TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAHUILA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS (COLEGIADAS O UNITARIAS) SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la resolución del amparo directo en materia administrativa 672/2002, resuelto el día cinco de diciembre del año dos mil dos, determinó:
"QUINTO. Las consideraciones de la resolución reclamada y los conceptos de violación expuestos en su contra, se transcriben para una mejor ilustración; sin embargo, no serán objeto de análisis, porque en el caso se advierte que este Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, carece de competencia para decidir la cuestión planteada en ellos. En efecto, este tribunal estima carecer de competencia para conocer del presente negocio, toda vez que para los efectos de este juicio de amparo directo, el acto reclamado no proviene de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sino que se trata más bien de un acto que emana de un procedimiento seguido en forma de juicio ante una autoridad denominada Juzgado Colegiado Municipal, que aunque desde el punto de vista material realiza actos jurisdiccionales, formalmente no es un órgano de esa naturaleza, porque no fue creado por la ley sino por un reglamento, y por ende, no puede ser catalogado como tribunal judicial, administrativo o del trabajo; por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, es a un Juez de Distrito a quien corresponde conocer del presente juicio de garantías. Para arribar a la conclusión anterior, resulta pertinente analizar la reglamentación que rige al juicio de amparo, tanto en la vía directa, como en la indirecta, para lo cual es necesario transcribir los preceptos relativos de la Constitución Federal y de la Ley de Amparo. Así, tenemos que, en cuanto al amparo uniinstancial, el artículo 107, fracción V, de la Carta Magna, y los numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: (se transcriben). Por su parte, en cuanto al juicio de garantías biinstancial, en materia administrativa, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, rezan: (se transcriben). De los preceptos transcritos se desprende que una de las diferencias fundamentales entre el amparo directo y el indirecto, obedece al hecho de que la autoridad responsable sea o no ‘tribunal’. Así se desprende de las hipótesis previstas por los artículos 158, párrafo primero, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el primero hace referencia a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como condición de procedencia para la vía directa; y, el segundo, en concordancia con aquél, reserva la vía indirecta para la impugnación de los actos que ‘no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo’. Por tanto, debe abordarse el estudio del término ‘tribunal’ a que se hace referencia tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo, al referirse al amparo uniinstancial. Para conceptualizar la acepción ‘tribunal’, se estima necesario hacer notar que la Constitución Federal no contiene alguna definición sobre el particular, lo que conduce a considerar que tradicionalmente el término ‘tribunal’ se ha identificado como un órgano perteneciente al Poder Judicial; sin embargo, la propia Carta Magna autoriza a los órganos de gobierno, con facultades para legislar, para que puedan crear tribunales administrativos. Sobre ese punto, los artículos 73, fracción XXIX-H, 116, fracción V, y 122, base quinta, de la Constitución Federal, dispone: (se transcriben). Pues bien, de conformidad con esas disposiciones supremas, un tribunal administrativo requiere para su existencia: a) Que sea creado, estructurado y organizado por las Constituciones Locales o mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar, y, c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. Tales son los requisitos constitucionales indispensables para que se reconozca la existencia de un tribunal administrativo; la concurrencia de ellos, como mínimo, basta para ese objeto, sin embargo, la tradición jurídica ha determinado la necesidad de que, complementariamente, en el ámbito de su actuación, se garantice su independencia e imparcialidad; se constituya en forma permanente para el fin que fue creado; que tenga una sede o lugar específico de funcionamiento; que sus resoluciones tengan la fuerza de cosa juzgada; y, que esas resoluciones puedan ser ejecutadas, sea por el propio órgano, o por autoridades designadas por la ley respectiva. Una vez que ha quedado definida la acepción de ‘tribunal’, para efectos del amparo directo, debe concluirse que procede determinar si el Juzgado Colegiado de justicia municipal es o no un ‘tribunal’; para ello, es menester aludir a los artículos 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, inciso B), fracción II, 378, 379 y 389 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, 1o., 2o., 3o., fracción III; 5o., 6o., 7o., 10 a 13, 19, 25, 26, 28 a 33, 94 a 99 y 114 del Reglamento de Justicia Municipal, que disponen: (se transcriben). Del análisis de los preceptos transcritos, resulta inconcuso que el Tribunal de Justicia Municipal reviste las características de una verdadera autoridad para efectos del amparo, porque sus decisiones gozan de unilateralidad, imperatividad y coercitividad; sin embargo, no debe considerarse ‘tribunal’ para efectos del amparo directo, por lo siguiente: Porque si bien su función es la de dirimir conflictos entre la administración pública municipal y particulares, así como funcionarios que pertenezcan a la administración municipal, lo cierto es que su creación deriva de un reglamento expedido por el Ayuntamiento de la ciudad de Torreón, Coahuila, y no de la Constitución y de una ley, como lo establece el artículo 116, fracción V, constitucional; por consiguiente, no fue aprobado por el Congreso Local, y por ende, la creación, estructura y organización, no emanan de una ley expedida por la Legislatura del Estado de Coahuila, sino de un reglamento municipal. Asimismo, no se garantiza la plena autonomía de dicho órgano, dado que el Tribunal Colegiado de justicia municipal está integrado por miembros que forman parte de la administración del Ayuntamiento, al establecer en sus artículos 19 y 20, que dicho cuerpo se integrará por el presidente del Tribunal de Justicia Municipal, el síndico del Ayuntamiento, un regidor designado por el presidente municipal, el director jurídico y el contralor municipales, quienes funcionarán como Jueces municipales solamente en la integración y conocimiento de los asuntos del Juzgado Municipal. Además, el numeral 22, indica que cuando alguno de los integrantes de dicho órgano sea señalado como probable infractor en el desempeño de sus funciones dentro de la administración municipal o del Tribunal de Justicia, el órgano competente para resolver será el Pleno del Ayuntamiento, en el cual actuará como instructor su secretario. Asimismo, el numeral 17, fracción VII, establece que el Tribunal de Justicia Municipal, tendrá que rendir al presidente municipal los informes estadísticos sobre los asuntos del tribunal, mientras que el precepto 95 señala que las ausencias del presidente del Tribunal de Justicia Municipal y de los Jueces del Juzgado Colegiado, serán cubiertas por el funcionario que designe el presidente municipal. Lo anterior impide, por razones de seguridad jurídica, considerar a ésta como un verdadero tribunal, pues la integración de la misma no debe autorizar a cuatro servidores públicos que forman parte de la administración del Ayuntamiento, como juzgadores, pues se insiste, la integración de un ‘tribunal’ debe derivar de la propia ley, lo que en la especie no sucede, ya que deriva del Reglamento de Justicia Municipal. El aspecto de autonomía e independencia que debe garantizar para el funcionamiento de un tribunal, en el caso no se colma, habida cuenta que desde el momento mismo en que el cargo de integrante del Tribunal Colegiado, por cuanto hace a los designados por el Ayuntamiento de Torreón, lo ocupan servidores que originariamente tienen asignadas funciones específicas dentro de la estructura del propio Ayuntamiento, pero que, además, no son retribuidos por el cargo de integrantes del Juzgado Colegiado, sino que su remuneración deriva precisamente del nombramiento que tienen asignado; ello significa que de cualquier forma tienen un nexo y dependencia con dicho Ayuntamiento, máxime si se toma en cuenta que su estabilidad en el cargo de integrante del juzgado, depende de su estancia en el cargo como funcionario en la administración pública municipal. La autonomía e independencia deben considerarse atributos que garanticen la seguridad jurídica que persigue la división de poderes y el sistema jurídico que rige la vida de la nación mexicana, de modo que, si el Juzgado Colegiado, señalado como responsable, no los reúne, entonces ha de ubicarse a dicho órgano como una autoridad administrativa y no como tribunal para efectos del amparo. Aunado a lo antes expuesto, en lo referente al elemento permanencia, se estima que tampoco puede afirmarse que indefectiblemente los Juzgados Colegiados y Unitarios del Tribunal de Justicia Municipal mantengan ese atributo pues, en tratándose del nombramiento de los integrantes designados por el Ayuntamiento, éstos no fueron designados exclusivamente para ocupar ese cargo, sino que, precisamente en su calidad de servidores con un puesto específico, lo que les incorpora la posibilidad de ser miembros del Juzgado Colegiado, de modo que es fácil considerar que primordialmente deben atender sus tareas en el cargo que tienen, y en un segundo plano quedarán sus actividades como miembros del juzgado. De igual forma, por lo que respecta al presidente del Tribunal de Justicia Municipal y a los Jueces unitarios, de conformidad con los preceptos 17 y 29 del citado reglamento, éstos duran en su encargo el mismo periodo constitucional que el Ayuntamiento que los nombró, lo que no les permite tener plena autonomía en el ejercicio de su encargo. Las razones expresadas permiten deducir, entonces, que el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, Coahuila, jurisdiccionalmente no debe ser considerado como un ‘tribunal’, para efectos del amparo directo. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción P./J. 26/98, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada a página 20, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). Sobre este particular, por similitud jurídica, resulta conveniente citar para mayor ilustración la jurisprudencia por reiteración 385, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 648, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que dice: ‘COMISIONES AGRARIAS MIXTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). Por el contrario, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe reconocerse a dichos órganos el carácter de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y el procedimiento que observa en los conflictos que dirime por disposición legal, se puede reconocer como el ‘procedimiento seguido en forma de juicio’ a que alude el precitado numeral. Se afirma que el procedimiento que se ventila ante el Juzgado Colegiado Municipal se tramita en forma de juicio, porque los artículos 186 a 195 del referido reglamento, establecen: (se transcriben). Es decir, los preceptos transcritos prevén la concurrencia de la presentación de una demanda, la contestación a ésta, la posibilidad de ofrecer pruebas y rendir alegatos, el dictado de un fallo; elementos similares a los de un verdadero juicio, reducidos a lo elemental. En las relatadas circunstancias, al quedar establecido que los Tribunales de Justicia Municipal no pueden considerarse como ‘tribunal’ para los efectos del presente juicio de amparo directo, entonces, conforme a los artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dicen: (se transcriben); se llega a la conclusión de que el amparo que se promueva en contra de la resolución emitida por el Juzgado Colegiado de justicia municipal, debe ser tramitado en la vía indirecta ante un Juez de Distrito. Consecuentemente y en razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, este tribunal se declara legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo presentada, ordenando la remisión de ésta y de sus anexos al Juez de Distrito, en La Laguna, en turno, con residencia en esta ciudad, para que se aboque al conocimiento del negocio y resuelva lo conducente. Por último, no es óbice que la demanda de garantías se hubiera admitido por auto de presidencia, ya que éste es un auto de trámite que no causa estado, tal como lo determinó el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el criterio jurisprudencial que se comparte y aparece publicado con el número de tesis 669, a página 449, Tomo VI, Materia Común, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO LOS.’ (se transcribe)."
El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, sostiene en el amparo directo (administrativa) 766/2002, resuelto el día veintitrés de enero del año dos mil tres, lo siguiente:
"TERCERO. A juicio de este órgano de control constitucional, y en atención al sentido del presente fallo, resulta innecesario estudiar tanto las consideraciones de la sentencia reclamada, como los conceptos de violación formulados por la quejosa, en razón de que, este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, estimando que la competencia radica en un Juzgado de Distrito en La Laguna, como más adelante se precisará, sin que sea óbice para concluir en la forma en que se hace, el hecho de que, con anterioridad, se hayan resuelto diversos amparos en vía directa contra sentencias del Juzgado Colegiado del Tribunal de Justicia Municipal de esta ciudad, pues ante una nueva reflexión sobre el tema a tratar, lleva a la diáfana conclusión de que la competencia radica en un Juzgado de Distrito. En efecto, del estudio de las constancias que informan el sumario, se advierte que la quejosa María Luisa Ruiz Herrera, por escrito de treinta y uno de octubre de dos mil dos, formuló demanda de amparo directo en contra de actos del Juzgado Colegiado del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, Coahuila, que hizo consistir en la sentencia de apelación de veinticinco de septiembre del año próximo pasado, dictada en los autos del toca 52/2002, con motivo del recurso de apelación que en su oportunidad interpuso el aquí tercero perjudicado Pedro López Bocardo, en contra de la sentencia de doce de agosto de dos mil dos, dictada en los autos del expediente 241/2002, radicado en el Juzgado Cuarto Unitario Municipal, por medio de la cual se revocó la recurrida. Ahora bien, no se surte la competencia legal de este órgano de control constitucional para conocer y resolver del presente asunto, en razón de que, la autoridad responsable Juzgado Colegiado Municipal del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, Coahuila, no constituye, en realidad, un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sino que, se trata de una autoridad que aunque desde el punto de vista material realiza actos jurisdiccionales, no obstante, para los efectos del juicio de amparo directo, formalmente no es un tribunal, en razón de que, no fue creado por la ley emanada del Congreso del Estado de Coahuila, sino por un reglamento emitido por el republicano Ayuntamiento de Torreón, y por ende, para los efectos del juicio de amparo directo no puede ser catalogado como un verdadero tribunal judicial, administrativo o del trabajo; de ahí que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, la competencia radica en un Juez de Distrito, a quien corresponde conocer del presente juicio de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 47, párrafo tercero de la ley de la materia, este Tribunal Colegiado declina la competencia a favor del Juez de Distrito, en La Laguna, en turno, a quien deberá enviarse el original de la demanda y los autos recibidos. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 26/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más adelante se transcribirá, cuyas razones y fundamentos que dieron lugar al criterio jurisprudencial de mérito, orientan, en lo conducente, lo que aquí se considerará. En efecto, para clarificar lo anterior, se estima pertinente transcribir los preceptos relativos tanto de la Constitución Federal como de la Ley de Amparo, que reglamentan la procedencia del juicio de amparo tanto en la vía directa, como en la indirecta, así, tenemos que, en cuanto al amparo uniinstancial, el artículo 107, fracción V, de la Carta Magna, y los numerales 44 , 46 y 158 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: (se transcriben). Por su parte, en cuanto al juicio de garantías biinstancial, en materia administrativa, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, rezan: (se transcriben). De los preceptos transcritos se desprende que una de las diferencias fundamentales entre el amparo directo y el indirecto, obedece al hecho de que la autoridad responsable sea o no ‘tribunal’. Así se desprende de las hipótesis previstas por los artículos 158, párrafo primero, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el primero hace referencia a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como condición de procedencia para la vía directa; y, el segundo, en concordancia con aquél, reserva la vía indirecta para la impugnación de los actos que ‘no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo’. Por tanto, debe abordarse el estudio del término ‘tribunal’ a que se hace referencia tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo, al referirse al amparo uniinstancial. Para conceptualizar la acepción ‘tribunal’, se estima necesario hacer notar que la Constitución Federal no contiene alguna definición sobre el particular, lo que conduce a considerar que tradicionalmente el término ‘tribunal’ se ha identificado como un órgano perteneciente al Poder Judicial; sin embargo, la propia Carta Magna autoriza a los órganos de gobierno, con facultades para legislar, para que puedan crear tribunales administrativos. Sobre ese punto, los artículos 73, fracción XXIX-H, 116, fracción V, y 122, base quinta, de la Constitución Federal, disponen: (se transcriben). También es de transcribir y considerar lo dispuesto por el artículo 67, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, contenido en el capítulo IV, facultades del Poder Legislativo, del tenor siguiente: (se transcribe). Pues bien, de conformidad con esas disposiciones supremas, un tribunal administrativo requiere para su existencia: a) Que sea creado, estructurado y organizado por las Constituciones Locales o mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar, y, c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. Tales son los requisitos constitucionales indispensables para que se reconozca la existencia de un tribunal administrativo; la concurrencia de ellos, como mínimo, basta para ese objeto, sin embargo, la tradición jurídica ha determinado la necesidad de que, complementariamente, en el ámbito de su actuación, se garantice su independencia e imparcialidad; se constituya en forma permanente para el fin que fue creado; que tenga una sede o lugar específico de funcionamiento; que sus resoluciones tengan la fuerza de cosa juzgada; y, que esas resoluciones puedan ser ejecutadas, sea por el propio órgano, o por autoridades designadas por la ley respectiva. Una vez que ha quedado definida la acepción de ‘tribunal’, para efectos del amparo directo, debe concluirse que procede determinar si el Juzgado Colegiado de justicia municipal es o no un ‘tribunal’; para ello, es menester aludir a los artículos 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, inciso B), fracción II, 378, 379 y 389 del Código Municipal para el Estado de Coahuila; 1o., 2o., 3o., fracción III, 5o., 6o., 7o., 10 a 13, 19, 25, 26, 28 a 33, 94 a 99 y 114 del Reglamento de Justicia Municipal, que disponen: (se transcriben). Del análisis de los preceptos transcritos, resulta inconcuso que el Juzgado Colegiado del Tribunal de Justicia Municipal reviste las características de una verdadera autoridad para efectos del amparo, porque sus decisiones gozan de unilateralidad, imperatividad y coercitividad; sin embargo, no debe considerarse ‘tribunal’ para efectos del amparo directo, por lo siguiente: En primer término porque su creación deriva de un reglamento expedido por el republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, y no por una ley emanada por el Congreso del Estado de Coahuila, lo cual es suficiente para estimar que la autoridad responsable no se trata de un tribunal administrativo, conforme a las consideraciones formuladas con anterioridad; además de que, aunque ciertamente su función es en términos genéricos la de dirimir conflictos entre la administración pública y los particulares o, entre éstos; sin embargo, su autonomía e independencia que debe garantizarse para el funcionamiento de un tribunal, en el caso no se colma, habida cuenta que desde el momento mismo que el cargo de integrantes del Juzgado Colegiado, por cuanto hace a los designados por el Ayuntamiento, léase síndico, regidor, director jurídico y el contralor municipales, lo ocupan servidores que originariamente tienen asignadas funciones específicas dentro de la estructura del propio gobierno, pero que, además, no son retribuidos por el cargo de integrantes del Juzgado Colegiado, sino que su remuneración deriva precisamente del nombramiento que tienen asignado; ello significa que de cualquier forma tienen un nexo y dependencia con dicho Ayuntamiento, máxime si se toma en cuenta que su estabilidad en el cargo de integrantes, depende de su estancia en el cargo como funcionario en la administración pública municipal. La autonomía e independencia deben considerarse atributos que garanticen la seguridad jurídica que persigue la división de poderes y el sistema jurídico que rige la vida de la nación mexicana, de modo que, si el Juzgado Colegiado, señalado como responsable, no los reúne, entonces ha de ubicarse a dicho órgano como una autoridad administrativa y no como tribunal para efectos del amparo. Sobre este particular, por similitud jurídica, tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 385, visible en la página 648, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que dice: ‘COMISIONES AGRARIAS MIXTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). Aunado a lo antes expuesto, en lo referente al elemento permanencia, se estima que tampoco puede afirmarse que indefectiblemente la autoridad responsable mantenga ese atributo pues, en tratándose del nombramiento de los integrantes designados por el Ayuntamiento anteriormente mencionados, éstos no lo fueron exclusivamente para ocupar ese cargo, sino que, precisamente en su calidad de servidores con un puesto específico, lo que les incorpora la posibilidad de ser miembros del Juzgado Colegiado, de modo que es fácil considerar que primordialmente deben atender sus tareas en el cargo que tienen, y en un segundo plano quedarán sus actividades como miembros del indicado juzgado, motivo por el cual, no debe ser considerado como un ‘tribunal’ para efectos del amparo directo. Por el contrario, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe reconocerse a dichos órganos el carácter de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y el procedimiento que observa en los conflictos que dirime por disposición legal, se puede reconocer como el ‘procedimiento seguido en forma de juicio’ a que alude el precitado numeral. Se afirma que el procedimiento que se ventila ante el multicitado Juzgado Colegiado se tramita en forma de juicio, porque los artículos 76, 77 y 78, en relación con el procedimiento de denuncia para sancionar a habitantes y personas morales por violaciones a los ordenamientos municipales que, en la especie, es el que se sustanció, y el artículo 173, todos del Reglamento de Justicia Municipal de esta ciudad, sobre el particular disponen: (se transcriben). Es decir, los preceptos transcritos prevén la concurrencia de la presentación de una demanda, la contestación a ésta, la posibilidad de ofrecer pruebas y rendir alegatos, el dictado de un fallo; elementos similares a los de un verdadero juicio, reducidos a lo elemental. No obsta para arribar a la conclusión precedente, lo dispuesto por el artículo 102, inciso B), fracciones I y II, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y lo previsto por los artículos 378 a 388 del mismo ordenamiento legal, tocante a que los Ayuntamientos-administración pública municipal puedan crear las dependencias de la administración pública municipal centralizada, desconcentrada y paramunicipal; constituir y organizar en el reglamento correspondiente los Juzgados Municipales como facultad discrecional a efecto de impartir la justicia municipal consistente en vigilar la observancia de la legislación para asegurar la convivencia social; en función de las consideraciones lógico-jurídicas que han quedado plasmadas con antelación y la tesis de jurisprudencia P./J. 26/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el artículo 67, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, se estima debe ser interpretado en forma amplia y flexible en el sentido de que el establecimiento de las normas para la organización y funcionamiento de los Tribunales Contenciosos Administrativos, conlleva la institución y creación de los mismos y además, al prever que es facultad del Poder Legislativo definir los procedimientos para dirimir las controversias que surjan entre la administración pública estatal o municipal y los particulares, resulta incontrovertible que lo dispuesto en el Código Municipal y el reglamento municipal, técnicamente no puede contrariar la Norma Fundamental federal y legal. En las relatadas circunstancias, al quedar establecido que el Juzgado Colegiado de justicia municipal de esta ciudad, no puede considerarse como ‘tribunal’ para efectos del amparo directo, entonces, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice: (se transcribe); se llega a la conclusión de que el amparo que se promueva en contra de las resoluciones de dicho juzgado, debe ser tramitado en la vía indirecta ante Juez de Distrito. Así sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 26/98, derivada de la contradicción de tesis 18/97, invocada al principio del presente considerando, emitida por el Pleno de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: ‘TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). Corolario de todo lo expuesto, se sigue que la autoridad responsable fue creada, más que para dirimir los conflictos que surjan entre la administración municipal y los particulares, para salvaguardar la legislación atinente a su competencia y atribuciones de buen gobierno y bando de policía y que al carecer de la calidad de tribunal administrativo, es que las resoluciones emitidas no tengan la característica de sentencia definitiva o de resoluciones que pongan fin al juicio, en los términos previstos por los citados artículos 107, fracción V, inciso b), constitucional, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; sin dejar de advertir que el procedimiento administrativo haya asumido la forma de un procedimiento jurisdiccional, pero que de manera alguna la resolución tiene las cualidades antes señaladas para que un Tribunal Colegiado asuma competencia jurisdiccional. Lo anterior sin dejar de advertir que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en su parte dogmática, prevé las garantías individuales de que gozará todo gobernado-individuo y que, en sus artículos 13, 14, 16 y 17, hacen alusión a la existencia de tribunales, al prever que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales; que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17593-08e9b94b/tribunal-de-justicia-municipal-de-torreon-coahuila-sus · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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