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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL ANÁLISIS DE UN POSIBLE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTO E INDUDABLE, NO ES PROPIO DEL AUTO DE TRÁMITE RELATIVO A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, SINO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA CON LA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 278/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2002. · Registro digital (IUS): 17389
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 1571.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 278/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2002. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-De los agravios que aduce la parte recurrente se desprende que los argumentos torales que plantea se hacen consistir en que debió desecharse la demanda de controversia constitucional por notoria improcedencia, en virtud de que fue promovida por quien se ostentó como presidente municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Estado de Oaxaca, en representación del propio Municipio, siendo que en ese momento ya había sido suspendido en ese cargo y, por ende, no tenía dicha representación y, además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, a quien corresponde la representación jurídica del Ayuntamiento es a los síndicos municipales.

Asimismo, que la solicitud de suspensión del mandato del presidente municipal se presentó precisamente por los integrantes del Ayuntamiento, por lo que es falso que exista una controversia entre el Poder Legislativo Local y el Ayuntamiento citado y, en consecuencia, el actor está defendiendo intereses particulares, por lo que resulta improcedente el presente juicio.

De igual manera, es notoriamente improcedente la citada controversia constitucional, en virtud de que la suspensión del mandato decretada en contra del presidente municipal actor, no es un acto definitivo, sino que está sujeto a que se agote la vía legal prevista para la solución del procedimiento solicitado por el Cabildo de Magdalena Apasco Etla, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Federal.

Ahora bien, el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone lo siguiente:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."

De este numeral se desprende que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.

Al respecto, por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma clara y patente; y, por indudable, que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 9/98, emitida en la Novena Época por el Tribunal Pleno, consultable en la página ochocientos noventa y ocho del Tomo VII del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."

Ahora bien, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, consultable en el Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página ochocientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que señaló lo que debe entenderse por motivo manifiesto e indudable de improcedencia en una controversia constitucional, dicha tesis dispone:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."

Así entonces, cuando se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el Ministro instructor deberá desechar la demanda de controversia constitucional.

En este orden de ideas, procede determinar si los motivos que alega el recurrente hacen improcedente la demanda de controversia constitucional, de manera manifiesta e indudable y, por ende, debió desecharse.

En la especie, de la demanda de controversia constitucional se desprende que se promovió por Hilario García Chávez, quien se ostentó como presidente municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apasco Etla, Estado de Oaxaca, el cual señaló como parte actora al citado Ayuntamiento, manifestando que la promovía en su representación.

Luego, se desprende que no se está en la hipótesis prevista en el artículo 25 de la ley reglamentaria en cita, pues el motivo de improcedencia aducido no reúne los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, por lo que no puede considerarse que existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

En efecto, acorde a sus propias características, el auto inicial, esencialmente, reviste el carácter de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos y, además, en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano.

Lo anterior, además, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público, que deben analizarse, incluso, de oficio, por lo que, en tales condiciones, deben quedar probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por lo que, para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable, pues cualquier motivo de duda obliga a admitirla a trámite con independencia de que en la sentencia pueda declararse fundada con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.

Por tanto, si las características del proveído de inicio que el Ministro instructor tenga que dictar para admitir o desechar una demanda es propiamente de mero trámite, de tal manera que se ve impedido para realizar mayores consideraciones que impliquen esbozar cuestiones de fondo del asunto, o que provoquen un estudio más concienzudo, propio de una resolución y no de un acuerdo, ello hace que, en el caso, no se actualice la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no se está ante una causa de improcedencia que en forma notoria y manifiesta se actualice.

Así, en el caso, los agravios aducidos por el recurrente, al referirse a cuestiones relativas a la legitimación activa, esto es, si el promovente de la demanda está legitimado o no para promoverla, en virtud de que en el momento de su promoción ya había sido suspendido de su cargo como presidente municipal y, de ahí, la existencia o no de una controversia entre el mencionado Ayuntamiento y el Congreso Local, lo que evidencia que para determinar esos aspectos es necesaria la interpretación de las normas que contienen la Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y, por ende, no se está ante un motivo de improcedencia manifiesto e indudable.

Por otra parte, la recurrente señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria y, por tanto, debió desecharse de plano la demanda de controversia constitucional.

El artículo 19, fracción VI, en cita, dispone:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."

Ahora, a fin de establecer si opera la causa de improcedencia que invoca la recurrente, en el sentido de que los actos impugnados no son definitivos, pues forman parte de un procedimiento de revocación de mandato, también se requiere el estudio e interpretación de las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y de la Constitución del Estado de Oaxaca, a fin de fijar la naturaleza y sustanciación del procedimiento del que emanan los actos impugnados y, de ahí, determinar si éstos son autónomos y definitivos o no, por tanto, es evidente que dicho análisis no es propio del auto de trámite relativo a la admisión de la demanda, sino de la sentencia definitiva con la que culmine el procedimiento principal.

Por lo que es inconcuso que no se está ante una causa notoria e indudable de improcedencia.

En consecuencia, resultan infundados los agravios hechos valer en el presente recurso de reclamación, por lo que debe confirmarse el auto materia de impugnación.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de veinte de agosto de dos mil dos, dictado en la controversia constitucional 47/2002.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente de la Sala y ponente José Vicente Aguinaco Alemán. Ausente el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, previo aviso dado a la Presidencia.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17389-e88de4e3/recurso-de-reclamacion-en-controversias-constitucionales-el-analisis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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