INTERDICTOS, NATURALEZA DE LOS.
AMPARO DIRECTO 172/2003.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son fundados, aunque suplidos en sus deficiencias, los conceptos de violación expresados, en razón de advertirse en el caso una violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa a la quejosa, en términos de lo establecido en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Previamente al examen de los correspondientes motivos de inconformidad, debe decirse que de la lectura de los mismos se notan diversas oraciones cuya estructura gramatical se encuentra elaborada erróneamente, así como palabras que, en algunos casos, no guardan necesariamente relación con los puntos tratados en dichas manifestaciones de la quejosa. Sin embargo, ello no desvirtúa las ideas que vierte la solicitante del amparo, ya que de cualquier forma se aprecian las razones por las que estima que el fallo reclamado lesiona sus garantías individuales, esto es, en realidad es posible advertir la causa de pedir que entrañan las alegaciones de la promovente, y que finalmente es lo que interesa para estar en condiciones de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sentencia reclamada.
Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 68/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.".
Lo anterior sin que implique ir más allá de lo efectivamente planteado como conceptos de violación en la correspondiente demanda de garantías, toda vez que, como se expondrá subsecuentemente, los argumentos que los conforman sí exponen, aun cuando gramaticalmente no de la mejor manera, las violaciones constitucionales de las que se duele la promovente.
Encuentra aplicación al respecto la tesis número 1a. XXXIII/2002, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 40, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.".
Pues bien, de la lectura y análisis de los conceptos de violación a los que se hace referencia se obtiene, en lo medular, que la impetrante del amparo combate:
1. Que aportó como pruebas de su parte en el juicio natural: a) Copias certificadas del expediente radicado con el número 34/94, del mismo juzgado responsable, relativo al juicio de usucapión promovido por la hoy quejosa respecto del bien en pugna; b) Una constancia de posesión expedida por el Juez de Paz de Palmarito Tochapán, Quecholac, Puebla; c) Acta de despojo expedida por el agente subalterno del Ministerio Público de la referida localidad; d) La confesión judicial producida por las ahora tercero perjudicadas al dar contestación a la demanda de primera instancia; e) La testimonial; f) La confesional a cargo de las enjuiciadas; g) La inspección judicial sobre la heredad debatida; y, h) La presuncional legal y humana.
Al respecto, la solicitante del amparo alega que dichos medios de convicción no fueron valorados adecuadamente por la Sala responsable, pues de haberlo hecho el fallo reclamado no revocaría la resolución de primera instancia.
2. Que a través de las copias certificadas relativas al juicio de prescripción adquisitiva anteriormente identificado, acreditó plenamente y de manera inamovible que entró en posesión del predio en disputa desde el uno de enero de mil novecientos setenta y cinco, siendo la causa de tal posesión el contrato privado de compraventa que celebró en esa misma fecha con ...
3. Que la Sala del conocimiento conjeturó sobre la posesión que supuestamente ejercían las demandadas sobre el inmueble en cuestión a partir de una escritura que no reúne los requisitos legales, sin realizar, además, la exposición de los motivos y hechos en los que apoyó tal determinación, aunado a que el documento presentado por las demandadas en el juicio de origen es inválido, porque no obstante tratarse de la protocolización de un supuesto contrato de compraventa, el notario ante el que fue otorgado hizo constar que en ese momento no comparecieron ante él ... ambos de apellidos ...
4. Que conforme a los elementos de la acción interdictal intentada por la quejosa acreditó fehacientemente los tres, esto es, que tuvo previamente la posesión jurídica del inmueble cuya recuperación pretende, lo anterior a través de las copias certificadas del juicio número 34/94 del mismo Juzgado de lo Civil y de Defensa Social de Tecamachalco, Puebla; que las demandadas por sí mismas, sin orden de autoridad alguna, despojaron a la actora de la posesión del predio en litigio, lo que acreditó mediante las pruebas confesional y de confesión judicial desahogadas en el sumario natural; en tanto que no hay controversia sobre el hecho de que el interdicto de que se habla fue intentado dentro del plazo legal.
5. Que la Sala del conocimiento ilegalmente otorgó más valor a un documento exhibido por las demandadas en el pleito de origen, consistente en la protocolización de un supuesto contrato privado de compraventa respecto del inmueble en litigio, cuando dicha actuación notarial data del treinta de agosto de dos mil uno, esto es, con notoria posterioridad de la posesión que la actora comprobó tener desde el uno de enero de mil novecientos setenta y cinco, a través de las copias certificadas del repetido juicio de usucapión, mismas que aportó como pruebas en el procedimiento natural.
6. Que también acreditó, por el reconocimiento expreso de sus enjuiciadas, que éstas despojaron a la quejosa del fundo en debate el treinta de agosto de dos mil uno.
7. Que resulta ilegal el proceder del tribunal de alzada al comparar los títulos de propiedad aportados por las partes contendientes, ya que en el interdicto de recuperar la posesión no se ventila controversia respecto de la validez de tales documentos, sino precisamente la litis versa sobre el mejor derecho de posesión interina que afirma la parte actora tener sobre el predio en controversia.
8. Que las hoy tercero perjudicadas no aportaron pruebas suficientes ni destruyeron el valor de las ofrecidas por la enjuiciante, que respectivamente acreditaran sus excepciones y desvirtuaran la acción intentada.
9. Que las apelantes del fallo primario se concretaron a señalar, en segundo grado, que aquél no se pronunció con apego a la ley, lo que de ninguna manera implica que hayan justificado sus excepciones y defensas.
10. Cabe destacar que en todo momento la quejosa apoya sus argumentos en los efectos formales y materiales que constituyó la sentencia pronunciada dentro del juicio de usucapión número 34/94, de los del propio juzgado de origen, que concluyó con sentencia ejecutoriada en la que se declaró probada la acción intentada en dicho procedimiento; señalando, además, que sus enjuiciadas promovieron juicio de amparo indirecto, del cual conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, bajo el número 1203/2002, mismo que fue sobreseído.
Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto conviene relatar los siguientes antecedentes.
Como se precisó en el considerando anterior, las hoy terceras perjudicadas ... ambas de apellidos ... promovieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Así las cosas, sustancialmente como agravios expresaron los siguientes:
Que era ilegal el fallo impugnado, porque el Juez de primera instancia consideró fundada la acción intentada sin tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por las demandadas, destacando dentro de ellas la escritura pública de trece de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, relativa a la compraventa privada celebrada respecto del bien en pugna, entre ... como comprador y ... la que lo adquirió en favor de la entonces menor ... Además, señalaron que también constaba un acta de posesión emitida por el presidente municipal de Palmarito Tochapán, Quecholac, Puebla, así como los testimonios y prueba confesional que de igual manera aportaron en el pleito natural, por lo cual el Juez del conocimiento resolvió bajo un criterio personal.
Asimismo, adujeron que en la sentencia entonces recurrida no se entró al estudio de la cuestión de fondo, pues el juzgador natural realizó deducciones particulares sin apego a la ley, resolviendo parcialmente respecto de las pruebas aportadas por la parte enjuiciada, en tanto que dicho estudio sí lo hizo de forma completa en favor de la actora, la que en ningún momento demostró la acción ejercida, motivos por los que solicitaron al tribunal de apelación reparara las omisiones apuntadas y analizara todos los medios de convicción ofrecidos por dichas inconformes.
Finalmente, manifestaron que resultaba desajustado a derecho que se les condenara al pago de los gastos y costas, toda vez que ello no era procedente dada la ilegalidad de la resolución otrora impugnada.
Pues bien, al dar contestación a los reseñados agravios la Sala del conocimiento sostuvo que eran fundados, para lo cual, primeramente, relató los antecedentes relativos a los hechos vertidos en la demanda de primera instancia y a los que le dieron contestación.
Acto seguido, indicó esa autoridad que el interdicto de recuperar la posesión se compone de tres elementos, los cuales son: a) Que quien lo ejerza haya tenido previamente la posesión jurídica o derivada del inmueble de cuya recuperación se trata; b) Que la parte demandada, por sí misma, sin orden judicial alguna, por vía de hechos violentos haya despojado a su contraparte de la heredad en cuestión; y, c) Que la acción se deduzca dentro del año siguiente a los eventos causantes de dicho despojo.
Partiendo de lo anterior, la Sala responsable sostuvo que son los dos primeros elementos mencionados sobre los que versa la controversia, pues el tercero se encontraba acreditado.
Enseguida esa autoridad de segundo grado se refirió a las consideraciones sostenidas por el Juez de primera instancia, en virtud de las cuales sostuvo que el primero de los elementos del interdicto de que se habla se encontraba satisfecho y justificado a través de la prueba aportada por la parte actora, consistente en las copias certificadas del juicio de usucapión número 34/94, radicado en el mismo juzgado natural, a pesar de las declaraciones de los testigos designados por las enjuiciadas, porque sus versiones no acreditaron que éstas hayan tenido la posesión del inmueble litigioso, además de que no evidenciaron ser las propietarias del mismo.
En este orden, la Sala del conocimiento también hizo referencia a los razonamientos judiciales contenidos en el fallo original, relativos al segundo de los elementos del interdicto en cuestión, en los que el Juez de los autos consideró que existía confesión expresa de las demandadas de que entraron en posesión del mismo predio reclamado por la parte actora, lo cual obtuvo de la séptima y décima segunda posiciones del pliego correspondiente; así como a lo sostenido por el Juez primario en el sentido de que no era óbice a lo anterior el instrumento notarial aportado por las ahora terceras perjudicadas como prueba de su parte, porque aun cuando las medidas y colindancias del inmueble objeto de la operación, consignada en dicho documento, no coincidían con las señaladas por la parte actora, ello no implicaba que no se tratara del mismo fundo sobre el que ... ambas de apellidos ... tomaron posesión, ya que, finalmente, existía confesión de éstas sobre el particular.
Inmediatamente después a tales consideraciones el tribunal del conocimiento indicó que apreciaba una contradicción en el fallo entonces revisado, porque según dicha autoridad, el Juez natural primeramente dijo que el inmueble descrito en el contrato privado de compraventa, de trece de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, protocolizado ante notario público, ofrecido como prueba de la parte demandada, no era el mismo que el reclamado por la actora interdictal; en tanto que, posteriormente, dicho Juez dio por cierto que sí existía identidad en tal predio.
Continuó el tribunal de alzada diciendo que una vez fijada la litis bajo los anteriores términos, debían calificarse fundados los agravios expuestos por las apelantes, y para ello no hizo otra cosa sino sostener (al igual que el Juez natural) que la diferencia entre las medidas y colindancias señaladas por la parte actora en su libelo inicial, y las asentadas en el instrumento notarial ofrecido por las ahora terceras perjudicadas como prueba de su parte, respecto del bien materia de la litis, no era una circunstancia que condujera a estimar que no existía identidad en el predio debatido; aunado a que de las declaraciones de los testigos ... las confesiones vertidas por las partes en el juicio; el resultado de la inspección judicial desahogada en dicho procedimiento original; y las fotografías del inmueble en cuestión; se obtenía que la heredad debatida se trataba precisamente de la misma cuya posesión, respectivamente, las partes defendían.
Ahora bien, a continuación el tribunal del conocimiento sostuvo textualmente: "Estando así las cosas, se llega a la convicción de que el primero y segundo de los elementos de la acción no están demostrados; ello es así, porque el juzgador desestimó de manera ilegal el contrato privado de compraventa celebrado el trece de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, en el que comparece por una parte el señor ... como vendedor, y por la otra la señora ... como compradora; esta última compra para su menor hija en ese entonces ... el predio materia del juicio; documento este que tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que no fue redargüido de falso; y que, además, fue debidamente este documento precisamente establece el derecho que tiene una de las demandadas y desvirtúa indudablemente el dicho de la actora en el sentido de que con fecha treinta de agosto del año dos mil uno, las señoras ... de apellidos ... se posesionaron del inmueble controvertido sin orden de autoridad alguna.".
Con base en tales aseveraciones la Sala ad quem dijo que, en la especie, no había duda de que las demandadas demostraron fehacientemente que ... es propietaria del inmueble perseguido por la actora y, por ello, tenía la posesión del mismo desde que era menor de edad, pues, inclusive, del documento respectivo (protocolización del contrato privado de compraventa ofrecido por las demandadas), se apreciaba que la progenitora de dicha persona lo adquirió en su favor, por lo que primeramente lo tuvo en posesión la compradora y, luego, al cumplir la mayoría de edad le fue entregado físicamente a título de dueña; de ahí que el interdicto intentado no podía prosperar. Invocó a continuación el tribunal responsable el criterio publicado bajo el rubro: "INTERDICTOS. ALCANCE DE LA TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL ESTUDIO DE LA PROPIEDAD EN LOS.".
Concluyó la Sala del conocimiento que del análisis de los títulos de propiedad exhibidos por las contendientes no se justificaba el primero de los elementos del interdicto intentado, pero que tampoco el segundo, toda vez que no lo acreditó la parte actora; agregando literalmente esa autoridad que: "... pues, incluso, debe decirse que los contendientes en el juicio tienen derechos sobre el inmueble, pero esos derechos no pueden en este juicio determinarse válidamente, sino que deben ser en el juicio correspondiente plenario de posesión o reivindicatorio cuando se determine la verdadera calidad de propietario y, por ende, de posesión.".
Por tanto, al estimar el tribunal de alzada que no quedaron probados los dos primeros elementos del interdicto de recuperar la posesión, revocó la resolución impugnada y absolvió a las demandadas del pago de las prestaciones que les fueron reclamadas.
En las relatadas condiciones, en primer lugar, debe decirse que salta a la vista que la Sala del conocimiento fue mucho más allá de lo efectivamente planteado en los agravios expresados por las hoy tercero perjudicadas en el recurso de apelación que interpusieron contra la sentencia pronunciada en el juicio natural, lo que se logra notar con claridad del análisis y confrontación de dichos motivos de inconformidad reseñados en párrafos precedentes, con las también relatadas consideraciones vertidas en el fallo reclamado.
Esto es, el tribunal de apelación no tuvo por qué advertir o pronunciarse respecto de la supuesta incongruencia o contradicción que, en su opinión, se desprende de la sentencia de primer grado; pero tampoco sobre el análisis de los elementos del interdicto de recuperar la posesión intentado por la hoy quejosa, sencillamente porque tal estudio no tiene como motivo la impugnación particular, o siquiera general, realizada por las entonces apelantes del fallo original, las cuales, según se advierte de los agravios a que se ha hecho referencia, efectivamente, y como lo señala la quejosa en el concepto de violación cuya sinopsis se realizó en el punto nueve de esta sección considerativa, se limitaron a establecer que la resolución pronunciada en el procedimiento natural no se apegaba a derecho, porque no fueron valoradas adecuadamente sus pruebas, lo cual de ninguna manera puede estimarse, ni en el más extremo de los casos, como una alegación suficiente del fallo recurrido que permitiera examinar los elementos sustantivos del interdicto de recuperar la posesión intentado en el procedimiento del que dimana el presente juicio de garantías.
Hace cita en esta sección, por analogía, la jurisprudencia número 3a./J. 9/92, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, tomo 54, junio de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y con el texto siguientes: "ACCIÓN. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS NO SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO. Si bien esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acción, cabe aclarar que el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, o sea, que en la segunda instancia sólo pueden examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos.".
Como quiera que sea, si la Sala responsable estimó que los motivos de inconformidad expresados por las entonces recurrentes de la sentencia de primera instancia sí plantearon bases suficientes para estudiar los elementos del interdicto de recuperar la posesión de que se trata, entonces se imponía que explicara cuáles son dichos agravios y porqué razón dan pauta a estudiar tales elementos, pues sólo así podría lograrse el suficiente sustento constitucional para realizar ese examen sustantivo.
Por ello, el señalado proceder de la Sala del conocimiento resulta violatorio del artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece: "La sentencia de segunda instancia sólo tomará en consideración los agravios expresados, sin que pueda fundarse en teoría o en doctrinas, que no hayan sido propuestas en los agravios o en su contestación, ni citadas en la sentencia recurrida."; apreciándose, por ende, una violación manifiesta de la ley que dejó inerme a la ahora promovente del amparo.
Consecuentemente, si como se ha visto y constatado la ad quem responsable abordó cuestiones ajenas a la materia de impugnación vertida por las ahora terceras perjudicadas en los agravios que formularon en el recurso de apelación del que deriva el presente asunto, es inconcuso que con ello esa autoridad desajustó su atención de la litis entablada en la segunda instancia, la que es de estricto derecho, por no actualizarse en el caso alguna de las hipótesis previstas en el diverso 509 del citado ordenamiento adjetivo civil para la entidad, transgrediendo de esa manera y de forma manifiesta la ley en claro perjuicio de las defensas de la hoy amparista.
En segundo lugar, no pasa inadvertido para este tribunal constitucional que la supuesta contradicción advertida por la Sala del conocimiento en la sentencia de primer grado, no existe. Esto es, la relativa a que, en un primer momento, el Juez natural señaló que no había identidad en el predio debatido, ello derivado de la diferencia entre las medidas y colindancias señaladas por la parte actora, con las asentadas en el instrumento notarial aportado por las demandadas, en tanto que después ese juzgador sostuvo lo contrario, es decir, que sí se trataba del mismo fundo.
Efectivamente, a lo que se refirió el mencionado Juez a quo es a que no obstante la diferencia anteriormente anotada, lo cierto es que no debía considerarse que el predio en disputa es distinto al reclamado por la actora, porque finalmente las demandadas confesaron que están en posesión del mismo fundo; lo que de ninguna manera se trata de una contradicción, como erróneamente lo planteó el tribunal responsable, sino de una apreciación realizada sobre las pruebas aportadas en el sumario dirigida a determinar la identidad inmobiliaria de la heredad cuya posesión se controvierte en el pleito original.
Lo cierto es que, de toda suerte, no existe tal contradicción porque no hay debate sobre ese punto, dado que desde el fallo inicial no se controvirtió ni puso en tela de duda que la heredad en litigio posesorio sea la misma que la perseguida por la hoy quejosa a través del incidente de recuperar la posesión ventilado en el procedimiento natural; por ello es que la apreciación de la Sala del conocimiento sobre la supuesta contradicción en que incurrió el Juez natural, independientemente de ser un pronunciamiento fuera de la litis planteada en segundo grado, es incorrecta.
En otro aspecto, también dicha promovente del juicio de garantías indica que, en la especie, el tribunal de alzada no debió confrontar los títulos de propiedad exhibidos, respectivamente, por las contendientes en relación con el bien en debate, puesto que tal análisis, en todo caso, sería materia de una diversa contienda.
Dichas manifestaciones de la amparista son fundadas. Así se sostiene porque, por un lado, destaca que lo que sí es contradictorio es que en una parte del fallo reclamado la Sala del conocimiento precise que el derecho de propiedad que cada una de las partes aduce tener sobre el inmueble litigioso, no puede ventilarse válidamente en el interdicto de recuperar la posesión, sino en todo caso en el juicio plenario de posesión o en el reivindicatorio en el que se determine la verdadera calidad de propietaria y poseedora o poseedoras legítimas del bien en litigio y, no obstante lo anterior, en otra sección de la referida sentencia esa autoridad categóricamente afirme que ... es propietaria del inmueble cuya posesión se le reclama, porque desde que era menor de edad lo poseía, ya que la madre de ésta lo adquirió en su favor, según se desprende del título presentado por las demandadas; y de tal declaración partiera el tribunal ad quem para concluir que el mencionado interdicto posesorio no puede prosperar.
En este contexto, es patente la contradicción en las indicadas consideraciones sostenidas por la Sala ad quem, lo cual, desde luego, también ubica en estado de indefensión manifiesta a la ahora quejosa.
Empero, por lo que ve al fondo de la cuestión impugnada en los conceptos de violación cuyo examen se realiza, debe decirse que le asiste razón a la quejosa porque, en efecto, acorde a lo sostenido reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el interdicto de recuperar la posesión no se debe realizar el estudio sobre la validez, invalidez, mejor o peor calidad de los títulos de propiedad que los contendientes, respectivamente, ostenten en relación con el bien cuya posesión interina discuten; ya que ello incuestionablemente corresponde a la materia, según sea el caso, del juicio plenario de posesión o del reivindicatorio, toda vez que en el interdicto de que se habla lo único que se ventila es el derecho del actor frente al del demandado de poseer provisional o interinamente la heredad materia de la litis.
Cabe la cita aquí de las siguientes tesis publicadas todas en el Semanario Judicial de la Federación, emitidas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubros y respectivos contenidos a continuación se precisan:
Página 531, Tomo CXXXI, Quinta Época: "INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN, NATURALEZA DEL. En el interdicto de recuperar la posesión que versa sobre una posesión provisional, no se prejuzga sobre la propiedad o mejor posición, ni procede comparar los títulos de las partes, lo que debe ser objeto de juicio reivindicatorio o plenario de posesión.".
Página 109, Volumen CXVIII, Cuarta Parte, Sexta Época: "INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN Y ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. DIFERENCIA. El mejor derecho para poseer un inmueble o la propiedad del mismo son elementos de la acción plenaria de posesión, pero ajenos al interdicto de recuperar, el cual sólo protege la posesión provisional, en cuya razón resultan inoperantes las pruebas tendientes a acreditar hechos relacionados con las acciones publiciana o plenaria de posesión y la reivindicatoria, cuando se trata de resolver sobre un interdicto de recuperar la posesión.".
Página 125, Volumen LXII, Cuarta Parte, Sexta Época: "INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN, PRUEBA DE LA PROPIEDAD EN EL. En los interdictos no se deben resolver cuestiones de propiedad y de posesión definitiva, ni se pueden admitir y mucho menos examinar, pruebas que versen sobre la propiedad del inmueble objeto del interdicto.".
Página 125, Volumen LXII, Cuarta Parte, Sexta Época: "INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN, PRUEBA DE LA PROPIEDAD EN EL. Los interdictos tienen por objeto proteger la posesión provisional o interina, mientras que la posesión definitiva está protegida por la acción publiciana o plenaria de posesión y por la acción reivindicatoria, y, en algunos casos, mediante la acción de nulidad respecto del título espurio o afectado de ineficacia jurídica, para que como consecuencia de la nulidad proceda la restitución de la cosa.".
Página 75, Volumen 42, Cuarta Parte, Séptima Época: "INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN, VALOR PROBATORIO DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD, PRESENTADOS EN EL. Uno de los fines de los interdictos para mantener o recuperar la posesión es evitar la justicia privada y en ellos sólo se juzga sobre la posesión interina; de suerte que cualquiera que sea el sentido de la sentencia se entenderá siempre sin perjuicio de las acciones de dominio o de aquellas encaminadas a lograr la posesión definitiva; por ende, los títulos presentados para probar la propiedad no deben ser tomados en cuenta, sino como presunciones de la posesión que protegen los inte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17652-c65e4acd/interdictos-naturaleza-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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