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Modo: Corpus Pro

COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACIÓN DEL EJIDO, LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, RESPECTO DE PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAVÍA NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17949
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, TERCERO Y SEGUNDO, TODOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, , Pág. 131.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, TERCERO Y SEGUNDO, TODOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En el amparo directo 428/2002, promovido por el comisariado ejidal del ejido Labor de Dolores, Municipio y Estado de Chihuahua, aprobado en sesión del veinticuatro de junio de dos mil dos, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito resolvió lo siguiente:

"QUINTO. Antes de proceder al estudio de la cuestión planteada en este juicio de amparo, es menester dejar establecidos los antecedentes de la litis.

"Manuel Fierro Borunda, Jesús Manuel Acosta Herrera y Enrique Aguirre Villalobos, en lo personal como ejidatarios y como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal del ejido Labor de Dolores del Municipio y Estado de Chihuahua, demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito, residente en esta ciudad, a María Dolores Alarcón Alarcón, Micaela Alarcón Alarcón o Micaela Parada Alarcón y a Horacio Quintana Sáenz, reclamando las siguientes prestaciones:

"La nulidad del contrato privado de cesión gratuita de derechos sobre tierras parceladas, coderecho y reserva de crecimiento del ejido en mención, celebrado entre Joaquín Parada Alarcón y Horacio Quintana Sáenz; igualmente demandaron la nulidad de similar contrato, pero respecto del 1.69% de las tierras de uso común de ese ejido y la nulidad del poder general para pleitos y cobranzas y de dominio, celebrado por Horacio Quintana Sáenz, como mandante y Jorge Alberto Rodríguez Meléndez, como mandatario.

"Admitida la demanda, se señaló fecha para la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, se ordenó el emplazamiento a juicio de los codemandados, lo que se hizo por conducto del apoderado legal, Jorge Alberto Rodríguez Meléndez, ante lo cual la autoridad responsable, el día señalado para la audiencia referida, celebró ésta en los términos a que se contrae dicha audiencia.

"En ella asentó que las codemandadas María Dolores Alarcón Alarcón y Micaela Parada Alarcón quedaron debidamente emplazadas al juicio, por conducto del apoderado legal, pues esta circunstancia la acreditó ante el funcionario judicial, Jorge Alberto Rodríguez Meléndez, aun cuando posteriormente dicho poder le fue retirado, según se aprecia de la citada audiencia.

"En el momento oportuno, el Magistrado responsable dictó sentencia, en la cual determinó que la parte actora no acreditó su acción y los demandados sí, sus excepciones y defensas.

"Ahora bien, los conceptos de violación vertidos por el ejido quejoso, en donde señala sustancialmente que sí tiene legitimación activa para demandar la nulidad de la cesión de derechos parcelarios, son infundados por las razones que a continuación se exponen.

"El artículo 80 de la Ley Agraria, en lo conducente, señala: ‘Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.’

"Asimismo, el artículo 32 del mismo ordenamiento legal, en lo que interesa, dispone: ‘El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido.’

"Por su parte, el artículo 33 del propio ordenamiento legal, en lo conducente, establece:

"‘Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas.’

"De los citados numerales se advierte que los ejidatarios sí pueden enajenar sus derechos parcelarios que tengan sobre el ejido, con las salvedades a que se refiere el primero de dichos numerales.

"También se advierte que el comisariado ejidal es el encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea y representar únicamente al núcleo ejidal en sus intereses colectivos.

"Por tanto, estuvo en lo correcto el tribunal al considerar que el ejido ahora quejoso carecía de legitimación activa para demandar en representación de los intereses individuales del ejidatario cedente, la nulidad del contrato de cesión de derechos sobre tierras parcelarias, celebrado entre los terceros perjudicados, así como la del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio otorgado sobre dicho inmueble, cuenta habida que se trata de derechos meramente individuales del cedente y, dentro de las facultades que de acuerdo a la Ley Agraria corresponden al comisariado ejidal quejoso, no está la de representar o defender en juicio los derechos individuales de los ejidatarios en particular.

"Encuentra apoyo lo anterior, por analogía, en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en página 193, Volúmenes 139-144, Tercera Parte, Materia Administrativa, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen:

"‘AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. REPRESENTAN LOS INTERESES DEL NÚCLEO EJIDAL Y CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO. En el juicio de garantías que no es promovido por los ejidatarios que resultan afectados en particular con el acto reclamado, sino por el comisariado ejidal del poblado a que pertenecen, representante del núcleo ejidal, que está legitimado para reclamar actos que afectan los derechos agrarios colectivos del propio poblado, pero no los que afectan derechos agrarios individuales de los ejidatarios; al no encontrarse afectados los intereses colectivos del núcleo ejidal quejoso, resulta correcto decretar el sobreseimiento con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.’

"De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia 208, sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 149, Tomo III, Séptima Época, Materia Administrativa, del Apéndice de 1995, cuyos rubro y texto dicen:

"‘COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO. Los comisariados ejidales sólo tienen la representación del núcleo de población para defender los derechos colectivos del mismo, pero no les corresponde la defensa de los derechos individuales de los campesinos que lo integran, como lo son los que protege el artículo 202 de la Ley Federal de Reforma Agraria, contenido en el capítulo segundo, denominado «Capacidad individual en materia agraria», título segundo, libro cuarto, de la citada ley.’

"Sin que sea obstáculo para lo anterior, lo señalado por el comisariado ejidal ahora quejoso, en el sentido de que el error del Magistrado responsable era considerar una cesión de derechos de parcela ejidal como un asunto particular, porque de una interpretación correcta del artículo 27 constitucional, fracción VII, obligaba a considerar que el titular de la propiedad, era el ejido, no el ejidatario en particular, por lo que no podía ceder sus derechos a quien no era ejidatario del mismo, y si cedía sus derechos contraviniendo la Ley Agraria, era el representante del ejido el facultado para demandar la nulidad, por ser el ejido el perjudicado.

"Lo anterior es así, toda vez que con independencia de que se hayan o no cedido sus derechos parcelarios a una persona no ejidatario, ni avecindado, ésta es una cuestión de fondo que en este momento no es dable abordar. Además, lo cierto es que, como dice el artículo constitucional citado, se reconoce a los núcleos ejidales la personalidad jurídica y representación del núcleo de población, empero, jamás señala que dicho comisariado ejidal represente o pueda defender los derechos individuales del ejidatario cedente.

"Siendo un aspecto que tampoco es analizable ahora, si por no ser el ejidatario, propietario de las tierras ejidales, no pueda ceder los derechos ejidales, porque lo que se estudia aquí es si el comisariado ejidal tiene legitimación o no, para representar intereses individuales de los ejidatarios.

"Tampoco es óbice a lo anterior, lo que señala el ejido quejoso, en el sentido de que no se está en alguno de los casos de excepción de la Ley Agraria, en cuanto a las modalidades de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que presentan las tierras ejidales, o de que las citadas modalidades a la propiedad ejidal, o lo dispuesto por los artículos 1o., 23, fracción II, 32 y 33, todos de la Ley Agraria, sean medidas de carácter general establecidas por el legislador para restringir el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes sujetos a régimen ejidal, pues como ya se dijo anteriormente, se trata de derechos individuales que sobre las tierras ejidales tienen los ejidatarios, sin que por ello se atente contra la propiedad del ejido, sino sólo los derechos individuales de que disfruta el ejidatario cedente en lo particular.

"Así pues, con independencia de que el tribunal responsable haya citado la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: ‘ACCIÓN, CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA.’, la cual efectivamente se refiere a la acción de carácter civil, cuya naturaleza es diferente de la del derecho agrario, lo cierto es que el comisariado ejidal carece de legitimación para reclamar en juicio agrario, la nulidad de los citados contratos y otorgamiento del poder, pues los mismos sólo afectan a sus celebrantes, no así al ejido quejoso, pues en dichos contratos y poder se están ventilando derechos individuales del quejoso, no así del ejido de referencia.

"Sin que se oponga a todo lo anterior lo argüido por el ejido quejoso, en el sentido de que la jurisprudencia citada por el tribunal responsable, bajo el epígrafe: ‘COMISARIADOS EJIDALES. REPRESENTAN LOS INTERESES DEL NÚCLEO EJIDAL Y CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO.’, sirve para fundar la acción ejercitada por los representantes del comisariado ejidal; cuenta habida que según se desprende de tal jurisprudencia, la misma señala que los comisariados ejidales únicamente representan los intereses del núcleo ejidal, careciendo de interés jurídico para representar los de los ejidatarios en particular.

"Tampoco es obstáculo para ello, que el segundo de los citados numerales, en lo conducente, disponga que sea de competencia exclusiva de la asamblea la aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; toda vez que, como se desprende del contrato del cual se pretende su nulidad, en el mismo no se está otorgando o transmitiendo la calidad de ejidatario, sino que se establece que el cesionario deberá acudir ante el órgano supremo del ejido a solicitar su cambio de calidad, por lo que estuvo en lo correcto el tribunal responsable al considerar que ese acto jurídico sólo podía ser impugnado por sus celebrantes.

"Por otra parte, en caso de que el cesionario no obtenga por parte de la asamblea, la calidad de ejidatario, puede impugnar del cedente la celebración del citado contrato, en virtud de que este último está obligado al saneamiento para el caso de evicción.

"Con independencia de lo anterior, en el caso de que se diera la nulidad absoluta o relativa del citado contrato, lo cierto es que en ninguno de los citados numerales se faculta al comisariado ejidal a impugnar en representación de los intereses del ejidatario cedente, la nulidad de tal contrato.

"Sin que se contraponga la circunstancia de que el artículo 33, fracción II, de la Ley Agraria, en lo que interesa, sostenga que son facultades y obligaciones del comisariado, entre otras, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, pues tal disposición de ninguna manera tiene el alcance de sustituirse a la voluntad del ejidatario cedente, que fue la de ceder gratuitamente sus derechos sobre esas porciones de tierra.

"En otro aspecto, es inoperante su concepto de violación, en el que aduce que la responsable no resolvió sobre el incidente de nulidad de emplazamiento que planteó uno de los terceros perjudicados, habida cuenta que tal circunstancia en nada perjudica a la parte aquí quejosa, pues a quien compete reclamar tal situación es a quien puede resultar directamente afectado por esa omisión.

"Lo anterior es así, pues el incidente de nulidad de emplazamiento que se planteó en autos, con independencia de que el tribunal responsable determinó la improcedencia de él, al tercero perjudicado que lo hizo valer es a quien la ley faculta para que reclame, de ser el caso, esa conducta, pero no a un tercero, que además en nada beneficiaría que se resolviera en determinado sentido ese incidente, como en el caso lo es la parte actora en aquel juicio (quejosa), por tanto, al no afectarle directamente el acto motivo del concepto de violación, en términos de lo que dispone el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el argumento vertido al respecto, como se dijo, resulta inoperante.

"Por lo que hace a la impugnación del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, otorgado por el cedente ejidatario, debe decirse que por las mismas razones dadas por este tribunal respecto al citado contrato, el comisariado ejidal ahora quejoso, carece de legitimación para impugnarlo; cuenta habida que dicho poder fue impugnado de nulidad, no por vicios propios, sino que su nulidad se hizo depender de la nulidad, tanto del anterior contrato, como del de cesión de derechos de tierras de uso común.

"Además de lo anterior, es menester aclarar que el poder o mandato cuya nulidad se demandó en el juicio natural, no es un poder especial; es decir, que señale que se otorga sólo para que se ejerza respecto de los derechos o bienes que se mencionan en los contratos de cesión de derechos (cuya nulidad se demandó), sino que se trata de un poder general, no limitado a determinados actos jurídicos; lo que también genera que no pueda tenerse legitimación, como se sostiene en la sentencia, para impugnarse un acto que sólo afecta a terceras personas, distintas al actor, menos por lo que se está impugnando ..."

En la sentencia correspondiente al amparo directo 434/2002, promovido por el Nuevo Centro de Población Ejidal "Labor de Dolores", aprobado en sesión del veintisiete de junio de dos mil dos, el mismo Tribunal Colegiado adujo lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados en una parte y fundados en otra, los conceptos de violación.

"En este asunto, la litis natural versó en determinar si le asiste razón a los actores, ahora quejosos, Manuel Fierro Borunda, Jesús Manuel Acosta Herrera y Enrique Aguirre Villalobos, en lo personal, como ejidatarios y como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal del ejido ‘Labor de Dolores’ del Municipio y Estado de Chihuahua, para demandar de los enjuiciados, ahora terceros perjudicados, la nulidad de los contratos privados de cesión gratuita de derechos sobre tierras parceladas, coderecho y reserva de crecimiento del ejido en mención, así como sobre un 1.69% de las tierras de uso común del ejido Labor de Dolores, ubicado en el Municipio y Estado de Chihuahua, celebrados entre los codemandados Guadalupe Rivero Escobar, como cedente, y Horacio Quintana Sáenz, como cesionario, el primero de junio de dos mil, ante la fe del notario público número nueve de este distrito judicial, licenciado Francisco de Asís García, y la nulidad del poder general para pleitos y cobranzas y de dominio, con la modalidad de irrevocable, que también celebraron ambos demandados respecto del inmueble mencionado; o bien, si operan las excepciones de falta de acción y derecho, consistente en que la actora carece de legitimación activa necesaria, de falta de interés jurídico, pues los actos cuya nulidad se demandan inciden únicamente en la esfera jurídica de las partes que intervinieron en su celebración y de oscuridad y defecto legal de la demanda, opuestas por la parte demandada en su contestación.

"En la sentencia reclamada de fecha diez de abril de dos mil dos, dictada en el expediente número 991/2001, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Cinco, con sede en la ciudad de Chihuahua, declaró procedentes las excepciones de falta de acción y derecho e interés jurídico de los integrantes del comisariado ejidal del Poblado ‘Labor de Dolores’ del Municipio y Estado de Chihuahua, opuesta por el demandado Horacio Quintana Sáenz.

"Ahora bien, en los conceptos de violación, los cuales se estudian de manera conjunta, dada la estrecha relación conceptual que guardan entre sí, se encuentran dirigidos a establecer que el comisariado ejidal quejoso sí tiene legitimación activa para demandar la nulidad de los contratos de cesión de derechos celebrados entre Guadalupe Rivero Escobar, como cedente y Horacio Quintana Sáenz, como cesionario, el primero de junio de dos mil, respecto de los derechos parcelarios y del 1.69% sobre las tierras de uso común del ejido al que representan los quejosos, respectivamente; de manera que, en primer orden, se estudiarán los motivos de disenso relacionados con los derechos parcelarios, los que son infundados, por las razones que a continuación se exponen:

"Los artículos 32, 33, fracción I y 80 de la Ley Agraria, en los que aquí interesa, textualmente establecen:

"‘Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. ...’

"‘Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

"‘I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas.’

"‘Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. ...’

"De acuerdo con lo anterior, los ejidatarios sí pueden enajenar los derechos parcelarios que tengan sobre el ejido, con las salvedades a que se refiere el último de los citados numerales y el comisariado ejidal es el encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea y representar al núcleo ejidal únicamente en sus intereses colectivos, razón por la cual, como bien lo consideró el Magistrado del tribunal responsable, el comisariado ejidal enjuiciante carecía de legitimación activa para demandar la nulidad del contrato de cesión de derechos gratuita, celebrado por los demandados sobre tierras parcelarias, así como la del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, otorgado sobre el inmueble materia de la cesión de derechos, cuenta habida que se trata únicamente de derechos individuales del ejidatario cedente, siendo que dentro de las facultades que, de acuerdo a Ley Agraria, corresponden al comisariado ejidal, no está la de representar o defender en juicio los derechos individuales de los ejidatarios en particular y, aunque es cierto que se encuentra facultado para representar al núcleo ejidal en sus intereses colectivos, los derechos cuestionados en el juicio natural son, como ya se dijo, derechos individuales del cedente.

"Ello es así, porque el artículo 27 de la Constitución Federal ordena proteger la tierra de los ejidatarios haciendo propios y definitivos los derechos ejidales, por lo cual, la protección que exige el texto constitucional, a su vez plasmada en el texto del artículo 80 de la Ley Agraria, impide la enajenación de las parcelas una vez que ha sido convertida en propiedad plena, sin el avalúo autorizado y el examen del notario público sobre la legalidad del acto, además de exigir el respeto a la preferencia por el derecho del tanto que se otorga en favor de ejidatarios y avecindados; como así se desprende de la exposición de motivos de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, que en su parte conducente, establece:

"‘Protección a las tierras ejidales y comunales ...’ (se transcribe).

"De manera que, si la intención del legislador es que las tierras parceladas cuyos derechos pertenecen a cada ejidatario, puedan enajenarse una vez que la parcela ha sido convertida a propiedad plena, con la única limitante de que se haga con el avalúo autorizado y el examen del notario público sobre la legalidad del acto, además de que debe respetarse la preferencia por el tanto que se otorga en favor de ejidatarios y avecindados, entonces, el comisariado ejidal, ahora quejoso, carece de interés jurídico y de legitimación activa para demandar en el juicio natural, la nulidad de un contrato de cesión de derechos sobre tierras parceladas del ejido ‘Labor de Dolores’ del Municipio y Estado de Chihuahua, celebrado por un ejidatario, porque se trata de derechos eminentemente particulares del ejidatario cedente y no de intereses colectivos del núcleo ejidal.

"Apoya lo antes considerado, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia número 137, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, que dice: ‘COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO. Los comisariados ejidales sólo tienen la representación de los núcleos de población para defender los derechos colectivos de los mismos, pero no les corresponde la defensa de los derechos individuales de los campesinos que los integran, como lo son los que protege el artículo 202 de la Ley Federal de Reforma Agraria, contenido en el capítulo segundo, denominado «Capacidad individual en materia agraria», título segundo, libro cuarto, de la citada ley.’

"Igualmente, tiene aplicación, por analogía, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-144, Tercera Parte, Materia Administrativa, que establece: ‘AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. REPRESENTAN LOS INTERESES DEL NÚCLEO EJIDAL Y CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO. En el juicio de garantías que no es promovido por los ejidatarios que resultan afectados en particular con el acto reclamado, sino por el comisariado ejidal del poblado a que pertenecen, representante del núcleo ejidal, que está legitimado para reclamar actos que afectan los derechos agrarios colectivos del propio poblado, pero no los que afectan derechos agrarios individuales de los ejidatarios; al no encontrarse afectados los intereses colectivos del núcleo ejidal quejoso, resulta correcto decretar el sobreseimiento con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.’

"Luego, no les asiste razón a los quejosos cuando argumentan que el error de la autoridad responsable es considerar una cesión de derechos de parcela ejidal como un asunto particular, pues dice, una interpretación correcta de la fracción VII del artículo 27 constitucional, obligaba a considerar que el titular de la propiedad era el ejido y no el ejidatario en particular, por lo que no podía ceder sus derechos a quien no era ejidatario de él y si cedía sus derechos contraviniendo la Ley Agraria, era el representante del ejido el facultado para demandar la nulidad, por ser el ejido el perjudicado; toda vez que, además de que como ya se vio, no están en conflicto intereses colectivos del núcleo ejidal, sino derechos particulares del ejidatario cedente, el que se hayan o no cedido los derechos parcelarios a una persona que no es ni avecindado, ni ejidatario del poblado en cuestión, es una cuestión de fondo que en este momento no es dable abordar.

"Así las cosas, aun cuando es verdad que en el artículo constitucional citado se reconoce a los núcleos de población ejidales o ejidos personalidad jurídica y patrimonio propio y a los comisariados ejidales la representación del núcleo de población, más cierto es que ello no implica que las tierras parceladas pertenezcan al ejido y que dicho comisariado represente o pueda defender los derechos individuales del ejidatario cedente, porque los derechos sobre éstas, pertenecen a cada ejidatario, no así al núcleo de población ejidal y, por ende, lo alegado de que por no ser el ejidatario, propietario de las tierras ejidales, no pueda ceder los derechos ejidales, es un aspecto que tampoco es analizable por ahora, ya que lo que aquí se estudia es si el comisariado ejidal quejoso tiene o no legitimación para demandar la nulidad de un contrato de cesión de derechos parcelarios que son individuales del ejidatario cedente.

"Sin que sea obstáculo para considerar las cosas de esta manera, el que se argumente que no se está en alguno de los casos de excepción de la Ley Agraria, en cuanto a las modalidades de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que presentan las tierras ejidales, o de que las citadas modalidades a la propiedad ejidal, o lo dispuesto por los artículos 1o., 23, fracción II, 32 y 33, todos de la Ley Agraria, sean medidas de carácter general establecidas por el legislador para restringir el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes sujetos a régimen ejidal; pues se reitera, se trata de derechos individuales que sobre las parcelas tienen los ejidatarios, sin que con ello se afecte la propiedad del ejido, sino únicamente derechos individuales del ejidatario cedente, de manera que, con independencia de que el tribunal responsable haya citado la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ACCIÓN, CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA.’, la cual efectivamente se refiere a la acción de carácter civil, cuya naturaleza es diferente de la del derecho agrario, lo cierto es que el comisariado ejidal carece de legitimación para demandar en el juicio agrario la nulidad de la indicada cesión de derechos y del poder otorgado, porque en ellos se ventilan derechos individuales del cedente, por lo que sólo afectan a sus celebrantes no así al ejido de referencia.

"Al margen de lo anterior, la jurisprudencia citada por el tribunal responsable, de rubro: ‘COMISARIADOS EJIDALES. REPRESENTAN LOS INTERESES DEL NÚCLEO EJIDAL Y CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO.’, no es idónea para fundar la acción ejercitada en el juicio natural, como se sostiene, porque según se desprende del contenido de dicha jurisprudencia, los comisariados ejidales únicamente representan los intereses del núcleo ejidal, pero carecen de interés jurídico para defender los derechos parcelarios de los ejidatarios en particular.

"En otro orden de ideas, el que el segundo de los citados numerales, en lo conducente, disponga que sea de competencia exclusiva de la asamblea la aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones, no implica que los enjuiciantes estén legitimados para demandar la nulidad de la cesión de derechos que nos ocupa, en tanto que en dicho contrato no se está otorgando ni trasmitiendo la calidad de ejidatario, sino la transmisión de los derechos parcelarios del cedente, además de que en él se establece, con toda claridad, que el cesionario deberá acudir ante el órgano supremo del ejido a solicitar la calidad de ejidatario y, por consiguiente, el tribunal responsable estuvo en lo correcto al considerar que el acto jurídico controvertido sólo podía ser impugnado por sus celebrantes, ya que, en el supuesto de que dicho cesionario no obtenga por parte de la asamblea de ejidatarios tal calidad, puede impugnar del cedente la celebración del citado contrato, en virtud de que este último está obligado al saneamiento para el caso de evicción.

"De modo que, independientemente que se diera o no la nulidad absoluta o relativa del contrato, lo cierto es que en ninguno de los numerales invocados por la parte quejosa, se le faculta para impugnar la nulidad de un contrato relacionado con los derechos parcelarios de los ejidatarios en particular y el hecho de que en el artículo 33, fracción II, de la Ley Agraria, se establece que son facultades y obligaciones del comisariado ejidal, entre otras, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, de ninguna manera implica que éste pueda sustituirse a la voluntad del ejidatario, de ceder gratuitamente sus derechos sobre esas porciones de tierra, pues a ese respecto sólo le corresponden facultades de vigilancia.

"Por otro lado, respecto de la impugnación que se hace del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, otorgado por el cedente ejidatario, debe decirse que, por las mismas razones dadas en párrafos precedentes con relación en el citado contrato de cesión de derechos, el comisariado ejidal ahora quejoso, carece de legitimación para impugnarlo, cuenta habida que la nulidad de tal acto se hizo depender de la nulidad, tanto del anterior contrato, como el de cesión de derechos de tierras de uso común, pero no se impugna por vicios propios, aunado a que dicho mandato no es un poder especial en el que establezca que se otorga sólo para que se ejerza respecto de los derechos o bienes que se mencionan en los contratos de cesión de derechos cuya nulidad se demanda, sino general, no limitado a determinados actos jurídicos, lo cual genera que no pueda tenerse legitimación, como se sostiene en la sentencia, para ser impugnado por los miembros del comisariado ejidal, porque constituye un acto unilateral del ejidatario cedente que de ningún modo afecta los intereses del núcleo ejidal ..."

Las anteriores consideraciones, en cuanto al tema d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17949-d75a37f5/comisariado-ejidal-esta-legitimado-para-demandar-en-representacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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