TARJETAS DE CRÉDITO. SUPUESTOS EN QUE PROCEDEN LOS CARGOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE POR DISPOSICIONES O PAGOS EFECTUADOS.
AMPARO DIRECTO 2046/2005. BANCA SERFÍN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Por cuestión de método, este órgano colegiado analizará, primeramente, las alegaciones aducidas por la institución bancaria quejosa en la última parte de su concepto de violación, pues éstas se refieren a un tema que se relaciona con la procedencia de la acción intentada en su contra, consistente en que no podía evitar cargar las cantidades que se le reclamaron, pues estaba imposibilitada para impedir el uso que se le dio a la tarjeta de crédito por terceros.
Así, la quejosa aduce que queda en manos de los integrantes de este órgano colegiado, decidir el hecho de que ella estaba o no impedida para evitar que terceros no autorizados hicieran uso de la tarjeta plástica de su contraparte, tomando en cuenta que los hechos demostrados en autos conllevan a tener por demostrado que el reporte de robo de la tarjeta plástica fue posterior a cada uno de los consumos objetados y por ello el banco estaba impedido para evitar el uso de la tarjeta plástica por parte de terceros no autorizados.
Esos argumentos resultan inoperantes.
La inoperancia estriba en que si bien la quejosa pretende controvertir las consideraciones del tribunal de alzada en cuanto al tema que refiere, resaltando que en autos se demostró que el aviso de extravío de la tarjeta de crédito se dio tiempo después de hacerse las disposiciones con dicha tarjeta, por lo que no podía impedir el uso indebido de ella; lo cierto es que con ello no desvirtúa las consideraciones sustentadas por el tribunal de alzada en cuanto a dicho tópico, y las que, en esencia, se sostuvo que de acuerdo con una interpretación de las reglas a que deben sujetarse las instituciones de banca múltiple en la emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias, dichas instituciones sólo pueden cargar a la cuenta respectiva, el monto de las operaciones que hayan suscrito sus titulares (acreditados) y, en el caso, de las constancias de autos se demostró la notoria falsificación de las firmas de los pagarés cuyo cobro impugnó la parte actora.
En efecto, la Sala responsable al abordar el agravio hecho valer por la aquí quejosa y en el cual refirió el tema en comento, es decir, que el banco demandado opuso como excepción la de falta de acción y derecho, debido a que no se le dio aviso oportunamente del extravío de la tarjeta de crédito, por lo que no podía impedir el uso indebido de ésta y, por ende, tampoco tenía responsabilidad alguna de acuerdo con lo previsto en la regla décimo sexta a las que deben sujetarse las instituciones de banca múltiple en la emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias, consideró en esencia lo siguiente:
Que resultaba correcta la determinación de la Juez de origen de ordenar la cancelación de los cargos reclamados por la actora, toda vez que las instituciones de crédito solamente podrán cargar a sus acreditados el importe de los pagarés suscritos por éstos, y en el caso, como acertadamente lo sustentaba la citada Juez, los pagarés base de la acción no fueron suscritos por la parte enjuiciante, por lo que no podía actualizarse la regla novena de las reglas a las que deben sujetarse las instituciones de banca múltiple en la emisión y operación de tarjetas de crédito, es decir, que no podía cargar a la cuenta de los enjuiciantes el importe de los pagarés base de la demanda, por no estar suscritos por ellos.
Que no pasaba inadvertido para esa alzada, el hecho de que si bien es cierto que al contestar la demanda, la institución bancaria recurrente opuso la excepción de falta de acción, fundándola en lo dispuesto por la regla décimo sexta de las reglas a las que deberán sujetarse la instituciones de banca múltiple en la emisión y operación de tarjetas de crédito, que establece que la responsabilidad del banco se determina en función del momento exacto en el que se reciba el aviso de robo o extravío por parte del tarjetahabiente; también lo es que esas propias reglas imponen la facultad de la enjuiciada a cargar en la cuenta solamente el importe de los pagarés que hayan sido suscritos por el acreditado; y en el caso concreto la juzgadora de primera instancia consideró, adecuadamente, que los títulos de crédito que fueron materia de litis no fueron suscritos por la actora, de acuerdo al razonamiento formulado por dicha Juez, y que incluso ello no era materia de impugnación en el agravio en estudio, por lo que debía quedar intocado el mismo.
Que de igual manera, debía considerarse que al no provenir la firma contenida en los pagarés que fueron cargados en contra de los enjuiciantes se vulneró en perjuicio de éstos, la regla novena de las mencionadas reglas que regulan la emisión y operación de las tarjetas de crédito por las instituciones de banca múltiple, máxime que incluso la institución de crédito enjuiciada no aportó en el juicio probanza alguna para demostrar que la firma que contienen los pagarés base de la acción sí correspondía o era similar a la que tiene registrada como de los acreditados en la solicitud contrato de apertura de crédito, por lo cual se estimaba correcto el fallo impugnado.
Que por lo anterior, resultaba infundada la excepción de falta de acción basada en que no fue reportada en forma oportuna el robo o extravió de la tarjeta de crédito, pues la acción no se fundó en la oportunidad de la notificación del robo o extravío de la mencionada tarjeta sino en que los pagarés que eran materia del cargo en contra de los actores, no se encontraban suscritos por ellos, pues aun cuando exista la responsabilidad de la tarjeta a cargo de los acreditados mientras no se reporte su robo o extravío, también existe obligación de la institución crediticia de no cargar los importes que no hayan sido autorizados por el acreditado, en los términos de la regla novena multialudida.
Como se aprecia, la Sala responsable analizó el agravio de la institución bancaria ahora quejosa en el que planteó que no se había estudiado en primera instancia su excepción de falta de acción y derecho basada en que no se le había dado aviso oportuno respecto del extravío de la tarjeta de crédito, por lo que no tenía responsabilidad en el mal uso de dicho instrumento bancario, llegando a la conclusión el tribunal de alzada, de que era correcta la determinación de la Juez natural al estudiar dicho tópico y considerar procedente la acción, porque en los supuestos de uso de tarjetas de crédito, las instituciones bancarias solamente pueden cargar a sus acreditados el importe de los pagarés suscritos por éstos, y en el caso, los pagarés base de la acción no habían sido suscritos por la parte enjuiciante, por lo que no podía aplicarse en perjuicio de los actores la regla novena de las que regulan la emisión y operación de las tarjetas de crédito por las instituciones de banca múltiple; siendo además que la Sala responsable efectuó una interpretación de las citadas reglas, en especial de la novena, estimando que imponen a las instituciones bancarias la facultad de cargar a la cuenta de sus acreditados, solamente el importe de los pagarés que hayan sido suscritos por ellos, por lo que si en autos estaba demostrado que las firmas de los pagarés exhibidos por la actora eran notoriamente distintas a las de los acreditados, era inconcuso que procedía la acción intentada; y por último, resaltó que la excepción de falta de acción y derecho opuesta por el banco demandado era infundada porque la acción intentada no se fundó en la oportunidad de la notificación del robo o extravío de la mencionada tarjeta sino en que los pagarés que eran materia del cargo en contra de los actores, no se encontraban suscritos por ellos, resaltando la alzada que aun cuando exista la responsabilidad de la tarjeta a cargo de los acreditados mientras no se reporte su robo o extravío, también existe obligación de la institución crediticia de no cargar los importes que no hayan sido autorizados por el acreditado, en los términos de la regla novena multialudida.
Esas consideraciones no son desvirtuadas por la quejosa con el argumento que ha quedado reseñado en párrafos anteriores, pues si bien la impetrante deja planteado el tema en controversia, señalando que queda en manos de los integrantes de este órgano colegiado dilucidarlo, lo cierto es que se abstiene de exponer diversos aspectos que fueron parte del análisis efectuado en la sentencia reclamada, dejando de precisar por ejemplo, por qué considera incorrecta las consideraciones efectuadas por la Sala responsable respecto de lo resuelto por la Juez natural respecto del tema en comento; que las reglas que regulan la emisión y operación de las tarjetas de crédito por las instituciones de banca múltiple, en especial la novena, habían sido interpretadas en forma incorrecta por el tribunal de apelación, señalando cuál debe ser su correcta interpretación y alcances; que no era cierto lo considerado por el tribunal de alzada en cuanto a que la acción había sido intentada por el indebido cargo de ciertas cantidades a la cuenta de los acreditados, siendo que sí se había demandado por el extravío o robo de la tarjeta; que en el caso no se había demostrado en autos la notoria falsedad de las firmas de los pagarés exhibidos por su contraria; o bien, que esa falsedad no afectaba la procedencia de sus excepciones.
Luego, ante las omisiones relatadas en cuanto a desvirtuar las consideraciones torales de la Sala responsable en relación con el análisis y valoración que realizó respecto de la procedencia de la acción de indebido cobro o cargo a su tarjeta de crédito y cuenta bancaria respectiva, por falsedad de las firmas contenidas en los pagarés exhibidos en autos, es inconcuso que deben declararse inoperantes las alegaciones en comento; sin que en el caso se actualice alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 76-bis de la Ley de Amparo para suplir la queja deficiente a favor del quejoso.
Las consideraciones anteriores tienen apoyo en la tesis número III.2o.C. J/13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que este órgano colegiado comparte, publicada en el tomo 72, diciembre de 1993 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 75, Octava Época, del tenor siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada."
Con independencia de lo anterior, cabe señalar que asiste razón a la Sala responsable al considerar, que de la interpretación de las reglas que regulan la emisión y operación de las tarjetas de crédito por las instituciones de banca múltiple, puede colegirse que si bien aun cuando de acuerdo a dichas reglas, existe la responsabilidad del uso de la tarjeta a cargo de los acreditados mientras no se reporte su robo o extravío, y a partir de ahí, en algunos casos puede determinarse el grado de responsabilidad de la institución bancaria; lo cierto es que también subsiste la obligación de dichas instituciones de no cargar los importes de las operaciones que no hayan sido suscritas por los acreditados lo cual puede corroborarse con las firmas que se tienen registradas en el banco, en los términos de la regla novena del citado reglamento.
En efecto, este órgano colegiado estima que resultó ajustada a derecho e incluso a los criterios sustentados por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, la interpretación realizada por la Sala responsable respecto del contenido y alcances de las reglas que regulan la emisión y operación de las tarjetas de crédito por las instituciones de banca múltiple, porque la consideración del tribunal de alzada resulta congruente con lo previsto en los artículos 77 y 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como en las citadas reglas aludidas, cuya finalidad principal es proporcionar los servicios financieros con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios.
Así, los artículos 77 y 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, respectivamente, disponen lo siguiente:
"Artículo 77. Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos en el artículo 46 de esta ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios."
"Artículo 91. Las instituciones de crédito responderán directa e ilimitadamente de los actos realizados por sus funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personalmente."
Asimismo, el ordenamiento denominado: Reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple en la emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias, expedido por el Banco de México el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en sus reglas novena, décima quinta, décima sexta y décima séptima, establecen lo siguiente:
"Novena. Las instituciones sólo podrán cargar a sus acreditados:
"a) El importe de los pagarés suscritos por éstos, así como de los documentos a que se refiere el párrafo primero de la regla cuarta anterior;
"b) El importe de las disposiciones de efectivo;
"c) El importe de los pagos de bienes, servicios, impuestos y otros conceptos que realicen por su cuenta;
"d) Los intereses pactados;
"e) Las comisiones que se establezcan en el contrato, y
"f) Los gastos por cobranza, únicamente cuando exista una gestión de cobro conforme a los mecanismos establecidos en el contrato.
"Las instituciones no deberán cargar a la cuenta del acreditado el importe de los bienes o servicios suministrados por los proveedores, en fecha anterior a aquella en que los propios proveedores les presenten los pagarés, notas, fichas de venta u otros documentos que amparen el importe de los citados bienes o servicios."
"Décimo quinta. En los contratos a que se refiere la regla anterior, deberá quedar claramente especificado que al celebrarse una operación cuyo importe sea cubierto en los términos de estos mismos contratos, el proveedor quedará obligado a:
"a) Verificar que la tarjeta de crédito se encuentre vigente;
"b) Comprobar que la firma del tarjetahabiente corresponda a la que aparece en la tarjeta respectiva, o que, tratándose de las órdenes de compra a que se refiere el segundo párrafo de la regla cuarta anterior, se obtenga la autorización correspondiente, de acuerdo con los términos pactados para tal propósito, así como que los bienes adquiridos hayan sido entregados en el domicilio del propio tarjetahabiente o en el que éste designe, y
"c) Sujetarse al límite que para cada operación haya pactado con el emisor en el contrato respectivo, salvo que al efectuarse la venta de bienes, prestación del servicio o disposición de efectivo, obtenga autorización del emisor para excederlo, en forma directa o a través de equipos electrónicos.
"Tratándose de consumos y disposiciones efectuados dentro del territorio nacional, el proveedor deberá quedar obligado, además, a no exigir o aceptar por motivo alguno pagarés suscritos en moneda extranjera.
"Décimo sexta. Cuando las instituciones reciban aviso del extravío o robo de la tarjeta de crédito o cuando se rescinda el contrato de apertura de crédito, las propias instituciones directamente o a través de las empresas operadoras de sistemas de tarjetas de crédito a las cuales estén afiliadas, deberán dar aviso a los proveedores o corresponsales con quienes tengan celebrados contratos, en el sentido de que la tarjeta respectiva ya no deberá ser aceptada.
"Décimo séptima. Las instituciones, conforme a los términos y condiciones que se establezcan en el contrato, deberán: a) contratar un seguro que ampare los riesgos derivados del extravío o robo de las tarjetas de crédito, o bien, asumirlos de manera directa, y b) contratar un seguro que cubra el pago de los saldos que subsistan al fallecimiento del acreditado hasta por el límite pactado, o bien condonarlos."
De una interpretación armónica de esos dispositivos legales, se advierte que el legislador previó en la Ley de Instituciones de Crédito, que los servicios que competen a las instituciones de crédito se prestarán de modo que se genere seguridad en la operación que al efecto se vaya a realizar para procurar una adecuada atención al usuario del servicio; lo que se traduce, en el caso de los instrumentos bancarios denominados tarjetas de crédito, el cliente tenga garantía de que la conducta que está desplegando al momento de usarla, se ejecutará de acuerdo a la voluntad que originariamente se plasmó en el contrato basal, esto es, que la institución de crédito está obligada a velar porque el servicio que presta se ejecute en forma segura para el usuario, como puede ser el caso de que la firma del tarjetahabiente fuera distinta, siendo favorable a los intereses del usuario que una operación no sea cargada por contener una señal de alteración, a que sea desposeído sin su consentimiento de una parte de su patrimonio, aunque se generen las subsecuentes eventualidades para el cuentahabiente como serían la aclaración correspondiente o incluso el reclamo del proveedor respectivo; por lo que es pertinente que la institución de crédito corra el riesgo de que el usuario pase por esas eventualidades por el hecho de no haber cargado el importe de una operación con su tarjeta de crédito en virtud de presentarse alguna alteración en la firma del titular, a que dicha voluntad se desvíe en relación con el destino que quiso dar a su patrimonio; circunstancia que el legislador quiso prevenir, al disponer que las instituciones de crédito prestarán los servicios correspondientes con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios; e incluso determinó que los servicios se deben prestar de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, como es el ordenamiento denominado "Reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple en la emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias", que establece procedimientos en los que el banco debe proteger los intereses de sus cuentahabientes, como es la prohibición de cargar operaciones que no hayan sido suscritas por ellos; que al momento de recibir el aviso de robo o extravío de la tarjeta respectiva, se avise, a su vez, a los proveedores para que tengan conocimiento de que la tarjeta no debe ser aceptada; o bien, que contraten un seguro que ampare los riesgos derivados del citado extravío o robo de tarjetas de crédito e incluso asumirlos de manera directa de presentarse el caso; todo lo cual evidencia que dichas disposiciones se encuentran encaminadas a garantizar la seguridad y protección de los usuarios al utilizar dichos servicios financieros.
En ese mismo orden de ideas, cabe señalar que también resulta adecuado considerar que existe la posibilidad de que las instituciones de crédito puedan negarse a realizar el cargo de las operaciones efectuadas con una tarjeta de crédito que se presenten ante ellas para su pago. Se expone lo anterior, pues de la interpretación del texto integral de los dispositivos en cita, se advierte que la voluntad del legislador fue la de englobar dos circunstancias concernientes al uso de las tarjetas de crédito, concretando, en primer término, lo relativo a la alteración de la firma del titular (regla novena) así como también especificó lo relativo a los casos de uso indebido de la tarjeta respectiva, mediando el aviso de robo o extravío correspondiente (regla décimo sexta).
Esa voluntad del legislador, no fue limitativa, sino más bien expositiva, en relación con dos hipótesis que en su caso pueden ser materia para que la institución bancaria se oponga a efectuar el cargo del monto de las operaciones derivadas del uso de tarjetas de crédito; y que tienden a proteger los intereses de las personas que han depositado su confianza en la institución bancaria con el hecho de haber dejado bajo su potestad una cantidad determinada de dinero. Por ello, es procedente, considerar que a las dos hipótesis referidas con antelación, pueden sumarse otras que indiscutiblemente, en caso de actualizarse, también puedan ser materia de objeción del cargo a las cuentas de los tarjetahabientes, por mediar la voluntad del legislador contemplada en otros ordenamientos legales en relación con su seguridad.
Las consideraciones anteriores tienen apoyo en la tesis número I.6o.C.282 C, sustentada por este órgano colegiado, publicada en el Tomo XVIII, septiembre de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1441, Novena Época, que dice:
"-La circular 2019/95, emitida por el Banco de México, que contiene las reglas de la emisión de tarjetas de crédito a las que se tienen que sujetar las instituciones de banca múltiple, en sus reglas cuarta, novena y décima, dispone que la expedición de tarjetas de crédito y todo lo concerniente a éstas, se regirá conforme a lo dispuesto en dichas reglas, y se hará con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente en moneda nacional, por los cuales la institución acreditante se obligue a pagar por cuenta del acreditado los bienes, servicios y, en su caso, dinero en efectivo que proporcionen a los tarjetahabientes los proveedores, para lo cual la tarjeta deberá presentarse al establecimiento respectivo y el tarjetahabiente habrá de suscribir pagarés o utilizar notas de venta, fichas de compra u otros documentos que para tal efecto sean aceptados por la institución a favor del banco acreditante, entregándolos a dicho establecimiento; también dispone que las instituciones de crédito sólo podrán cargar a sus acreditados el importe de los pagarés suscritos por éstos, así como el de los documentos en cita y que en los contratos que suscriban las instituciones con los proveedores deberá quedar claramente especificado que al celebrarse la operación cuyo importe sea cubierto en los términos de ese consenso, el proveedor quedará obligado, entre otras cuestiones, a verificar que la tarjeta de crédito se encuentre vigente y comprobar que la firma del tarjetahabiente corresponda a la que aparece en la tarjeta respectiva. De lo que debe entenderse que para que una institución de crédito se encuentre en aptitud de efectuar cargos a la cuenta de un tarjetahabiente derivados por el uso de una tarjeta de crédito, se requiere como exigencia sine qua non que se demuestre que la firma que calzan los vouchers por virtud de los cuales se pretenden efectuar esos cargos, sea y corresponda del puño y letra del tarjetahabiente, pues las reglas novena y décima quinta de la circular de mérito claramente así lo disponen, esto es, que las instituciones de crédito sólo podrán cargar a sus acreditados el importe de los pagarés suscritos por éstos y que el proveedor se encuentra obligado a verificar que la firma del tarjetahabiente corresponda a la que aparece en la tarjeta respectiva. Por ello es que el banco demandado, en el particular, no debió efectuar los cargos reclamados a la cuenta de su cuentahabiente si previamente no verificó que la firma establecida en los vouchers por virtud de los que se hizo dicho cargo, efectivamente correspondía a su tarjetahabiente, puesto que las instituciones crediticias se encuentran obligadas a prestar seguridad a sus cuentahabientes en la operación u operaciones que realicen, a fin de procurar brindarles una adecuada atención en ese servicio de acuerdo con lo dispuesto por los preceptos 77 y 91 de la Ley de Instituciones de Crédito."
En otro aspecto, la quejosa aduce una alegación referida a la valoración que efectuó la Sala responsable respecto de las pruebas rendidas en autos y que tendían a demostrar la falsedad de las firmas que consignaban los pagarés base de la acción.
Así, la impetrante refiere que impugna la declaración que hizo la Sala responsable y por la que consideró correcta la valoración que efectuó la Juez de primera instancia en lo que toca a la valoración efectuada sobre la comparación de las firmas que obran en autos, siendo que sin el mayor razonamiento de carácter jurídico y por supuesto de fundamentación lógica, el tribunal de alzada sólo se limitó a declarar que por el hecho de que el banco quejoso hubiera omitido exhibir los documentos que su contraparte requería, por consecuencia daba por ciertos los hechos correlativos, sin pasar por la mente de dicha Sala, la comparación que diera lugar a la evidencia formativa del juicio interior, y que en la conciencia del juzgador daba lugar a dar por cierto que la firma de los documentos objetados era falsa, lo que en la conciencia de la Sala responsable quedó "guardado", sin ocuparse de discutir en los puntos litigiosos el hecho de que la firma de los comprobantes era o no evidentemente su falsificación.
Esos argumentos resultan infundados.
Es así, porque contrario a lo que aduce la impetrante, la Sala responsable analizó correctamente su segundo agravio en el que refirió que la juzgadora de origen había valorado de manera ilegal las pruebas rendidas en autos para demostrar la falsificación de las firmas de los pagarés exhibidos por la parte actora, siendo que el tribunal de alzada estimó, en esencia, que la Juez de primera instancia estuvo en lo correcto al valorar las firmas contenidas en los pagarés exhibidos por la parte actora porque eran las únicas constancias que tuvo a la vista, siendo que la institución bancaria aquí quejosa, fue requerida para que exhibiera los originales de los citados documentos, así como otros que se encontraban vinculados con dicho punto controvertido, sin que a lo largo del procedimiento natural exhibiera tales documentos, por lo que incluso mediante auto del dieciséis de junio de dos mil cuatro, la Juez de origen tuvo por ciertas las afirmaciones de la actora en el sentido de que los pagarés exhibidos presentaban notorias alteraciones en la firma al momento de efectuarse la operación, por lo que al no allegar la institución bancaria demandada, las documentales citadas y necesarias para tener un punto de comparación y dilucidar la falsedad de firmas controvertida, resultaba correcta la valoración de pruebas aludida.
Esas consideraciones resultan congruentes y ajustadas a derecho, pues de las constancias de autos, las que cuentan con valor probatorio pleno de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. del último ordenamiento legal citado, se advierte que por una parte la actora señaló en su hecho trece (13) de su demanda que los pagarés exhibidos de su parte y que eran controvertidos por haberse cargado a su cuenta el monto de las operaciones en ellos consignadas aun presentándose una notoria alteración o falsificación de su firma (folio 4 del expediente de primera instancia) y, por otra, el banco demandado al contestar ese hecho, negó dicha circunstancia, es decir, refirió que los pagarés no presentaban ninguna alteración o falsificación en ellos (folio 14 del expediente de primera instancia); por lo tanto, resulta inconcuso que tal circunstancia quedó establecida como una parte sustancial de la litis en el juicio, lo que se corrobora con el hecho de que la juzgadora natural, previa solicitud de la accionante y mediante proveído del uno de junio de dos mil cuatro, requirió a la institución crediticia demandada la exhibición de los originales de los documentos controvertidos, así como de otros que resultaban necesarios para dilucidar la falsedad de firmas aludida, tales como el contrato de apertura de crédito que celebró con la parte actora; apercibiéndola que de no presentarlos se tendrían por ciertas las manifestaciones realizadas por la actora al respecto (folio 57 del expediente de primera instancia).
Ahora bien, al no exhibirse los multicitados documentos por parte de la aquí quejosa, es lógico que se le haya aplicado el referido apercibimiento mediante auto de dieciséis de junio de dos mil cuatro (folio 85 del expediente de primera instancia), así como también resulta ajustado a derecho que esa circunstancia, así como las constancias que obraban en autos, hayan servido para determinar la procedencia de la acción intentada, atento a la interpretación de las reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple en la emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias que ha quedado establecida en párrafos precedentes.
En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación aducidos por la quejosa y no desvirtuarse la legalidad y constitucionalidad de la sentencia reclamada, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín, por conducto de su apoderado Alejandro Rosas Torre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18875-0f4fbe49/tarjetas-de-credito-supuestos-en-que-proceden-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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