PENSIÓN JUBILATORIA. CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA SU RECTIFICACIÓN, CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE PROBAR EL MONTO DEL SALARIO BASE, AUNQUE HAYA TRANSCURRIDO EL TIEMPO EN QUE ESTÁ OBLIGADO LEGALMENTE A CONSERVAR Y EXHIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 804 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ejecutoria de veintidós de enero de dos mil dos, dictada en el amparo directo número DT. 16430/2001, promovido por Ferrocarriles Nacionales de México contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente laboral número 1424/95, tiene como antecedentes los siguientes:
1. Luis Avilés Mejía acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a demandar a Ferrocarriles Nacionales de México diversas prestaciones, entre ellas, el pago correcto de la pensión jubilatoria con la base de tres mil ciento veintidós nuevos pesos mensuales, que le corresponden a partir de la fecha de la presentación de la demanda. Como hechos señaló que ingresó al servicio del demandado el veintidós de enero de mil novecientos cuarenta y siete, hasta el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y siete, fecha en que se le consideró retirado del servicio por jubilación. El organismo demandado se excepcionó en el sentido de que la relación laboral que existió entre las partes se dio por terminada el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y siete, y con fundamento en el artículo 804 de la ley laboral, no está obligado a conservar ni exhibir en juicio documentos relativos al actor, ya que transcurrió en exceso el término de un año en que la ley le obliga a ello.
2. La Junta Federal responsable, en cumplimiento a diversa ejecutoria de amparo, dictó laudo en el que resolvió condenar al demandado a pagar al actor las diferencias de pensión jubilatoria.
En la parte considerativa señaló la Junta que en términos de lo que establece el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la carga de la prueba respecto al salario que sirvió de base para el pago de la pensión jubilatoria recayó a la parte demandada Ferrocarriles Nacionales de México.
3. Inconforme con el laudo anterior, el demandado promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento tocó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y mediante ejecutoria de veintidós de enero de dos mil dos, dictada en el amparo directo número DT. 16430/2001, resolvió, en lo que interesa, lo siguiente:
"En primer término, se analizará lo relativo a las causas de inconformidad que la empresa quejosa expone en el inciso 3) del primer concepto de violación, y en el tercer y cuarto conceptos de violación, en los que, en esencia, como antes se sintetizó, la empresa quejosa se duele de que correspondía al actor acreditar que el promedio salarial del último año de servicios de éste último, fue de treinta y tres mil pesos viejos, toda vez que por el hecho de haber concluido la relación de trabajo el 16 de junio de mil novecientos setenta y siete, no existía obligación para la empresa de conservar documentación relativa al salario después de haber transcurrido un año a partir de aquella fecha, que contrariando lo antes expuesto la Junta responsable indebidamente determinó que la carga probatoria respecto del salario corresponde a la impetrante de la protección constitucional. Los anteriores motivos de inconformidad resultan infundados, toda vez que lo cierto es que independientemente de que el actor, aquí tercero perjudicado, interpuso su demanda de amparo el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco y, por ende, en una fecha posterior en exceso al año que sucedió a la fecha de jubilación del mismo, ello no es obstáculo para que la carga de probar el salario que percibió en promedio el aludido actor durante su último año de servicios a la empresa ferroviaria, corresponda a esta última. En efecto, de lo previsto por los artículos 784, fracción XII, 804, fracción II y último párrafo, y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se puede arribar a la conclusión señalada en el párrafo previo respecto de la carga probatoria en relación con el salario promedio del trabajador durante su último año de servicios. En primer lugar, el artículo 784, fracción XII, establece: ‘La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... XII. Monto y pago del salario.’. A su vez, el diverso artículo 804, fracción II y párrafo último, señala que: ‘El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: ... II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios ... Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.’. Finalmente, el artículo 805 del ordenamiento legal en cita, señala que: ‘El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario.’. De lo antes transcrito se llega a la convicción de que aun cuando el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo en su último párrafo señale que los documentos a que se refieren sus fracciones II, III y IV, deben conservarse durante el último año de la relación laboral y un año después de que se extinga la misma, ello no es obstáculo para que, en términos de lo que prevé el diverso artículo 784, fracción XII, y en cumplimiento al imperativo contenido en el mismo, como se advierte de la expresión: ‘En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... XII. Monto y pago del salario.’, corresponda a la empresa quejosa la carga de haber probado en el expediente laboral cuál fue el salario promedio del último año de servicios, máxime que, contrario a lo expresado por el referido quejoso, la salvedad que invoca en su concepto de violación, contenida en el último párrafo del artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, no es aplicable al caso particular, en virtud de que no se extinguió la relación existente entre la empresa y el actor en el expediente laboral, toda vez que aunque no existe una relación activa entre ellos, derivada de la prestación del trabajo personal subordinado por el empleado en favor de la quejosa, sí hay una relación nacida de la jubilación otorgada al obrero en cumplimiento a normas contractuales celebradas entre Ferrocarriles Nacionales de México y el sindicato de trabajadores del mismo, relación en la que la referida empresa no paga ya un salario al trabajador, pero tiene la obligación de pagar una pensión en relación con la cual tuvo que tomar como base para su pago el promedio del salario del último año de servicios y porque tiene la obligación de conservar los documentos que prueben ese promedio, ya que en caso de controversia, a su cargo existe el deber de probar que el pago de la pensión se ha hecho desde su inicio sobre la base salarial correcta a la que se aplicarán los incrementos que se autoricen periódicamente, prueba que sólo podrá acreditar con los documentos relativos al salario promedio del último año de servicios y al pago oportuno de la pensión, que debe conservar mientras exista la relación entre el trabajador pensionado y la empresa. A mayor abundamiento, debe estimarse que la obligación del patrón de acreditar el monto y pago del salario al trabajador no se extingue aun en el supuesto de que se hubiere extinguido la obligación de conservar los documentos a que se refiere el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que ello redundaría en perjuicio del trabajador, quien carece de las posibilidades que tiene el patrón de conservar los medios para probar cuestiones inherentes a la relación de trabajo, siendo que este último cuenta con mejores condiciones y elementos para ello, y es con base en esa circunstancia que el legislador plasmó en su artículo 784, primer párrafo, del ordenamiento legal en cita, el imperativo de que en caso de controversia corresponde al patrón probar su dicho respecto del monto y pago del salario. De lo antes expuesto se llega a la conclusión de que si el patrón tiene la obligación de conservar los recibos de pago de salario durante el último año de la relación laboral y un año después de extinguida la misma, y en el presente caso subsiste dicha relación laboral, tiene la obligación de exhibirlos en juicio y en caso de no hacerlo, como ocurrió en el controvertido análisis, con fundamento en lo previsto por el artículo 805 de la ley laboral, se establece la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con dichos documentos, salvo prueba en contrario, sin que la empresa quejosa haya ofrecido prueba alguna en el expediente 1424/95 que demostrara un promedio salarial del último año de servicios diverso al que señala en su demanda el actor, por lo que resulta apegado a derecho que la Junta haya establecido que la carga probatoria respecto del tópico en análisis le corresponda a la empresa demandada. En virtud de lo antes expuesto es que se estima infundado lo alegado en relación con que correspondía la carga de probar respecto del promedio salarial del último año de servicio del actor, a este mismo; y como consecuencia de ello resulta también infundado el concepto de violación relativo a que indebidamente la Junta responsable determinara que la carga probatoria respecto del salario correspondiera a la aquí quejosa, puesto que independientemente de la fecha de jubilación del actor en el expediente laboral, como antes se indicó, en todo caso cuando exista controversia sobre monto y pago de salario corresponderá al patrón probar su dicho, existiendo en el particular dicha carga procesal en virtud de que la parte patronal, aquí quejosa, controvirtió el monto del salario en que se basó el actor para interponer su acción laboral de pago de diferencias de pensión jubilatoria; además de que, se reitera, contrario a lo que establece en forma genérica el último párrafo del artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, en particular, no se extinguió la relación laboral lisa y llanamente, sino que con motivo de la jubilación pactada contractualmente entre la empresa ferrocarrilera y sus empleados se transformó para seguirse dando entre el actor y la demandada, como jubilado el primero de la segunda." (fojas 29 a 43 de la contradicción de tesis).
De la ejecutoria antes transcrita derivó la tesis de rubro y texto literal siguientes:
"FERROCARRILEROS, JUBILACIÓN DE LOS. DIFERENCIA SOBRE EL SALARIO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN (RECLAMACIÓN POSTERIOR AL AÑO DE HABER OBTENIDO UN TRABAJADOR LA PRESTACIÓN CONTRACTUAL). CARGA DE LA PRUEBA. El hecho de que un trabajador promueva su demanda en fecha posterior a un año de que tuvo lugar su jubilación, no es obstáculo para que la carga de probar el salario que percibió en promedio durante su último año de servicio a la empresa ferroviaria, corresponda a esta última, ya que aun cuando el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, en su último párrafo, señale que los documentos a que se refieren sus fracciones II, III y IV, deben conservarse durante el último año de la relación laboral y un año después de que se extinga la misma, ello no es obstáculo para que, en términos de lo que prevé el diverso artículo 784, fracción XII, y en cumplimiento al imperativo contenido en el mismo, como se advierte de la expresión ‘... En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... XII. Monto y pago del salario. ...’, corresponda a la empresa demandada tal carga probatoria, porque la salvedad contenida en el último párrafo del artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo no es aplicable al caso, en virtud de que no se extinguió la relación existente entre la empresa y el actor, toda vez que aunque no existe una relación activa entre ellos, derivada de la prestación del trabajo personal subordinado por el empleado en favor de la empresa, sí hay una relación nacida de la jubilación otorgada al obrero en cumplimiento a las normas contractuales celebradas entre Ferrocarriles Nacionales de México y el sindicato de trabajadores del mismo, nexo en el que si bien la referida empresa no paga ya un salario al trabajador, sí tiene la obligación de pagar una pensión en relación con la cual tuvo que tomar como base para su pago el promedio del salario del último año de servicio y porque tiene la obligación de conservar los documentos que prueben ese promedio, ya que en caso de controversia, existe a su cargo el deber de probar que el pago de la pensión se ha hecho desde su inicio sobre la base salarial correcta a la que se aplicarán los incrementos que se autoricen periódicamente, lo que sólo podrá acreditar con los documentos relativos al salario promedio del último año de servicios y al pago oportuno de la pensión, que debe conservar mientras exista la relación entre el trabajador pensionado y la empresa."
CUARTO. El criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, deriva del amparo directo número 994/95, promovido por José Domingo Reancont Carrillo, cuyos antecedentes son los siguientes:
1. Mediante escrito presentado el ocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro ante la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, José Domingo Reancont Carrillo demandó el cumplimiento del capítulo de jubilaciones del contrato colectivo de trabajo del primero de octubre de mil novecientos ochenta y, por ende, el pago correcto de su pensión jubilatoria. Entre otros hechos, señaló que ingresó a laborar a partir de mil novecientos treinta y ocho, y el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y uno se le consideró retirado del servicio por jubilación, asignándole una pensión jubilatoria mensual de once mil setecientos cincuenta y ocho pesos, no obstante que su salario promedio mensual del último año de servicios fue superior.
2. Ferrocarriles Nacionales de México, al formular contestación, adujo que al actor correspondió acreditar los extremos de su dicho, pues la empresa no tiene obligación legal de conservar y exhibir en juicio los documentos señalados en las fracciones II y IV del artículo 804 de la ley laboral, durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, lo que ocurrió en mil novecientos ochenta y uno, por lo que al actor corresponde acreditar el salario promedio mensual que percibía en el último año de servicios.
3. La autoridad, al emitir el laudo correspondiente, consideró que el actor no aportó prueba alguna que justifique haber recibido el salario mensual que menciona y que se le debió otorgar para su pensión.
4. Inconforme el trabajador promovió juicio de amparo contra la anterior resolución, que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y resolvió en los siguientes términos:
"TERCERO. Son infundados los anteriores conceptos de violación. Refiere el impetrante que la Junta responsable infringe las garantías de legalidad y seguridad jurídica a que se contraen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, porque el laudo reclamado no se ajustó a lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que dicha autoridad indebidamente considera que no le son aplicables las cláusulas 380, 382, 384 y 385 del contrato colectivo de trabajo ferrocarrilero, por ser un trabajador de confianza, que también le perjudica que la autoridad del conocimiento estime que le correspondía acreditar la procedencia del pago de la pensión jubilatoria con base en el cien por ciento del salario que percibió durante el último año de prestación de servicios, a pesar de que la parte demandada controvirtió los hechos de la demanda; que por esta razón a quien correspondía la carga probatoria era precisamente a Ferrocarriles Nacionales de México, quien no logró acreditar sus excepciones porque las pruebas que allegó al juicio fueron la confesional del actor, de la que desistió, y que la documental consistente en las fotocopias de la cláusula 396 contractual, carecía de valor probatorio porque fue objetada; agrega que con las pruebas que ofreció el actor quejoso demuestra la procedencia de su acción y que, por tanto, si la Junta del conocimiento no lo entendió así, le irroga perjuicio. No asiste razón al quejoso, puesto que la Junta responsable estuvo en lo justo al concluir que a éste correspondía acreditar la procedencia de sus pretensiones, ya que se trató del pago de diferencias en el monto de la pensión jubilatoria que se le otorgó el primero de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, y las que resulten de la cantidad que según el propio quejoso le corresponde. Como se advierte, lo así reclamado es de origen extralegal, por tanto, contrariamente a lo argumentado por el inconforme, a éste le correspondió demostrar tener derecho a que se le otorgaran esas diferencias. Desde luego, debe precisarse que con independencia de que la patronal hubiese controvertido lo manifestado en el escrito inicial de demanda, a quien corresponde la carga de la prueba es al actor, ya que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón acreditar el monto del salario, también lo es que en el caso concreto este supuesto no se actualiza, porque la relación laboral entre ambos concluyó en septiembre de mil novecientos ochenta y uno, y de conformidad con el diverso artículo 804 del mismo cuerpo de leyes, la patronal sólo estaba obligada a conservar hasta por un año más, después de concluida la relación laboral, las listas de raya o nóminas, de llevarse en la empresa, tal como ésta lo hizo valer al contestar la reclamación laboral; de ahí que al haber transcurrido más de diez años de que terminó el nexo laboral, se insiste, correspondía al actor demostrar el salario que obtuvo durante el último año de la prestación de su servicio, para así estar en condiciones de establecer si la pensión jubilatoria que se le otorgó en aquella época era la que contractualmente le correspondía, ya que al carecer de datos concretos, la Junta responsable estuvo en lo justo al estimar que era improcedente lo pretendido por el actor quejoso, relativo a que le correspondía una cantidad mayor a la que se le asignó como pensión jubilatoria al momento en que ocurrió ese evento. Por otra parte, con el resultado de la prueba de inspección ofrecida por el propio impetrante, desahogada a foja 31 vuelta de los autos laborales, se acreditaron fehacientemente los aumentos que éste señala en el hecho tres de su escrito de demanda y también que los mismos le fueron otorgados; por tanto, ningún agravio le origina el que la Junta responsable haya estimado que por lo que ve al pago de esas diferencias debería absolverse a la patronal; tampoco es violatorio de garantías que la Junta juzgadora concluyera que no le es aplicable al actor lo establecido en las cláusulas 380, 382, 384 y 385 del contrato colectivo de trabajo vigente en la época en que fue jubilado, ya que en su calidad de trabajador de confianza debería dársele un trato diverso al momento de ser jubilado, en atención a que reclamó como monto de esa prestación el cien por ciento del último salario que percibía y las cláusulas en cuestión, concretamente la número 386, establece un tope máximo que se debe cubrir al trabajador que satisface los requisitos para ser jubilado, y tal como lo consideró la Junta del conocimiento, la cantidad otorgada al trabajador quejoso es superior al tope precisado. Es inatendible lo que argumenta el peticionario de garantías en el sentido de que la Junta del conocimiento no analizó las pruebas que al juicio aportó, puesto que además de la prueba de inspección ya señalada con antelación, solamente ofreció las copias fotostáticas de las cláusulas referidas, y la presuncional legal y humana, mismas que no arrojan ningún dato que permitiera establecer que al ser jubilado en el año de mil novecientos ochenta y uno, el trabajador tuviera derecho a una cantidad superior a la que se le otorgó; igualmente, resulta intrascendente para el resultado del juicio la prueba documental ofrecida por la patronal, consistente en la copia fotostática que contiene la cláusula 396 del contrato colectivo de trabajo, porque ésta se refiere a que los aumentos de tipo general al tabulador que se otorgan en los salarios de los trabajadores en servicio, se harán extensivos al personal jubilado, circunstancia que se acreditó con el desahogo de la prueba de inspección que ofreció el trabajador, de ahí la intrascendencia de la prueba en cuestión. En consecuencia, encontrándose que el laudo reclamado no es violatorio de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ni por ende de las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso." (fojas 60 a 61 vuelta del cuaderno de contradicción).
De la ejecutoria antes transcrita derivó la tesis de rubro y texto literal siguientes:
"JUBILACIÓN, DIFERENCIA SOBRE SALARIO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN (RECLAMACIÓN POSTERIOR AL AÑO DE TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL). CARGA DE LA PRUEBA. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón acreditar el monto del salario; también lo es que este supuesto no se actualiza cuando la relación laboral entre ambos ha concluido con una anterioridad superior al año, toda vez que de conformidad con el diverso artículo 804 del mismo cuerpo de leyes, la patronal sólo está obligada a conservar hasta por un año más, después de concluida la relación laboral, las listas de raya o nóminas, de llevarse en la empresa, de ahí que al plantearse una reclamación sobre diferencias en la cobertura de pensión jubilatoria, fuera de ese término, corresponde al actor demostrar el salario que obtuvo durante el último año de la prestación de su servicio, para así estar en condiciones de establecer si la pensión jubilatoria que se le otorgó fuera la que contractualmente le correspondía."
QUINTO. Establecido lo anterior, es necesario determinar si en el caso a estudio se cumplen los requisitos de existencia que establece tanto la Ley de Amparo como la jurisprudencia P./J. 26/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, por lo que resulta indispensable transcribir los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, los que sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales son del tenor literal siguiente:
"Artículo 107. ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Asimismo, en la mencionada jurisprudencia P./J. 26/2001, Novena Época, del Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, visible en la página 76, se interpretan los numerales antes transcritos y se señalan los requisitos de existencia de la contradicción de tesis, por lo que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
La jurisprudencia, interpretando el artículo constitucional y el de la ley reglamentaria antes transcritos, exigen que para que existan tesis contradictorias tienen que darse los siguientes requisitos:
a) Que al resolver negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Tales requisitos se surten en la especie, porque los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, partieron de la existencia y examen de los mismos elementos, es decir, que en ambos amparos directos se reclamó como acto el laudo dictado en un juicio laboral; en cada uno de esos juicios el trabajador jubilado demandó de Ferrocarriles Nacionales de México, el monto correcto de su pensión jubilatoria otorgada años atrás con base en el contrato colectivo de trabajo que rige para ese mismo organismo, y de acuerdo con el promedio salarial que devengaron en el último año de servicios y no conforme al que les fue asignado; de ahí que la controversia a dilucidar fuera la carga de la prueba para demostrar el salario que debió servir de base para el pago de dicha pensión en el momento en que los trabajadores se separaron del servicio, y que se reclama con más de un año después de que concluyó la relación de trabajo, llegando a criterios opuestos.
Los argumentos se contraponen en virtud de que el Décimo Tribunal Colegiado considera que no obstante que el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo disponga que el patrón tiene obligación de conservar la documentación señalada en el mismo hasta por un año, no resulta aplicable al caso en estudio, ya que aunque no haya una relación activa entre la empresa demandada y el actor, sí existe una relación nacida de la jubilación otorgada al obrero en cumplimiento a normas contractuales celebradas entre ambas, en donde debe pagar una pensión, la cual tuvo que tomar como base el promedio del salario del último año de servicios, y por ello tiene la obliga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17395-6aa1aa02/pension-jubilatoria-cuando-el-trabajador-demanda-su-rectificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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