JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO 644-B DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.
AMPARO DIRECTO 247/2002. BANCA SERFÍN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SERFÍN.
CONSIDERANDO:
V. Los conceptos de violación que se sustentan resultan esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección federal solicitada.
En efecto, conviene establecer que la sociedad quejosa, en su calidad de actora, al instaurar el juicio especial hipotecario de origen en contra de los ahora terceros perjudicados, con su demanda inicial exhibió como anexos, entre otros, la copia certificada de la escritura pública número tres mil ciento cincuenta, de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y uno, del protocolo de la Notaría Pública Número Sesenta y Ocho, en ejercicio en el Estado de Yucatán, ante la fe del licenciado Víctor Manuel Correa Mena, estado de cuenta y un certificado de libertad de gravámenes.
Es el caso que en el reverso de la última hoja de la escritura mencionada, en lo conducente, se establece:
"El crédito. Quedó inscrito bajo el número ocho, a folios ciento setenta al ciento noventa y cinco del tomo CLXVII, sección primera, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, Delegación Cancún, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres ... es un segundo testimonio que con doce fojas útiles y con los documentos relacionados, expido a favor de Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito. Mérida, Yucatán a veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete."
Ahora bien, en virtud de constituir la escritura pública señalada un segundo testimonio a considerarse y que no se encontraba inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, la Juez de primera instancia la desestimó por esas dos básicas razones, esto es, que no poseía el carácter de título ejecutivo, acorde a lo previsto por el artículo 440 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, y por cuanto que el diverso precepto 3098 del Código Civil local establece que la hipoteca se perfeccionará por el registro, que de no acontecer de esta manera, no producirá ningún efecto legal, sino desde el día y hora en que se lleve a cabo, dada su característica y efectos constitutivos y que, en el caso, se incumplía con dicho dispositivo legal, sin que del documento base de la acción se advirtiera que se hubiera inscrito en la indicada dependencia, al no contarse con el sello, datos de registro, fecha, hora y firma del director; y para apoyar su argumentación, la Juez de primer grado invocó la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, de rubro: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EFECTOS CONSTITUTIVOS DEL, RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN, TRANSMISIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DEL DOMINIO DE BIENES RAÍCES E HIPOTECAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).".
En la resolución recaída en el recurso de apelación que la institución bancaria interpuso en contra de la reseñada sentencia de primer grado, y que es el acto reclamado en el presente juicio constitucional, para confirmarla, la Sala responsable estableció, por una parte, que la Juez de primera instancia había estado en lo correcto al determinar que el documento base de la acción no satisfacía los requisitos de procedencia previstos por la ley, para la instauración de un juicio especial hipotecario, al haberse exhibido el segundo testimonio de la escritura pública en contravención a la norma plasmada en el artículo 440, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en donde se establece que sólo la primera copia de una escritura pública expedida por notario y las ulteriores dadas por mandato judicial con citación de la persona a quien interesa, traen aparejada ejecución.
También añadió la ad quem en el acto reclamado, que no obstante que la fracción III del propio dispositivo legal señala que son títulos ejecutivos los demás instrumentos públicos que conforme al artículo 329 hacen prueba plena, debía considerarse que dicho numeral está orientado respecto a instrumentos distintos a los que se contraen las antes citadas fracciones, en términos de lo establecido en la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, de rubro: "TÍTULOS EJECUTIVOS, REQUISITOS PARA QUE SEGUNDAS COPIAS DE ESCRITURAS PÚBLICAS LO CONSTITUYAN.".
Además, sostuvo que aun cuando la institución de crédito haya otorgado el contrato base de la acción conforme a los artículos 3096, 3097, 3098, 3099 y 3108 del Código Civil del Estado, y que además dicho contrato hubiese sido de plazo vencido en forma anticipada, para su procedencia era necesario que cumpliera con los requisitos que se contraen en los artículos 644-A y 644-B del Código de Procedimientos Civiles del Estado, siendo que el primero previene los requisitos para la tramitación del juicio en la vía hipotecaria, y el segundo los requisitos de procedencia.
Por otra parte, en relación con la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del documento de referencia, la Sala responsable consideró que resultaba fundado el agravio formulado por la impugnante, puesto que la Juez de primera instancia no analizó debidamente la escritura de que se trata, al advertir que el contrato fue inscrito en el Registro Público de referencia, como señaló el fedatario en la propia escritura, por lo que en ese aspecto estaba satisfecho el requisito que al respecto exige el artículo 3098 del Código Civil vigente del Estado; pero que aun con dicha deficiencia no se lograba revocar el fallo impugnado, al no satisfacer el documento base de la acción los requisitos que establecen los artículos 440, fracciones I y II, 644-A y 644-B del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por las razones indicadas.
Pues bien, en opinión de este Tribunal Colegiado es de considerarse que le asiste razón a la institución bancaria quejosa al aducir que la Sala responsable dejó de interpretar el contenido de los artículos 644-A, 644-B y 644-C del Código de Procedimientos Civiles, habida cuenta que en los mismos se prescribe lo siguiente:
"Artículo 644-A. Se tramitará en la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación, o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice.
"Para que el juicio tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario, es necesario se siga según las reglas del presente capítulo, siendo requisito indispensable que el crédito hipotecario se otorgue en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código Civil para el Estado y que sea de plazo cumplido, o que éste sea exigible en los términos pactados o bien conforme a las disposiciones aplicables."
"Artículo 644-B. Procederá el juicio hipotecario, si éste fue constituido en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código Civil para el Estado, y además cuando:
"I. El documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo.
"II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado.
"III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda."
"Artículo 644-C. Presentado el escrito de demanda, acompañado del instrumento respectivo, el Juez, previa calificación de que se reúnen los requisitos fijados por los artículos anteriores, en un plazo no mayor de tres días, admitirá la misma y mandará anotar la demanda en el Registro Público de la Propiedad y que se corra traslado de ésta al deudor, para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y a oponer las excepciones que no podrán ser otras que:
"I. La falta de personalidad del acreedor;
"II. Las fundadas en las que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la de falsedad del mismo;
"III. Falta de presentación, de poder bastante o facultades legales de que quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de la acción;
"IV. Incumplimiento o nulidad del contrato;
"V. Pago o compensación;
"VI. Remisión o quita;
"VII. Oferta de no cobrar o espera;
"VIII. Novación de contrato;
"IX. Litispendencia y conexidad, y
"X. Cosa juzgada.
"Las excepciones comprendidas en las fracciones de la V a la VIII y la indicada en la fracción X, sólo se admitirán cuando se funden en prueba documental. Las excepciones señaladas en la fracción IX, sólo se admitirán si se exhiben con la contestación las copias señaladas de la demanda y contestación de ésta, o de las cédulas de emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien la documentación que acredite fehacientemente que se encuentra tramitando un procedimiento arbitral.
"El Juez bajo su más estricta responsabilidad revisará escrupulosamente la contestación de la demanda y desechará de plano las excepciones diferentes a las que se autoriza, o aquellas en que sea necesario exhibir documento y el mismo no se acompañe.
"La reconvención sólo será procedente cuando se funde en el mismo documento base de la acción o se refiera a su nulidad. En cualquier otro caso se desechará de plano.
"Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenderán el procedimiento y se resolverán de plano en la audiencia. Si el demandado se allanare a la demanda y solicitare el término de gracia para el pago o cumplimiento de lo reclamado, el Juez dará vista al actor para que, dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo el Juez resolver de acuerdo a tales proposiciones de las partes. El término de gracia no podrá exceder de tres meses en ningún caso."
Del artículo 644-A del ordenamiento adjetivo de referencia, se obtiene, en términos generales, que en la vía especial hipotecaria se tratará, específicamente, todo lo relativo al pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice, y que para seguirse dicho procedimiento conforme a las reglas del capítulo segundo, correspondiente al título décimo cuarto de dicho ordenamiento, sólo será indispensable que el crédito conste en escritura notarial o en escritura privada, según corresponda, en términos de lo previsto por el artículo 3096 del Código Civil para este Estado, debidamente registrada al tenor de lo dispuesto a su vez por el diverso artículo 3098 del referido código sustantivo. Entonces, bajo esa perspectiva, se colige que en dicho procedimiento hipotecario aunque participa de la naturaleza de un juicio ejecutivo, no resulta aplicable lo previsto en el numeral 440, fracciones I y II, del código adjetivo de la materia, que establecen los documentos que traen aparejada ejecución, atento que el juicio hipotecario, acorde con el artículo 644-A del propio ordenamiento legal, tiene la finalidad de obtener el pago de un crédito garantizado con hipoteca; es decir, ejerciendo la acción real derivada de la constitución de tal gravamen y no de una de tipo personal, cuyo cumplimiento dependiera de las obligaciones pactadas en un título ejecutivo, cuya característica hace diferente la vía hipotecaria de los juicios ejecutivos en donde sí se necesita del primer testimonio de la escritura respectiva que es la que constituye precisamente título ejecutivo.
Por otra parte, es necesario mencionar que la norma contenida en el artículo 3098 del Código Civil dispone que la hipoteca nunca es tácita ni general, y se perfecciona por el registro y que, en consecuencia, no producirá ningún efecto legal sino desde el día y hora en que se lleve a cabo dicho registro. En el caso, el precepto 644-B del invocado código procesal dispone que el juicio hipotecario procederá si la hipoteca fue constituida en los términos de aquel precepto de orden sustantivo, entre otros, y en el caso la propia Sala responsable estimó que la escritura pública aparece inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
De esta manera, es factible concluir que, para la procedencia de la vía hipotecaria, únicamente se necesita que el crédito conste en escritura pública o documento privado en el caso que así fuera, debidamente registrado y que sea de plazo cumplido, aunque si bien es verdad que en la codificación estatal se requiere además que el contrato esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en la hipótesis concreta, como ya se advirtió, la Sala responsable incluso consideró que dicho contrato sí está inscrito, de esta manera, el señalado artículo 644-B del código adjetivo de referencia, no cobra vigencia en cuanto requiere de modo indispensable de la exhibición del título ejecutivo, es decir, del primer testimonio al que se refiere el artículo 440, fracción I, del ordenamiento procesal civil señalado y en esa tesitura, es de establecerse que bien puede acompañarse la demanda con un segundo o ulterior testimonio de la escritura.
En las relatadas condiciones, si de lo antes reseñado se llega a deducir que el juicio hipotecario si bien es verdad participa de la naturaleza del ejecutivo y exige igualmente la exhibición de un título para su procedencia, el que le servirá de base para tal efecto lo es el que contenga la escritura que consigna el crédito hipotecario, debidamente registrada, y aunque si bien es verdad, en el caso específico, el segundo testimonio exhibido con la demanda inicial no contiene sello o dato alguno de inscripción ante la dependencia idónea, también lo es que en dicho documento se advierte que el contenido del primer testimonio de dicha escritura quedó registrado el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres, bajo el número ocho, a fojas ciento setenta a ciento noventa y cinco, tomo ciento sesenta y siete, sección primera, del Registro Público de la Propiedad, en su delegación en esta ciudad, lo que como ya se dijo, reconoció la Sala responsable.
Por su sentido, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia número 80/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de quince de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes:
"JUICIO HIPOTECARIO. PARA SU PROCEDENCIA NO ES NECESARIO QUE LA ESCRITURA BASE DE LA ACCIÓN CONSTE EN PRIMER TESTIMONIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ANTERIOR A LA REFORMA DE 24 DE MAYO DE 1996). Los artículos 468 y 469 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, anteriores a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de mayo de 1996, establecen que se tratará en la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación o división y registro de una hipoteca, así como su cancelación, o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Asimismo, los mencionados dispositivos legales disponen que el juicio procede cuando se cumplen los siguientes requisitos: a) Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario se siga según las reglas del procedimiento hipotecario, es requisito indispensable que el crédito conste en escritura debidamente registrada y que sea de plazo cumplido, o que deba anticiparse conforme a lo prevenido en los artículos 1959 y 2907 del Código Civil; y, b) Cuando se entable pleito entre los que contrataron hipoteca, procederá el juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro. En esos términos, es incorrecto considerar que para la procedencia del juicio especial hipotecario es necesario que el documento base de la acción consista en la primera copia o testimonio de la escritura pública correspondiente en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 443 del código adjetivo en consulta; pues los artículos que regulan la tramitación de tal procedimiento no exigen tal requisito. Es verdad que cuando se trata del cobro de un crédito con garantía hipotecaria, de conformidad con lo que establece el artículo 462 del propio ordenamiento legal, este se puede hacer efectivo por virtud de los juicios hipotecario, ejecutivo o mercantil; sin embargo, las reglas previstas para los procedimientos hipotecario y ejecutivo no pueden coexistir por el hecho de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el juicio hipotecario participa de la naturaleza privilegiada del ejecutivo, pues cada procedimiento tiene su tramitación especial al que debe atenderse. Por tanto, si en este supuesto se opta por el procedimiento hipotecario, no le son aplicables los requisitos de procedencia de la vía ejecutiva específicamente la regla prevista en la fracción I del artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sino debe atenderse exclusivamente a las reglas especiales que establecen los artículos 468 al 488 del ordenamiento legal en consulta."
Igualmente, tiene aplicación al caso de que se trata, la jurisprudencia de clave de publicación XIV.1o. J/5, que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, página mil cuarenta y siete, que reza:
" Una recta interpretación del artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, cuyo texto es como sigue: ‘Procederá el juicio hipotecario, si éste fue constituido en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código Civil para el Estado, y además cuando: I. El documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo. II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado. III. No exista embargo o gravamen en favor del tercero inscrito cuando menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda.’, conlleva a sostener con certeza que la locución ‘y además cuando’ que sigue inmediatamente después de una primera hipótesis de procedencia del juicio hipotecario que por cierto deriva del artículo 644-A del invocado ordenamiento adjetivo, y que consiste en que el crédito hipotecario se otorgue en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099 y 3108 del Código Civil de la citada entidad federativa y que sea de clase cumplida denota invariablemente que la segunda parte del texto en comento, es decir, la que se refiere al cumplimiento de las tres exigencias aludidas, en realidad constituye una hipótesis distinta de la mencionada inicialmente."
Similar criterio sostuvo este órgano colegiado, en las ejecutorias de veintitrés de enero y ocho de marzo de dos mil dos, pronunciadas en los juicios de amparo directo números 154/2001 y 136/2001, respectivamente, promovidos ambos por la propia sociedad quejosa; así como en las ejecutorias de ocho de marzo y treinta de octubre de dos mil dos, pronunciadas en los juicios de amparo directo números 190/2001 y 156/2002, promovidos por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima.
No es óbice a lo anterior, la argumentación que realiza la Sala responsable, en el sentido de que la primera de las tesis de jurisprudencia invocadas no resulta aplicable a la legislación local, considerando al efecto que el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente antes de la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, cambió en forma total su redacción a raíz de la propia reforma, estableciendo en su texto vigente que procederá el juicio hipotecario cuando, entre otros requisitos, el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo; por lo que, aduce la Sala responsable, al resultar dicho precepto reformado análogo al artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, el que también exige para su procedencia, dicho requisito, hace inaplicable la jurisprudencia de mérito.
Se afirma que lo anterior no contraviene el sentido de la presente resolución, en virtud de que los preceptos a que hace referencia la Sala responsable exigen diversos requisitos.
Ciertamente, el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reformado, dispone:
"Artículo 469. Procederá el juicio hipotecario sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, cuando:
"I. El documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo;
"II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado, y
"III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda."
Y el artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo establece:
"Artículo 644-B. Procederá el juicio hipotecario, si éste fue constituido en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código Civil para el Estado, y además cuando:
"I. El documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo.
"II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado.
"III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda."
De un análisis comparativo de los transcritos preceptos se advierte claramente su diferencia, puesto que mientras el primero de ellos contiene una sola hipótesis para la procedencia del juicio hipotecario cuando el contrato no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, exigiendo como sus requisitos los que establece en sus propias fracciones, entre las que se encuentra que el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo; el segundo de los ordenamientos mencionados, el cual tiene vigencia en el Estado de Quintana Roo, establece dos hipótesis distintas, la primera, la procedencia del juicio hipotecario, cuando éste fue constituido en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código Civil para el Estado; y la segunda, cuando el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo, que el bien se encuentre inscrito a favor del demandado, y que no exista embargo o gravamen a favor de tercero, inscrito cuando menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda. Lo anterior en virtud de que tal como lo consideró el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito en la segunda de las tesis de jurisprudencia transcritas en el presente apartado, la locución "y además cuando" que contiene el precepto local, denota invariablemente que la segunda parte del texto en comento, es decir, la que se refiere al cumplimiento de las tres exigencias aludidas, en realidad constituye una hipótesis distinta de la mencionada inicialmente en el propio artículo.
Bajo esa óptica, si se está dentro de la primera de las hipótesis mencionadas del artículo 644-B de la legislación estatal, como en el caso, no se requiere como requisito indispensable que el documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo. De ahí que se estime que contra lo considerado por la Sala responsable, el texto del artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo no exige los mismos requisitos que el precepto 469 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reformado y, por tanto, resulta aplicable al caso, por analogía, la invocada tesis de jurisprudencia número 80/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se hace referencia al artículo 469 del código procesal civil para el Distrito Federal, antes de la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, al estarse en similar supuesto al caso en estudio.
Tampoco es obstáculo la diversa argumentación que formuló la Sala responsable en su impugnada sentencia, en el sentido de que si se aceptara que el mencionado artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo contiene dos hipótesis diversas, al estarse en la segunda de ellas, en la que se exigen los tres requisitos que señalan sus propias fracciones, se haría innecesario otorgar el crédito en términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099 y 3108 del Código Civil del Estado. Habida cuenta que el invocado precepto 644-B no debe interpretarse aisladamente, sino conjuntamente con la disposición contenida en el artículo 644-A del propio ordenamiento legal, que resulta aplicable en las dos hipótesis que prevé el artículo 644-B, y que establece que para que el juicio hipotecario tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario es requisito indispensable que el crédito se otorgue en los términos de los artículos a que hace referencia la autoridad responsable, y además que sea de plazo cumplido o que sea exigible en los términos pactados, o bien, conforme a las disposiciones aplicables.
En tal orden de ideas, a juicio de este Tribunal Colegiado procede conceder la protección federal solicitada a la institución bancaria quejosa, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el acto reclamado, y en uno nuevo que emita tenga como documento idóneo para ejercer la vía especial hipotecaria el segundo testimonio a que se ha hecho referencia en esta ejecutoria y, hecho que sea, determine como procedente el juicio especial instaurado y ordene el análisis de fondo de la controversia planteada.
La concesión del amparo se hace extensiva en lo que ve a los actos de ejecución que se reclaman al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, toda vez que no se le reclaman vicios propios.
Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 88, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 70, que a la letra dice:
"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de éste."
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 46, 158 y 184 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín, por conducto de su representante, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados José Manuel Rodríguez Puerto como presidente en funciones, Vicente Mariche de la Garza y el licenciado Gabriel Pacheco Reveles, secretario en funciones de Magistrado, siendo ponente el primero de los nombrados.
Nota: La tesis de rubro: "JUICIO HIPOTECARIO. PARA SU PROCEDENCIA NO ES NECESARIO QUE LA ESCRITURA BASE DE LA ACCIÓN CONSTE EN PRIMER TESTIMONIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ANTERIOR A LA REFORMA DE 24 DE MAYO DE 1996).", citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 24.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17435-134e9be9/juicio-hipotecario-el-articulo-644-b-del-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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