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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SE SURTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UN ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO PARA LA "BUENA MARCHA" DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 411/2002. · Registro digital (IUS): 17407
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 276.

COMPETENCIA 411/2002. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Para un mejor análisis del conflicto competencial suscitado con motivo del rechazo de los Tribunales Colegiados contendientes para conocer del recurso de revisión interpuesto por Mario Alberto Russell Gámez, en contra del auto de dos de julio del año dos mil dos, dictado por la Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo 1486/2002, se estima necesario reseñar los antecedentes que informan la génesis del presente asunto.

1) Mario Alberto Russell Gámez, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "La Palma", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, y de otras autoridades, los cuales hizo consistir en la circular número veintiuno, en la que se determina que el personal de seguridad y custodia tomará lista diaria a la población de internos en los horarios de las seis, nueve, quince, diecinueve y veintidós horas, así como en forma extraordinaria cuando se ordene por la autoridad competente, por lo que deben presentarse junto a la puerta de su estancia y responder con su nombre debidamente uniformados. También se reclamó la ejecución de dicha determinación.

2) La demanda se turnó a la Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, la cual mediante proveído de dos de julio de dos mil dos, dictado en el expediente 1486/2002, la desechó por notoriamente improcedente.

3) Inconforme con la resolución anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien lo registró bajo el número 247/2002, y en resolución de doce de septiembre de dos mil dos declaró ser incompetente legalmente para conocer del aludido medio de impugnación, declinando su competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del mismo circuito.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al declarar su incompetencia legal, sostiene lo que a continuación se inserta:

El acto reclamado aunque no incide directamente en la libertad personal del quejoso, puesto que no se le priva de ella al someterlo a las medidas que le fueron impuestas, sí se ubica dentro de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a la competencia de los Jueces de Distrito en materia penal para resolver aquellos actos en que se cuestionen restricciones impuestas a los internos de un centro de readaptación social y, por vía de consecuencia, a los Tribunales Colegiados de Circuito de esa materia, pues la circunstancia de que las autoridades emisoras del acto reclamado, formalmente tengan el carácter de administrativas, no constituye un factor determinante para fijar la competencia, sino que también debe atenderse a la naturaleza de los derechos fundamentales que se estiman violados, por lo que si los artículos 37, fracción II y 38 de dicha ley establecen que un Tribunal Colegiado en Materia Penal es el que debe conocer del recurso de revisión que eventualmente se interponga contra la sentencia dictada en el juicio de amparo, dicho órgano también es competente para conocer de lo accesorio, como es el acuerdo que desecha la demanda de amparo.

4) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito no aceptó la competencia declinada a su favor, con base en el criterio siguiente:

El acto reclamado es formal y materialmente administrativo, en virtud de que proviene del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "La Palma", con asiento en Almoloya de Juárez, Estado de México, y consiste básicamente en la determinación tomada para pasar lista diaria a la población de internos, de pie, firmes, debidamente uniformados y frente a la puerta de su estancia, en los horarios comprendidos de seis, nueve, quince, diecinueve y veintidós horas, así como las extraordinarias cuando se les ordene, por lo que con esa determinación no se le está privando de su libertad sino que ésta ya había ocurrido con motivo de un auto de formal prisión dictado en su contra.

No es óbice a lo anterior lo dicho por el quejoso, de que se viola en su perjuicio el último párrafo del artículo 19 constitucional, ya que aun cuando el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación otorga competencia al Juez de Distrito especializado en materia penal, respecto de los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Carta Magna (mutilación, infamia, azotes, palos, tormento de cualquier especie, entre otros), lo cierto es que no basta el dicho del quejoso para estimar que el acto reclamado sea uno de los actos prohibidos por la norma suprema citada, ya que la naturaleza del acto impugnado se determina conforme al análisis propio del mismo y no depende de lo que respecto de él argumente el agraviado.

CUARTO. Atento los antecedentes que informan el presente conflicto competencial, en esencia, debe determinarse si un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, o uno en Materia Administrativa, es el legalmente competente para resolver un recurso de revisión en contra de una resolución a través de la cual se desechó una demanda de amparo, donde el acto reclamado es un acuerdo emitido por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "La Palma", que regula la forma en que debe pasar lista la población de internos de ese establecimiento penitenciario.

Con el fin de resolver el problema planteado, es importante tener presente el criterio del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ,adoptado en sesión del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, dentro de la contradicción de tesis 9/96, que consideró competentes a los Juzgados de Distrito especializados en materia penal para conocer de las demandas de amparo contra determinaciones de no ejercicio de la acción penal.

En la parte que aquí interesa se dice:

"SEXTO. Precisado lo anterior y a fin de decidir a qué Tribunal Colegiado le asiste la razón, se tiene presente que el Tribunal Pleno, al conocer conflictos de competencia suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito, invariablemente ha atendido a la naturaleza del acto para decidirlos, prescindiendo de la autoridad de la que emana, como se desprende de los criterios que enseguida se transcriben:

"ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En tratándose de un problema competencial para conocer de un amparo indirecto, la resolución del conflicto debe atender exclusivamente a la naturaleza material del acto reclamado. Desde el punto de vista material, que atiende al acto en sí, el acto reclamado es de naturaleza laboral, cuando consista en una multa impuesta por el secretario de Trabajo y Previsión Social por infracción a disposiciones tanto de la Ley Federal del Trabajo, como de los Reglamentos de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y de Higiene en el Trabajo. La circunstancia de que la multa impuesta no haya derivado de un conflicto obrero-patronal, sindical o de un laudo, no implica que dicho acto no esté comprendido dentro de la materia de trabajo, pues las hipótesis que contempla el artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se agotan, únicamente, en ese tipo de conflictos, sino que comprenden, además, todas aquellas cuestiones que, sin mediar controversias entre patrones y trabajadores, miran la seguridad social de estos últimos, como sucede cuando se impone una multa por infracción a disposiciones de trabajo que tutelan los intereses de la parte obrera; aspecto este que queda comprendido en la fracción III del artículo 42 bis de la invocada ley.’

"...

"’ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Si se reclama el artículo 28, fracción I, del Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, así como una multa impuesta por violación al artículo 132, fracción XXIV, de la Ley Federal del Trabajo, el conocimiento de la demanda de amparo corresponde, en términos de lo dispuesto por el artículo 42 bis, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo, pues el contenido del precepto en cita es de naturaleza materialmente laboral, ya que otorga facultades a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del Departamento del Distrito Federal, para vigilar y hacer efectivas las normas de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y disposiciones de ellos derivados; y, desde luego, las normas que otorgan facultades a las autoridades para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, también caen dentro del ámbito de la materia de trabajo, no obstante que esas autoridades sean formalmente administrativas y que los reglamentos sean expedidos por el Ejecutivo, puesto que, tratándose de reglamentos, a fin de determinar la competencia en amparo en razón de la materia, se debe atender exclusivamente a la naturaleza material del ordenamiento y no a la índole de la autoridad emisora del mismo, pues es inconcuso que todo reglamento expedido por el presidente de la República constituye un acto formalmente administrativo, y de atenderse al criterio formal, ningún reglamento sería de naturaleza laboral. Además, la multa que se reclama también es de contenido materialmente laboral y no administrativo en sentido estricto, aun cuando la autoridad responsable sea administrativa, toda vez que fue impuesta por incumplir una disposición de la Ley Federal del Trabajo.’

"...

"‘ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA LABORAL (MULTAS). En el caso de un problema competencial en amparo indirecto la resolución del conflicto debe atender exclusivamente a la naturaleza material del acto reclamado. Ahora bien, desde el punto de vista material que corresponde al acto en sí, y no a su origen, el acto reclamado es de naturaleza laboral cuando consiste en una multa impuesta por el secretario de Trabajo y Previsión Social a una empresa por haber infringido ésta, diversas disposiciones tanto de la Ley Federal del Trabajo, como de los Reglamentos de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y de Higiene del Trabajo, sin que la circunstancia de que la multa impuesta no haya derivado de un conflicto obrero patronal, sindical o de un laudo, implique que dicho acto no esté comprendido dentro de la materia de trabajo, pues las hipótesis que contempla el artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se agotan, únicamente, en ese tipo de conflictos, sino que comprenden además, particularmente en la fracción III de dicho numeral, todas aquellas cuestiones en que sin mediar controversias entre patrones y trabajadores, miran a la seguridad social de estos últimos, como sucede si se impuso una multa por infracción de disposiciones de trabajo que tutelan los intereses de la parte obrera. De lo que se sigue que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de la fracción III del artículo 42 bis de la invocada ley, siendo competente el Juez de Distrito en materia de trabajo.’

"...

"‘COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO CUANDO SE RECLAMAN REGLAMENTOS. DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA MATERIAL DE ÉSTOS. Es evidente que tratándose de reglamentos, a fin de determinar la competencia en amparo en razón de la materia, se debe atender exclusivamente a la naturaleza material del reglamento y no a la calidad de la autoridad emisora del mismo, pues es inconcuso que todo reglamento expedido por el presidente de la República constituye un acto formalmente administrativo, y de atenderse al criterio formal, ningún reglamento sería de naturaleza laboral. En esas condiciones, si en el caso a estudio se reclama una disposición reglamentaria de contenido materialmente laboral, aun cuando se dé injerencia a una autoridad administrativa, cabe concluir que el conocimiento de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito en Materia de Trabajo, pues desde luego que las normas que otorgan facultades a las autoridades para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, también caen dentro del ámbito de la materia del trabajo, no obstante que esas autoridades formalmente sean administrativas.’

"...

"‘COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: la primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones terceras, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del Ejecutivo de la Unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste.’

"...

"Como se desprende de las tesis reproducidas, la naturaleza material del acto de autoridad ha sido fundamental para la Suprema Corte de Justicia en la precisión de la competencia de los tribunales especializados, buscando con ello dar cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios, pues la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. ..."

Conforme a lo ahí resuelto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados.

En el caso a estudio, el acto reclamado es un acuerdo del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "La Palma", a través del cual se regula la forma en que debe pasar lista la población de internos de ese establecimiento penitenciario, por lo que es preciso analizar su naturaleza jurídica.

Lo anterior va de la mano con las facultades legales que tiene esa autoridad, por lo que es conveniente ubicarlas dentro del marco normativo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé:

"Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

"Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

"Los gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal.

"La Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores.

"Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la República, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los gobernadores de los Estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrán (sic) efectuarse con su consentimiento expreso.

"Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social."

Por su parte, la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados señala:

"Artículo 9o. Se creará en cada reclusorio un Consejo Técnico Interdisciplinario, con funciones consultivas necesarias para la aplicación individual del sistema progresivo, la ejecución de medidas preliberacionales, la concesión de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria y la aplicación de la retención. El consejo podrá sugerir también a la autoridad ejecutiva del reclusorio medidas de alcance general para la buena marcha del mismo.

"El consejo, presidido por el director del establecimiento, o por el funcionario que le sustituya en sus faltas, se integrará con los miembros de superior jerarquía del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia, y en todo caso formarán parte de él un médico y un maestro normalista. Cuando no haya médico ni maestro adscritos al reclusorio, el consejo se compondrá con el director del Centro de Salud y el director de la escuela federal o estatal de la localidad y a falta de estos funcionarios, con quienes designe el Ejecutivo del Estado."

El Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social dice:

"Artículo 54. Son autoridades de los Centros Federales de Readaptación Social las siguientes:

"I. El director general de Prevención y Readaptación Social;

"II. El director del centro;

"III. El Consejo Técnico Interdisciplinario en los términos del artículo 9o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados;

"IV. Los subdirectores: Jurídico, Técnico, de Seguridad y Custodia, Administrativo y de Seguridad y Guarda del centro; y

"V. Los jefes de departamento del centro."

"Artículo 60. El Consejo Técnico Interdisciplinario del centro funcionará como órgano de consulta, asesoría y auxilio del director; y como autoridad en aquellos asuntos que le corresponda resolver de conformidad con este reglamento, sus manuales e instructivos."

"Artículo 61. El Consejo Técnico Interdisciplinario a que se refiere el artículo anterior, se integrará de la siguiente forma:

"I. El director del centro, quien lo presidirá;

"II. El subdirector Jurídico, quien fungirá como secretario del consejo;

"III. El subdirector Técnico;

"IV. El subdirector de Seguridad y Custodia;

"V. El subdirector Administrativo;

"VI. El subdirector de Seguridad y Guarda;

"VII. Los jefes de los departamentos de Observación y Clasificación, Actividades Educativas, Actividades Laborales, Servicios Médicos; y

"VIII. Un representante de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

"Por cada miembro propietario se designará un suplente."

"Artículo 62. El Consejo Técnico podrá asesorarse de aquellos miembros del área técnica que considere necesarios."

"Artículo 63. El Consejo Técnico Interdisciplinario tendrá las siguientes funciones:

"I. Actuar como órgano de orientación, evaluación y seguimiento del tratamiento individualizado al interno;

"II. Resolver sobre la autorización de incentivos para el interno de acuerdo al manual correspondiente;

"III. Evaluar, y en su caso dictaminar sobre la aplicación de correctivos disciplinarios al interno;

"IV. Emitir opinión sobre los asuntos que le sean planteados por el director, o por cualquiera de sus miembros;

"V. Clasificar en dormitorio, módulo, nivel, sección y estancia a los internos, conforme al instructivo correspondiente y reclasificarlos de acuerdo a las medidas del tratamiento;

"VI. Evaluar los estudios practicados a los internos para la concesión de los beneficios de libertad, emitiendo opinión sobre su otorgamiento, a las autoridades competentes;

"VII. Emitir opinión sobre la autorización de visitas, en los términos del artículo 34 de este reglamento;

"VIII. Determinar con base en el instructivo correspondiente qué internos laborarán en las áreas destinadas a este fin dentro de los módulos; y

"IX. Las demás que le señalen el director, este reglamento, sus manuales e instructivos."

"Artículo 64. El Consejo Técnico Interdisciplinario celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez a la semana, y extraordinarias cuando es convocado por el director del centro o por las dos terceras partes de sus miembros.

"Para deliberar será necesaria la presencia de todos sus miembros.

"Las decisiones que emita el consejo deberán tomarse en todos los casos por unanimidad.

"La opinión y el voto que emita cada miembro del Consejo Técnico, no estarán supeditados a la autoridad del director del centro."

"Artículo 65. El secretario del consejo formulará el orden del día y elaborará el acta correspondiente, que contendrá los dictámenes y recomendaciones; enviará copia del acta al director general de Prevención y Readaptación Social y agregará al expediente del interno copia de los dictámenes y recomendaciones que se refieran al mismo."

De lo anterior se desprende que el Consejo Técnico Interdisciplinario tiene unas facultades que inciden de manera preponderante en la readaptación social de los sentenciados y otras que permiten adoptar medidas administrativas de carácter general para "la buena marcha" del reclusorio.

Para los efectos que aquí interesan, esas medidas administrativas deben entenderse que provienen de la palabra "administrar", que conforme al Diccionario de la Lengua Española significa: "Dirigir una institución.".

Dentro de esas medidas administrativas se puede ubicar al acuerdo en cuestión, el cual, además, es formalmente administrativo, ya que la autoridad responsable pertenece al Poder Ejecutivo, que es el encargado de ejecutar materialmente las sentencias penales.

En consecuencia, para efectos del amparo, el acuerdo de mérito tiene naturaleza administrativa en contraposición a lo penal.

Esto último se refuerza, a contrario sensu, con otra de las argumentaciones que sostuvo el Pleno de este Alto Tribunal al resolver la contradicción 9/96, a que ya se ha hecho referencia, donde se dice:

"... A continuación se transcribe el precepto que establece la competencia de los Jueces de Distrito que conocen de los juicios de amparo en la materia penal:

"‘Artículo 51. Los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán:

"‘I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"‘II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y,

"‘III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo.’

"En los preceptos transcritos se fijan diversas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en el conocimiento de los juicios de amparo indirecto especializados en la materia penal.

"...

"La fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone, entre otros supuestos de competencia, que los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de garantías que se promuevan ‘... contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal ...’.

"Ahora bien, como donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es válido interpretar en forma extensiva la fracción de mérito y sostener que la competencia también se surte cuando la sentencia que se dicte en el amparo pueda producir la consecuencia de afectar la libertad personal del tercero perjudicado, que en el caso de un juicio de garantías promovido en contra de una resolución de no ejercicio de la acción penal, lo sería, por supuesto, el indiciado o inculpado.

"Aun cuando no todos los delitos se sancionan con la privación de la libertad, ya que de conformidad con el artículo 24 del Código Penal para el Distrito Federal, las penas y medidas de seguridad pueden consistir no sólo en prisión, sino en tratamiento en libertad, trabajo en favor de la comunidad, sanción pecuniaria (multa, reparación del daño), entre otros, lo cierto es que la afectación de la libertad debe entenderse en sentido amplio y aun tratándose, por ejemplo, de delitos como violación de correspondencia, o desobediencia y resistencia de particulares que, en los términos de los artículos 173 y 178 del Código Penal para el Distrito Federal, se sancionan únicamente con la imposición de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo y de diez a treinta días multa, respectivamente, la orden de comparecer al juicio y, en su caso, el auto de sujeción a proceso que pudiera dictarse en el supuesto de que se ejercitara la acción penal por tales delitos con motivo de un juicio de amparo, de conformidad con el artículo 304 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, afectan la libertad de la persona, pues se le obliga a comparecer ante la autoridad que la requiere, aun cuando la restricción tenga el límite precario indispensable para el desahogo de las diligencias respectivas, tales como la declaración preparatoria, la identificación administrativa, entre otras.

"Así las cosas, debe entenderse que cualquiera de las hipótesis a las que alude el artículo 24 del Código Penal para el Distrito Federal, llevan implícita una limitación de libertad, sobre todo si se toma en consideración que aun en los supuestos en que la sanción a imponer no sea privativa de la libertad, el Juez del proceso tiene la facultad de decretar el arraigo del procesado cuando se actualicen las prevenciones contenidas en el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que dice: (se transcribe).

"Medida cautelar la anterior que, sin duda, restringe la libertad personal del inculpado.

"Es aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial 11/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que este Tribunal Pleno comparte, visible en la página doscientos sesenta y nueve del Tomo V, marzo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.’ (se transcribe).

"La fracción II establece la competencia de los Jueces de Distrito en materia penal cuando se trate de juicios de amparo que se promuevan contra actos dentro o fuera del juicio o después de concluido, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito.

"Por último, la fracción III alude al conocimiento de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal.

"Interpretando en forma sistemática las fracciones del precepto de que se trata, se obtiene que en el mismo se contemplan las atribuciones de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo para conocer de actos materialmente penales, no sólo con fundamento en la fracción I antes examinada, sino que la competencia del Juez de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17407-306fecc7/competencia-de-los-tribunales-colegiados-de-circuito-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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