AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 11/2003.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios hechos valer son parcialmente fundados, aunque para ello este Tribunal Colegiado supla la deficiencia de la queja en los aspectos que lo requieran, en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
En efecto, el resolutor federal consideró que el auto de formal prisión reclamado no es violatorio de garantías porque, como lo sostuvo la Juez de la causa, el cuerpo del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323 y 326, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, cometido en agravio de Gustavo García González, se encuentra demostrado en autos, así como la probable responsabilidad penal del ahora recurrente, con los siguientes medios de prueba:
Diligencia de levantamiento del cadáver de quien en vida se llamó Gustavo García González; diligencia de inspección, reconocimiento y autopsia médico-legal de veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, en la que concluyeron los médicos legistas de la adscripción que Gustavo García González, cuyo cadáver se autopsió, presentó un cuadro de shock séptico secundario a herida penetrante por arma blanca en tórax, por lo que las alteraciones que se produjeron en los órganos interesados le causaron la muerte; identificación del cadáver llevada a cabo el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco por Irma Rosas Nieves y Candelario García Durán; declaración de María Irán Rosas Nieves (a quien en la diligencia de identificación se le tuvo con el nombre de Irma Rosas Nieves) rendida el diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco; declaración de José Luis Espíndola López, René Quirvan López, Javier Tlacomulco Méndez y Antonio Tlacomulco Méndez, los tres primeros las emitieron el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y el último de ellos el día diecisiete de esos mes y año; comparecencia posterior de seis de noviembre de dos mil uno, en donde los nombrados testigos Antonio Tlacomulco Méndez y Javier Tlacomulco Méndez declararon nuevamente ante el representante social.
Con lo anterior, sostuvo el resolutor federal, el Juez responsable tuvo por comprobado el cuerpo del delito de homicidio calificado y, según el a quo, valorando en su justo alcance las probanzas señaladas, pasó enseguida al examen de la probable responsabilidad penal, en relación con la cual tomó en cuenta los mismos datos de prueba que se especificaron con anterioridad, entre los que destacó el contenido de la declaración preparatoria rendida por el quejoso (la cual reseñó el Juez Federal); sin embargo, en tal declaración el inculpado manifestó que no conocía al hoy occiso ni sabía su nombre, además de que relató las actividades que realizó el deponente el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, negando la comisión de los hechos delictuosos, cuenta habida que la Juez del proceso respecto a esa declaración sólo estimó que era insuficiente para desestimar las demás pruebas.
El resolutor federal concluyó este punto sosteniendo que con base en esas consideraciones la Juez que dictó el auto de prisión reclamado estimó reunidos los requisitos del artículo 19 constitucional y de los diversos 211, 212, 213 y 215 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para inculpar al quejoso por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito antes señalado.
Enseguida, el Juez de Distrito dio respuesta a los conceptos de violación considerándolos infundados y señaló las razones por las cuales es así.
Ahora bien, el inconforme aduce que en la sentencia recurrida el Juez de Distrito realiza un incorrecto análisis de los conceptos de violación, porque la suplencia de la queja que le impone el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no la lleva a cabo, más bien suplió la deficiencia de la motivación y consistencia lógico-jurídica del auto de formal prisión, es decir, la sentencia de amparo rebasó y mucho lo que en dicho auto no se analizó ni valoró, ya que los razonamientos que se hacen en el fallo impugnado son omisiones en que incurrió el acto reclamado.
Los anteriores motivos de inconformidad son fundados, ya que en los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, ahora recurrente, entre otras cosas alegó que el auto de formal prisión es violatorio de garantías, porque para tener por acreditada la probable responsabilidad del ahora inconforme se apoyó en un solo elemento contradictorio e insuficiente, o sea, en la declaración del testigo José Luis Espíndola López.
El quejoso reseñó la declaración de dicho testigo, quien en síntesis refirió que sin recordar la fecha acudió a un baile; que llegó aproximadamente a las veinte horas y ahí se encontró al hermano de su novia; que se quedaron platicando un rato; que después se pusieron a platicar con un amigo de nombre Manuel; que un sujeto que al parecer se llama ... a quien apodan El Santos, también se encontraba en el baile; que de momento dicho sujeto sacó un cuchillo y se lo quiso enterrar a Manuel pero no pudo porque Manuel llevaba una faja, por lo que El Santos se retiró; que posteriormente los dos sobrinos del que apodan El Santos, de nombres ... se acercaron donde estaba platicando ... alias El Santos con el hoy occiso, en esos momentos ... sujetó a éste de la camisa a la altura del cuello, mientras ... le empezó a dar de golpes a Gustavo, es decir, al hoy occiso, y en ese momento ... sacó un cuchillo y se lo enterró a Gustavo.
A continuación, el quejoso manifestó que Irma Rosas Nieves declaró que antes de morir el hoy occiso le dijo a ella, quien era su concubina, que los que lo agredieron fueron El Tully y El Rana, y que este último lo lesionó con el cuchillo; que ello se debió a que hace tiempo su esposo tuvo un desliz con una mujer de nombre Maribel, de quien ignora sus apellidos, ya que desde que la declarante Irma Rosas Nieves se juntó con el ahora occiso, Maribel nunca los dejó en paz, ya que constantemente amenazaba al esposo de la declarante diciéndole que lo que había hecho con ella, es decir con Maribel, no se iba a quedar así, que algún día lo tenía que enfierrar; que todo este problema es por la señora Maribel, ya que amenazaba a su esposo como también a sus hermanos y primos, y que hace aproximadamente tres años el hermano de Maribel, a quien apodan El Luther y un primo de éste, le pegaron a su esposo en la cabeza, por lo que estuvo internado en el hospital cuatro o cinco días aproximadamente, y que la señora Maribel siempre peleó con Gustavo García González porque supuestamente tenía una hija de éste, cosa que el ahora occiso nunca reconoció.
A su vez, el Juez de Distrito consideró infundado dicho concepto de violación, porque si bien era cierto que Irma Rosas Nieves, esposa del hoy occiso, manifestó que oyó decir a éste que los agresores fueron El Tully y El Rana, quienes lo patearon y que el primero fue quien lo picó, pormenorizando las causas de la rivalidad, ello no puede excluir, sostuvo el Juez Federal, por lógica consecuencia al quejoso.
El resolutor federal estimó que ello es así porque la declaración de quien fuera esposa del victimado se encuentra contradicha, pues José Luis Espíndola López fue categórico en señalar al aquí quejoso ... como el que agredió con arma blanca al victimado Gustavo García González en complicidad con sus sobrinos ... concretamente expresó, que posteriormente los dos sobrinos del que apodan El Santos, de nombres ... se acercaron hacia donde se encontraba platicando ... alias El Santos con el hoy occiso Gustavo, del que desconoce sus apellidos; que en esos momentos ... lo sujetó de la camisa a la altura del cuello por la parte de la espalda, mientras que ... le empezó a dar de golpes a Gustavo, hoy occiso; que en esos momentos también ... sacó de entre sus ropas un cuchillo y se lo enterró a Gustavo; agregó el Juez de Distrito que por ello no puede aceptarse como verdadero que los agresores hubieran sido El Rana y El Tully, como injustamente se pretende hacer valer en los conceptos de violación, menos todavía puede resultar verdadera esa afirmación, cuando que René Quirvan López también atestiguó de la pelea que protagonizaron los sobrinos de El Santos ... y el quejoso con el sujeto pasivo, lo que puede ser indicio de que, en efecto, sí participó en el hecho que dio como resultado el delito de referencia, y no que hayan inferido la lesión mortal los sujetos identificados como El Rana y El Tully; el resolutor federal agregó que, por otra parte, no está comprobado que los individuos acabados de señalar hubieran participado en la pelea, de manera que pudieran eslabonarse otros indicios de que ellos y no el quejoso agredieron a Gustavo García González.
De lo anterior se desprende que el Juez de amparo se sustituyó a la autoridad responsable, en virtud de que la Juez del conocimiento en modo alguno manifestó la razón por la cual le merecía mayor crédito el dicho del testigo, José Luis Espíndola López, que el de Irma Rosas Nieves, esposa del ahora occiso, declaraciones que efectivamente son contradictorias, puesto que la nombrada Irma Rosas Nieves en sus deposiciones ministeriales señaló que su esposo, cuando estaba en el hospital, antes de que cayera en coma, manifestó que quienes lo habían agredido habían sido El Rana y El Tully, que lo patearon entre los dos y que el que lo picó había sido El Rana.
Por otra parte, el quejoso también alegó que de las declaraciones ministeriales rendidas el dieciséis y diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, a cargo de los hermanos Javier y Antonio, ambos de apellidos Tlacomulco Méndez, se desprende que el primero no lo señala como autor del hecho delictuoso y que el segundo manifestó textualmente que "ya no me percaté si ese día sábado veintidós de julio del año en curso hubo alguna pelea, ya que yo empecé a desconectar los aparatos y no me di cuenta de nada", declaraciones que, agregó el quejoso, le favorecen y la Juez de la causa no valoró adecuadamente en términos del artículo 201 del código adjetivo de defensa social, y que hasta el seis de noviembre de dos mil uno volvieron a rendir declaración los hermanos Tlacomulco Méndez, siendo que el primero de ellos, de nombre Javier, manifestó que sabía por comentarios que quien había picado a Gustavo García González fue el amparista, mientras que su hermano Javier manifestó que recordaba que la gente que estaba por ahí comentaba que el muchacho que estaba herido se había peleado con ... declaraciones que en opinión del quejoso son contradictorias con las primeras que rindieron en agosto de mil novecientos noventa y cinco.
Por su parte, el Juez de Distrito consideró al respecto que tanto Antonio Tlacomulco Méndez como su hermano Javier de los mismos apellidos, atestiguaron que El Rana estuvo en la fiesta, pero que el segundo fue categórico al expresar que El Rana el día del baile nunca se acercó a Gustavo, es decir, al hoy occiso, ni platicaron, lo que pone en duda la declaración de Irma Rosas Nieves de que oyó a su esposo decir que El Rana y El Tully lo habían agredido.
Además, el Juez Federal sostuvo que cabría agregar complementariamente que de lo declarado por Antonio y Javier, ambos de apellidos Tlacomulco Méndez, se desprende que fue del conocimiento general entre la gente que el occiso había sido agredido por El Santos, pues el primero dijo que escuchó que comentaban los de la casa y otros invitados, que este muchacho se había peleado con El Santos y que lo había picado; que a su vez el segundo manifestó que la gente que estaba por ahí comentaba que el muchacho que estaba herido se había peleado con un sujeto que le apodaban El Santos, y que este conocimiento que fue del dominio general, que es la fama pública, es considerado por el artículo 178, fracción III, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, con el carácter indiciario de presunción; el Juez Federal consideró aplicable al caso la tesis de rubro: "FAMA PÚBLICA, VALOR COMO INDICIO DE LA.".
Siendo así, las consideraciones del Juez de Distrito son incorrectas, porque en todo caso correspondía a la Juez de la causa realizar tales razonamientos, y al resolutor federal únicamente establecer si el acto reclamado, o sea, el auto de formal prisión era o no violatorio de garantías.
Se afirma lo anterior en virtud de que la Juez del proceso no llevó a cabo las consideraciones esgrimidas por el resolutor federal, en virtud de que dicha juzgadora, al estudiar la probable responsabilidad del ahora inconforme, estimó que el conjunto de pruebas existentes acreditan la intervención del inculpado en los hechos a estudio; a continuación, sostuvo la Juez que constan en autos las declaraciones que María Irán Rosas Nieves, José Luis Espíndola López, René Quirvan López, Javier Tlacomulco Méndez y Antonio Tlacomulco Méndez, mismas que vertieron estos dos últimos el dieciséis y diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, y el seis de noviembre de dos mil uno, declaraciones todas ellas que reseñó la juzgadora y estableció que: "Tales probanzas al tenor de los artículos 201 y 204 del código procesal penal, resultan eficaces para aportar verdaderos indicios de incriminación en contra del inculpado cuya responsabilidad se analiza, en virtud de que los mismos coinciden en que dicho inculpado es la persona a la que ven en el lugar de los hechos e, inclusive, ataca a otro con un instrumento punzocortante para después involucrarse en un pleito con la víctima y lesionarla, aunadamente que coinciden al referir que a dicho inculpado lo conocen de vista. Asimismo, es a través de tales probanzas que se llega al conocimiento de que momentos anteriores a la consumación del crimen se ve al pasivo, así como al inculpado, ingiriendo bebidas embriagantes en el lugar de los hechos aportando, además, el dato de haberse desaparecido después de suscitado el evento criminal. Probanzas que resultan creíbles emitidas por vecinos del lugar de los hechos que por tal motivo conocen a la víctima y al agresor, derivando a consecuencia de sus dichos verdaderos indicios de incriminación en su contra que nos llevan a concluir que fue éste quien privara de la vida a la víctima.".
Agregó la Juez del conocimiento que la concatenación de los testimonios aludidos acreditan la probable responsabilidad penal del inculpado, pues de ellos se desprende que ... de sobrenombre El Santos se encontraba en el evento criminal; que se le vio al inculpado con un instrumento punzocortante momentos antes del suceso delictivo; que atacó a otra persona en el mismo lugar; que fue él quien privó de la vida a la víctima con un cuchillo que portaba y que posteriormente a los hechos el inculpado desapareció sin que se le haya vuelto a ver en la vecindad.
Después de insistir la Juez del conocimiento que el inculpado estuvo en el lugar de los hechos y que fue quien atacó a la víctima además de haberse dado a la fuga, la juzgadora transcribió la declaración preparatoria de ... y estimó que tal declaración resulta una negativa de los hechos que se le imputan como autor, en virtud de manifestar no haberse encontrado en el lugar de los acontecimientos, ni conocer a la víctima; que, sin embargo, tal negativa resultaba insuficiente para desvirtuar las pruebas, ya que el dicho del inculpado no estaba acreditado con ningún elemento de convicción.
De lo anterior se desprende que la Juez del proceso, al emitir el auto de formal prisión, no llevó a cabo una debida motivación y fundamentación del acto, especialmente porque no señaló las pruebas concretas y el valor probatorio que le merecían para llegar a la conclusión a la que arribó, por lo cual, es evidente que el Juez de Distrito mejoró el acto reclamado, lo que resulta indebido, partiendo de la base de que si el artículo 19 constitucional garantiza al inculpado contar con los elementos suficientes para su defensa dentro del proceso, es obligación del Juez de origen determinar en el auto de formal prisión, entre otras cosas, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, las pruebas con las que se tuvieron por acreditados dichos extremos, así como aquellas con las que se tuvo por demostrada la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del ilícito de que se trata, y no al juzgador de garantías en la sentencia de amparo, a quien no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, dado que su actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional combatido, obligando al quejoso a defenderse, además de lo determinado por el Juez de la causa, de lo dicho por el Juez constitucional.
Tiene aplicación al caso la tesis aislada número 198, sustentada por este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1335, Tomo XVI, septiembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: " Partiendo de la base de que el artículo 19 constitucional garantiza al inculpado contar con los elementos suficientes para su defensa durante el proceso, es obligación del Juez de origen determinar en el auto de formal prisión, entre otros, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y no al juzgador de garantías en la sentencia de amparo, a quien no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional combatido, donde se fija la litis del proceso penal, obligando al quejoso a defenderse, además, de lo determinado por el Juez de la causa, de lo dicho por el Juez constitucional; circunstancia que resulta absurda y contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, en virtud de que éste no es una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional por la que los Jueces de Distrito, al momento de resolver, se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no garantías individuales.".
De lo anterior se sigue que si bien para tener por acreditada la probable responsabilidad de ... la Juez de la causa consideró que tales probanzas resultaban eficaces para aportar verdaderos indicios de incriminación en contra del inculpado, en virtud de que los mismos coinciden en que lo vieron en el lugar de los hechos e inclusive atacó a otro con un instrumento punzocortante, para después involucrarse en un pleito con la víctima y lesionarla, aunado a que coinciden en que a dicho inculpado lo conocen de vista, además del dato de haberse desaparecido después del citado evento criminal, que tales probanzas resultan creíbles por haber sido emitidas por vecinos del lugar y que por ese motivo conocen a la víctima y al agresor, dando como consecuencia que de sus dichos se desprenden verdaderos indicios de incriminación; también es cierto que en tales razonamientos de la Juez de la causa no se expresan las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido presentes para llegar a tal conclusión, puesto que, por una parte, como ya se vio, existe la contradicción entre las declaraciones de Irma o María Irán Rosas Nieves, esposa del hoy occiso, en tanto que refirió que el propio lesionado, cuando se encontraba hospitalizado en la Cruz Roja y antes de caer en coma, le dijo que la verdad era que quienes le pegaron fueron El Rana y El Tully, ya que entre los dos lo patearon, y que el que lo picó había sido El Rana, mientras que el testigo José Luis Espíndola López manifestó que "Se encontraba platicando ... alias El Santos con el hoy occiso Gustavo, del que desconozco sus apellidos y en esos momentos ... lo sujeta de la camisa a la altura del cuello por la parte de la espalda mientras que ... le empieza a dar de golpes a Gustavo, hoy occiso, en esos momentos también ... sacó de entre sus ropas un cuchillo y se lo enterró a Gustavo.".
Por otra parte, los testigos Javier Tlacomulco Méndez y Antonio Tlacomulco Méndez, en sus primeras declaraciones rendidas el dieciséis y diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, dijeron, el primero de ellos, que el sujeto al que apodan El Rana el día del baile nunca se acercó al señor Gustavo, hoy occiso, ni tampoco platicaron, y el segundo testigo dijo que no se percató si ese día hubo alguna pelea y que no se dio cuenta de nada; y el seis de noviembre de dos mil uno, los mismos testigos manifestaron ante el representante social que la gente que estaba por ahí comentaba que el muchacho que estaba herido se había peleado con El Santos, circunstancias que no señalaron en su primera declaración rendida cinco años antes, y no obstante lo anterior, la Juez de la causa omitió señalar las razones particulares o especiales por las cuales, en su opinión, tales declaraciones constituyen pruebas suficientes para tener por acreditada la probable responsabilidad del hoy quejoso en la comisión del delito por el cual se dictó el auto de formal prisión, y menos señala la Juez los preceptos legales que tengan relación o adecuación con los razonamientos que debió haber hecho para arribar a la conclusión que llegó.
Así las cosas, ante la falta de fundamentación y motivación legal señaladas, debe concederse el amparo solicitado para que la autoridad responsable, es decir, la Juez Primero de Defensa Social de esta ciudad deje sin efecto el auto reclamado y, con plenitud de jurisdicción, emita uno nuevo y, en su caso, subsane las irregularidades cometidas; por la razón anterior resulta innecesario el estudio de los restantes agravios.
En esas condiciones, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado para el efecto ya precisado, mismo que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del director del Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla.
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Para el efecto precisado en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra los actos que reclamó de la Juez Primero de Defensa Social de esta ciudad y director del Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, consistentes en el auto de formal prisión de catorce de septiembre de dos mil dos, dictado en el proceso 515/2001, en contra de dicho quejoso como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, así como su ejecución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo; envíese copia certificada de la misma para la autoridad responsable ordenadora y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Carlos Loranca Muñoz, José Manuel Vélez Barajas y Enrique Zayas Roldán, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17424-e0905096/auto-de-formal-prision-sus-requisitos-esenciales-circunstancias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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