VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, DEBE HACERSE CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA FECHA EN QUE DICHA NOTIFICACIÓN SE REALICE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al fallar el amparo directo 93/2001, promovido por Dulcería y Sorbetería Colón, Sociedad Anónima de Capital Variable, el veintiséis de septiembre de dos mil uno, en lo que interesa a la presente contradicción de tesis, sostuvo lo siguiente:
"... A diferencia de lo anterior, el siguiente concepto de violación es parcialmente fundado y suficiente para conceder a la impetrante de garantías Dulcería y Sorbetería Colón, Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal que instara contra la sentencia en esta vía reclamada, dictada por la Sala Regional Peninsular del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"En efecto, primeramente es menester aclarar que el concepto de violación que nos ocupa se orienta, en realidad, contra lo razonado en el séptimo considerando de la sentencia reclamada, y no como erróneamente se menciona, contra lo expuesto en el considerando segundo; hecha la salvedad de que esta aclaración en nada fractura el equilibrio e igualdad procesal que siempre debe existir entre las partes, pues a pesar de la desafortunada expresión, sin embargo, no existe duda sobre cuál considerando se enderezaron los argumentos.
"Ahora bien, en el asunto concreto se observa que la estructura toral de defensa se hace descansar en el hecho de que el acto reclamado es violatorio de lo previsto en los artículos 46-A, en relación con los diversos 38, fracción III y 46, fracciones I y IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 133 constitucional; para demostrarlo se expone un primer argumento que se considera fundado, en el cual se pone de relieve que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46, fracciones I y IV, de la legislación tributaria aludida, se desprende que en toda visita se levantará acta circunstanciada, pero sin distinguir qué actos se deben circunstanciar y cuáles no; por tanto, concluye que, con total independencia de los motivos y fundamentos en que se pudiera sustentar la ampliación del plazo de visita, la notificación respectiva debe ineludiblemente circunstanciarse; esto, sin perjuicio de que el oficio se haga derivar de lo establecido en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, toda vez que ese acto autoritario se emite dentro de la visita domiciliaria y, en tal virtud, son aplicables las formalidades establecidas en el precitado artículo 46, fracciones I y IV, del Código Fiscal de la Federación.
"Para comprender por qué se afirma que asiste razón a la titular de la acción constitucional, se hace necesario recordar el contenido de los diversos preceptos vinculados con una orden de visita, contenidos en el Código Fiscal de la Federación vigente en la época en que sucedieron los hechos, que en el caso concreto fue la iniciada el dos de junio de mil novecientos noventa y ocho.
"Así se obtiene, sin duda, que en el numeral 42 del Código Fiscal de la Federación se faculta a las autoridades fiscales, entre otros supuestos, a practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, o bien, para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este código; todo esto con la finalidad de comprobar que han cumplido con las correspondientes disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales; en el entendido de que las referidas autoridades podrán ejercer tales facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, contemplando que las facultades en comento inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.
"Por su parte, cabe destacar que en el diverso 43 de la misma legislación tributaria se previene que en la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 del código en comento, se deberá indicar: El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado; el nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado; y las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente.
"Por su parte, el aludido ordinal 38 de la legislación impositiva expresa:
"‘Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: I. Constar por escrito. II. Señalar la autoridad que lo emite. III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad.’
"Seguidamente tenemos que en el siguiente artículo 45 de la ley fiscal que nos ocupa, se contienen las obligaciones a cargo del visitado, tales como permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de los que los visitadores podrán obtener copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas y anexadas a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. Asimismo, previene que los visitadores también podrán obtener copias similares a las arriba aludidas para ser cotejadas con sus originales, aun cuando por las circunstancias que acontezcan en cada caso particular exista alguna dificultad para ello, esto es, los casos enumerados en las fracciones de la I a la IX del artículo que se comenta y, en este caso, deberá levantarse acta parcial que deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 de este código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final con las formalidades a que se refiere el citado artículo. Igualmente contempla la posibilidad de que cuando los visitadores obtengan copias de sólo parte de la contabilidad, también se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado, sin que en ningún caso las autoridades fiscales puedan recoger la contabilidad del visitado.
"Ahora, en cuanto a las formalidades que deben observarse durante el desarrollo de una visita fiscal, tenemos que el numeral 46 del Código Fiscal de la Federación señala las siguientes reglas:
"‘I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este código. III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Para efectos de esta fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad. Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir cuando menos tres meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de dos meses a solicitud del contribuyente. Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición competitiva de dichos terceros. La designación de representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la información confidencial a que se refiere este párrafo. Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución en la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designó. Los representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y sustitución. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes. Los representantes designados por el contribuyente en los términos de esta fracción, serán responsables hasta por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se presentó el escrito de designación, de la divulgación, uso personal o indebido que hagan de la información confidencial a la que tuvieron acceso con motivo de su encargo, siendo en este caso solidariamente responsable el contribuyente que los designó, cuando dicho contribuyente utilice indebidamente la información confidencial en su beneficio o la divulgue, afectando la posición competitiva de terceros independientes. El contribuyente será responsable en los términos de este párrafo, por la información que haya obtenido directamente. La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a información confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al contribuyente de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la divulgación, uso personal o indebido, que hagan de dicha información confidencial. V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita. VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma. VII. Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente.’
"Asimismo, tenemos que el diferente numeral 46-A de la ley tributaria impone a las autoridades fiscales la obligación de:
"Concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos, que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses; y,
"Que el plazo en cuestión comenzará a contarse a partir del momento en que se notifique al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación.
"Asimismo, establece como excepción a lo anterior cuando involucre a:
"‘... contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 58, fracción XIV, 64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México, por el o los ejercicios sujetos a revisión; a los integrantes del sistema financiero, así como a los que en esos mismos ejercicios consoliden para efectos fiscales, de conformidad con el título II, capítulo IV de la citada ley, por lo que en el caso de visita o revisión a los mismos, las autoridades fiscales podrán continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación sin sujetarse a la limitación antes señalada. ...’
"Pero al margen de esta circunstancia, se estipula que el plazo antes referido podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones, de acuerdo con lo siguiente:
"1. Que se notifique por oficio.
"2. Que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido, en la primera ocasión, por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o revisión; y,
"3. En la segunda, por el superior jerárquico de la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la citada visita o revisión.
"Previéndose aquí, como excepción, el caso de que el contribuyente durante el desarrollo de la visita domiciliaria o de la revisión de la contabilidad cambie de domicilio fiscal, supuesto en el que serán las autoridades fiscales que correspondan a su nuevo domicilio las que expedirán, en su caso, los oficios de las prórrogas correspondientes. En su caso, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta que transcurra el término a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 de este código.
"De igual forma establece que si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, o las prórrogas que procedan de conformidad con el párrafo anterior, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva en los mismos.
"Por último, impone como sanción a las autoridades que no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.
"Adicionalmente, cabe acotar que en el artículo 47 de la legislación que nos ocupa, se establece la posibilidad de que las autoridades fiscales puedan concluir anticipadamente la visita domiciliaria, lo que sucederá:
"‘I. Cuando el visitado antes del inicio de la visita hubiere presentado aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestando su deseo de optar por presentar sus estados financieros dictaminados por contador público autorizado, a que se refiere el artículo 32-A, antepenúltimo párrafo de este código, siempre que dicho aviso se haya presentado en el plazo y cumpliendo los requisitos, que al efecto señale el reglamento de dicho código. II. En los casos a que se refiere el artículo 58 de este código. En el caso de conclusión anticipada a que se refiere la fracción I de este artículo se deberá levantar acta en la que se señale esta situación.’
"Conceptualizando todo lo expuesto, puede afirmarse lo siguiente:
"a) Que la autoridad fiscal se encuentra facultada para practicar visitas en el domicilio de los contribuyentes para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
"b) Que esas facultades de comprobación inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.
"c) Que la orden de visita deberá constar por escrito; señalar la autoridad que la emite; encontrarse fundada y motivada; ostentar la firma del funcionario competente; el nombre de la persona a quien va dirigido, y de ignorarse esto último, señalar datos suficientes para su identificación; el lugar o lugares donde debe efectuarse; cuando se aumenten los lugares a visitar deberá notificarse al visitado; el nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente, y que esto se deberá notificar al visitado; y, que las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente.
"d) Que el contribuyente tiene la obligación de permitir el acceso a los visitadores al lugar o lugares de las mismas, proporcionar la documentación que le sea requerida, así como los libros de contabilidad, sin que en ningún caso las autoridades fiscales puedan recoger la contabilidad del visitado.
"e) Que de toda visita se levantarán actas circunstanciadas, parciales o complementarias, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de los que se tenga conocimiento durante el desarrollo de la visita; y, cuando en el desarrollo se conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, se consignará en forma circunstanciada en actas parciales; a más de que, en la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia; y, que se entenderá que las actas parciales forman parte integrante del acta final de visita, aunque no se señale expresamente de esa manera.
"f) Que la visita no excederá del término de seis meses; que el plazo en cuestión comienza a contarse a partir del momento en que se notifica al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación.
"g) No obstante el límite anterior, el plazo aludido podrá ampliarse hasta en dos ocasiones, siempre que se notifique por oficio; que cuando se trate de la primera prórroga, el oficio de mérito deberá ser expedido por la misma autoridad que ordenó la visita; y, en segunda ocasión, por el superior jerárquico de la autoridad que ordenó la citada visita; y cuando la autoridad visitadora no levante el acta final de visita o no notifique el oficio de observaciones, o en su caso el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.
"h) Que, incluso, existe la posibilidad de que las autoridades fiscales puedan concluir anticipadamente la visita domiciliaria, y cuando esto suceda se deberá levantar acta en la que se señale tal circunstancia.
"De lo hasta ahora visto puede afirmarse que el procedimiento inherente a la visita domiciliaria de carácter fiscal no se enmarca en un precepto concreto y específico, sino dentro del conjunto de normas que regulan los diferentes supuestos que la conforman, creando condiciones, previendo circunstancias particulares, señalando límites y estableciendo consecuencias, en otras palabras, su verdadero alcance sólo puede hallarse en el análisis sistemático de los diferentes artículos en que descansa la existencia misma de ese fenómeno jurídico.
"Asimismo, es dable recordar que la visita domiciliaria encuentra su génesis en el ordinal 16 del Catálogo Fundamental de la nación, que recoge la mínimas garantías individuales, cuando, en lo que interesa, dice:
"‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ... En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. ... La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.’
"En este orden de ideas, es posible afirmar que la visita domiciliaria de carácter fiscal es homologable a una orden de cateo, donde ésta se entiende como la autorización constitucional que permite a la autoridad irrumpir excepcionalmente en la esfera conceptual de derechos del gobernado; sin embargo, como toda excepción se encuentra limitada a condiciones específicas en cuanto a su prolongación en el tiempo, espacio y forma, de ahí que deba exigirse estrictamente su observancia, porque de lo contrario sería una excepción sin razón.
"Ahora bien, al concatenar la regulación que debe atenderse al practicarse una visita domiciliaria en función a su origen que, como ya se relató, su comprensión se halla en el examen correlacionado de las normas que lo integran, tenemos que en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, la visita domiciliaria motivo de análisis se encuentra limitada a seis meses de duración, con la posibilidad ampliatoria de seis meses más, e incluso con la adición de otro plazo igual.
"Partiendo de lo anterior, tenemos que antes de concluir el término natural previsto puede la autoridad fiscal que emitió inicialmente la orden de visita, mediante oficio, justificando la razones para ello, disponer una primera ampliación, más aún, también mediante oficio es posible otorgar una segunda ampliación, también justificando esa medida pero por el superior jerárquico de la autoridad que la emitiera en un principio.
"Así dispuestas las cosas, desde la percepción jurídica es posible comprender que computando desde su inicio la visita domiciliaria, ésta siempre se encontrará dentro del límite de los seis meses a que se contrae el ordinal 46-A del Código Fiscal de la Federación, no obstante que se requiera el término de ampliación en una y hasta en otra diversa ocasión; la condición estriba en que se justifique la necesidad de esa medida y se cumpla con las formalidades del caso, esto es, que medie oficio donde la autoridad así lo disponga y que la ampliación se comprenda en acta circunstanciada.
"Se afirma lo anterior, porque existiendo un límite original de seis meses, prorrogable hasta en dos ocasiones por un plazo igual, denota continuidad en la secuencia iniciada, cuyo enlace surge precisamente con el oficio ampliatorio, sin embargo, éste, por sí mismo, no establece el nexo que se necesita, pues se trata de un documento que se emite por separado, que aun cuando se refiere a la misma orden de visita, pero ahora prorrogada, tal ampliación sólo puede considerarse concretizada cuando se refleja circunstanciadamente en el acta relativa. Esto es así, porque de no existir este puente de unión entre un plazo y otro, significaría la ruptura de la continuidad procesal que debe existir en la realización de la de visita, pues no debe pasar inadvertido que como todo acto de autoridad que bajo circunstancias perfectamente establecidas irrumpe de manera excepcional la esfera jurídica del gobernado, debe comprobarse por sí mismo sin necesidad de recurrir a elementos externos, como lo sería el oficio ampliatorio, que aun comprobando su existencia física, su falta de vinculación inmediata y directa con el acta circunstanciada lo hace cuestionable.
"Además, no debe perderse de vista que de acuerdo con el contenido de los diferentes numerales que involucran una orden de visita, se advierte que pueden ser varios y diferentes los motivos que den lugar a su consignación en el acta circunstanciada y no necesariamente hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de obligaciones fiscales, pues también se refiere a circunstancias de carácter concreto de las que se tenga conocimiento durante el desarrollo de la visita; por tanto, si el oficio ampliatorio es emitido por la autoridad que inicialmente la dispuso, resulta evidente que se trata de un evento de carácter concreto del que se tiene conocimiento durante la realización de la visita en cuestión, y que hasta antes de su emisión le era desconocido al visitado y a los visitadores, no obstante que estos últimos se hallen vinculados a la autoridad emisora de la cual dependen, pues esa decisión siempre será de esta última, y a aquéllos sólo corresponde acatarla. Lo así expuesto lleva a reiterar que la ampliación dispuesta por la autoridad que originalmente ordenó la visita debe consignarse en acta circunstanciada, porque sólo de esta manera es entendible y comprobable, ante la falta de un acta final, en un periodo de seis meses, con las consecuencias que ello acarrea, que no hubo interrupción y sí, por el contrario, la continuidad procedimental necesaria entre un plazo y o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17631-0611e13a/visita-domiciliaria-la-notificacion-de-la-ampliacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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