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CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CUANDO SE INVOLUCRAN MATERIAS QUE CORRESPONDEN A LAS DOS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES COMPETENTE PARA RESOLVERLO AQUELLA CUYA ESPECIALIDAD COINCIDE CON LA DEL ÓRGANO QUE PREVINO.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 159/2004. · Registro digital (IUS): 18708
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y TERCERO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 231.

COMPETENCIA 159/2004. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y TERCERO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente conflicto competencial de conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 bis, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, porque si bien es cierto que los Tribunales Colegiados contendientes involucran materias que son de la especialidad de ambas Salas, es competente para resolverlo aquella cuya especialidad coincida con la del órgano que previno, en este caso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Corrobora lo anterior la tesis 2a. CCXXXV/2001, sustentada en la Novena Época por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, página 101, que es del tenor literal siguiente:

"CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CUANDO SE INVOLUCRAN MATERIAS QUE CORRESPONDEN A LA ESPECIALIDAD DE LAS DOS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES COMPETENTE PARA RESOLVERLO AQUELLA CUYA ESPECIALIDAD COINCIDE CON LA DEL ÓRGANO QUE PREVINO. Del análisis de lo previsto en los artículos 21, fracción VII y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los puntos primero al quinto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en relación con sus consideraciones, se deduce que, por un lado, no corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de un conflicto de competencia entre Tribunales Colegiados de Circuito, ya que aquél se reservó el conocimiento de los negocios excepcionales y de trascendencia para que las demás cuestiones sean resueltas por una de las Salas y, por otro, el conocimiento del asunto tampoco corresponde a otro Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que el órgano jurisdiccional competente para dirimir tal conflicto lo es una Sala del Máximo Tribunal del país. Por tanto, cuando el conflicto de que se trata es del orden penal o civil, o comprende ambos, corresponderá resolverlo a la Primera Sala, y si es administrativo o del trabajo, o comprende ambos, conocerá la Segunda Sala, pero cuando se involucran materias que son de la especialidad de las dos Salas, es competente para resolverlo aquella cuya especialidad coincida con la del órgano que previno, ya que en este caso es aplicable analógicamente el principio de que el conflicto de competencia debe resolverse por el tribunal ad quem que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno en el asunto de que se trate."

SEGUNDO. A fin de estar en posibilidad de resolver el presente conflicto competencial, se estima necesario analizar los antecedentes del mismo.

En el caso concreto, la parte quejosa adujo diversos conceptos de violación encaminados a controvertir la constitucionalidad de los artículos 28, fracción V, 111, fracción VII, 115-bis y segundo transitorio, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cuatro.

Dichos preceptos jurídicos, en la parte que interesa, textualmente establecen:

"Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:

"...

"V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general."

"Artículo 111. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:

"...

"VII. No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace referencia la fracción V del artículo 28 de este código, los altere, los destruya o bien, enajene combustibles que no fueron adquiridos legalmente."

"Artículo 115-Bis. Se impondrá sanción de seis a diez años de prisión al comercializador o transportista, de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados.

"Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, también se aplicará la pena mencionada al comercializador o transportista, que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas geográficas limitadas."

"Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:

"...

"VII. Para los efectos del artículo 28, fracción V del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para incorporar los equipos de control volumétrico a que se refiere el precepto citado."

De lo anterior se desprende que la parte quejosa está impugnando, por una parte, la constitucionalidad de disposiciones de carácter eminentemente administrativo, a saber, los artículos 28, fracción V y segundo transitorio, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que a través de ellas se establece la obligación de las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general de llevar controles volumétricos y de mantenerlos en operación en todo momento, aclarándose, que dichos controles deberán llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, y que dichas personas cuentan con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de dicho decreto para incorporar esos controles volumétricos a su contabilidad y, por la otra, la constitucionalidad de normas de índole penal, como son los artículos 111, fracción VII y 115-bis del ordenamiento legal en comento, en los cuales se establece que se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien no cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace referencia la fracción V del artículo 28 de este código, los altere, los destruya o bien, enajene combustibles que no fueron adquiridos legalmente y de seis a diez años de prisión al comercializador o transportista, de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos, o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados, así como a los comercializadores o transportistas que tengan en su poder los combustibles mencionados fuera de las zonas geográficas limitadas.

Una vez precisado lo anterior, se estima necesario señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo II del título cuarto del ordenamiento legal en comento.

A fin de acreditar lo anterior se estima necesario transcribir el contenido del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el cual se establece lo siguiente:

"Artículo 48. Los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente capítulo."

Las diversas materias de las que pueden conocer los Jueces de Distrito se encuentran contenidas en los artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los cuales se precisa lo siguiente:

"Artículo 50. Los Jueces federales penales conocerán:

"I. De los delitos del orden federal.

"Son delitos del orden federal:

"a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b), a l) de esta fracción;

"b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal;

"c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos;

"d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;

"e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo;

"f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

"g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

"h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;

"i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado;

"j) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación;

"k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal;

"l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal, y

"m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional.

"II. De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales.

"III. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada."

"Artículo 51. Los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán:

"I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y

"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo."

"Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán:

"I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;

"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo;

"IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente, y

"V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio."

"Artículo 53. Los Jueces de Distrito civiles federales conocerán:

"I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal;

"II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional;

"III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del Juez;

"IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular;

"V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal;

"VI. De las controversias ordinarias en que la Federación fuere parte, y

"VII. De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta ley."

"Artículo 54. Los Jueces de Distrito de amparo en materia civil conocerán:

"I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, y

"III. De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta ley."

"Artículo 55. Los Jueces de Distrito en materia de trabajo conocerán:

"I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo;

"III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y

"IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio."

No obstante ello, en el caso concreto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, es competente para conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; así como de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones en materia administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción III y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia incidental del juicio de amparo 127-2004-IV por el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, el siete de junio de dos mil cuatro y en el escrito inicial de demanda se están impugnando disposiciones, tanto de carácter administrativo, como de carácter penal, surge el problema relativo a determinar cuál es el órgano competente para conocer de dicho asunto, si lo es el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; o bien, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito.

Bajo este orden de ideas, se estima necesario precisar que el artículo 85 de la Ley de Amparo dispone que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito o el superior jerárquico del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83 del ordenamiento legal en comento.

A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir la parte conducente de dicho numeral, en la cual se señala:

"Artículo 85. Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

"I. Contra las resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83; ..."

Por su parte, el inciso a) de la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo dispone que, el recurso de revisión procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, que concedan o nieguen la suspensión definitiva, al señalar:

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales:

"a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva; ..."

A su vez, en el artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece, que con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de dicho cuerpo normativo, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos que procedan contra los autos y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o el superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83 de la Ley de Amparo.

Dicho precepto jurídico en la parte que interesa, textualmente establece:

"Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:

"...

"II. De los recursos que procedan contra los autos y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o el superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83 de la Ley de Amparo; ..."

Por otra parte, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que podrán establecerse Tribunales Colegiados de Circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo 37 del propio ordenamiento legal en comento, al precisar:

"Artículo 38. Podrán establecerse Tribunales Colegiados de Circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad."

De lo anterior se desprende, entre otras cuestiones, que en la materia de amparo, los Tribunales Colegiados de Circuito ejercen sus atribuciones en relación con los Juzgados de Distrito que se encuentran sometidos a su jurisdicción, en función de los criterios de territorio y de materia.

En ese mismo sentido, se estima importante señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal; estableciéndose en dichos acuerdos el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, su especialización y límites territoriales.

A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido de dichos preceptos jurídicos, mismos que señalan:

"Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal.

"En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales."

"Artículo 145. Cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo anterior comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. En cada distrito deberá establecerse cuando menos un juzgado."

Los diversos acuerdos generales que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal y que se encuentran vigentes en el Segundo Circuito, textualmente establecen:

Acuerdo General 19/1997

"Acuerdo General Número 19/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de iniciación de funcionamiento de los nuevos Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México; a las denominaciones, especialización y sistema de distribución de asuntos de los Tribunales Colegiados del mencionado circuito.

"...

"Acuerdo

"Primero Los nuevos órganos jurisdiccionales se denominarán Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, respectivamente, y tendrán igual residencia y jurisdicción territorial a las de los Tribunales Colegiados que actualmente funcionan en el mencionado Circuito.

"Segundo. Se fija el día dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, como fecha en la que iniciarán su funcionamiento el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

"Tercero. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito conocerá de los asuntos a que se refieren las fracciones I, inciso d), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialidad, conforme al artículo 38 de la propia ley.

"Cuarto. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito conocerá de los asuntos a que se refieren las fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialidad, de acuerdo al artículo 38 de la citada ley.

"Quinto. A partir de que entre en vigor el presente acuerdo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito se denominarán Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, respectivamente, y conservarán la residencia y jurisdicción territorial que actualmente tienen.

"Los tribunales mencionados serán especializados únicamente en materia penal y conocerán, desde ese momento, de los asuntos que se contemplan en el artículo 37, fracciones I, inciso a), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialidad, de conformidad con el artículo 38 del ordenamiento legal de referencia.

"Sexto. Desde la entrada en vigor de este acuerdo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito se denominarán Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, respectivamente, y conservarán su actual residencia y jurisdicción territorial.

"Los Tribunales Colegiados de referencia serán especializados en materia civil, por lo que conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, inciso c), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialidad, conforme al artículo 38 de la citada ley.

"Séptimo. A partir del día dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, la oficialía de partes común que existe actualmente pasará a ser la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, y se crea la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, la cual iniciará sus funciones en la misma fecha. Lo anterior, en términos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Octavo. Los nuevos asuntos que se reciban desde el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, serán distribuidos por ésta entre los dos tribunales especializados en dicha materia de acuerdo con el sistema computarizado que tiene instalado y, para ese efecto, se autoriza la continuación de su uso a partir de la fecha señalada.

"Por otra parte, los nuevos asuntos que se presenten desde el día antes indicado en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, serán distribuidos por la misma entre los dos tribunales especializados en la propia materia de acuerdo con el referido sistema computarizado, cuya instalación y uso se autoriza a partir de la fecha mencionada.

"Este sistema únicamente podrá ser cambiado por el Consejo de la Judicatura Federal.

"Cuando por causa de fuerza mayor no pueda hacerse uso del sistema computarizado citado, los titulares de los respectivos Tribunales Colegiados del Segundo Circuito deberán comunicar al Consejo de la Judicatura Federal el motivo por el cual fue suspendido y las medidas pertinentes que al efecto se hayan tomado y que garanticen un reparto equitativo de los asuntos. La adopción de un sistema manual funcionará a partir de la última distribución computarizada. Una vez restablecido el sistema computarizado, deberán comunicarlo al propio Consejo.

"Noveno. Los nuevos Tribunales Colegiados en materias administrativa y de trabajo contarán cada uno con su propia oficialía de partes, en las que se recibirán los asuntos de su competencia desde que inicien sus funciones.

"Décimo. Los Tribunales Colegiados que actualmente funcionan en el Segundo Circuito deberán enviar a los respectivos tribunales, los asuntos de las materias que corresponda conocer a estos últimos, con excepción de los que ya hubieran sido listados.

"La remisión anterior deberá hacerse en cinco días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo.

"Undécimo. Se modifica el Acuerdo Número 1/1993, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y tres, modificado por el Acuerdo Número 1/1994, del propio Pleno, de primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en su punto segundo, fracción II, apartado 1, para quedar como sigue:

"‘Segundo. ...

"‘II. ...

"‘1. Dos Tribunales Colegiados en materia penal, dos Tribunales Colegiados en materia civil, un Tribunal Colegiado en materia de trabajo, un Tribunal Colegiado en materia administrativa y dos Tribunales Unitarios, con residencia en la ciudad de Toluca, México; ...’

"Duodécimo. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolverá cualquier cuestión administrativa que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente acuerdo. ..."

Acuerdo General 23/2001

"Acuerdo General 23/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

"...

"Acuerdo

"Primero. El territorio de la República se divide en veintisiete circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente:

"...

"II. SEGUNDO CIRCUITO: Estado de México.

"...

"Segundo. Cada uno de los circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito que a continuación se precisan:

"...

"II. SEGUNDO CIRCUITO:

"1. Diez Tribunales Colegiados especializados: dos en materia penal, tres en materia administrativa, cuatro en materia civil y uno en materia de trabajo, todos con residencia en Toluca.

"2. Tres Tribunales Unitarios: dos con sede en Toluca y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18708-0b9d36a1/conflicto-competencial-entre-tribunales-colegiados-de-circuito-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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