DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las ejecutorias de las cuales emanan los criterios que se denuncian como opositores, siendo las que a continuación se transcriben.
El entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado de ese circuito, al resolver el amparo directo 690/84 señaló:
"ÚNICO. ... IV. Resulta innecesario analizar y transcribir los conceptos de agravio expresados por el apoderado legal del quejoso Julio Humberto González Sánchez así como el laudo combatido, toda vez que este tribunal federal advierte la existencia de una causal de improcedencia, que por ser una cuestión de orden público su estudio es preferente de conformidad con el criterio jurisprudencial sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 109, visible en la página 196, Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’.
"En efecto, en la foja 8 vuelta del presente juicio constitucional existe una certificación de la secretaría de la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, Coahuila, que fue señalada como autoridad responsable, en la que se asienta que el laudo combatido le fue notificado al quejoso el día nueve de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, y que la demanda de garantías se presentó ante la misma autoridad responsable el día diez de agosto de ese mismo año, debiendo convenirse que entre el nueve de julio al diez de agosto transcurrió en exceso el término de quince días que señala, para la interposición de la demanda de garantías, el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues el aludido término comenzó a correr el día diez de julio para terminar el día treinta del mismo mes, no incluyendo en él los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de julio por ser inhábiles. No es óbice a lo considerado el hecho de que este Tribunal Colegiado del Octavo Circuito haya disfrutado de su periodo de vacaciones del catorce al treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, ya que esta situación no interrumpe el término para la interposición de la demanda de amparo, habida cuenta que por imperativo del artículo 163 de la Ley de Amparo las demandas de amparo directo deben presentarse por conducto de la autoridad responsable, y en autos no existe constancia de que la Junta responsable haya dejado de laborar algún día de los que forman el lapso antes señalado. Consecuentemente, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo y en tales condiciones con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías."
Idénticas consideraciones sostuvo el referido órgano colegiado al resolver el amparo directo 34/85, así como el recurso de reclamación 8/85. Dichas consideraciones dieron origen a la tesis sin número, publicada en la página 27 de los Volúmenes 193-198, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, que a la letra se lee:
"AMPARO DIRECTO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. NO LO INTERRUMPE EL PERIODO VACACIONAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO. Los días que forman el periodo vacacional del Tribunal Colegiado no deben descontarse del término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda de garantías, porque por imperativo de los artículos 163 y 165 de la Ley de Amparo, reformada por decreto de fecha 30 de diciembre de 1983, las demandas de amparo directo deben presentarse siempre por conducto de la autoridad responsable, y la presentación directa ante el Tribunal Colegiado no interrumpe los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de la citada ley."
El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito al resolver el recurso de reclamación 7/93 sostuvo, en esencia, lo siguiente:
"TERCERO. Los agravios son infundados.
"...
"Recibida la demanda correspondió a este Segundo Tribunal Colegiado su conocimiento, quien por acuerdo de presidencia del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres determinó que su presentación fue extemporánea, esto es, fuera del término de los quince días que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo desechándola con fundamento en los artículos 73, fracción XII y 177 de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo dicen: (se transcriben).
"Como se aprecia de lo expuesto existe razón para que en el acuerdo recurrido se determine que la presentación de la demanda es extemporánea, dado que de la certificación hecha por la secretaría de la autoridad responsable se desprende que la notificación del acto reclamado a los quejosos se realizó el día veintidós de julio de mil novecientos noventa y tres, y la demanda se presentó ante el tribunal de arbitraje el dieciséis de agosto del año citado, mismo lapso del que deben descontarse los días inhábiles a que alude la certificación como son los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de julio, uno, siete, ocho, catorce y quince de agosto por haber sido sábados y domingos, resultando de esta forma que los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo para la presentación del escrito de demanda principiaron el veintiséis de julio, día en que surtió efectos la notificación, y fenecieron el trece de agosto de mil novecientos noventa y tres, luego si el libelo se presentó el dieciséis de agosto del año en cita, lo fue en forma extemporánea y así acertadamente en el acuerdo recurrido se desechó la demanda de garantías con fundamento en los artículos 73, fracción XII y 177 de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, los recurrentes alegan que el acuerdo recurrido carece de debida fundamentación al tomar como base lo dispuesto por los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, para determinarla debidamente; que aun cuando el Tribunal Colegiado estuvo de vacaciones los días hábiles de la segunda quincena de julio la responsable no, que es ante quien se interponen las demandas de amparo directo, lo que es incorrecto porque según se lee de los artículos 44, 167 y 168 de la legislación de amparo, ninguno alude al argumento esgrimido en el acuerdo recurrido, pues dichos preceptos no justifican o permiten establecer que los días en que no labora el Tribunal Colegiado pueden considerarse como hábiles por el hecho de que la responsable si haya laborado.
"Lo anterior es inatendible puesto que si bien los preceptos legales que se citan como fundamento en el acuerdo recurrido no aluden expresamente a que los días en que el Tribunal Colegiado esté de vacaciones y las autoridades responsables se encuentren laborando deban considerarse como hábiles para el cómputo del término para la interposición de la demanda de garantías, sin embargo, de tales preceptos sí se ve que la presentación del escrito de demanda tratándose del amparo directo debe hacerse directamente ante las autoridades responsables y que de ello se desprende que el periodo vacacional del Tribunal Colegiado, en primer lugar, en nada obstaculiza la presentación en esos días del libelo, ni menos impide que los promoventes del juicio de garantías se impongan de los autos y constancias de que deriven los actos o sentencia reclamada, que son las razones y fundamentos que aducen los recurrentes para poner de manifiesto que en el periodo vacacional del Tribunal Colegiado dicho lapso no se considere para el cómputo del término de quince días que se tienen conforme al artículo 21, para la interposición de la demanda, situación muy diferente tratándose de amparos biinstanciales que precisamente como el escrito de demanda se presenta ante el Juez de Distrito, los promoventes sí tienen necesidad de acudir ante las responsables a fin de imponerse de los autos, sacar copias, etc., a fin de hacer los trámites o escritos relativos con su petición de amparo, que es el motivo por el que cobran vida y tienen aplicabilidad las tesis que transcriben los recurrentes en tercer y cuarto lugar, pues se sustentaron al resolverse diversos amparos biinstanciales, y no sólo eso sino que existe la contradicción de tesis número 9/89 en que la Tercera Sala de la Suprema Corte ha sustentado que en amparos biinstanciales o indirectos, como la presentación de la demanda es ante el Juez de Distrito no deben considerarse para el cómputo los días de vacaciones que tengan las responsables, pero no en la especie en que sucede precisamente lo contrario, esto es, en que nada afecta para la presentación de la demanda de amparo directo y oportuna imposición de los autos, el que el Tribunal Colegiado esté de vacaciones, porque ante este último organismo se realizarán trámites hasta que la responsable una vez que haya recibido la demanda envíe ésta y sus autos al colegiado que corresponda conforme a disposición expresa del artículo 169 de la Ley de Amparo.
"Dicho de otra manera, si de los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, en forma clara se desprende que el juicio de amparo directo deberá promoverse directamente ante las autoridades responsables y que en ese trámite ninguna intervención tiene el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo, sino hasta que las autoridades le envían el libelo con los autos correspondientes, es evidente que los días que comprenden el periodo de vacaciones del Tribunal Colegiado no deben descontarse del término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda de garantías, más aún que el artículo 165 de la misma Ley de Amparo determina que la presentación directa de la demanda de amparo uniinstancial ante el Tribunal Colegiado no interrumpe los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de la misma legislación."
Las consideraciones que anteceden dieron origen a la tesis publicada en la página 795 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que es del siguiente tenor:
"AMPARO DIRECTO. TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. NO LO INTERRUMPE EL PERIODO VACACIONAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO. De los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de garantías uniinstancial deberá promoverse directamente ante las autoridades responsables, y que en ese trámite ninguna intervención tiene el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo, sino hasta que las autoridades le envían el libelo con los autos correspondientes, es evidente que los días que comprenden el periodo de vacaciones del Tribunal Colegiado no deben descontarse del término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda de garantías, más aún que el artículo 165 de la misma ley determina que la presentación directa de la demanda de amparo uniinstancial ante el Tribunal Colegiado no interrumpe los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de la misma legislación."
El entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de ese circuito, al resolver el amparo directo 86/97 consideró, fundamentalmente, lo siguiente:
"CUARTO. No obstante haberse transcrito la parte considerativa de la sentencia reclamada y los conceptos de violación expuestos por los quejosos, no serán materia de examen porque este Tribunal Colegiado advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual debe analizarse oficiosamente en términos de lo dispuesto en el último párrafo del mismo precepto.
"En efecto, a fojas 11 vuelta del presente cuaderno de amparo aparece la certificación de la secretaria de la Sala responsable a que se refiere el artículo 163 del cuerpo de ley en consulta, en la que se hizo constar que la sentencia impugnada le fue notificada a los quejosos el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, lo cual se corrobora con la notificación respectiva que obra a fojas 26 del toca de apelación y que la demanda de garantías fue presentada ante la ad quem el dieciséis de enero del año en curso; así también, en la certificación aludida, dicha funcionaria hizo constar que los días inhábiles que mediaron entre la fecha de notificación de la sentencia combatida y la de la presentación de la demanda de garantías fueron siete, ocho, doce, catorce y quince de diciembre de mil novecientos noventa y seis, así como del diecisiete al treinta y uno del mismo mes por ser periodo vacacional, uno, cuatro, cinco, once y doce de enero del año que transcurre.
"Luego, el término para la presentación del amparo a que se refiere el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales empezó a correr al día siguiente hábil del en que surtió efectos la notificación de la sentencia, esto es, el nueve de diciembre indicado, atento lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio y concluyó el quince de enero del presente año, descontándose por ser inhábiles los días de diciembre y enero arriba mencionados, de tal manera que al acudir los disconformes a solicitar la protección de la Justicia Federal el dieciséis de enero supracitado, es inconcuso que no lo hicieron con oportunidad y, por tanto, debe estimarse que tácitamente consintieron el acto reclamado.
"No pasa inadvertido para esta potestad federal que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia que con el número 624, se encuentra visible en la página 416, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, determinó lo siguiente: ‘AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLO. VACACIONES. Para el cómputo del término para promover el amparo, deben descontarse tanto los días en que tuvo vacaciones la autoridad responsable, en que la quejosa no tuvo a su disposición el expediente del que emanó la resolución reclamada, como los días en que tuvieron vacaciones los Tribunales Colegiados, ya que éstos resultan inhábiles, porque durante ellos no pudieron tener lugar actuaciones (artículos 26 de la Ley de Amparo y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Y en caso de que ambos periodos de vacaciones no coincidan, debe estarse a lo más favorable a la parte quejosa; es decir, descontar todos los días en que no laboró la autoridad responsable y en que no laboró el Tribunal Colegiado, independientemente de que la demanda de amparo se presente ante la autoridad responsable o directamente en la oficialía de partes de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que no puede haber dos términos legales para promover el amparo, según donde se presente la demanda.’.
"Conforme a dicho criterio jurisprudencial deben descontarse para el cómputo del término para promover amparo directo, tanto los días de vacaciones de la autoridad responsable como los días en que tuvieron vacaciones los Tribunales Colegiados, porque durante dichos días no pueden tener lugar actuaciones conforme al artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
"Ahora bien, este Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito no comparte dicho criterio, puesto que según se dijo, en el término de quince días que la ley establece para promover el juicio de garantías, en absoluto intervienen los órganos colegiados, puesto que es ante la autoridad responsable ante quien los interesados en promover amparo directo, acuden a la consulta de las constancias para preparar su acción constitucional y en donde presentan la demanda de garantías.
"Por otra parte, se estima que en el criterio jurisprudencial de que se trata, se hace una inexacta interpretación del artículo 26 de la Ley de Amparo, que prevé: ‘No se computarán dentro de los términos a que se refiere el artículo 24 de esta ley, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que deban hacerse las promociones. Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, los términos relativos al incidente de suspensión.’.
"Se afirma lo anterior, toda vez que en dicho numeral se remite expresamente a los términos a que se refiere el diverso artículo 24 del ordenamiento en cita, el cual en absoluto tiene que ver con la presentación de la demanda de garantías, puesto que el mismo se refiere a los términos que rigen dentro del juicio de garantías.
"Finalmente, debe puntualizarse que tampoco se puede estar a lo más favorable a la parte quejosa descontando como días inhábiles los descansados por el Tribunal Colegiado, como se dice en la jurisprudencia antes citada, en virtud de que además de que se va más allá de lo que la ley permite, con ello se causa agravio a la tercera perjudicada, cuya esfera de sus derechos no debe ser desatendida en un asunto como el presente, en el que rige el principio de estricto derecho."
Las consideraciones antes transcritas dieron origen a la tesis número VI.1o.9 K, publicada en la página 703 del Tomo VI, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que a la letra se lee:
"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN EL CÓMPUTO RESPECTIVO NO DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS EN LOS QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS GOZAN DE VACACIONES POR SUSPENSIÓN DE LABORES. En el término de quince días que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece para promover el juicio de garantías uniinstancial, no deben descontarse los días que por vacaciones o suspensión de labores no desarrollen actividades los Tribunales Colegiados, porque es a la autoridad responsable a quien los interesados acuden a la consulta de las constancias para preparar la acción constitucional y presentan la demanda de amparo en términos del artículo 163 de la misma ley. Sin que obste a lo anterior lo dispuesto por el artículo 26 de la ley de la materia, toda vez que éste remite expresamente a lo preceptuado por el diverso 24 de la propia ley, que en absoluto tiene que ver con la presentación de la demanda de garantías, pues se refiere a los términos que rigen para la sustanciación del juicio de amparo."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 7/93 sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios se transcribieron para mejor ilustración, sin embargo no serán materia de estudio, en virtud de que este tribunal advierte queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"En el acuerdo recurrido, el Magistrado presidente desechó la demanda de garantías, con fundamento en los numerales 21, 73, fracción XII y 177 de la Ley de Amparo, ya que estimó que al viernes veinticinco de enero de dos mil dos, fecha de presentación de la demanda de garantías, había transcurrido el término de quince días que establece el citado artículo 21, dado que el laudo fue notificado a la recurrente, por conducto de su apoderado jurídico, el martes dieciocho de diciembre de dos mil uno, notificación que surtió efectos el mismo día y hora, por lo que el citado término inició el miércoles diecinueve de diciembre para concluir el jueves veinticuatro de enero de este año.
"Ahora bien, este tribunal advierte queja deficiente que suplir, ya que en el acuerdo recurrido se consideró el miércoles diecinueve de diciembre del año próximo pasado para efectos del cómputo, no obstante que ese día fue inhábil para este órgano jurisdiccional y, por ende, no debió tomarse en cuenta en el cálculo respectivo.
"Ciertamente, para el cómputo del término para promover el amparo directo deben descontarse, además de los días establecidos en la ley, los que no laboraron los Tribunales Colegiados ni la autoridad responsable, porque durante ellos no pudieron tener lugar actuaciones, independientemente de que tales días coincidan entre sí o no, pues una correcta interpretación de los artículos 21 y 23 de la Ley de Amparo conduce a estimar que del plazo para interponer la demanda respectiva deben excluirse los días que expresamente se encuentran consignados como inhábiles en la citada ley, aun cuando hayan sido laborables para las autoridades responsables ante quienes deba hacerse la promoción, puesto que dichas disposiciones provienen de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que por ser la especializada en la materia es de observancia obligatoria para el trámite del juicio de amparo.
"Asimismo, en concordancia con el contenido de los citados numerales en adición a los diversos artículos 24 y 26 de la propia legislación, es de estimarse que deben excluirse también de dicho término los días que aunque contemplados como hábiles por el citado artículo 23 hubiesen suspendido las labores el juzgado o tribunal en el que deba hacerse la promoción, de conformidad con la jurisprudencia por contradicción número P./J. 5/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya aplicación resulta obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en la página 11, tomo 86-2, febrero de 1995, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES. Una correcta interpretación de los artículos 21 y 23 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que del plazo para interponer la demanda respectiva, deben excluirse los días que expresamente se encuentran consignados como inhábiles en la citada ley, aun cuando hayan sido laborables para las autoridades responsables ante quienes deba hacerse la promoción, puesto que dichas disposiciones provienen de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que por ser la especializada en la materia es de observancia obligatoria para el trámite del juicio de amparo; lo cual no impide que en concordancia con el contenido de los diversos artículos 24 y 26 de la misma legislación, deban además excluirse de dicho término los días que aunque contemplados como hábiles por el citado artículo 23, hubiesen suspendido las labores el juzgado o tribunal en el que deba hacerse la promoción.’ (El subrayado es nuestro).
"También sirve de apoyo la tesis aislada I.6o.T.21 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada a página 1315, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:
"‘DÍAS INHÁBILES. PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, TAMBIÉN DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES, AQUELLOS EN QUE NO LABORÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE COINCIDAN ENTRE SÍ O NO. Para el cómputo del término para promover el amparo directo deben descontarse, además de los días establecidos en la ley, los que no laboró la autoridad responsable, pues en ellos el quejoso no tuvo a su disposición el expediente del que emanó la resolución reclamada, así como aquellos en que se suspendieron las labores en los Tribunales Colegiados, ya que éstos de igual manera resultan inhábiles, porque durante ellos no pudieron tener lugar actuaciones, independientemente de que tales días coincidan entre sí o no, lo anterior con la finalidad de evitar confusión en cuanto a los términos legales para presentar la demanda de garantías, y así estarse a lo más favorable para la parte quejosa.’."
CUARTO. En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán.
En principio, debe señalarse que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren no es cualquier apreciación, determinación u opinión, emitida por el órgano jurisdiccional en resoluciones definitivas de su competencia, sino el criterio jurídico de carácter general y abstracto que sustenta al examinar un punto concreto de derecho controvertido en el asunto que resuelve, cuya hipótesis dada su generalidad puede actualizarse en otros asuntos y que en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados.
Por consiguiente, el criterio plasmado en una ejecutoria constituye una tesis a pesar de que el relativo no se haya redactado en la forma establecida ni publicado.
En ese orden de ideas, resulta incuestionable que el hecho de que el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito no se encuentre redactado y publicado conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que, en la especie, existe la contradicción de tesis denunciada.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, consultable en la página 319 del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Ahora bien, la existencia de un conflicto de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que las diferencias de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.
El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver los amparos directos 690/84 y 34/85, así como el recurso de reclamación 8/85 determinó que el periodo de vacaciones del referido órgano colegiado no interrumpe el plazo que para la interposición de la demanda de garantías prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 163 del citado ordenamiento legal, las demandas de amparo directo deben presentarse ante la autoridad responsable.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el recurso de reclamación 7/93 consideró que los días en que dicho órgano jurisdiccional estuvo de vacaciones, no deben considerarse como inhábiles para el cómputo del plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que tal evento no obstaculiza la oportuna presentación de la demanda de garantías, en tanto que ello debe realizarse directamente ante la autoridad responsable, y tampoco impide que los promoventes puedan consultar las constancias que obran en los autos de donde emana la sentencia o resolución impugnada a fin de preparar su defensa.
En ese mismo orden de ideas se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 86/97, pues determinó que en el cómputo del plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda de garantías, no deben descontarse los días en que el referido órgano colegiado disfrutó sus vacaciones, ya que para consultar las constancias necesarias para preparar su defensa y presentar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17542-944ba644/demanda-de-amparo-directo-para-determinar-la-oportunidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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