ALEGATOS. CUÁNDO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. ALEGATOS DE BIEN PROBADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO, SIGNIFICADO Y CONFIGURACIÓN.
AMPARO DIRECTO 4837/2003. GRÁFICOS DIMO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados por una parte, y fundados pero inoperantes por otra.
En primer término, aduce la parte quejosa que la Sala responsable vulneró en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, al no haberse pronunciado respecto del escrito de alegatos presentado el doce de diciembre de dos mil tres.
Es infundado el argumento expuesto por la agraviada.
Los alegatos forman parte de la litis en el procedimiento contencioso ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues el código que lo rige es claro al respecto por cuanto establece los plazos y forma de notificar el periodo para formular alegatos, los que deben tomarse en cuenta en el fallo que se dicte, de conformidad con el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación que a la letra dice:
"Artículo 235. El Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.
"Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa."
En el primer párrafo del precepto legal transcrito, se ordena que diez días después de concluida la sustanciación del juicio contencioso administrativo, el Magistrado instructor notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos, y si éstos se presentan oportunamente deben ser considerados al dictar sentencia, es decir, deben ser motivo de análisis en ella.
A falta de alusión alguna en la exposición de motivos de dicho precepto, debe entenderse que el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación se refiere a los alegatos de bien probado, a efecto de que cada parte en el juicio, en el momento oportuno, recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio.
Los anteriores, son los únicos aspectos cuya omisión de estudio puede trascender al resultado de la sentencia y dejar en estado de indefensión a la parte alegante.
Lo anterior tiene sustento en la tesis I.7o.A.174 A de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1165, que es del tenor literal siguiente:
"ALEGATOS. CUÁNDO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.-En términos del artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, los alegatos forman parte de la litis en los procedimientos seguidos ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, deben ser examinados en la sentencia definitiva. Sin embargo, a falta de alusión expresa, debe entenderse que el referido numeral se refiere a los alegatos de bien probado, que consisten en aquellos razonamientos que tienden a ponderar las pruebas ofrecidas frente a las de la contraparte, así como los argumentos de la negación de los hechos afirmados o derecho invocado por la contraparte y la impugnación de sus pruebas, que son los únicos aspectos cuya omisión de estudio puede transcender al resultado de la sentencia y dejar en estado de indefensión a la parte alegante."
Así como el diverso criterio contenido en la tesis I.7o.A.175 A, también de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, junio de 2002, 625, que a la letra dice:
"ALEGATOS DE BIEN PROBADO. SON LOS QUE FORMAN PARTE DE LA LITIS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA FEDERAL.-En todo procedimiento existen, generalmente, dos etapas perfectamente diferenciables: la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión o resolución; dividiéndose a su vez la instrucción en tres fases: postulatoria o expositiva (que permite instruir al juzgador en la litis a debate), probatoria (que tiene la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la controversia mediante los elementos que ofrecen las partes para acreditar sus posiciones contrapuestas, fase que cuenta con sus estadios de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo) y preconclusiva, integrada por los alegatos o conclusiones de las partes. En ese orden de ideas se advierte, aunque sea de una manera muy general, que los alegatos son las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatoria y aprobatoria; en una acepción general, se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte. En este sentido, alegar de bien probado significa el derecho que le asiste a cada parte en juicio para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio. Así, la exposición de alegatos, común en los juicios ordinarios, no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero se debe tener en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados y las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado."
En el expediente 3207/03-17-01-9 de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, obra el escrito recibido el doce de septiembre de dos mil tres, por medio del cual la parte actora, aquí quejosa, Gráficos Dimo, Sociedad Anónima de Capital Variable, hizo valer los siguientes alegatos:
a) En relación con la refutación de los hechos de la demanda expresados por su contraparte, refirió que los hechos 1 y 2 señalados en su ocurso inicial sí son materia de la litis en el juicio contencioso administrativo.
b) Respecto de la refutación de los conceptos de impugnación, hizo diversas consideraciones lógico-jurídicas respecto a la naturaleza del citatorio, citando los artículos 38, 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación.
Por lo que hace al argumento sintetizado en el inciso a) que antecede, debe destacarse que la actora en el juicio contencioso administrativo refirió en su primer apartado de hechos, que el veintisiete de noviembre de dos mil se presentó una persona que dijo ser notificador-ejecutor fiscal, sin estar legitimado y habilitado para el caso concreto; mientras que en el segundo punto señaló que dicho funcionario no se identificó, así como tampoco exhibió o notificó el mandamiento escrito de la autoridad competente que lo facultara para llevar a cabo tal actuación (foja 2).
Al contestar la demanda entablada en su contra, la administradora local Jurídica del Norte del Distrito Federal, en relación con el primero de los hechos referidos por la actora señaló que sus argumentos eran ineficaces por inatendibles y, por ende, fuera de la litis en el juicio natural, toda vez que el citatorio no es un acto del procedimiento administrativo de ejecución. Respecto del hecho número dos, la autoridad demandada adujo que tales manifestaciones debían ser desestimadas de plano, por no ser materia de la litis, insistiendo que el citatorio no forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, y no existe ningún precepto legal que disponga que en el citatorio se deba asentar que el notificador se identificó o que éste exhibiera el documento que lo facultara para realizar la diligencia (fojas 27 y 28).
En relación con lo anterior, la autoridad demandada en ningún momento negó los hechos afirmados por la parte quejosa, sino que vertió diversos razonamientos lógico-jurídicos para acreditar la legalidad del acto impugnado.
Respecto al alegato precisado en el inciso b) que antecede, la parte actora se limitó a señalar la naturaleza jurídica -que a su juicio- tienen los citatorios en el procedimiento fiscal.
Por tanto, los alegatos expuestos por la parte actora, aquí quejosa, no son más que una reiteración de los conceptos de impugnación vertidos en su escrito inicial de demanda, por lo que no revisten el carácter de alegatos de bien probado; motivo por el cual no hubo violación de garantías individuales por la autoridad responsable al no haber hecho mención expresa del escrito de alegatos en la sentencia reclamada.
En su segundo concepto de violación, señala la parte quejosa que el citatorio forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, según concluyó este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la ejecutoria de amparo DA. 1297/2002; no obstante lo anterior, la Sala responsable confirmó el acto impugnado en el contencioso administrativo, concluyendo que el citatorio de veintisiete de noviembre de dos mil (foja 33) es un acto previo al procedimiento económico coactivo.
Concepto de violación que resulta fundado pero inoperante.
Este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el amparo directo 1297/2002, en sesión de dos de mayo de dos mil dos, concluyó que el citatorio impugnado por la parte actora forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que éste inicia con el requerimiento de pago emitido por la autoridad exactora, de tal suerte que cualquier infracción a las normas que regulan tal mandamiento y la diligencia practicada en su cumplimiento, incluyendo el citatorio respectivo, constituyen violaciones cometidas dentro del procedimiento administrativo de ejecución.
Resolución de amparo que de conformidad con los artículos 354, 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es cosa juzgada y verdad legal al haber causado ejecutoria; motivo por el cual fue incorrecto que la Sala responsable confirmara el criterio de la autoridad demandada, en el sentido de que el citatorio materia de la litis en el recurso de revocación administrativo era un acto previo al procedimiento económico coactivo.
No obstante, es inoperante el argumento en estudio, pues tanto la autoridad demandada como la Sala responsable concluyeron que en el citatorio relativo al mandamiento de ejecución no es necesario observar los requisitos señalados por el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, pues su finalidad es la de requerir la presencia del contribuyente o su representante legal a efecto de proceder a notificar el oficio determinante del acto de autoridad; es decir, estudió el fondo del asunto conforme a la litis que le fue planteada en el juicio contencioso administrativo, por lo que ningún beneficio le acarrearía a la quejosa conceder el amparo solicitado, para el único efecto de que la Sala se pronunciara en el sentido de que el citatorio sí forma parte del procedimiento económico coactivo, tomando en consideración que el sentido de la nueva sentencia sería el mismo de la que ahora se estudia.
Resulta aplicable la jurisprudencia 108 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, que es del tenor literal siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."
Además, agrega la quejosa en su segundo concepto de violación, que el citatorio de veintisiete de noviembre de dos mil, materia de la litis en el juicio contencioso administrativo (foja 33) se emitió en contravención a lo dispuesto por los artículos 38 y 152 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que el ejecutor no fue designado, ni éste se identificó, así como tampoco señaló la autoridad que emitió el acto administrativo; careciendo, además, de fundamentación y motivación.
Son infundados los anteriores razonamientos.
Los artículos 145, primer párrafo, 151, primer párrafo y 152, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación disponen lo siguiente:
"Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución."
"Artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue."
"Artículo 152. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 137 de este código. De esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este ordenamiento."
De los preceptos legales transcritos y como acertadamente concluyó la autoridad responsable, el procedimiento administrativo de ejecución comienza con el mandamiento de requerimiento de pago y embargo de bienes realizado por la autoridad exactora ordenadora. El ejecutor designado para tal efecto deberá identificarse con la persona con quien practicará la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes, en el entendido de que la notificación del mandamiento respectivo deberá hacerse conforme al numeral 137 del ordenamiento tributario invocado.
El artículo 137 del Código Fiscal de la Federación dispone lo siguiente:
"Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.
"Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.
"Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este código."
El citatorio en el procedimiento administrativo de ejecución tiene como única finalidad que la persona interesada, o su representante legal, esperen al ejecutor a una hora fija del día hábil siguiente, para que tenga verificativo el requerimiento de pago y embargo de bienes respectivo; en el entendido de que de no esperar a dicho funcionario, la diligencia se practicará con cualquier persona que se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un vecino.
Por tanto, no existe obligación alguna por parte del notificador de identificarse al momento de dejar un citatorio, ni de la autoridad exactora ordenadora de autorizar a determinado funcionario para dejar el citatorio correspondiente, ya que tales requisitos no están contemplados por el numeral transcrito en último término, siendo legal la determinación de la Sala responsable, en el sentido de que en el citatorio relativo al mandamiento de ejecución ordenado por la exactora no deben observarse los requisitos señalados por el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación.
En las relatadas circunstancias, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Gráficos Dimo, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 76 a 80 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso b) y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gráficos Dimo, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistentes en la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil tres, en el expediente 3207/03-17-01-9.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos del expediente fiscal a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente; regístrese la presente ejecutoria en términos del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados David Delgadillo Guerrero, Alberto Pérez Dayán y F. Javier Mijangos Navarro. Fue ponente el último de los señores Magistrados antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18031-7be40151/alegatos-cuando-deben-ser-examinados-en-la-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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