satisfecho el procedimiento establecido en el citado precepto constitucional, el decreto respectivo se remite al Ejecutivo para efectos de su publicación inmediata. Ahora bien, la publicación en dicho medio de los decretos de reforma constitucional emitidos por el Congreso tiene dos finalidades: 1) la de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo -en sentido lato-, y 2) la de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Constituyente Permanente en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto de reformas constitucionales es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas, por lo que la propia Constitución dispone que la publicación se haga ‘inmediatamente’, en aras de que la voluntad del Constituyente Permanente -en el sentido de que se ha reformado el texto constitucional- no se diluya ni obstaculice en el tiempo, sino que de manera objetiva y pronta empiece a tener efectividad. De lo anterior puede derivarse el principio siguiente: las reformas constitucionales tienen vocación de regir, esto es, de cobrar vigencia inmediatamente, sin demora, una vez publicadas en el Diario Oficial, acorde con los principios de supremacía y eficacia inmediata de la Constitución, según los cuales las disposiciones que la conforman son la Ley Suprema de la Unión y deben ser atendidas por todos los operadores jurídicos. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que la regla en materia del inicio de vigencia de las reformas y adiciones a la Constitución es que rijan a partir del mismo día de su publicación en el Diario Oficial y la excepción es que empiecen a regir en fecha posterior, siempre que el propio Constituyente así lo hubiese determinado mediante disposiciones transitorias, o que por su contenido mismo no puedan ser exigibles desde ya, por lo que no es necesario un periodo de vacatio legis para que inicie la vigencia de una reforma constitucional."

Es aplicable también el criterio contenido en la tesis P. XLV/2002, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo XVI, diciembre de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se transcribe a continuación:

"LEYES. EL LEGISLADOR ORDINARIO CUENTA CON LA FACULTAD DE ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE INICIA SU VIGENCIA. Aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71 y 72 señala a quiénes compete el derecho de iniciar leyes o decretos y el procedimiento que se sigue en las Cámaras de Diputados y Senadores para su formación, lo cierto es que no prevé regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, ni de su articulado se deduce la existencia de un sistema sobre tal vigencia, por lo que es incuestionable que esta materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. En consecuencia, el hecho de que una ley haya entrado en vigor el mismo día de su promulgación, no vulnera disposición constitucional alguna, pues debe tomarse en consideración que la promulgación de una ley, no es otra cosa que su publicación formal, esto es, su finalidad consiste en lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, por ende, el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, al no existir disposiciones constitucionales que le impidan establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial, aun cuando lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios antes de que cobre vigencia."

De lo expuesto, cabe destacar, que el lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel en que la norma entra en vigor, denominado vacatio legis constituye una fase postergatoria de su vigencia, que se encuentra justificada porque concede un término que racionalmente supone que los destinatarios del precepto estarán en condiciones de conocerla y, por ende, de cumplirla. Concluido dicho lapso, la ley obliga a todas las personas comprendidas en el supuesto normativo, aun cuando de hecho no tengan o no hayan podido tener noticia de la nueva disposición legal. Ocurre que, es en este instante, o cuando se aplique la disposición, cuando formal y materialmente, se verán reflejados sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, surgiendo así el perjuicio personal y directo que le otorga interés para impugnar el ordenamiento a través del juicio de amparo.

Pues bien, analizando el marco normativo conforme al cual deben resolverse los agravios de la recurrente, se advierte que le asiste la razón.

En efecto, el legislador estableció en el artículo primero transitorio de la ley controvertida:

"El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes."

Disposición transitoria que, con estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse acorde al método hermenéutico literal o gramatical, al que debe acudirse como primera forma de interpretación jurídica.

Al efecto, nuestro más Alto Tribunal, ha sostenido que cuando de la literalidad de los preceptos se desprenda cuál es la intención del legislador al plasmar un principio que regule una disposición vigente, es incuestionable que dicha interpretación deberá basarse en lo que en forma expresa y con explícita claridad se desprende de las frases o palabras utilizadas; pero ello, no significa que este método deba aplicarse siempre de modo absoluto e indiscriminado.

Esto es, el intérprete se encuentra obligado a estar originalmente, a la literalidad de las palabras, vocablos o frases empleadas por el legislador y sólo cuando la ley sea oscura o defectuosa en su redacción, y no pueda mediante ese método advertirse o desentrañarse su sentido, entonces, estará facultado para acudir a la aplicación de otros sistemas de interpretación legal o, en todo caso, a los principios generales del derecho.

Es aplicable, por lo ilustrativo de su texto y sólo en lo pertinente de los raciocinios que de ella emergen, la tesis 1a. LXXII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 234, Tomo XIX, junio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’, con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente."

En el orden planteado, como en el presente asunto, para resolver los agravios del recurrente en contra de lo considerado por el Juez de Distrito debe acudirse a la interpretación de la norma transcrita, cabe dejar establecido que, en principio, se acude a su interpretación literal, con el fin de examinar el alcance de la expresión utilizada por el legislador al referir "el presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación ...".

De su lectura, es importante destacar que el artículo transitorio mencionado no establece de manera expresa que el decreto "entrará en vigor el día noventa siguiente de su publicación", pero como finalmente lo concluyó el Juez de Distrito, tampoco establece que "entrará en vigor transcurridos noventa días siguientes de su publicación"; sino lo que literalmente dispone es que "... entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación ...", por lo que el alcance de la interpretación debe realizarse sin variar dicha expresión literal.

En esta tesitura, debe concluirse que en el caso, no basta el examen gramatical para interpretar el texto normativo aludido, puesto que en su literalidad, ni indica que el decreto entrara en vigor el nonagésimo día, ni tampoco que entrara en vigor transcurrido dicho día, como lo deducen en su orden respectivo el Juez de Distrito y el quejoso; luego, este tribunal debe utilizar otro criterio de interpretación, diverso al gramatical, pero más adecuado para resolver el caso concreto.

En vista de ello, este órgano jurisdiccional estima que debe acudirse a un método de interpretación lógico o teleológico, que atienda a la finalidad o a los objetivos que persiguen tanto la publicación de las disposiciones legislativas, como la denominada vacatio legis que, según se ha dicho, es el lapso que media entre aquélla y la iniciación de su vigencia.

Así, debe considerarse que la publicación de la norma emitida por las autoridades legislativas tiene dos finalidades: 1) La de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo, y 2) La de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del poder legislativo en ese sentido.

Es decir, la publicación de un decreto legislativo es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas.

Ligado a dicha publicación, en cuanto a que constituye la fase culminatoria del proceso legislativo y la presupone, se encuentra la voluntad expresa del legislador, de determinar el día en que la nueva disposición entrara en vigor. En ejercicio de esa facu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18444-476e31f3/ley-federal-de-proteccion-al-consumidor-decreto-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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