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Modo: Corpus Pro

PROCESO SUMARIO. SE RIGE POR EL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN ESTA VÍA, EL JUEZ PROCURARÁ CERRAR LA INSTRUCCIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN DICHO PRECEPTO, SIN QUE PROCEDA QUE PREVIAMENTE LA DECLARE AGOTADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17479
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 134.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo número 93/2002, promovido por ... sostuvo en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 13 a 35).

"V. Los conceptos de violación son infundados, sin que en el caso haya motivo de inconformidad que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, en primer término, cabe establecer que en el caso se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que el quejoso fue juzgado por tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad a los hechos delictivos que se le atribuyen, en donde en cumplimiento a las formalidades del procedimiento se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de modo, lugar y tiempo que mediaron en la comisión del ilícito cuya realización se le imputa, el nombre de las personas que declararon en su contra, fue oído por sí y a través de los defensores que para tal efecto designó, tuvo la oportunidad de defenderse y de probar lo que a sus intereses conviniera, razón por la que en esos aspectos no existe violación a las garantías consagradas por los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son infundados los conceptos de violación en los que se sostiene que en la sentencia combatida la responsable suplió las deficiencias de las conclusiones acusatorias formuladas por el Ministerio Público de la Federación, por lo que se rebasó la acusación en perjuicio del quejoso, deficiencias que hace consistir en que en el pliego acusatorio el fiscal federal sólo hizo una relación de pruebas, luego dedicó unos cuantos renglones al estudio del cuerpo del delito sin fundamentar ni motivar ni mencionar porqué se acredita, para seguir con la responsabilidad del inculpado sin especificar cuál fue el grado de participación del quejoso de conformidad con el artículo 13 del Código Penal Federal, ni señaló si actuó con dolo o culpa y que no se fundó ni motivó la pretensión punitiva; de lo anterior, el defensor del quejoso concluye que la simple transcripción o relación de constancias que integran el sumario no constituye una acusación fundada ni motivada, por lo que no debe ser tomada en consideración por los órganos jurisdiccionales, pues con ello se rebasaría la acusación, pues no se cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales. Para arribar a esta consideración, se toma en cuenta que los artículos citados disponen: 'Artículo 292. El Ministerio Público, al formular sus conclusiones, hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; propondrá las cuestiones de derecho que se presenten; y citará las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables. Dichas conclusiones deberán precisar si hay o no lugar a acusación.'. 'Artículo 293. En el primer caso de la parte final del artículo anterior, deberá fijar en proposiciones concretas, los hechos punibles que atribuya al acusado, solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño y perjuicio, y citar las leyes y la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deberán contener los elementos constitutivos del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad, así como las circunstancias que deban tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida. Para este último fin, el Ministerio Público considerará las reglas que el Código Penal señala acerca de la individualización de las penas o medidas.'. Pues bien, el representante social federal en su pliego acusatorio, de inicio, estableció cuáles son los elementos del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; enseguida, hizo una enumeración de las probanzas, entre las que destacan las declaraciones ministeriales del quejoso ... de sus coinculpados ... del elemento aprehensor Luis Becerra García y del conductor del taxi Martín Martínez Esquivel; asimismo, la inspección ministerial y el dictamen de identificación de armas respectivo. Posteriormente, en el capítulo de valoración de pruebas solicitó que se concediera valor probatorio de indicio a las testimoniales emitidas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 285 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales; igualmente, que las declaraciones del quejoso se valoraran de conformidad con los artículos 279 y 287 del mismo ordenamiento procesal; mientras que a la inspección ministerial y al dictamen, el Ministerio Público de la Federación solicitó su ponderación al tenor de los numerales 284 y 288 del código procesal en cita; luego, en el mismo capítulo de valorización de pruebas señaló que los medios de convicción valorados conducían a la prueba circunstancial y citó las tesis con los rubros: 'PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA.', 'PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA.' y 'CONFESIÓN. PRESUNCIONES. VALOR DE LA PRUEBA.', entre otras; posteriormente, en su conclusión señaló que el material probatorio mencionado acreditaba que el quejoso ... aproximadamente desde las siete horas hasta las ocho horas con cuarenta minutos del día veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, al circular por la carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta, a un kilómetro del poblado de Pino Suárez, a bordo de un taxi, portó el arma calibre treinta y ocho Super, tipo escuadra, marca Colt, matrícula número 110908, con su cargador, sin contar con el permiso correspondiente y sin pertenecer a los institutos armados del país, de modo que consideró que se acreditaban los elementos del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la plena responsabilidad del quejoso; además, agregó que la intervención del inculpado quedó encuadrada en la fracción II del artículo 13 del Código Penal Federal en grado de autoría, ya que realizó la conducta por sí mismo y quedó acreditado que actuó con plena libertad de autodeterminación ante la ausencia de factores que indicaran que haya sido constreñido a actuar como lo hizo, ya que desplegó su conducta libremente y con voluntad propia, y enseguida citó la tesis con el rubro de 'DOLO.'. A continuación, el Ministerio Público solicitó que se aplicara al quejoso la pena establecida en el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se decomisara el arma de fuego cuya portación se le atribuía y se le amonestara para prevenir su reincidencia. Para finalizar, el Ministerio Público de la Federación acusó al impetrante como penalmente responsable de la comisión del delito mencionado. Lo anterior, como acertadamente lo consideró el tribunal responsable al contestar el agravio del defensor público federal formulado en el mismo sentido, pone de manifiesto que el representante social federal sí fundamentó y motivó sus conclusiones, proponiendo las cuestiones de derecho pertinentes y citando las leyes y tesis que consideró aplicables; asimismo, concretizó los hechos punibles atribuidos al quejoso, después de que señaló los elementos constitutivos del delito y los conducentes a establecer su responsabilidad, y solicitó las sanciones respectivas, de conformidad con los artículos 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales; de modo que el Tribunal Unitario no se sustituyó al órgano acusador en sus conclusiones. Por tanto, no son aplicables las tesis que cita con los rubros: 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.', 'MINISTERIO PÚBLICO. CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LAS.' y 'MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYEN CONCLUSIONES DEFECTUOSAS, AQUELLAS QUE NO CONTIENEN PROPOSICIONES CONCRETAS DE LA CONDUCTA ANTIJURÍDICA DEL ACUSADO.', toda vez que la primera de ellas se refiere a los actos de autoridad reclamados en amparo y las restantes porque el representante social federal en sus conclusiones no se limitó a hacer una enumeración de pruebas, sino que emitió razonamientos en los que hizo su valorización y señaló las proposiciones concretas relacionadas con la conducta antijurídica que se atribuye al peticionario. En cambio, se considera aplicable la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Volumen 25, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: 'CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, MÉTODO Y EXTENSIÓN DE LAS. No es necesario que el pliego acusatorio del Ministerio Público se prolije en la exposición y razonamiento de las circunstancias y modalidades concurrentes a la realización de un hecho delictuoso, pues basta que dicho pliego contenga sucinta y metódicamente los hechos conducentes relacionados con las cuestiones de derecho surgidas, de acuerdo con los preceptos de la ley aplicables, y la concreta proposición de la representación social.'. Desde otro ángulo, es oportuno comentar que, en la especie, se advierte que no obstante que el Juez de primer grado no declaró agotada la instrucción, ello no implica que transgredió las normas que rigen el procedimiento pues, como se recordará, en auto de fecha trece de junio del año dos mil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152, inciso b), fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales, decretó la apertura del procedimiento sumario y dio vista al quejoso para que en el término de tres días manifestara si estaba conforme o no con la instauración de ese procedimiento y, además, ofreciera las pruebas que estimara pertinentes; luego, declaró cerrada la instrucción sin que previamente la hubiere declarado agotada, lo que fue correcto, ya que esta última declaración es propia del procedimiento ordinario y no es aplicable a la vía sumaria. Para una mayor comprensión de las razones que conducen a este Tribunal Colegiado a sostener ese criterio, de inicio, es menester precisar que el proceso es el medio por el cual el Estado presta el servicio de justicia a los gobernados a través de sus autoridades jurisdiccionales; es un debate que se forma, en el cual el juzgador constatará la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones deducidas por las partes; es un conjunto de reglas, expectativas, posibilidades y cargas mediante las cuales se trata de encontrar la certeza del interés que, en justicia, se debe tutelar en la sentencia definitiva. Entre los cometidos del Estado se encuentra, entre los más relevantes, aquel que trata de impedir que uno de sus elementos, el pueblo, provoque su autodestrucción por vía de la autodefensa o del delito. El Estado debe impedir la justicia de propia mano y la proliferación de actos ilícitos penales, garantizando la paz social y seguridad jurídica mediante la justicia que otorguen los tribunales. En relación con este punto, es preciso traer a colación lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, que dice: 'Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.'. El dispositivo constitucional en cita consagra diversas garantías de seguridad jurídica, de las cuales interesan las que estriban en que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho y que todo gobernado tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para hacerlo en los plazos, así como en los términos que fije la ley; que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y que aparte presten su servicio gratuitamente. La primera de ellas no es una garantía propiamente dicha, pues se traduce en una relación jurídica existente entre el gobernado por un lado y el Estado como su autoridad por otro, en virtud de la cual se crea para el primero un derecho subjetivo público y para los segundos una obligación correlativa; además, impone al gobernado dos deberes negativos: no hacerse justicia por su propia mano y no ejercer violencia para reclamar su derecho; asimismo, les impone un deber positivo que comprende en acudir a las autoridades en demanda de justicia o para reclamar sus derechos. Por otro lado, el deber del Estado radica en la creación de tribunales que administren justicia de una manera rápida, expedita, completa, imparcial y gratuita en beneficio de los gobernados, precisamente para evitar que se hagan justicia por sí mismos. Para ello, se ha establecido el proceso, que es la forma legal con la que el Estado impone su poder de jurisdicción al pueblo y al individuo; el proceso es, en consecuencia, el instrumento político y público de justicia de que se vale el Estado para resolver la suma de pretensiones individuales y concretas de manera jurídica. Sentado lo anterior, debe distinguirse entre proceso y procedimiento, pues el primero se diferencia en lo tocante a su teleología, esto es, el proceso tiene como finalidad resolver jurisdiccionalmente en definitiva, mediante sentencia ejecutoriada, un litigio o conflicto de intereses sometido a la decisión del juzgador. En cambio, el procedimiento puede ser administrativo, legislativo y no necesariamente jurisdiccional; carece de la finalidad del proceso y en lo procesal, es decir, como segmento del proceso, se limita a ser un conjunto de actos procesales concatenados y coordinados entre sí, dirigidos hacia un determinado objetivo: la sentencia. En esa medida, el proceso, que es un todo, consta de etapas o partes, mejor llamadas procedimientos, que persiguen un objeto determinado dentro del propio proceso. En tratándose del proceso penal federal, el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales contempla las siguientes etapas que lo componen: 'El presente código comprende los siguientes procedimientos: I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal; II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar; III. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste; IV. El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva; V. El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos; VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas; VII. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. Si en cualquiera de esos procedimientos algún menor o incapaz se ve relacionado con los hechos objeto de ellos, sea como autor o partícipe, testigo, víctima u ofendido, o con cualquier otro carácter, el Ministerio Público o el tribunal respectivo suplirán la ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los derechos que legítimamente puedan corresponderles.'. Respecto de la fracción I de ese numeral, tenemos al procedimiento de averiguación previa, el cual es autónomo y se sustancia antes del proceso penal; tiene como finalidad que se indague sobre la denuncia o querella criminales, con el objeto de probar la existencia del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo que viene a constituir la función investigadora del Ministerio Público de la Federación, con el objeto de determinar la procedencia de la acción penal, conforme al artículo 21 de la Constitución Federal. El siguiente procedimiento consiste en la preinstrucción, que comprende el plazo instituido por el artículo 19 de la Constitución Federal y que tiene por objeto verificar la comprobación del delito y la probable responsabilidad del indiciado considerados por el Ministerio Público en su pliego consignatorio. Este procedimiento inicia a partir de que el inculpado se encuentra a disposición de la autoridad jurisdiccional, el que abarca setenta y dos horas, las cuales pueden duplicarse únicamente a petición del inculpado en la forma que establezca la ley; concluye con una resolución en la que se puede decretar auto de libertad a favor del inculpado, o auto de formal prisión o auto de sujeción a proceso. Si la resolución es en el primer sentido, el proceso no continuará, sino que se suspenderá el procedimiento o se decretará el sobreseimiento, según sea el caso. De lo contrario, si el juzgador determina decretar auto de formal prisión o, en su caso, de sujeción a proceso, entonces, inicia el procedimiento de instrucción, que supone la presencia del procesado, del defensor y del Ministerio Público. Dicho procedimiento se denomina de esa forma, porque en ella se instruye al juzgador para llegar al conocimiento de los hechos, así como de las pruebas, y concluye con la resolución que la declara cerrada, como lo ordenan los artículos 150 y 152 del Código Federal de Procedimientos Penales, según se trate del procedimiento ordinario o del sumario. Así las cosas, es en esa etapa del proceso en la que se decreta la apertura de alguno de los procedimientos de que se trata, cuyo objetivo medular es establecer la forma en que se sustanciará la instrucción y cada uno tiene características que los distinguen. En el procedimiento ordinario, en virtud de que supone una mayor duración, debe tenerse presente lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 20 de la Constitución Federal, que dispone: 'En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: ... VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.'. Esa fracción prevé la garantía de celeridad del proceso, procurando que éste no se extienda injustificadamente por más de cuatro meses si la pena máxima no excede de dos años de prisión o por más de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que el propio inculpado manifestara su necesidad de un plazo mayor para ofrecer pruebas. Se relaciona con lo anterior el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice: 'La instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible. Cuando exista auto de formal prisión y el delito tenga señalada una pena máxima que exceda de dos años de prisión, se terminará dentro de diez meses; si la pena máxima es de dos años de prisión o menor, o se hubiere dictado auto de sujeción a proceso, la instrucción deberá terminarse dentro de tres meses. Los plazos a que se refiere este artículo se contarán a partir de la fecha del auto de formal prisión o del de sujeción a proceso, en su caso. Dentro del mes anterior a que concluya cualquiera de los plazos antes señalados, el Juez dictará auto que señale esta circunstancia, así como la relación de pruebas, diligencias y recursos que aparezcan pendientes de desahogo. En el mismo auto, el Juez ordenará se gire oficio al Tribunal Unitario que corresponda, solicitándole resuelva los recursos antes de que se cierre la instrucción, y dará vista a las partes para que, dentro de los diez días siguientes, manifiesten lo que a su derecho convenga, indicándoles que de no hacerlo resolverá como lo ordena el artículo 150 de este código. Cuando el Juez omita dictar el auto al que se refiere el párrafo anterior, cualquiera de las partes podrá recurrir en la forma prevista por este código para la queja.'. Tal dispositivo procesal establece, en lo que interesa, que la instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible y señala como límite máximo el plazo de diez meses si se trata de una pena máxima que exceda de dos años de prisión, el plazo de tres meses si se trata de una pena máxima de dos años o menor o se hubiere dictado auto de sujeción a proceso. Asimismo, el numeral dispone que esos plazos se contarán a partir de la fecha del auto de formal prisión o del de sujeción a proceso, en su caso. Por otra parte, cuando el proceso se ha tramitado de manera ordinaria y han transcurrido los plazos mencionados en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Penales, o cuando el tribunal considere agotada la instrucción, lo declarará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes y se mandará poner el proceso a la vista de ellas, por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes, que puedan desahogarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que se dicte con motivo de la solicitud de la prueba, de conformidad con el artículo 150 de ese ordenamiento procesal, de lo que se sigue que la declaración de que la instrucción está agotada en un procedimiento ordinario, tiene por objeto que las partes hagan un repaso de su material probatorio aportado, para estar en condiciones de observar la conveniencia de algún medio más que ofrecer, esto representa una llamada de atención a las partes para que en un complemento probatorio puedan practicarse los medios de convicción que por cualquier circunstancia no se llevaron a cabo en la fase principal de la instrucción. En este aspecto, cabe hacer un paréntesis para abundar en las reformas que ha sufrido el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales. Inicialmente, antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ese dispositivo decía: 'Cuando el tribunal considere agotada la averiguación mandará poner el proceso a la vista del Ministerio Público por tres días y por otros tres a la del acusado y su defensor, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere este artículo, o si no se hubiere promovido prueba, el tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción.'. En la exposición de motivos emitida por la Cámara de Origen, con fecha once de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, que dio lugar a reformar ese precepto, se dijo, en lo conducente: 'La reforma del artículo 150 tiende a regular el oportuno acuerdo judicial en sentido de que ha quedado agotada la averiguación previamente a la declaratoria de cierre de instrucción. Se plantea la ampliación razonable de los plazos ofrecimiento y desahogo de pruebas en este periodo procesal.'. Con motivo de esas reformas, el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales quedó como sigue: 'Cuando el tribunal considere agotada la averiguación, lo determinará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista del Ministerio Público por cinco días, y por otros cinco a la del acusado y su defensor, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el Juez en la instancia, podrá ampliar el plazo de desahogo de pruebas hasta por diez días más. Se declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto que la averiguación quedó agotada, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes hubieran renunciado a ellos.'. Ese numeral fue sujeto a reformas de nueva cuenta, mismas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos ochenta y seis, para lo cual se pronunció previamente la siguiente exposición de motivos, que dice: '... Una importante reforma somete la iniciativa a la consideración del Congreso, en el caso del artículo 147. Se ha observado que a veces se hace uso indebido de la garantía de plazo, sin razón sustantiva o procesal que lo justifique, bajo la apariencia de realizar actos u ofrecer o desahogar pruebas cuya posibilidad o pertinencia son por lo menos discutibles. Para evitar estas situaciones, o al menos para aclarar la conducta procesal de las partes, se propone modificar el artículo 147 y, en consecuencia, el 150. La reforma contribuirá a que la administración de justicia sea pronta y expedita, como la Constitución ordena, descartando o poniendo en evidencia comportamientos que la entorpecen. ...'. Así, el numeral 150 en estudio quedó de la siguiente forma: 'Transcurridos los plazos que señala el artículo 147 de este código o cuando el tribunal considere agotada la instrucción, lo determinará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el Juez en la instancia, podrá ampliar el plazo de desahogo de prueba hasta por diez días más. Se declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes hubieran renunciado a ellos.'. Las últimas reformas al numeral en comento fueron publicadas el diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y seis; al respecto, en el dictamen de la Cámara de Origen se dispuso: '... Al artículo 150 en vigor se le introducen modificaciones, para los efectos de que el Juez, antes de declarar agotada la instrucción, y para efecto de seguridad jurídica, pueda «de oficio ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer»; y si amplía el plazo de desahogo, al día siguiente de que éste concluya «el tribunal, de oficio y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en que se determinen los cómputos de dichos plazos»; innovación importante para los efectos de poder apelar la resolución, o interponer en su contra los recursos que la parte interesada considere procedentes. ...'. De esta forma, el artículo de que se trata quedó con el texto actual, que dice: 'Artículo 150. Transcurridos los plazos que señala el artículo 147 de este código o cuando el tribunal considere agotada la instrucción lo determinará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el Juez en la instancia podrá de oficio ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de pruebas hasta por diez días más. Al día siguiente de haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el tribunal, de oficio y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en el que se determinen los cómputos de dichos plazos. Se declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes hubieran renunciado a ellos.'. Como puede apreciarse de la historia legislativa de ese numeral, la intención medular de sus reformas primarias fue la de ampliar los plazos probatorios a las partes, aumentando el plazo inicialmente previsto de tres días que se otorgaba por separado al Ministerio Público, al inculpado y a su defensor, a cinco días, para luego condensarse en un término común de diez días. La ampliación del plazo probatorio fue también objeto de reformas para que no se significara un retardo injustificado en el procedimiento, como se dispuso en la exposición de motivos correspondiente a las reformas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos ochenta y seis. Establecido lo anterior, retomando el trámite del procedimiento ordinario, debe decirse que cuando se ha concluido la dilación probatoria o habiendo las partes renunciado a ella, el juzgador deberá declarar cerrada la instrucción al tenor del párrafo último del artículo 150 del código procesal en cita, y se pondrán los autos a la vista del Ministerio Públi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17479-4db10e0b/proceso-sumario-se-rige-por-el-articulo-152 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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