VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA NEGATIVA FICTA DE LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA INSCRIBIRLOS.
AMPARO DIRECTO 117/2003.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Los conceptos de violación identificados del dos al siete son fundados.
En efecto, conviene destacar previamente que la resolución impugnada en el juicio fiscal se hizo consistir en: "La resolución de negativa ficta recaída a la solicitud de inscripción de vehículos de procedencia extranjera, que el suscrito requisité debidamente en los formatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, del que derivó la expedición de la solicitud de inscripción del vehículo de procedencia extranjera, con número de folio 165263 de fecha 8 de junio de 2001, en base a los términos y condiciones establecidos en la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de marzo de 2001, por la autoridad Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.".
Luego, en auto de diez de octubre de dos mil dos, la Sala desechó la demanda de nulidad al estimarla improcedente (fojas 14 y vuelta), por lo que el actor promovió recurso de reclamación en contra de dicho acuerdo, el cual se resolvió con fecha veintisiete de enero de dos mil tres, cuya resolución constituye la ahora reclamada en la que, como ya se vio, de lo transcrito en el considerando segundo de esta ejecutoria, en lo conducente, la Sala estableció que para determinar si se actualiza la hipótesis estatuida en el numeral 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, es necesario que sea una autoridad que pertenezca a la administración pública federal centralizada, y en algunos casos descentralizada, quien emita la resolución impugnada, lo que se percibe, dijo, del artículo 198, fracciones II, inciso a) y III, primera parte, del Código Fiscal de la Federación, que: "... es claro que la autoridad demandada en este procedimiento, debe tener el carácter de autoridad federal ..."; que, sin embargo, para dilucidar si la autoridad demandada actuó o no como fisco federal, se debe analizar el acto que se impugna, el que: "... no puede considerarse que cause agravio en materia fiscal federal, por la sola falta de pronunciamiento de la autoridad local respecto a la solicitud de inscripción descrita ... Entonces, el silencio de la autoridad local respecto a la inscripción del vehículo del actor, no le causa daño alguno ... pues en el artículo 11 del Reglamento de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera que rige la inscripción solicitada, se establece que si al interesado se le notifica la improcedencia de su solicitud, éste contará con 20 días hábiles para retornar el vehículo al extranjero o donarlo al fisco federal o a las entidades federativas, es decir, resulta indispensable el pronunciamiento expreso de la autoridad local respectiva para que se determine si puede o no ser objeto de inscripción el vehículo señalado ... Entonces, se insiste, si no existe negativa expresa para inscribir el vehículo de procedencia extranjera, debidamente notificada, el vehículo puede continuar circulando porque el plazo para retornarlo a su país de origen o donarlo inicia a partir de la notificación precitada, lo que implica que si dicha notificación no ocurre, tampoco iniciará el plazo precitado para devolver el vehículo o donarlo, como se indicó ... lo anterior implica que ... no le causa agravio ... En tal virtud, debe concluirse que cuando la autoridad local no resuelve lo conducente sobre la solicitud de inscripción de algún vehículo de procedencia extranjera, esto es, guarda silencio al respecto, está actuando como autoridad de la entidad federativa, pues como se indicó, en la especie, no se puede configurar la negativa ficta impugnada ...".
Lo narrado es suficiente para dilucidar que la estimación de la Sala consiste en que la negativa ficta impugnada, atribuida al secretario de Finanzas del Estado de Jalisco, no causa agravio fiscal al actor porque para que se actualice dicho extremo (el del agravio), es menester que exista y se le notifique la resolución en la que se declare improcedente la solicitud de inscripción de vehículos de procedencia extranjera, porque será hasta entonces en que empiecen a transcurrir los veinte días hábiles para que el solicitante opte por devolver el vehículo o donarlo al fisco federal y, por ende, si no existe resolución, ni su notificación, no es necesario retornar los vehículos ni donarlos al fisco federal, por lo que no hay agravio y, en tal virtud, dijo la Sala: "... debe concluirse que cuando la autoridad local no resuelve lo conducente sobre la solicitud de inscripción de algún vehículo de procedencia extranjera, esto es, guarda silencio al respecto, está actuando como autoridad de la entidad federativa, pues como se indicó, en la especie, no se puede configurar la negativa ficta impugnada ...".
Los anteriores argumentos de la Sala Fiscal son erróneos. Para resolver el presente asunto, en primer lugar, debe dilucidarse si la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera efectivamente es de orden federal y, para ello, conviene citar el decreto publicado el doce de marzo de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, que señala lo siguiente:
"Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera
"Texto original
"Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 12 de marzo de 2001.
"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República.
"Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
"Que el honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
"Decreto
"El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
"Se crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera
"Artículo primero. ..."
Como indica el decreto citado, la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera fue creada por el Congreso de la Unión, es decir, el órgano legislativo federal, motivo por el cual asiste la razón a la quejosa cuando menciona que el ordenamiento que aplica la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, al inscribir a los vehículos de procedencia extranjera, es de orden federal.
Ahora bien, los artículos cuarto, quinto y sexto, de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera establecen lo siguiente:
"Artículo cuarto. Los interesados en inscribir los vehículos, deberán pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, a partir del ejercicio fiscal de 2001 y los subsecuentes.
"Se exime parcialmente del pago de los demás impuestos y derechos que deban pagarse con motivo de la importación, a efecto de que se pague la cantidad única que se determina conforme a la siguiente tabla:
Ver tabla
"Artículo quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía se coordinarán con las autoridades fiscales de las entidades federativas, para llevar a cabo la inscripción de los vehículos a que se refiere esta ley.
"Los pagos a que se refiere el artículo cuarto de esta ley se efectuarán ante las oficinas que autoricen las autoridades fiscales de las entidades federativas, mismas que informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la recaudación que por este concepto se obtenga.
"Las entidades federativas percibirán como incentivo por la realización de los trámites efectuados conforme a esta ley el total de la recaudación a que se refiere el párrafo anterior, integrando un fondo estatal especial, para aplicarse en función de las prioridades de cada Estado. Del monto recaudado, se destinará el 40% a los Municipios y se repartirá entre los mismos conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales."
"Artículo sexto. Los interesados deberán acudir a los lugares que señalen las autoridades fiscales, dentro de los 120 días naturales contados a partir de la publicación de esta ley, a fin de presentar la solicitud de inscripción en los formatos aprobados por las autoridades fiscales de las entidades federativas, quienes le asignarán la fecha en que deberán presentar:
"I. El vehículo y la acreditación de propiedad del mismo, para que las autoridades fiscales de la entidad federativa correspondiente tomen las calcas de los datos de identificación del automóvil y se le adhiera la calcomanía que lo identifique como inscrito.
"II. Licencia de conducir y una copia fotostática de la misma. En ningún caso se aceptarán permisos.
"Los pagos a que se refiere el artículo cuarto de esta ley se efectuarán en la fecha en que el interesado presente el vehículo para que se le coloque la calcomanía."
Los artículos anteriores establecen que los interesados deben presentar su vehículo a la autoridad para que se le adhiera la calcomanía que lo identifique como inscrito, y para que se le coloque la mencionada calcomanía, debe hacer los pagos a que se refiere el artículo cuarto, consistentes en el entero del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos por el año de dos mil uno y los siguientes, así como el pago que establece la tabla con el cual se le exentará de los impuestos y derechos por la importación de la unidad.
Esto es, prevén la inscripción del vehículo en el registro, previo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y de la cantidad correspondiente de la tabla, de manera que si bien los preceptos indicados prevén un trámite relacionado con el control vehicular, también establecen una exención a los impuestos y derechos al comercio exterior, lo cual evidentemente es un beneficio de naturaleza fiscal, y si la aplicación de dichos preceptos corresponde a las entidades federativas, como señala el artículo quinto del ordenamiento citado y, en el caso, le corresponde al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Finanzas, debe estimarse que la negativa ficta que impugna la quejosa se refiere a la aplicación de una ley federal con la cual se le causa un perjuicio fiscal a la quejosa, motivo por el cual debe concluirse que el juicio de nulidad es procedente y que la competencia del mismo sí le corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 37 del código tributario y por el artículo 11, fracciones IV y XV, cuarto párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Cabe aclarar que al causarse un perjuicio de naturaleza fiscal a la quejosa y actualizarse así la hipótesis prevista por el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es innecesario que el caso además se ubique en la hipótesis prevista por la fracción XIII del numeral invocado, relativa a que la resolución ponga fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelva un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como lo dijo la Sala Fiscal, pues basta que se actualice una de las hipótesis del precepto de referencia para que la Sala sea competente para resolver el juicio de nulidad.
Para ilustrar lo anterior, se transcribe el artículo 11 de la ley citada.
(Reformado primer párrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.
"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.
"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada.
"VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.
"IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados.
"X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.
"XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.
"XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.
(Adicionada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.
"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.
(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa."
Asimismo, cabe mencionar, en suplencia de la queja que ordena el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, que la resolución definitiva en el caso la constituye precisamente la negativa ficta, que en términos del artículo 37 del código tributario debe ser entendida como la resolución de la autoridad en sentido negativo y con ello queda demostrado que en el caso sí existió una resolución definitiva que el quejoso combatió mediante el juicio de nulidad.
Criterio similar al aquí expuesto sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver, el veinticinco de febrero de dos mil tres, el amparo directo número 27/2003.
Por lo anterior, debe concederse el amparo y la protección de la Justicia Federal, a efecto de que la Sala responsable dicte otra acorde a los lineamientos de esta ejecutoria.
Resulta innecesario pronunciarse sobre el primer concepto de violación en el que el quejoso alegó que la Sala no fundó ni motivó su argumento en el sentido de que la coordinación surge de la propia ley sin regirla realmente y que esa falta de fundamentación obliga a la responsable a manifestarse de acuerdo a lo que establece el lineamiento legal citado, por lo que dice debe otorgársele el amparo de modo liso y llano, dado que con el otorgamiento del amparo con base en los argumentos contenidos en los conceptos de violación ya analizados, tendrá mayores beneficios, pues la Sala deberá emitir nuevo fallo en el que declare que es competente para conocer de la resolución que constituye la negativa ficta impugnada, que es justamente lo que pretendía la parte quejosa en cuanto al fondo del amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... en contra del acto reclamado a la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así por unanimidad de votos lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados Jaime C. Ramos Carreón, Luis Francisco González Torres y Rogelio Camarena Cortés, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17626-fa0c648f/vehiculos-de-procedencia-extranjera-el-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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