CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA PLANTEAR LA INVALIDEZ DE UN JUICIO SUSTANCIADO ANTE UN TRIBUNAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O JUDICIAL, PUES AL DERIVAR DE UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER JURISDICCIONAL, SU IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LAS LEYES PROCESALES RESPECTIVAS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 283/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 48/2002. MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios que adujo la parte recurrente, esencialmente, se hacen consistir en:
a) Que el auto recurrido es violatorio de los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, al no estar debidamente fundado y motivado, toda vez que no se tomaron en consideración los actos desplegados por las autoridades demandadas, los que si bien es cierto se ejecutan en cumplimiento a una sentencia recaída en un proceso jurisdiccional, también lo es que sus efectos deben limitarse a aquellos que intervinieron en el proceso, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare, y mucho menos llegar al extremo de otorgar competencia a una autoridad en una circunscripción territorial que no le pertenece y sobre la cual no ha ejercido actos de administración y gobierno, como acontece con la sentencia y proceso cuya invalidez se demanda, puesto que se invade la esfera competencial del Municipio recurrente, lo que atenta contra lo dispuesto en los artículos 115 y 116, fracción V, de la Constitución Federal.
b) Que aunado a lo anterior, con el pretexto de dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, las autoridades demandadas pretenden dotar de servicios a una comunidad que no fue parte en el proceso, privando al Municipio actor de los ingresos que por contribuciones le corresponden, lo que resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Que con la pretendida ejecución de la sentencia impugnada, las autoridades demandadas intentan ocupar instalaciones construidas por el organismo descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, sin tener competencia para ello, violentando el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, así como los diversos 273 y 276 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, en virtud de que la sentencia no puede tener efectos erga omnes, sino sólo respecto de aquellos que litigaron en el proceso.
d) Que el punto cuarto del acuerdo recurrido transgrede el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que de conformidad con dicho precepto, todo acto de autoridad, incluso los provenientes de órganos jurisdiccionales, deben estar suficientemente fundados y motivados; situación que en el caso no acontece, en virtud de que de la lectura del auto que se recurre, en relación con los preceptos de la ley reglamentaria de la materia que en él se señalan y la tesis de jurisprudencia que se invoca, se advierte que no se hizo un análisis integral de la demanda, dado que ésta no únicamente se refiere a la ejecución de la sentencia emitida por la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad, sino también a que con el pretexto de dicha ejecución, las autoridades demandadas pretenden realizar actos en un territorio que no les corresponde.
e) Que además de lo anterior, las tesis jurisprudenciales que se citan en el auto recurrido no son aplicables al caso, en virtud de que en la demanda no únicamente se combate un proceso jurisdiccional, sino también el hecho de que se pretenda dar a la resolución efectos erga omnes, violentando los principios de relatividad e inmutabilidad de las sentencias, al querer afectar servicios públicos que el Municipio recurrente ha proporcionado a los habitantes de las colonias San Agustín Atlapulco y Los Olivos, pertenecientes a su jurisdicción territorial, de lo que se desprende que se trata de actos diferentes.
f) Que de la lectura de los artículos 230, 273 y 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se advierte que las autoridades que no hayan sido parte en un procedimiento administrativo en la entidad, aun cuando puedan verse afectadas por actos jurisdiccionales, no cuentan con medio o recurso de defensa alguno, además de que tampoco resulta procedente el juicio de amparo directo ni el indirecto, como se pretende hacer notar en el acuerdo recurrido, dado que las autoridades no pueden promover dicho medio de defensa cuando actúan en uso de su potestad de imperio.
g) Que por lo anterior, el único medio de defensa con que cuenta el Municipio recurrente, en su carácter de entidad pública, es el consagrado en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal, por lo que la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, no se actualiza en el caso, dado que las cuestiones que en la demanda se invocan, no se refieren a temas decididos en la sentencia dictada por la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, sino a actos ejecutados por las autoridades demandadas del Municipio de Nezahualcóyotl, con el pretexto de dar cumplimiento a dicha resolución.
h) Que en consecuencia, al ser la sentencia dictada por el aludido órgano jurisdiccional ajena a la materia de impugnación en la demanda, no puede afectar su procedencia y, por tanto, debe revocarse el auto recurrido, toda vez que hace nugatorio el derecho del recurrente a la administración de justicia consagrado en la ley de la materia.
Previo al análisis de los agravios esgrimidos, conviene precisar que esta Primera Sala no se abocará, por inatendibles, al estudio de los argumentos vertidos en relación con contravenciones a la Constitución Federal, dado que no es jurídicamente posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, toda vez que, precisamente, el recurso de reclamación constituye un medio a través del cual este Alto Tribunal podrá corregir las irregularidades que, en su caso, hubieran existido dentro del procedimiento constitucional, esto es, que si durante el procedimiento de las controversias constitucionales se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones que rigen la tramitación y resolución de las propias controversias, es decir, la ley reglamentaria de la materia, y a falta de disposición expresa, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial plenaria número P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres, Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido.
"Recurso de reclamación 212/2001, deducido de la controversia constitucional 33/2001. Poder Judicial del Estado de Guerrero. 8 de noviembre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
Precisado lo anterior, se pasa al estudio de los restantes conceptos de agravio, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente.
El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone:
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
Conforme al numeral transcrito, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, siempre y cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que por manifiesto, debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; mientras que lo indudable, se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, que aparece publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.
"Recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 de octubre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda, debe advertirse de la simple lectura de ésta y de las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.
Sirve de apoyo al efecto la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.
"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 9/97. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Estado de Campeche. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."
En consecuencia, si el motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, debe admitirse a trámite la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.
En el caso, la Ministra instructora estimó procedente desechar la demanda de controversia constitucional, en virtud de que se surtía la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que la parte actora demandó la invalidez del procedimiento seguido en el juicio administrativo marcado con el número 360/2002 al 367/2002 acumulados, la sentencia correspondiente y la ejecución y cumplimiento de los actos ordenados en ésta, los que no son susceptibles de impugnación a través de una controversia constitucional, dado que se desnaturalizaría la esencia de dicho procedimiento constitucional, haciendo de él un ulterior recurso o medio de defensa para revisar las actuaciones de órganos jurisdiccionales, lo que no es posible jurídicamente.
Por su parte, el Municipio recurrente aduce que la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, a que se hace referencia en el auto que se combate, no se actualiza en el caso, toda vez que, contrariamente a lo considerado por la Ministra instructora, la demanda no se refiere únicamente a la ejecución de la sentencia dictada por la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, sino también al hecho de que las autoridades demandadas pretendan dar a dicha resolución efectos erga omnes y que con el pretexto de su cumplimiento intenten realizar actos en una jurisdicción territorial que no les pertenece.
A efecto de dilucidar si efectivamente se surte en el caso la causa de improcedencia invocada por la Ministra instructora, resulta conveniente hacer las siguientes consideraciones.
Los actos impugnados en la demanda de controversia constitucional que motivaron su desechamiento, se hicieron consistir en:
"1. La inminente ejecución y cumplimiento de los actos ordenados provenientes de la sentencia definitiva recaída en el juicio administrativo marcado con el número 360/2002 al 367/2002 acumulados, emitida por la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. 2. La sentencia definitiva dictada en el juicio administrativo marcado con el número 360/2002 al 367/2002 acumulados, por el Magistrado de la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 3. El juicio administrativo marcado con el número 360/2002 al 367/2002 acumulados, promovido a espaldas del Ayuntamiento y Municipio que represento, y a espaldas de la ciudadanía de la colonia Zona Urbana Ejidal de San Agustín Atlapulco, perteneciente al Municipio de Chimalhuacán, Estado de México. 4. El acuerdo de Cabildo emitido por el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, México, en cumplimiento a la sentencia antes señalada, por el cual se aprueba la asignación de los recursos económicos del Ramo 33 del ejercicio del año 2001, que inminentemente pretende aplicarlos dentro de la jurisdicción territorial de San Agustín Atlapulco, perteneciente al Municipio de Chimalhuacán, México, invadiendo una jurisdicción territorial que no le pertenece y, por consiguiente, excede por demás la esfera de su competencia, en virtud de que la extensión territorial está dentro de nuestro Municipio de Chimalhuacán y, por ende, a los vecinos de la comunidad de San Agustín Atlapulco, población que tiene derecho a que se le asignen esos recursos, y al Ayuntamiento de Chimalhuacán que represento le corresponde su aplicación, con base en las razones legales que señalaré en el capítulo correspondiente. 5. La ejecución del acuerdo de Cabildo, consistente en la publicación de la licitación de la obra pública de agua potable y drenaje en la colonia San Agustín Atlapulco, que se encuentra dentro fuera (sic) de su competencia territorial, ya que pertenece al Municipio de Chimalhuacán, México."
De acuerdo con lo transcrito, la parte actora impugna, esencialmente, lo siguiente:
1. El juicio administrativo marcado con el número 360/2002 al 367/2002 acumulados.
2. La sentencia recaída en el indicado juicio administrativo, dictada por la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
3. La inminente ejecución y cumplimiento de los actos ordenados en la resolución.
4. El acuerdo de Cabildo del Municipio de Nezahualcóyotl de la referida entidad, emitido en cumplimiento de la sentencia citada, por el que se aprueba la asignación de recursos económicos del Ramo 33, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil uno, en la jurisdicción territorial de San Agustín Atlapulco, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
5. La ejecución del acuerdo de Cabildo anterior, consistente en la publicación de la licitación de la obra pública de agua potable y drenaje en la colonia San Agustín Atlapulco.
Ahora bien, el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
Por su parte, los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la citada ley reglamentaria señalan:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."
De los preceptos transcritos se advierte, en lo medular, que esta Suprema Corte conocerá, conforme a las disposiciones de la ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que con motivo de sus actos o disposiciones generales, se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios.
En esta tesitura, debe considerarse que no todo acto podrá ser materia de impugnación en una controversia constitucional, ya que, por regla general, este tipo de acciones sólo procederán con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno (Federación, Estados o Municipios), en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidos por alguna entidad, poder u órgano, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda, o bien, a la irregularidad en el ejercicio de sus atribuciones.
Así lo ha sostenido este Alto Tribunal, en la tesis jurisprudencial plenaria P./J. 112/2001, consultable en la página ochocientos ochenta y uno, Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.-Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación.
"Controversia constitucional 5/2001. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 4 de septiembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y César de Jesús Molina Suárez."
Por tanto, si en la demanda se impugna la validez del juicio administrativo marcado con el número 360/2002 al 367/2002 acumulados, la sentencia que le recayó dictada por la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y la inminente ejecución y cumplimiento de los actos ordenados en ésta, debe concluirse que, como acertadamente se consideró en el proveído recurrido, la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir dichos actos, dado que derivan de un procedimiento de carácter jurisdiccional, de tal suerte que su impugnación debe hacerse con base en los medios de defensa que para tal efecto prevean las leyes procesales de la materia.
En efecto, a través de la controversia constitucional no puede plantearse la invalidez de un juicio sustanciado ante un tribunal de carácter administrativo o judicial, ni de la resolución dictada en él, puesto que al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, dichos órganos ejercen facultades de control jurisdiccional, por lo que no puede considerarse a ésta como la vía idónea para analizar las actuaciones que realizan tales órganos en ejercicio de las aludidas facultades, aunado a que, de lo contrario, se haría de la controversia un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, en el que, además, no se dirimen conflictos entre los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, sino que su objeto es salvaguardar los intereses de los gobernados, con independencia de las disposiciones legales o reglamentarias que al efecto se llegasen a aplicar.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial plenaria número P./J. 117/2000, consultable en la página mil ochenta y ocho, Tomo XII, correspondiente a octubre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.', estableció que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, además de que en éste no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley reglamentaria de la materia, sino que tiene como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados.
"Controversia constitucional 16/99. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora. 8 de agosto de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
A mayor abundamiento, tanto la controversia constitucional como el juicio contencioso administrativo que dio origen a la resolución impugnada, son procesos que están dirigidos a preservar el Estado de derecho, de tal manera que no podría ser materia de ninguno de los dos lo resuelto en el otro, puesto que se rompería con el sistema establecido por el Órgano Reformador de la Constitución Federal para salvaguardarla.
En consecuencia, resulta indiscutible que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 1o. de dicho ordenamiento legal y 105, fracción I, de la Constitución Federal.
Asimismo, debe precisarse que la referida causa de improcedencia es manifiesta, en virtud de que de la simple lectura de la demanda se advierte, en forma patente y absolutamente clara, que si en ésta se impugna un juicio contencioso administrativo y la sentencia que le recayó emitida por un órgano jurisdiccional, tales actos no pueden ser objeto de una controversia constitucional, con independencia de las disposiciones legales y reglamentarias que se hubieren aplicado; además de que, es de considerarse como indudable, toda vez que es incuestionable que con la simple lectura del oficio inicial, la Ministra instructora tuvo la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se surtía en el caso, dado que la controversia constitucional no es la vía idónea para cuestionar los actos que se impugnan.
No constituyen obstáculo a lo expuesto, las manifestaciones de la recurrente en el sentido de que en la demanda no se combate únicamente un proceso jurisdiccional, sino también el hecho de que se pretenda dar a la resolución efectos erga omnes y que, con el pretexto de su cumplimiento, las autoridades demandadas intenten realizar actos en un territorio que no les corresponde; lo anterior en virtud de que, como se asentó, los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo en ejercicio de sus facultades de control jurisdiccional, así como los actos tendientes a su cumplimiento, no pueden ser objeto de análisis de una controversia constitucional, de lo que deviene indiscutible que no es jurídicamente posible que a través de ésta, pueda llegarse al extremo de fijar los efectos y alcances de una resolución dictada por aquéllos, la cual, como se dijo, deriva de un procedimiento jurisdiccional cuya impugnación debe hacerse con base en los medios de defensa que para tal efecto prevean las leyes procesales de la materia.
Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Primera Sala que en la demanda se impugna de manera destacada el acuerdo de Cabildo del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como su ejecución, por el que, según la actora, se aprueba la asignación de recursos económicos del Ramo 33, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil uno, en la jurisdicción territorial de San Agustín Atlapulco, perteneciente al Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, lo que resulta atentatorio de su esfera competencial; sin embargo, por las razones expuestas en los párrafos precedentes, debe concluirse que éste tampoco puede ser objeto de análisis en una co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17514-6f45de5d/controversia-constitucional-no-es-la-via-idonea-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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