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Modo: Corpus Pro

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL, SÍ TIENE COMPETENCIA PARA REVISAR IMPUESTOS FEDERALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 318/2002. · Registro digital (IUS): 17468
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DESPACHOS JESÚS NAVA OMAÑA Y ASOCIADOS, S.C.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 1507.

AMPARO DIRECTO 318/2002. DESPACHOS JESÚS NAVA OMAÑA Y ASOCIADOS, S.C.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Se procede al análisis del tercer concepto de violación, por argumentarse ahí cuestiones de inconstitucionalidad de leyes, entre otros puntos.

Así, en dicho concepto de violación se alega lo siguiente:

a) Que atento que se cuestionaba por inconstitucional el artículo 17-A en relación con el 20-Bis del Código Fiscal, la Sala responsable debió abstenerse de entrar al estudio del concepto de impugnación, toda vez que es incompetente para estudiar cuestiones de constitucionalidad, y así es claro que la sentencia viola la tesis jurisprudencial que se invoca, en relación con los diversos dispositivos señalados en el capítulo respectivo, atento que pronuncia sentencia y declara infundado un concepto de anulación que no le es dable por tratarse de cuestión de inconstitucionalidad propia del Poder Judicial Federal.

En esta parte resulta infundado el tercer concepto de violación, debido a que, contrario a lo que aquí se alega, la Sala Fiscal no se encontraba impedida de estudiar el tercer concepto de nulidad (relativo a este punto), ya que ahí no se aducía ninguna cuestión de inconstitucionalidad del artículo 17-A en relación con el 20-Bis del Código Fiscal; en efecto, en el tercer concepto de anulación de la demanda respectiva no se aducen argumentos que combatan la inconstitucionalidad de los numerales antes señalados, por lo que, en ese orden de ideas, es inconcuso que no existía ningún motivo de incompetencia de la Sala responsable para abordar el análisis del concepto de nulidad de mérito.

Ciertamente, la entonces parte actora no alegó cuestiones de inconstitucionalidad en ese concepto de anulación, sino de legalidad según se corrobora:

"Tercero. La multicitada liquidación combatida, en cuanto que actualiza los ilegales créditos fiscales determinados, deviene en nulidad por indebida aplicación del artículo 17-A, 20-Bis y 21 del Código Fiscal de la Federación aplicable en su momento. Los créditos fiscales que ilegalmente determina la liquidación impugnada, tanto en materia de impuestos supuestamente omitidos, como en multas y recargos, la propia resolución determina que deben actualizarse tales créditos conforme al artículo 17-A, 20-Bis y 21 del Código Fiscal de la Federación, el cual remite al Índice Nacional de Precios al Consumidor determinado por el Banco de México, lo que deviene en la ilegalidad de la resolución combatida por aplicación del citado artículo del Código Fiscal, porque si bien es cierto que el artículo 20-Bis aludido establece el procedimiento para la obtención de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, no se justifica la aplicación de los parámetros del referido artículo 20-Bis, puesto que no se cotizan los precios correspondientes a cuando menos dos mil productos y servicios en las ciudades de las entidades federativas, tal como lo exigen las fracciones I, II, III, IV y V del señalado artículo 20-Bis. En efecto, no se cumplen los rubros exigidos por el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, en la forma y términos señalados como se justifica con la exposición de motivos de las reformas para el año 2000, de 13 de noviembre de 1999, sección tercera, donde la iniciativa plantea que se proponen adecuaciones en cuatro aspectos y, en lo conducente, establece la señalada iniciativa: '... para cumplir con el principio de legalidad en el ajuste por inflación, se incorporó en el Código Fiscal de la Federación el procedimiento que sigue el Banco de México para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entre otras reglas, el artículo 20-Bis establece que se deberán cotizar los precios correspondientes a cuando menos dos mil productos y servicios. No obstante lo anterior, debido a que el rango de cotizaciones que exige el citado precepto es demasiado amplio, la mencionada institución ha enfrentado dificultades para cumplir apropiadamente y oportunamente con dicha disposición, y ante tal imposibilidad, en algunas ocasiones ha utilizado un número inferior de bienes y servicios, lo que ha ocasionado controversias en los tribunales.'. La iniciativa de mérito, que constituye un hecho notorio que desde ahora se invoca a favor de mi representada, es derecho que no necesito probar, pues no es derecho extranjero y constituye prueba plena como documental y como confesión de autoridad de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor no se ajusta al artículo 20-Bis por parte del Banco de México con frecuencia, y tal confesión que se contiene en la iniciativa de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales de fecha 13 de noviembre de 1999, para aplicarse al año 2000, corrobora la ilegalidad de la actualización de los créditos fiscales impugnados, porque se conculcan la legalidad y seguridad jurídica de mi representada y, por lo mismo, hacen procedente el concepto de impugnación que se viene expresando." (fojas 8 y 9).

De esta forma se evidencia lo infundado del presente concepto de violación, pues si no alegó ningún argumento de inconstitucionalidad, entonces es claro que la Sala Fiscal podía entrar al estudio de su planteamiento, pues no se actualizó ninguna causal de incompetencia al respecto, por no tratarse de razonamientos de inconstitucionalidad que deban analizar estos tribunales jurisdiccionales.

Continúa alegando:

b) Que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es inconstitucional y no puede fundar la actualización de sus contribuciones y sus accesorios, porque no cumple con los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, para el financiamiento del gasto público (artículo 31, fracción IV, de la Constitución General) y, estimar lo contrario, implica una denegación de justicia prohibida por el artículo 17 de la Carta Magna, ya que si bien es cierto que el Banco de México no es autónomo para determinar el mencionado Índice Nacional de Precios al Consumidor, sino que debe basarse en los parámetros de cotización prevenidos en el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, también es cierto que tales extremos no se han cumplimentado;

c) Que la inconstitucionalidad de dicho índice deviene por el incumplimiento al artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación por parte del Banco de México, en cuanto que con frecuencia no se han estudiado o cotizado los dos mil productos y servicios, tal como lo confiesa con validez de prueba plena la iniciativa de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales de fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, para aplicarse al año dos mil, que evidencia la violación constitucional a la legalidad y seguridad jurídica que en materia de contribuciones previenen los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales; y

d) Que la sentencia combatida constituye el primer acto de aplicación en contra del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Con respecto a los anteriores argumentos que la quejosa califica "de constitucionalidad", este Tribunal Colegiado considera inoperante el concepto de violación en estudio.

Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad del Índice Nacional de Precios al Consumidor no puede derivarse de que se contraríe o no el espíritu de leyes de carácter secundario, como lo es el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, pues para que pueda analizarse como tal, debe realmente encontrarse en contradicción con algún precepto de la Carta Magna y, en este caso, aunque se señalaron violados los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, en realidad sus argumentos se encaminaron a combatir un incumplimiento al artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, al no haberse estudiado o cotizado los dos mil productos y servicios que indica para tal efecto el numeral 20-Bis del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y nueve, lo cual más bien se traduce en un agravio de legalidad en materia fiscal, que en términos del artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, al causarse a los particulares, tal como en la especie ocurre, al determinarse ilegalmente los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y al haberlos aplicado para actualizar las cantidades adeudadas por el contribuyente, procede impugnarlo a través del juicio de nulidad, según se ve:

"Artículo 11. El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores."

Así, lo que se resuelva por el Tribunal Fiscal de la Federación puede combatirse en esta instancia jurisdiccional, mediante la vía de amparo directo alegando, en su caso, violación a las garantías de legalidad y seguridad tributaria, si se considera infringido y no reconocido por la Sala Fiscal el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación.

Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia número 1/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y dos, página 59, que establece lo siguiente:

"CONTRIBUCIONES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE NO DEPENDE DE SU CONTRADICCIÓN CON ORDENAMIENTOS SECUNDARIOS O PACTOS ECONÓMICOS. La inconstitucionalidad de la ley que establece un gravamen no puede fundarse en el hecho de que éste contraríe el espíritu de leyes de carácter secundario o pactos económicos, sino en la demostración de que resulta violatorio de algún precepto de la Constitución Federal."

Finalmente, cabe agregar que no puede alegarse que la inconstitucionalidad del Índice Nacional de Precios al Consumidor se deriva de la transgresión a los principios tributarios de legalidad y seguridad jurídica en materia tributaria a que se hace referencia, pues ello se daría cuando se estuvieran estableciendo obligaciones para los contribuyentes que no estuvieran contempladas en las leyes respectivas, pero no cuando se lleve a cabo el procedimiento de cálculo del índice referido, en forma contraria a lo que dispone el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación para mil novecientos noventa y nueve.

Dadas las consideraciones anteriores, debe declararse la inoperancia del tercer concepto de violación, en relación con los razonamientos identificados en el presente fallo con los incisos b, c) y d).

Como último argumento se alega que:

e) Independientemente de que se estudie como cuestión de legalidad, la sentencia concluye que suponiendo que sea cierto que existan menos artículos incluidos en el artículo 20-Bis del Código Fiscal por parte del Banco de México, ello no redunda en su beneficio, con lo que configura el agravio que se expresa, porque su representada nunca precisó en "qué ocasiones" se ha utilizado menor número de bienes o servicios, por lo que consideró que no había elementos de convicción y, en consecuencia, declara infundado el agravio respectivo. Y ello significa que la sentencia combatida, aun aceptando que el número de bienes o servicios es inferior, determinó que ello no le causa agravio; pero contrario de lo que la sentencia exige, ello se demostró con la documental consistente en la exposición de motivos de las reformas para el año dos mil, de trece de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, sección tercera.

Resulta infundado, en esta parte, el concepto de violación de que se trata, puesto que si bien es cierto que en su tercer concepto de nulidad, que es en el que se refiere al Índice Nacional de Precios al Consumidor, menciona una parte de lo que se dijo en la exposición de motivos aludida, y además refiere una disminución del número de productos y servicios que se cotizaron en el procedimiento para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ello no desvirtúa de ninguna manera lo razonado por la Sala Fiscal, en cuanto que no precisó en aquella instancia en qué ocasiones se había utilizado menor número de bienes o servicios para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, tal como se verifica con la reproducción del mencionado concepto de nulidad:

"Tercero. La multicitada liquidación combatida, en cuanto que actualiza los ilegales créditos fiscales determinados, deviene en nulidad por indebida aplicación del artículo 17-A, 20-Bis y 21 del Código Fiscal de la Federación aplicable en su momento. Los créditos fiscales que ilegalmente determina la liquidación impugnada, tanto en materia de impuestos supuestamente omitidos, como en multas y recargos, la propia resolución determina que deben actualizarse tales créditos conforme al artículo 17-A, 20-Bis y 21 del Código Fiscal de la Federación, el cual remite al Índice Nacional de Precios al Consumidor determinado por el Banco de México, lo que deviene en la ilegalidad de la resolución combatida por aplicación del citado artículo del Código Fiscal, porque si bien es cierto que el artículo 20-Bis aludido establece el procedimiento para la obtención de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, no se justifica la aplicación de los parámetros del referido artículo 20-Bis, puesto que no se cotizan los precios correspondientes a cuando menos dos mil productos y servicios en las ciudades de las entidades federativas, tal como lo exigen las fracciones I, II, III, IV y V del señalado artículo 20-Bis. En efecto, no se cumplen los rubros exigidos por el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación en la forma y términos señalados como se justifica con la exposición de motivos de las reformas para el año 2000, del 13 de noviembre de 1999, sección tercera, donde la iniciativa plantea que se proponen adecuaciones en cuatro aspectos y, en lo conducente, establece la señalada iniciativa: '... para cumplir con el principio de legalidad en el ajuste por inflación, se incorporó en el Código Fiscal de la Federación el procedimiento que sigue el Banco de México para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entre otras reglas, el artículo 20-Bis establece que se deberán cotizar los precios correspondientes a cuando menos dos mil productos y servicios. No obstante lo anterior, debido a que el rango de cotizaciones que exige el citado precepto es demasiado amplio, la mencionada institución ha enfrentado dificultades para cumplir apropiadamente y oportunamente con dicha disposición y, ante tal imposibilidad, en algunas ocasiones ha utilizado un número inferior de bienes y servicios, lo que ha ocasionado controversias en los tribunales.'. La iniciativa de mérito, que constituye un hecho notorio que desde ahora se invoca a favor de mi representada, es derecho que no necesito probar, pues no es derecho extranjero y constituye prueba plena como documental y como confesión de autoridad de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor no se ajusta al artículo 20-Bis por parte del Banco de México con frecuencia, y tal confesión que se contiene en la iniciativa de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales de fecha 13 de noviembre de 1999, para aplicarse al año 2000, corrobora la ilegalidad de la actualización de los créditos fiscales impugnados, porque se conculcan la legalidad y seguridad jurídica de mi representada y, por lo mismo, hacen procedente el concepto de impugnación que se viene expresando." (fojas 8 y 9).

Además, aunque alegó en aquella instancia que la iniciativa de mérito constituía un hecho notorio que invocaba a su favor y por ser derecho no necesitaba probarse, pues no era derecho extranjero y constituía prueba plena como documental y como confesión de autoridad de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor no se ajustó al artículo 20-Bis por parte del Banco de México, de todas maneras ello no era aplicable a su favor, en el entendido de que, por una parte, tal exposición de motivos no puede equipararse a una ley, pues es solamente un documento en el que se justifica determinado cuerpo normativo; y, por otro lado, no constituye un hecho notorio como se alega, porque la circunstancia de que un sector reducido de la población adquiera conocimiento de alguna circunstancia consignada en una exposición de motivos, no convierte por ese solo motivo en "hecho público y notorio" el suceso consiguiente, que en este caso son los periodos en que no se cotizaron los dos mil productos y servicios en el procedimiento ya mencionado, toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos. A tal efecto, la doctrina procesal define al hecho notorio como aquel acontecimiento público cuyo saber forma parte de la cultura normal de determinado sector de la sociedad y, como tal, crea opinión entre sus miembros, y de acuerdo con tal perspectiva, la falta de cumplimiento a la cotización que ordenaba el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación en ciertos periodos (si es que se mencionó en la exposición de motivos referida), en este caso no constituye un hecho notorio, porque aun cuando sus sentencias están vinculadas a la legalidad de los actos relacionados con el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ello no significa que deban saber en qué ocasiones no se cotizaron los dos mil productos y servicios a que se hace referencia, y menos aún forma parte de su cultura normal, toda vez que no tienen una actividad relacionada con el cómputo del citado índice.

Y, finalmente, es inexacto que se diga que no necesitaba probar la existencia de la mencionada exposición de motivos (y, por ende, las ocasiones en que no se cotizaron los dos mil productos y servicios referidos), pues si bien es verdad que de conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sólo los hechos estarán sujetos a prueba, es decir, el derecho no lo está, también lo es que el artículo 133 de la Constitución General de la República dice:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. ..."

De donde se advierte que serán ley en la República mexicana solamente la Constitución Política, las propias leyes federales y los tratados que no contravengan a la primera; y es por ello que una exposición de motivos como en la que se apoya la quejosa, no comparte el carácter de ley y, por ende, no puede estar excluida de ser sujeta a prueba, de acuerdo a la interpretación a contrario sensu del precepto 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que sólo es una introducción en donde exponen los motivos de justificación de una norma diversa.

Atento las anteriores consideraciones, resulta infundado su tercer concepto de violación.

Es igualmente infundado el primer concepto de violación, en el que se aduce lo que sigue:

a) Que la cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal exige que las facultades conferidas, si no son ejercidas por el gobernador de la entidad, serán ejercidas por la autoridad creada conforme a disposiciones legales locales, y por tales deben entenderse las que cobran vida jurídica al amparo de la ley, que no de un reglamento que es acto administrativo del Poder Ejecutivo;

b) La sentencia impugnada equipara en su perjuicio las disposiciones legales, con las disposiciones reglamentarias para conformar la violación que se alega, porque una y otra no son equiparables y, por ende, el reglamento no es una disposición legal local;

c) Que de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, es atribución exclusiva del Congreso del Estado la facultad de expedir, reformar y derogar leyes y decretos como lo previene su artículo 57, fracción I, esto es, las disposiciones legales locales exigidas por la cláusula cuarta tantas veces citada sólo pueden provenir del Congreso del Estado, y siendo que el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas no es ley porque no está expedido por el Congreso del Estado, es claro que no puede conferir facultades y atribuciones a un organismo o dependencia que no nace de la ley, sino de un reglamento como lo exige la tantas veces citada cláusula cuarta; y

d) Que la sentencia combatida deja de estimar que el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla no sólo permite, sin ser ley formal, el nacimiento de la dirección de fiscalización, sino que tal reglamento rebasa lo establecido en la ley orgánica del Estado, con lo que configura el concepto de violación que se viene exponiendo, porque no estudia la alegación que al respecto se formula en el juicio natural.

Efectivamente, en lo sustancial, resulta infundado el presente concepto de violación, en cuanto que se considera correcta la determinación de la Sala Fiscal, al concluir que la directora de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, sí tiene competencia en materia de impuestos federales, en virtud de que, sin duda alguna, tal prerrogativa se desprende del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla; se considera lo anterior, en tanto que no por el hecho de que el reglamento interior en mención haya sido expedido por el gobernador de esa entidad federativa, no deba tener el carácter de "disposición legal local", ya que es incuestionable que no sólo las leyes que emanan de un Congreso Local o Legislatura del Estado de Puebla han de apreciarse como disposiciones legales locales, sino también tienen dicha particularidad los reglamentos que el gobernador del Estado de Puebla expide, acorde con la facultad reglamentaria que le confieren los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de ese Estado, y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Puebla, que señalan:

"Artículo 79. Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado: ... IV. Expedir reglamentos autónomos, decretos, órdenes y circulares de carácter y aplicación general, en los diversos ramos de administración pública."

"Artículo 22. El gobernador del Estado, expedirá los reglamentos interiores, los acuerdos, circulares y demás disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades del Ejecutivo."

Y se concluye en este sentido, en virtud de que tal facultad consiste en la expedición de disposiciones generales (reglamentos, entre otros) abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de una ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, a efecto de hacer posible el cumplimiento de éstas, por lo que en estos términos no puede privarse del carácter de disposición legal local a los reglamentos decretados por el gobernador del Estado, debido a que ello constituiría un desconocimiento de la atribución constitucional a él conferida, lo que en modo alguno está autorizado por la ley; de ahí que se estime como infundado el presente concepto de violación y, consecuentemente, que la Sala Fiscal procedió de manera correcta al declarar que la directora de fiscalización, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, era competente para emitir la revisión de gabinete y determinar el crédito fiscal respectivo a cargo de la persona moral, entonces actora, Despachos Jesús Nava Omaña y Asociados, Sociedad Civil, con base en la interpretación de la cláusula cuarta del convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Gobierno del Estado de Puebla, porque de acuerdo con la cláusula apuntada, aquellas autoridades facultadas por las disposiciones legales locales de la materia sí pueden emitir los actos de donde derivan los que se controvirtieron en el juicio natural.

Resulta de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis número 35 A, emitida por este Tribunal Colegiado, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1292, que dice:

" La Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Estado de Puebla, es competente para revisar, en materia de impuestos federales, las obligaciones de los contribuyentes que se encuentren dentro de su circunscripción territorial, de conformidad con la cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, mismo que establece que las facultades conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en materia de revisión de impuestos), en el convenio citado, serán ejercidas por el gobernador del Estado o por las autoridades que conforme a las disposiciones legales locales estén autorizadas para administrar contribuciones federales; así las cosas, la competencia para revisar impuestos de índole federal, por parte de la Dirección de Fiscalización, deriva del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, el cual fue expedido por el gobernador del Estado, en ejercicio de las facultades señaladas en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Puebla y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Puebla, para la creación y organización de sus dependencias."

Dadas las anteriores consideraciones, resulta innecesario ocuparse del razonamiento identificado como inciso d) en cuanto alega que la Sala Fiscal omitió analizar que el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla no sólo permite, sin ser ley formal, el nacimiento de la dirección de fiscalización, sino que tal reglamento rebasa lo establecido en la ley orgánica del Estado, puesto que, con independencia de que fuera fundada tal pretensión, a nada práctico conduciría el ordenar a la responsable que examinara tal concepto de nulidad, puesto que ya en este fallo se consideró, en cuanto al fondo del asunto, que la directora de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en este caso sí es competente para emitir la revisión de gabinete y determinar el crédito fiscal respectivo, con base en la interpretación de la cláusula cuarta del convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Gobierno del Estado de Puebla, lo cual no cambiaría si se analizara el mencionado concepto de nulidad del que se impugna su omisión de estudio.

Es infundado el segundo concepto de violación, en el que se hace valer lo siguiente:

a) Que en el segundo concepto de nulidad impugnó la diferencia en el pago de la tasa del impuesto, es decir, que en todo caso la liquidación se debió traducir en una diferencia por tasa aplicable entre el impuesto efectivamente pagado y el determinado en la liquidación, pero sobre esto último la sentencia es omisa, ya que concluye que se debieron efectuar retenciones, lo que no se realizó y, por ende, procede el cobro, sin que la erogación realizada se hubiese justificado como estrictamente indispensable para el fin de la actividad del contribuyente, porque el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contiene diversas fracciones que no son excluyentes entre sí, sino complementarias y, por lo mismo, aunque se hubiere cumplido con un requisito de cada una de las fracciones y dejar de cumplir con las restantes, por tal motivo no se cumplió con las demás fracciones del artículo 24, esto es, aunque hubiese cumplido con la fracción I no cumplió con la fracción V, y con todo lo anterior la sentencia combatida es ilegal, pues pretende que para la deducibilidad permitida por el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contribuyente debe satisfacer todas las diversas fracciones que son complementarias, lo cual resulta inaplicable, es decir, no se exige como pretende la ilegal sentencia que se impugna, que su representada además satisfaga los requisitos de todas las demás fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y

b) Que la sentencia está variando los puntos de la litis, porque la complementariedad de las fracciones que integran el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que tales no son excluyentes entre sí, no se alegó en el juicio natural.

Resulta infundado el segundo concepto de violación en estudio, puesto que, contrario a lo que alega la quejosa, si bien señaló la Sala Regional que el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contiene diversas fracciones que no son excluyentes entre sí, ello fue porque consideró que aparte del requisito establecido en la fracción I, la entonces actora debió cumplir con el diverso mencionado en la fracción V de dicho numeral, lo que no significa que estuviera concluyendo que se debían cumplir los requisitos mencionados en todas las fracciones que ahí se contienen, tal como enseguida se verifica:

"No resulta óbice para lo anterior, el que la demandante argumente que el importe de los pagos efectuados al administrador general es deducible porque lo permite el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues se trata de una erogación estrictamente indispensable para los fines del objeto social, esto en virtud de que, en primer lugar, la accionante no acredita que el pago realizado al administrador de la contribuyente sea estrictamente indispensable para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17468-9c15834f/facultades-de-comprobacion-la-direccion-de-fiscalizacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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