PRUEBAS EN MATERIA AGRARIA. PARA SU VALORACIÓN EL TRIBUNAL AGRARIO PUEDE APLICAR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, O BIEN, APOYARSE EN SU LIBRE CONVICCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 126/2002, promovido por José Natividad Aguilar Montes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en lo conducente, establecen lo siguiente:
"QUINTO. La parte quejosa expresó los siguientes conceptos de violación: ‘Establece el artículo 14 constitucional que: «Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...». Establece el artículo 16 constitucional que: «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde o motive la causa legal del procedimiento. ...». Establece el artículo 27, fracción XIX, constitucional que a la letra dice: «Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.» (transcribe antecedentes). Los resolutivos que anteceden y que fueron emitidos por la autoridad responsable me causan perjuicio y violan tanto precepto (sic) de fondo como mis garantías individuales que he dejado señalados, por las siguientes razones lógicas-jurídicas que a continuación menciono. 1. La autoridad responsable viola en mi perjuicio los artículos 1o., 186 (sic) de la Ley Agraria en vigor, en relación con los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución General de la República, toda vez que no le dio el valor probatorio a las documentales que ofrecí y que se refieren a la documental pública que consistió en la copia simple fotostática de afiliación del suscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que dicha responsable se fundamenta en los artículos 129, 130, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que dice que fue presentada en copia fotostática simple diciendo que restringe su eficacia jurídica, viola en mi perjuicio dichos preceptos que invoco porque la responsable dictará la sentencia a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales debido en conciencia (sic) fundando y motivando sus resoluciones, y en el presente caso no fue apreciada en conciencia, de acuerdo a la jurisprudencia que más adelante invocaré. 2. La autoridad responsable viola en mi perjuicio los artículos 1o., 186 y 189 de la Ley Agraria en vigor, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no fue apreciada en conciencia, argumentando que la documental privada que consistió en el pagaré (recibo) suscrito por la cantidad de $1,327.11 a favor de Central Motzorongo, Sociedad Anónima de Capital Variable, visible a foja 159, argumentando que resulta ineficaz para el juicio agrario, por no tener relación alguna con lo que trata el expediente que nos ocupa, de conformidad con los artículos 133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la responsable se contradice, toda vez que dice que dicha documental no tiene relación alguna con dicho juicio agrario, pero reconoce que dicha probanza es privada de conformidad con el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la responsable viola en mi perjuicio los artículos 1o., 186 y 189 de la Ley Agraria en vigor, toda vez que no la valora ni la aprecia en conciencia y que no (sic) debe sujetarse a reglas para su estimación. 3. La autoridad responsable viola en mi perjuicio los artículos 1o., 186 y 189 de la Ley Agraria en vigor, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no la valoró ni la apreció en conciencia la responsable, la documental privada que consistió en la liquidación final como productor de la caña de azúcar a favor del suscrito, de fechas 23 de junio del año 2000 y 30 de junio de 1980 por las empresas Central Motzorongo, Sociedad Anónima de Capital Variable, e Ingenio El Refugio, Sociedad Anónima, visibles a fojas 104, 105 y 160, argumentando que resulta ineficaz para el juicio agrario, por no tener relación con lo que se trata el expediente, de conformidad con los artículos 133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, viola en mi perjuicio la responsable los preceptos que invoco, toda vez que no son apreciadas en conciencia dichas probanzas, tal como lo apoyaré con la jurisprudencia que invocaré más adelante. 4. La autoridad responsable viola en mi perjuicio los artículos 186 y 189 de la Ley Agraria en vigor, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no valoró ni apreció en conciencia la documental privada que consistió en el crédito de avío que celebré con el Ingenio Central Motzorongo, Sociedad Anónima de Capital Variable, visible a foja 212, argumentando que carece de valor probatorio, toda vez que fue presentada en copia fotostática, fundándose para ello en los artículos 133, 136, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, restringe su eficacia jurídica, y además no tiene relación con la litis materia del juicio, violando los preceptos invocados a que me refiero, ya que la responsable no debe sujetarse a reglas sobre estimación, mi dicho lo apoyaré en la jurisprudencia que más adelante mencionaré. De acuerdo con las pruebas antes mencionadas, la responsable viola en mi perjuicio los artículos 1o., 186 y 189 de la Ley Agraria en vigor, en relación con los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución General de la República, toda vez que la responsable argumenta que dichas probanzas no tienen relación con el expediente que nos ocupa, olvidándose que dichas probanzas sí tienen relación con dicho expediente, ya que, como manifiesto en mi demanda, en la relación de hechos manifiesto en los capítulos II y IV que tengo en posesión las parcelas que pretendo prescribir desde el mes de julio de mil novecientos sesenta y siete, y que dichas tierras las dedico al cultivo de caña de azúcar, siendo que en esa época era productor de caña de azúcar para el Ingenio Constancia, ubicado en Tezonapa, Veracruz; ahora bien, tomando en consideración las otras probanzas que anteceden y que dejé señaladas, sí tienen relación con el expediente que nos ocupa, no como lo considera la responsable, ya que dichas probanzas sí tienen relación con el citado expediente, ya que justifico que tengo en posesión dichas tierras que pretendo prescribir y que soy productor de caña de azúcar y abastecedor de caña de azúcar del Ingenio El Refugio en la zafra 1979-1980 y de acuerdo a las documentales privadas que consistieron en la liquidación de caña de azúcar de fechas 23 de junio del año 2000 y 30 de junio de 1980, tienen relación con el expediente 193/2001, en el cual se ventiló el juicio agrario, como así de las documentales privadas consistentes en la factura No. 18523 expedida por el Ingenio Central Motzorongo, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha 23 de junio del año 2000 y del pagaré de aportación por el suscrito, de fecha 28 de junio del año 2001, con dichas documentales justifico que he manifestado la posesión de las parcelas que pretendo prescribir y que las he dedicado al cultivo de caña de azúcar, y ser productor de caña de azúcar y abastecedor de diferentes ingenios, con dicha probanza justifico que dichas tierras que pretendo prescribir las he mantenido en concepto de titular de derecho de ejidatario, de una manera pacífica, continua, pública e ininterrumpidamente, tal como lo previene el artículo 48 de la Ley Agraria en vigor, pero la responsable al no considerarlo así viola en mi perjuicio dicho precepto invocado, como así de los artículos 14 y 16 constitucionales porque se me priva del derecho de ser oído en juicio, siendo que dichos preceptos son violados en mi perjuicio, porque no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y no están conforme a la ley de la materia que fue expedida con anterioridad al hecho, y al no darle el valor probatorio y no ajustarse al procedimiento que rige el artículo 189 de la Ley Agraria, ya que no debe sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, porque con esas probanzas acredito que tengo más de cinco años de estar posesionado en dichas tierras, y los argumentos vertidos por la responsable no se encuentran estimados en conciencia ni motivados, sólo fundados en la legislación federal del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo que no es ésta supletoria a la ley de la materia, sirviendo de sustento la siguiente tesis que a la letra dice: «Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, mayo de 1996. Tesis: XII.1o.2 A. Página: 682. PRUEBAS EN MATERIA AGRARIA. NINGÚN ORDENAMIENTO ES SUPLETORIO EN LA APRECIACIÓN DE LAS. El artículo 189 de la Ley Agraria en vigor dispone que las sentencias de los tribunales agrarios deben dictarse a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. Por lo tanto, es claro que el precepto no tiene laguna jurídica respecto de la forma de apreciar las pruebas en materia agraria, porque si los propios tribunales no se encuentran obligados a sujetarse a ninguna regla o formulismo en la estimación de dichos medios de convicción, es evidente que su facultad es soberana, aunque condicionada a no alterar los hechos ni la lógica jurídica, por lo que debe concluirse que ningún ordenamiento es supletorio en esa tarea de apreciación.». 5. De acuerdo con la prueba testimonial presentada por el suscrito y que corrió a cargo del señor Elías Herrera Rueda, visible a fojas 162 y 195 del expediente en que se actúa, manifiesto (sic) que sí conoce al señor Egidio Montiel Gómez y que sí conoce al suscrito (pregs. 5 y 10) mi testigo contestó a la pregunta número 11 que fui reconocido como ejidatario de dicho ejido en comento desde 1970, a la pregunta número 15 contestó que cultivo caña de azúcar, a la pregunta número 16 contestó que sí, a la pregunta número 19 contestó que sí, ya que se le preguntó si sabía y le consta que las parcelas que tengo en posesión las tengo de una manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida; ahora bien, la responsable viola en mi perjuicio los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que argumenta que carece de valor probatorio ya que se trata de un testigo singular y las partes no convinieron expresamente a pesar por su dicho y que aunado a esto dijo que el suscrito se encuentra en posesión de diversas fracciones, sin especificar con claridad si se trata de las que son materia de juicio o son diversas a éstas, y le resta eficacia jurídica a dicha probanza, de conformidad con los artículos 197 y 216 del multicitado código. Cabe decir que dicha responsable viola en mi perjuicio los preceptos de fondo como constitucionales que invoco, toda vez que se ciñe al Código Federal de Procedimientos Civiles, olvidándose que el artículo 187 de la ley de la materia dice que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, y podrá comparecer a juicio (sic) no es necesario que las partes convengan expresamente a pasar por su dicho, sino también mi contraria tuvo el mismo derecho de presentar a sus testigos, la responsable viola en mi perjuicio los artículos de fondo 186 y 189, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el dicho de mi testigo se encuentra corroborado con las pruebas que anteceden y que no fueron valoradas ni estimadas en conciencia, sino fundándose la responsable en el Código Federal de Procedimientos Civiles, olvidándose dicha responsable que no se encuentra obligada a sujetarse a ninguna regla o formulismo en la estimación de dichos medios de convicción, amén de que no hace un enlace lógico-jurídico entre las documentales que no apreció en conciencia y que he dejado señaladas como pruebas violadas por la responsable, en los capítulos 1, 2, 3 y 4 de esta demanda de garantías. 6. La prueba superveniente que presenté ante la autoridad responsable, la cual consistió en la copia certificada expedida por el licenciado José Antonio Garza López, director general de Titulación y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, la cual presenté ante la responsable el día dos de enero del año en curso, al respecto, la responsable argumentó que la documentación que solicité y que me fue expedida, son de fechas anteriores de cuando interpuso su demanda, por lo cual no resulta superveniente, ya que dice que tenía conocimiento de la existencia de su propuesta como ejidatario, con lo que respecta a esta prueba la responsable dice que sí le da valor probatorio de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cabe señalar que si bien le dio valor probatorio, dice que no resulta superveniente, a toda luces se ve que la responsable se contradice, al respecto, quiero señalar que debido a mi edad avanzada y mi precaria salud es que no recordaba del acto mediante el cual fui reconocido como ejidatario del Ejido Rancho Tablas Seca del Municipio de Cosolapa, Oaxaca, y no sabía que dicha privación de derechos agrarios y reconocimiento se encontraba inscrito en el Registro Agrario Nacional con sede en la Ciudad de México, D.F., pero esto no resulta óbice para que la responsable analizara en conciencia dicha documental superveniente, cabe decir que el suscrito, al no recordar en qué fecha fui reconocido como ejidatario del ejido en comento, es que promoví la acción de prescripción positiva en contra de los demandados y enderecé la demanda en contra de Egidio Montiel Gómez y como me enteré que a las señoras Guadalupe y Catalina, de apellidos Aguilar Santiago, se les habían expedido los correspondientes certificados agrarios, toda vez que se trata de las mismas tierras que he tenido en posesión, lo raro es que no sé de qué manera obtuvieron estas personas (Guadalupe y Catalina) los derechos agrarios que me pertenecen, porque si bien es cierto que a estas personas les fueron asignadas dichas parcelas el día 23 de noviembre de 1995, mediante asamblea de ejidatarios, lo más cierto es que al suscrito se le reconocieron los derechos agrarios que pertenecieron al titular, señor Candelario Anaya, tal como lo demuestro con esta prueba superveniente, entonces, pues cómo es posible que la asamblea general de ejidatarios le asignara mi parcela (tierras) a estas personas, si jamás he perdido mis derechos agrarios, ni se me ha seguido juicio alguno donde se establezca que he perdido mis derechos agrarios, tal como lo establece el artículo 20 de la Ley Agraria en vigor, mucho menos se me ha privado de mis derechos agrarios cuando regía en su momento la anterior Ley Federal de Reforma Agraria, porque debía seguir llevar (sic) un procedimiento, apoyándome para lo manifestado en la siguiente tesis que a la letra dice: «Octava Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV, julio de 1994. Página: 401. AGRARIO. PRIVACIÓN DE DERECHOS. REQUISITOS. Sobre los artículos 426 y 427 de la Ley Federal de Reforma Agraria no es necesaria interpretación alguna, en virtud de que es evidente que se refieren a la tramitación del juicio de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones por alguna de las causales previstas en las diversas fracciones del artículo 85 de la ley de la materia, sólo que cuando el procedimiento tiene su origen en el núcleo de población, esto es, que la solicitud provenga de la asamblea general de ejidatarios, deben llenarse los requisitos señalados por los artículos 420 y 421 de la multicitada Ley Federal de Reforma Agraria, lo que no sucede para el caso en el que la solicitud es elevada a la Comisión Agraria Mixta por el delegado agrario respectivo. En consecuencia a pesar de que la asamblea general extraordinaria de ejidatarios solicite la privación de derechos agrarios en contra del titular de una parcela si en ningún momento se llevó a cabo el procedimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 427 en relación con los diversos 420 y 421 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y en consecuencia de tal omisión en las convocatorias respectivas, no se precisó en el orden del día el pedimento de privación en contra de dicho ejidatario ni mucho menos el nombre del denunciante, ni fue solicitada la presencia de un representante de la delegación agraria con el fin de que verificara el quórum legal y la votación ni se dio oportunidad a los posibles afectados para que se defendieran de los cargos que en su contra se formularon, es correcto el sentido de la sentencia que ordena la reposición del procedimiento a fin de que desde la misma asamblea general de ejidatarios ambas partes tengan oportunidad de expresar lo que a su interés convenga, de ofrecer pruebas y de alegar con el fin de que se dicte la resolución que en derecho corresponda.». La responsable no apreció en conciencia ni usó la lógica para determinar quién tenía mejor derecho a poseer la tierra que pretendo prescribir, toda vez que el suscrito con esta documental justifico de qué manera adquirí los derechos agrarios de las tierras (parcelas) y que hasta (sic) fecha no he perdido dichos derechos agrarios por ningún medio, violando con ello la responsable los artículos 20, 164, primer párrafo, de la Ley Agraria en vigor, como también así viola en mi perjuicio los artículos 14, 16, 27, fracción XIX, de nuestra Constitución General de la República, toda vez que se me priva del derecho de posesión, y no existe juicio seguido ante algún tribunal previamente establecido, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, resultando ser la anterior Ley de la Reforma Agraria y la hoy vigente Ley Agraria, se me molesta en mis papeles (copias certificadas del Registro Agrario Nacional, mediante el cual acredito la manera que adquirí mis derechos agrarios desde el día 12 de septiembre de 1973 mediante asamblea general extraordinaria de ejidatarios), y en mi posesión, ya que no existe mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; viola en mi perjuicio la responsable el artículo 27, fracción XIX, constitucional, toda vez que con base en la Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos, se me viola esta garantía porque la responsable no tomó la medida necesaria para la honesta impartición y expedita justicia agraria ni me garantizó la seguridad jurídica en la tenencia de mi tierra. A mayor ilustramiento (sic) quiero enfatizar que no nada más el suscrito tenía la carga de la prueba, ya que también fue llamado a juicio el comisariado ejidal del ejido al cual pertenezco, el cual compareció en la fecha de audiencia del día 23 de mayo de 2001, y se le previno para que exhibiera ante dicho órgano el acta levantada con motivo de los trabajos de delimitación de tierras ejidales con motivo del programa procede, incluyendo el plano levantado por el INEGI y demás pruebas documentales que considere pertinente, siendo que el día 5 de septiembre de 2001, el comisariado ejidal exhibió nada más el acta de delimitación, destino y asignación de tierras levantada en el ejido en comento, así como copia simple de los planos donde se identifican las parcelas, cabe señalar que el comisariado ejidal entregó nada más estos documentos, pero no exhibió los documentos mediante los cuales adquirí los derechos agrarios a mi favor, si bien es cierto que a las señoras Guadalupe y Catalina, de apellidos Aguilar Santiago, les fueron asignadas las parcelas 55 Z-P2/2, 164 Z-P2/2, 64 Z-1 P2/2, 40 Z-2 P1/2 y el certificado de derechos sobre tierras de uso común número 27180, parcelas que le fueron enajenadas al tercero perjudicado Egidio Montiel Gómez, lo más cierto es que no se prueba de qué manera estas señoras adquirieron derechos agrarios que me pertenecen, si no los he perdido, tal como lo fundamenta el artículo 20 de la Ley Agraria, se haya seguido (sic) algún procedimiento de privación de derechos agrarios como lo establecía la anterior derogada Ley de la Reforma Agraria, tomando en cuenta al ateste presentado por el tercero perjudicado, testigo señor Ernesto Mina Rodríguez, su dicho carece de imparcialidad, toda vez que dicho ateste sabía de qué manera el suscrito había adquirido mis derechos agrarios, pero éste se abstuvo de decirlo a pesar de que fue advertido de la pena en que incurren los falsos declarantes, aclarando que dicho ateste firmó e hizo constar y certificar en su carácter de agente de policía el acta de asamblea general extraordinaria de ejidatarios del ejido al cual pertenezco, tal como consta en la prueba superveniente consistente en las copias certificadas expedidas por el RAN de la Ciudad de México, D.F. Si bien es cierto que ejercité la prescripción positiva con la finalidad de obtener un certificado parcelario que ampare las parcelas que tengo en posesión, lo más cierto es que la responsable no estudió oficiosamente la causa generadora de mi posesión que se deriva de mis derechos agrarios reconocidos mediante asamblea general extraordinaria de ejidatarios de fecha 12 de septiembre de 1973, tal como consta con la prueba superveniente, siendo que tengo el mejor derecho para poseer dichas parcelas, atento lo dispuesto por la jurisprudencia que a la letra dice: «POSESIÓN Y GOCE DE PARCELA, CONFLICTO SOBRE. En los conflictos de posesión y goce de una parcela ejidal, en los que uno de los contendientes tiene en su favor derechos agrarios reconocidos para explotarla, no debe determinarse quién viene detentando la unidad de dotación de referencia, sino que el objeto principal de la resolución será de establecer a quién le asiste el mejor derecho para poseer, pues de lo contrario se desconocería la titularidad de los derechos agrarios, de la que genuinamente deriva el derecho de poseer. Y si considera el detentador que su posesión ha generado algún derecho, lo que podría hacer sería gestionar la privación en contra del titular, pero jamás disputarle la posesión.». Aunado a lo anterior se justifica que el suscrito ha probado su acción y ser titular de derechos agrarios, y que las tierras en conflicto tienen identidad y ser las mismas que tengo en posesión, lo cual se robustece con la siguiente tesis que a la letra dice: «PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. POSESIÓN <EN CONCEPTO DE TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO> PARA QUE PROSPERE LA. El artículo 48 de la Ley Agraria en vigor dispone, entre otras cosas, que quien haya poseído tierras ejidales <en concepto de titular de derechos de ejidatario> que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe o de diez si fuere de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. Luego, para que se entienda satisfecha la posesión <en concepto de titular de derechos de ejidatario>, que como requisito para la usucapión contempla el apuntado normativo, es menester que el actor revele (y demuestre) la causa generadora de su posesión; entendiéndose por tal, cualquier acto que fundadamente se considere bastante para transferirle el dominio sobre la unidad de dotación de que se trate, a fin de estar en aptitud de dilucidar primeramente si en realidad su posesión es o no <en concepto de titular de derechos de ejidatario>, para enseguida determinar lo referente a los plazos legales en que habrá de operar la prescripción, según sea el caso de posesión de buena o mala fe. Lo anterior, porque una recta interpretación del precepto en comento, conlleva a establecer que dicha institución se encuentra reservada para aquellos cuya posesión de tierras ejidales sea de naturaleza originaria (en eso se traduce la connotación de <en concepto de titular de derechos de ejidatario>), y no para los que las detentan de manera precaria o derivada.» (Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 1996, pág. 895, tesis XI.2o.6 A). Por los argumentos vertidos en la presente demanda de garantías, y por las razones lógicas-jurídicas, se deduce que la responsable ha violado los preceptos de fondo y constitucionales que he dejado señalados, por lo que resulta procedente que la Justicia de la Unión me ampare y proteja en contra del acto reclamado emitido por la autoridad responsable.’. SEXTO. De las constancias del expediente agrario se deduce lo siguiente: El juicio agrario que nos ocupa se instruyó con respecto a la controversia agraria por prescripción sobre cuatro fracciones de terreno ejidal ubicadas en el poblado conocido como Rancho Tablas Barranca Seca, Municipio de Cosolapa, Oaxaca, promovido por José Natividad Aguilar Montes, en contra de Ignacio Llamas Magaña, Guadalupe y Catalina, ambas de apellidos Aguilar Santiago. En el fallo reclamado se determinó, por un lado: el actor José Natividad Aguilar Montes no probó su acción de reconocimiento de derechos agrarios por prescripción en relación con esas parcelas, en consecuencia, tampoco su reconocimiento como ejidatario, e improcedente la cancelación de los certificados de derechos agrarios a nombre de los citados demandados; y por otra parte resolvió: el actor reconvencional, Egidio Montiel Gómez, probó su acción restitutoria ejercida en contra de José Natividad Aguilar Montes, sobre una fracción de terreno que posee, de la cual debe hacer entrega formal y material. El quejoso José Natividad Aguilar Montes alega, en esencia, en sus conceptos de violación marcados del primero al quinto, que la responsable vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los numerales 186 y 189 de la Ley Agraria, en virtud de que no le dio valor probatorio a las pruebas documentales consistentes en: copia fotostática simple del aviso de inscripción de afiliación, como productor de caña de azúcar, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 9 del expediente agrario); del pagaré suscrito por el inconforme a favor de Central Motzorongo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de mil trescientos veintisiete pesos con once centavos (foja 159); las liquidaciones a favor del quejoso como productor de caña hechas por la citada empresa (fojas 104, 105 y 160); en la copia simple de la solicitud de crédito de avío formulada a la referida empresa (foja 212); ni a la testimonial de Elías Herrera Rueda, para ello se apoyó en el Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo que las sentencias deben dictarse a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre la estimación de las pruebas, como lo establece la tesis XII.1o.2 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, mayo de 1996, Novena Época, página 682, bajo el rubro: ‘PRUEBAS EN MATERIA AGRARIA. NINGÚN ORDENAMIENTO ES SUPLETORIO EN LA APRECIACIÓN DE LAS. El artículo 189 de la Ley Agraria en vigor, dispone que las sentencias de los tribunales agrarios deben dictarse a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. Por lo tanto, es claro que el precepto no tiene laguna jurídica respecto de la forma de apreciar las pruebas en materia agraria, porque si los propios tribunales no se encuentran obligados a sujetarse a ninguna regla o formulismo en la estimación de dichos medios de convicción, es evidente que su facultad es soberana, aunque condicionada a no alterar los hechos ni la lógica jurídica, por lo que debe concluirse que ningún ordenamiento es supletorio en esa tarea de apreciación.’. Tales argumentos devienen infundados. En efecto, si bien (sic) cierto que el artículo 189 de la Ley Agraria establece que las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, verdad es también el diverso artículo 167 del propio ordenamiento legal que estatuye lo siguiente: ‘Artículo 167. El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este título y que no se opongan directa o indirectamente.’. En la especie, el Magistrado responsable correctamente valoró las probanzas de que se trata a la luz de dicha legislación, al estimar con referencia a la copia fotostática del aviso de inscripción de afiliación, como productor de caña de azúcar, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 9), y en la copia de la solicitud de crédito de avío formulada por Cen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17348-7f9abdba/pruebas-en-materia-agraria-para-su-valoracion-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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