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Modo: Corpus Pro

FALSEDAD DE DOCUMENTOS. SI LA OBJECIÓN PROVIENE DE LA RESPONSABLE DEBE ABRIRSE EL INCIDENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO AUN CUANDO AQUÉLLA NIEGUE EL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS PARA DESVIRTUAR DICHA NEGATIVA. IMPROCEDENCIA. LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE DERECHO A OFRECER PRUEBAS PARA DEMOSTRARLA, AUNQUE HAYA NEGADO LOS ACTOS RECLAMADOS, SI DICHAS PRUEBAS ESTÁN DESVINCULADAS DE LA NEGATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2000-PL. · Registro digital (IUS): 17184
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, , Pág. 561.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la contradicción de tesis, deben tenerse presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados en sus respectivas ejecutorias.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 64/99, promovido por el subprocurador general de Justicia del Estado de Jalisco, en ausencia del procurador general de Justicia del mismo Estado, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:

"III. Los agravios son infundados. No es cierto que el auto combatido carezca de la debida fundamentación y motivación. En el acuerdo combatido la Juez expresó las razones que a su juicio consideró aptas para rechazar la prueba de inspección ocular, pues dijo que de acuerdo con la negativa contenida en el informe justificado, a la parte quejosa es a quien, en su caso, corresponde desvirtuar esa negativa y, además, que la admisión de ese medio de convicción únicamente dilataría el procedimiento, dado que la misma no guarda relación con la existencia o no del acto reclamado, sino que se conduce a analizar una factura, agregando que ‘en el supuesto de que la conducta procesal de la quejosa originara la necesidad de probar diversas circunstancias, se estará en aptitud de ofrecer la prueba conducente a partir del momento en que tales circunstancias se originen’ (fojas 23 y vuelta). Lo que demuestra que el auto que se impugna sí satisface la exigencia que impone el numeral 16 constitucional en cuanto a la motivación. Por lo que ve al requisito de fundamentación, en el acuerdo recurrido no se cita ningún precepto legal, sin embargo, ello no aparece objetivamente incorrecto, porque la decisión ahí asumida se apoya en un precepto legal que así lo dispone. En efecto, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, dispone: ‘Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes.’. En esa tesitura, esto es, existiendo un precepto que contempla la posibilidad de que el Juez se valga de cualquier medio de prueba para resolver la controversia que se le propone, sin más limitante que la de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, es claro que el acuerdo que se analiza, aunque materialmente no se apoye en precepto jurídico alguno, sí encuentra sustento en la ley, como antes se vio y, por tanto, el debido fundamento que exige el artículo 16 constitucional ya citado. Por otro lado, tampoco asiste la razón a la responsable cuando señala que la Juez prejuzga acerca de la admisión y valoración de la inspección ocular, pues la a quo, contrariamente a lo aseverado, categóricamente rechaza la prueba sin especular acerca de si será admitida o no, es decir, no ‘prejuzga’ como dice la recurrente, y menos aún la valora, pues ello constituye materia de análisis hasta en tanto el medio de convicción haya sido desahogado y sea posible ponderarla con base en las dimensiones en que se llevó a cabo, lo que, en el momento procesal en que se desechó la probanza, aún no puede efectuarse. No es obstáculo para la anterior determinación, la circunstancia que aduce la autoridad recurrente en el sentido de que la solicitud de la admisión de la inspección se apoyó en lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, y 161, 162, 163 y 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues aun conviniendo en que tales numerales autorizan el ofrecimiento de todo tipo de pruebas, excepto aquellas que atenten contra la moral y el derecho, limitando la presentación de las mismas a un término, como antes ya se dijo, el artículo 79 citado, el que, repítese, resulta de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en todo caso, hay que precisar, condiciona la admisión de pruebas a aquellas que se relacionen con la controversia planteada y, en el caso, la litis se integró al rendir su informe la autoridad, aquí recurrente, en el que negó los actos que se le atribuyeron. En esa medida, si la probanza que se le rechazó se dirige a cotejar ‘el libro contable de facturación, la que se encuentra registrada con el número progresivo 01723, con la copia exhibida por el impetrante, debiéndose levantar acta pormenorizada de lo que se aprecie por conducto de los sentidos, a efecto de determinar su autenticidad o falsedad y, en consecuencia, establecer el nacimiento del derecho o la ausencia del mismo’ (foja 15 del expediente de amparo). Es claro que las mismas (las pruebas) no se relacionan con la controversia planteada; de ahí que resulte correcta la decisión asumida en el acuerdo combatido. En otro aspecto, por lo que ve a las tesis que se citan en el escrito de agravios, cuyos rubros rezan: ‘PRUEBA TESTIMONIAL E INSPECCIÓN JUDICIAL, ANUNCIO DE LA, EL JUEZ DEBE LIMITARSE A TENERLAS POR ANUNCIADAS, SIN PREJUZGAR SOBRE SU ADMISIÓN O VALORACIÓN.’, ‘PRUEBAS, SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISIÓN.’ y ‘PRUEBAS EN AMPARO, DESECHAMIENTO INDEBIDO.’, el recurrente no señala por qué considera que resultan aplicables al caso, pues refieren temas acerca de la procedencia de la queja en caso del rechazo de una prueba; de cuándo se desechan pruebas bajo la base de que el acto reclamado deviene de un procedimiento seguido en forma de juicio; y de cuándo deben tenerse por anunciadas sin prejuzgar acerca de su admisión o valoración, lo que no es materia de debate, de ahí que no se tomen en consideración para resolver esta queja. Son inatendibles las alegaciones en que se parafrasea el contenido de los artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se citaron líneas arriba, pues estos numerales tan sólo refieren acerca de la tramitación de la prueba, sin que, en el caso, sea dable analizar esa circunstancia, porque, como se vio, la prueba fue rechazada. Por último, tampoco asiste razón a la recurrente en lo que aduce en el sentido de que hasta en la sentencia que se dicte en la audiencia deberá ponderarse el medio de convicción de que se trata, ya que resulta preponderante y previo a esa circunstancia el hecho de que el medio de prueba sea admitido a fin de que ésta pueda desahogarse y, entonces, sí en sentencia valorarse, lo que en el caso no aconteció. Consiguientemente, no evidenciadas las violaciones alegadas lo que procede es declarar infundada la queja y confirmar el auto recurrido." (fojas 25 vuelta a 7 vuelta del expediente).

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 109/2000, promovido por Cirilo Jiménez, en su parte medular, establece lo siguiente:

"IV. Los agravios transcritos son jurídicamente ineficaces para modificar o revocar el auto recurrido. El recurrente sostiene la ilegalidad del auto recurrido, en concreto, porque el mismo carece de fundamentación, y en la circunstancia de que la autoridad responsable, oferente de dicha prueba, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos a ésta atribuidos; que por ello aduce, no existe motivación en que funde su petición y, por ende, no tiene facultad jurídica para ‘ofertar prueba alguna’. Finalmente, concluye el recurrente que por estas razones se infringen las disposiciones contenidas en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, al tener por anunciada en tiempo y forma la probanza de que se trata. Pues bien, en primer término, no es verdad que el auto recurrido carezca de fundamentación, pues en éste, el Juez señaló como fundamento para la admisión de la prueba los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, con lo cual queda satisfecho el requisito de fundamentación que exige el artículo 16 constitucional. Ahora bien, el artículo 149 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: ‘Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. ...’. Por otra parte, los artículos 150 y 151 del mismo ordenamiento legal, respectivamente, disponen: ‘En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’ y ‘Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer valer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales. La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación.’. Como puede verse de los numerales transcritos, las autoridades responsables deben exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio; luego, para ello puede ofrecer las pruebas que también estimen conducentes para esos fines, ello, claro está, cumpliendo con los requisitos que prevén los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, también transcritos. Bajo ese orden de ideas, el que la autoridad oferente de la prueba haya negado la existencia de los actos reclamados, no impide que pretenda probar la improcedencia del juicio, en tanto que su negativa no implica que haya dejado de ser parte en el juicio de garantías y, por ello, pueda ejercer los derechos que en materia de prueba establece la referida Ley de Amparo. Al respecto, el recurrente cita un precedente en el que se resolvió un tema similar al que aquí se plantea, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, en la resolución de la queja 64/99, interpuesta por el subprocurador general de Justicia del Estado de Jalisco, en ausencia del procurador, en contra del auto dictado el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, en el juicio de amparo número 304/99, en el cual dicho tribunal, en lo que aquí interesa, consideró: ‘... No es obstáculo para la anterior determinación, la circunstancia que aduce la autoridad recurrente en el sentido de que la solicitud de la admisión de la inspección se apoyó en lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, y 161, 162, 163 y 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues aún conviniendo en que tales numerales autorizan el ofrecimiento de todo tipo de pruebas, excepto aquellas que atenten contra la moral y el derecho, limitando la presentación de las mismas a un término, como antes ya se dijo, el artículo 79 citado, el que, repítese, resulta de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en todo caso, hay que precisar, condiciona la admisión de pruebas a aquellas que se relacionen con la controversia planteada y, en el caso, la litis se integró al rendir su informe la autoridad, aquí recurrente, en el que negó los actos que se le atribuyeron. En esa medida, si la probanza que se le rechazó se dirige a cotejar «... El libro contable de facturación, la que se encuentra registrada con el número progresivo 01723 con la copia exhibida por el impetrante, debiéndose de levantar acta pormenorizada de lo que se aprecie por conducto de los sentidos, a efecto de determinar su autenticidad o falsedad y, en consecuencia, establecer el nacimiento del derecho o la ausencia del mismo.» (foja 15 del expediente de amparo), es claro que la misma (la prueba) no se relaciona con la controversia planteada; de ahí que resulte correcta la decisión asumida en el acuerdo combatido’ (foja 38 vuelta de la queja 64/99, que se tiene a la vista). Pues bien, este órgano colegiado difiere del criterio antes transcrito, primero, porque, como ya se dijo, el hecho de que la autoridad oferente de la prueba haya negado la existencia de los actos a ella atribuidos, no le impide ofrecer pruebas para, como en el caso, tratar de demostrar la improcedencia del juicio y, segundo, porque se considera que la prueba de que se trata, con la cual se pretende ‘precisar el nacimiento de los derechos de propiedad de una unidad motriz que se pretende proteger o la ausencia de los mismos’, sí se relaciona con la controversia planteada, en tanto que el quejoso pretende que se le proteja un derecho que la autoridad, a su vez, pretende demostrar que no lo tiene; esto es, la prueba tiene relación con la demostración del interés jurídico del quejoso, el que, se insiste, tiene derecho de cuestionar la responsable a pesar de que negó la existencia de los actos reclamados. De ahí que se cumpla con lo establecido por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que condiciona la admisión de pruebas a aquellas que se relacionan con la controversia planteada. Toda vez que el criterio sostenido con anterioridad por este Tribunal Colegiado, resulta contrario al del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la resolución de la queja antes mencionada, se estima pertinente denunciar la posible contradicción de criterios. En esas condiciones, al resultar ineficaces los agravios lo que procede es declarar infundada la queja y confirmar el auto recurrido." (fojas 7 vuelta a 11 del cuaderno de contradicción).

CUARTO. Como cuestión previa, debe determinarse si la contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia. Para ello debe estarse a la jurisprudencia número 4a./J. 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, octubre de 1992, página 22, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal de la República y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:

"Artículo 107. ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción." y "Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará lassituaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

La jurisprudencia transcrita exige que, para que existan tesis contradictorias, tienen que darse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Tales elementos se surten en la especie, porque los tribunales de referencia examinaron una cuestión jurídica igual con divergencia de criterios, debiendo destacar que no es necesario que deriven necesariamente de tesis o jurisprudencias publicadas, sino únicamente se requiere que provengan de las consideraciones de asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata.

Esta consideración se apoya en la tesis del Tribunal Pleno, publicada con el número P. L/94, en la página 35 de la Gaceta 83, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación; y en la tesis LXVII/98 de esta Segunda Sala, visible en la página 587 del Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, respectivamente, son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

QUINTO. A fin de demostrar si en la presente contradicción se cumple con cada uno de los requisitos antes apuntados, se estima necesario precisar algunos antecedentes de donde derivaron los criterios emitidos en los recursos de queja.

Del análisis del juicio de amparo indirecto 304/99, promovido por Rogelio Cosío Sayavedra, del registro del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, y de la copia certificada del diverso amparo indirecto 527/2000, promovido por Cirilo Ortega Jiménez, de la estadística del Juzgado Segundo de la misma entidad, remitidas a esta Suprema Corte de Justicia, se desprende lo siguiente:

a) En ambos juicios se señaló como autoridad ordenadora al procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.

b) Los quejosos, en uno y otro juicio, señalaron como acto de molestia el impedimento en el uso y goce del bien mueble (vehículo automotor), en cuanto a que la autoridad les exigió la exhibición de los documentos que acrediten la propiedad de sus respectivos vehículos.

c) La autoridad responsable, al rendir informe en cada uno de los juicios, negó el acto reclamado y solicitó el sobreseimiento del juicio con apoyo en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.

d) La propia autoridad responsable ofreció en cada uno de los citados juicios la prueba de inspección ocular con el propósito de cotejar la copia de la factura exhibida por la parte quejosa, con el original del documento en poder de la empresa automotriz que la expidió y que obra en su libro contable, para determinar la autenticidad o falsedad del documento y, en consecuencia, "establecer el nacimiento del derecho o la ausencia del mismo" respecto de la propiedad de la unidad motriz que se pretende proteger.

Ahora bien, en el juicio de amparo indirecto 527/2000, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco tuvo por admitida la prueba de inspección con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, ordenando su desahogo mediante el exhorto respectivo.

En el juicio de amparo 304/99, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco desechó la prueba en comentario, y apoyó su proceder en el hecho de que no corresponde a la autoridad probar la negativa que vierte en su informe, sino a la contraparte desvirtuarla, y porque provocaría una dilación innecesaria en el procedimiento, pues al haber negado la existencia de los actos que se le atribuyeron no se aprecia la pertinencia de la inspección, ya que dicha prueba no guarda relación con la existencia o no del acto reclamado.

En ambos casos, la parte a quien perjudicó el acuerdo respectivo promovió recurso de queja. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió la queja 64/99 (derivada del amparo indirecto 304/99), interpuesta por la autoridad responsable contra el acuerdo que tuvo por desechada la prueba de inspección, y sostuvo, esencialmente, que fue correcto el proceder del Juez, en los términos de las consideraciones que ya quedaron transcritas. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que resolvió el recurso de queja 109/2000 (relativo al amparo indirecto 527/2000), interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo que tuvo por admitida la prueba ofrecida por la autoridad responsable, consideró que la prueba fue correctamente admitida, acorde a las consideraciones anteriormente transcritas.

SEXTO. De los antecedentes expuestos se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito partieron de la existencia y examen de los mismos elementos y se pronunciaron sobre un mismo tema relativo a la posibilidad de la autoridad responsable de ofrecer o no pruebas cuando niega el acto reclamado, diversa a esa negativa, como es la tendente a demostrar la improcedencia del juicio y la relación que esa prueba debe guardar con la litis, conforme al artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que, además, no sea contraria a la moral y al derecho para determinar la posibilidad del juzgador de admitir la prueba que se ofrece, llegando a criterios opuestos.

Para el Primer Tribunal Colegiado la controversia planteada se limita a la negativa del acto reclamado por parte de la autoridad responsable, de modo que las pruebas que se ofrezcan deben relacionarse con ese punto y que aun cuando los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo autorizan el ofrecimiento de todo tipo de pruebas, excepto aquellas que atenten contra la moral y el derecho, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, condiciona la admisión de pruebas a aquellas que se relacionen con la controversia planteada y, en el caso, si la litis se integró al rendir su informe en el que negó los actos que se le atribuyeron, que en esa medida, si la probanza que se le rechazó se dirige a cotejar una factura con la copia exhibida por el impetrante, a efecto de determinar su autenticidad o falsedad y, en consecuencia, establecer el nacimiento del derecho o la ausencia del mismo, la prueba no se relaciona con la controversia planteada, y fue correcto su desechamiento.

En cambio, para el Segundo Tribunal Colegiado la negativa del acto reclamado no impide que la autoridad ofrezca pruebas para demostrar la improcedencia del juicio. La inspección ofrecida tiende a probar la falta de interés jurídico del quejoso y, por ello, sí se relaciona con la controversia. Para este Tribunal Colegiado la litis o controversia no se limita a la negativa del acto, sino también comprende las causas de improcedencia que se aleguen; de ahí que las pruebas que se ofrezcan con el fin de demostrarlas sí se relacionan con la litis.

En consecuencia, la contradicción de tesis que se plantea consiste en determinar lo siguiente:

Si la autoridad responsable que niega la existencia de los actos reclamados puede o no ofrecer pruebas desvinculadas de su negativa dentro del juicio de garantías y que tiendan a demostrar causas de improcedencia, consecuent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17184-e78ec8cd/falsedad-de-documentos-si-la-objecion-proviene-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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