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Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AUNQUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL EMITIR SUS ACTOS, SÍ DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS EN LAS QUE, CON BASE EN AQUÉLLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE SU NULIDAD. JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA SI EL JUICIO DE NULIDAD ES IMPROCEDENTE. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY PUEDE TENER APLICACIÓN A CASOS SIMILARES A LOS QUE MOTIVARON SU EMISIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS GENERALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18300
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 615.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió la revisión fiscal 165/2004, interpuesta por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, relacionada con el amparo directo 234/2002, promovido por Tubacero, Sociedad Anónima de Capital Variable, con base en las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Los agravios vertidos por la autoridad recurrente, los cuales se estudian en su conjunto por su estrecha relación, son ineficaces.

"En el primer agravio aduce la recurrente que la a quo aplica indebidamente en la sentencia recurrida una jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, el cual le impide pronunciarse respecto a los razonamientos que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar la inconstitucionalidad de dicho precepto legal, pues conforme a este precepto constitucional, sólo el Poder Judicial Federal puede conocer de la constitucionalidad de leyes.

"Que con ello la Sala a quo le otorga indebidamente a la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país, un carácter derogatorio de la ley, llevando a cabo una invasión de esferas competenciales y una violación al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de amparo, ya que le ordena a la recurrente ignorar dicha disposición legal y emitir una resolución en la que se le autorice a la actora la deducción de las deudas contraídas con el sistema financiero, en virtud de la citada jurisprudencia, no obstante que el referido precepto legal que establece lo contrario sigue vigente, pues no ha sido derogado.

"Que la a quo no puede aplicar la jurisprudencia que ha declarado inconstitucional el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, en virtud de que dicha jurisprudencia no interpreta la ley desde un plano de legalidad, en el cual la Sala a quo sí tiene competencia, sino que la interpretación que hace la Corte se constriñe a verificar si dicho precepto legal es inconstitucional o no.

"Que por ello, la obligatoriedad impuesta por el artículo 192 de la Ley de Amparo de acatar la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, está condicionada a que de conformidad con las leyes, el órgano jurisdiccional se encuentre revestido de facultades para pronunciarse sobre la misma materia o tema a que se refiere dicha jurisprudencia, siendo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el proceso ordinario en vía de excepción, sólo debe limitarse a resolver la legalidad de la resolución ante él controvertida, aun en el evento de que exista jurisprudencia que haya declarado la inconstitucionalidad de los preceptos relativos, porque de hacerlo invade facultades exclusivas del Poder Judicial de la Federación, pues en vía de acción es el juicio de amparo la única vía reconocida por nuestra legislación para controvertir la inconstitucionalidad de leyes.

"En su segundo agravio la recurrente argumenta que en el supuesto, sin conceder, de que conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo la a quo tuviera facultades para aplicar la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una disposición legal, debió cerciorarse de que el acto combatido ante ella se trataba del primer acto de aplicación y de que se cumplían los demás presupuestos procesales que se requieren para la procedencia del juicio de amparo, como lo es el relacionado con la oportunidad de impugnar la inconstitucionalidad de una ley, los cuales quedarían borrados por la simplicidad de la aplicación del artículo 192, sin ver más allá del mismo, pues de aplicarse este artículo la consecuencia jurídica recaída a actos que ya han sido previamente consentidos, se desconocería en forma velada, estableciendo así una nueva oportunidad para impugnarlos a través del juicio de nulidad, oportunidad que no está contemplada ni en nuestra Carta Magna ni en la propia Ley de Amparo, eludiéndose de esa manera, mediante vía de nulidad, lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.

"Que, en la especie, al haber pagado la actora el impuesto al activo por el ejercicio de mil novecientos noventa y seis sin deducir del valor de su activo las deudas contraídas con el sistema financiero, tal como lo dispone el artículo 5o. de la ley de la materia, aplicó en sus términos dicha disposición legal, configurándose así el primer acto de aplicación, y siendo que en su contra la actora no interpuso en su oportunidad medio de defensa alguno, consecuentemente, afirma la recurrente, estamos en presencia de un acto consentido por el que la Sala a quo debió aplicar lo dispuesto por el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que establece que son improcedentes los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de actos que conforme a las leyes, como lo es la Ley de Amparo, se configuren consentidos, ya que, en la especie, si el particular en lugar de haber acudido a dicho tribunal para pedir que le apliquen la jurisprudencia hubiera acudido ante un Juez de Distrito, indudablemente, según la recurrente, éste sobreseería el juicio de amparo por tratarse de actos consentidos.

"En su tercer agravio, la recurrente aduce que de acuerdo con el artículo 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación debía atenerse únicamente a lo dispuesto por las leyes, sin que le obligue la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, y al no haber sido derogada o abrogada la disposición fiscal contenida en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo por la jurisprudencia de la Corte que la declara inconstitucional, pues ello sólo lo puede hacer el Congreso de la Unión, entonces continúa vigente y, por tanto, es facultad y obligación de la autoridad administrativa seguir aplicándola, máxime que la jurisprudencia del Poder Judicial Federal no le obliga.

"Que en ese orden de ideas, no se puede concluir como lo hace la a quo, que una resolución es ilegal cuando la recurrente lo único que hizo fue aplicar al caso concreto lo dispuesto por el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo que se encuentra vigente, toda vez que mientras la ley no sea abrogada o derogada por los órganos competentes, las autoridades del país se encuentran obligadas a aplicarla en términos de lo dispuesto por el artículo 9o. del Código Civil.

"Ahora bien, de la sentencia reclamada se advierte que en relación con los argumentos de la recurrente en los términos de los agravios vertidos en el presente recurso de revisión, sintetizados en los párrafos que anteceden, también expuestos en su contestación de demanda, la Sala a quo los estimó irrelevantes, bajo la premisa de que si bien los aspectos de constitucionalidad deben ser dirimidos y resueltos en la vía de amparo, lo cierto es que a la Sala Fiscal nada le impide pronunciarse sobre la validez de un razonamiento específico cuando tal planteamiento se apoya en una tesis de jurisprudencia exactamente aplicable a la hipótesis planteada por la actora, por lo que emite el fallo reclamado ajustándose a los términos de la jurisprudencia que declaró inconstitucional el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo en su segundo párrafo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo.

"En razón de lo anterior, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada dejara insubsistente ésta y emitiera otra debidamente fundada y motivada, en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en la sentencia reclamada, se resuelva que las deudas contraídas por la actora con el sistema financiero o con su intermediación, son deducibles para efecto del valor del activo con el que cuenta la empresa en el ejercicio de 1996 y, en su caso, se proceda a devolver la cantidad que en su oportunidad solicitó la ahora impetrante, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

"El primer agravio es ineficaz porque si bien es cierto que conforme al artículo 103 constitucional los tribunales de la Federación son los competentes para resolver sobre toda controversia que se suscite por inconstitucionalidad de leyes, también lo es que en el presente caso, ha sido precisamente el Poder Judicial el que se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo en conflicto.

"El segundo agravio también es ineficaz, toda vez que en el caso no se trata de la impugnación de una ley considerada inconstitucional, por lo que era irrelevante el que se verificara que el acto combatido fuera el primer acto de aplicación, toda vez que la sentencia recurrida no fue emitida en un juicio de amparo contra leyes, sino en un juicio de nulidad con el que se ventiló la legalidad del oficio recaído a una solicitud de devolución de impuestos, en donde se adujo la aplicación de un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Ahora bien, para una mejor precisión en este fallo, en relación con el tercer agravio, es conveniente traer a transcripción el artículo 192 de la Ley de Amparo que a la letra establece:

"‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

"‘Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas.

"‘También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.’

"De la transcripción que antecede, se advierte que le asiste la razón a la recurrente en cuanto a que en la resolución impugnada debía aplicar la disposición legal declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es cierto que conforme a dicho numeral no estaba obligada, como autoridad fiscal, a aplicar la jurisprudencia que hizo tal declaración.

"En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que las autoridades administrativas no están obligadas a aplicar la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes al cumplir con la garantía de fundar y motivar sus actos, dado que conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de amparo, la jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particulares.

"Así es, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la jurisprudencia 38/2002, aprobada en su sesión privada del tres de mayo de dos mil dos, que al tenor literal dice:

"‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS. La obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la jurisprudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales.’

"Sin embargo, la Sala Fiscal sí estaba obligada a aplicarla por exigírselo así el artículo de la Ley de Amparo de referencia, sin que de su texto se advierta excepción alguna para dicha aplicación.

"De ahí que los agravios a estudio resultan ser ineficaces, ya que de manera medular, todos ellos conllevan a combatir la aplicación que hizo la Sala Fiscal respecto de la jurisprudencia por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, estableciendo condiciones para su aplicabilidad, las cuales no se encuentran previstas en el referido artículo 192 de la Ley de Amparo.

"Por tanto, debe decirse que la actuación de la Sala responsable deviene apegada a derecho, habida cuenta de que si bien es cierto que a la demandada no le obliga la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, en cambio sí es obligatoria para los tribunales administrativos federales como lo es la Sala responsable, tal como lo dispone expresamente el artículo 192 de la Ley de Amparo.

"Atendiendo a las relatadas condiciones, el recurso de revisión es infundado.

"Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal y 248 del Código Fiscal de la Federación.

"ÚNICO. Es procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal.

"Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el amparo directo 323/2003, promovido por Frugosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, el once de septiembre de dos mil tres, en lo que interesa a la presente contradicción de tesis, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. En el concepto de violación aducido, por una parte, se sostiene que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, consagradas por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como de lo dispuesto por los artículos 237, 238 y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y del artículo 192 de la Ley de Amparo, porque en la sentencia no se resolvió correctamente la cuestión efectivamente planteada en el juicio de nulidad y se apartó de lo establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Que en la sentencia reclamada se violaron los principios de congruencia y exhaustividad, al sostenerse que la demandante consintió la aplicación de la ley por no haber acudido al amparo; que la demandante no podía solicitar la devolución de las cantidades enteradas indebidamente por concepto de tenencia o uso de vehículos en los años de mil novecientos noventa y siete a dos mil, porque en ese periodo la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no había declarado inconstitucional la indicada contribución.

"Además, porque en la sentencia reclamada se sostiene que la Sala responsable sólo está obligada a acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los actos de aplicación hayan sido posteriores a la formación de la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad de los preceptos legales que establecían el impuesto pagado indebidamente, pues la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede tener efectos retroactivos respecto de actos de aplicación consentidos.

"Agrega que mediante las consideraciones señaladas, la Sala Fiscal responsable mejoró los fundamentos y motivos expuestos por la autoridad demandada en la resolución impugnada y en la contestación de la demanda.

"Manifiesta que en la sentencia reclamada no se atendió a que el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de la Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de fundar en derecho sus resoluciones y resolver la litis planteada con base en la pretensión del actor y en relación con la resolución impugnada, sin cambiar los hechos y fundamentos expuestos en la demanda y su contestación, lo cual, agrega, significa que el juicio de nulidad no puede ser un medio a través del cual se puedan mejorar los fundamentos expuestos en la resolución impugnada, sino que las Salas del Tribunal Fiscal deban limitarse a resolver la cuestión planteada por las partes, con la facultad de invocar hechos notorios pero sin cambiar los fundamentos y motivos expuestos en la resolución impugnada.

"Aduce que la ilegalidad de la sentencia reclamada se advierte en cuanto a que la autoridad demandada, al contestar la demanda, no sostuvo como fundamento de su negativa ficta, que la devolución de las cantidades solicitadas era improcedente, porque el pago realizado por concepto de impuesto de tenencia o uso de vehículos había sido anterior a la formación de la jurisprudencia mediante la cual el Poder Judicial de la Federación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 8o., fracción III y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; que tampoco la autoridad demandada sostuvo que la jurisprudencia en que la demandante apoyó su solicitud, no podía tener efectos retroactivos.

"Son infundados los argumentos aducidos por la quejosa, conforme a las siguientes consideraciones.

"En efecto, es cierto que la Sala responsable, en la sentencia reclamada, para declarar la validez de la resolución negativa ficta impugnada y, por consiguiente, considerar improcedente la solicitud de devolución del impuesto efectuada por la demandante, sostuvo toralmente que la devolución no era procedente porque las tesis de jurisprudencia en las que la demandante apoyó su solicitud fueron aprobadas en sesiones de diez de noviembre de dos mil y diecisiete de abril de dos mil uno, siendo que los pagos se referían a ejercicios anteriores a la emisión de dichas tesis, por lo cual la devolución sólo sería factible si los actos de aplicación hubieren sido posteriores a la formación de las tesis de jurisprudencia, ya que al oponerse las disposiciones citadas a la Constitución Federal, dichas tesis no podían tener efectos retroactivos respecto de actos de aplicación que fueron consentidos.

"Asimismo, consideró la Sala responsable que en relación con el impuesto pagado por el ejercicio de dos mil uno, la devolución era improcedente, ya que la demandante estuvo en posibilidad de impugnarlo mediante el juicio de amparo al tratarse de una ley heteroaplicativa, pues al no hacerlo consintió su aplicación.

"Esto es, que la autoridad demandada no apoyó la resolución impugnada en que la devolución del impuesto solicitado por la demandante no era procedente, porque los enteros fueron realizados en fechas anteriores a las fechas en que se emitieron las tesis de jurisprudencia que declararon la inconstitucionalidad de los preceptos legales que determinaron tal impuesto, ni que tal devolución sólo pudo haber sido factible en el supuesto de que los actos de aplicación hayan sido posteriores a la formación de los criterios de jurisprudencia.

"Que tampoco la demandada consideró la improcedencia de la devolución del impuesto en que las tesis de jurisprudencia que fueron invocadas por la contribuyente no podían ser aplicadas por no tener efectos retroactivos, ni que era improcedente la devolución respecto del pago del impuesto cubierto por el ejercicio de dos mil uno, porque la demandante estuvo en aptitud de impugnarlo mediante el juicio de amparo por tratarse de una ley heteroaplicativa y que al no haber agotado esa instancia la demandante consintió su aplicación.

"Sin embargo, no es exacto que mediante las citadas consideraciones en que la Sala responsable sustentó la validez de la resolución impugnada, haya introducido cuestiones que no formaron parte de la litis en los términos planteados por las partes, o que la Sala responsable haya mejorado el fundamento y motivo de dicha resolución.

"Lo anterior es así, porque como se consideró en la sentencia reclamada, la misma demandante al ampliar la demanda de nulidad, introdujo a la litis en el juicio las cuestiones que motivaron las consideraciones vertidas por la Sala responsable, ya que al respecto, de manera principal, la demandante aludió a su solicitud ante la autoridad demandada sobre la devolución de las cantidades enteradas por concepto de tenencia o uso de vehículos por los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y siete a dos mil uno, por estimar que lo dispuesto por el artículo 15-B en vigor en los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y siete a mil novecientos noventa y nueve, así como el artículo 8o., fracción III, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, resultaban inconstitucionales por haberse declarado en tal sentido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual adujo que las tesis de jurisprudencia eran de observancia obligatoria para la Sala Fiscal responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, los pagos efectuados conforme al sistema contemplado en las disposiciones legales declaradas inconstitucionales, tenían el carácter de pagos de lo indebido, susceptibles de ser devueltos.

"Por tanto, si como se advierte las consideraciones de la Sala responsable en la sentencia reclamada se emitieron en relación con la pretendida ilegalidad de la resolución impugnada que consideró improcedente su solicitud sobre devolución de las cantidades pagadas por concepto del impuesto sobre tenencia de vehículos, cuestión acerca de la cual versó lo considerado en la sentencia reclamada, lo manifestado por el quejoso resulta infundado.

"Por otra parte, sostiene la quejosa en el concepto de violación vertido, que la sentencia reclamada le causa agravios porque la Sala responsable de manera injustificada no acató las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 8o., fracción III y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no obstante estar obligada a ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 38/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro de ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.’.

"Agrega que la Sala responsable debió acatar lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque esta disposición no señala que en la aplicación de un criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la Federación, exista alguna condicionante o restricción para que se pueda aplicar la jurisprudencia aplicable al caso.

"Manifiesta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal se prohíbe únicamente la aplicación retroactiva de las leyes, mas no la aplicación de las ejecutorias o de la jurisprudencia a casos que tuvieron realización bajo la existencia de una ley declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación.

"Es infundado lo aducido por la quejosa, ya que si bien es cierto que el artículo 16 constitucional establece la obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos, consistente en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, ello no implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación.

"Lo anterior, debido a que la jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo establecen con precisión que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales.

"Lo anterior implica que si se obligara a la Sala Fiscal responsable a aplicar la jurisprudencia que pretende la quejosa, sería tanto como obligar a la autoridad administrativa demandada a someterse a dicha jurisprudencia en contravención a lo dispuesto por los expresados preceptos, en cuanto disponen que la jurisprudencia sólo obliga a los órganos jurisdiccionales, sin que esa obligación, por consiguiente, comprenda a las autoridades administrativas cuando se está ante el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación previstos por el artículo 16 de la Constitución Federal.

"Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 38/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de mayo de dos mil dos, consultable en la página 175, Tomo XV, mayo de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:

"‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS. La obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la jurisprudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales.’

"Bajo ese orden de ideas, si la Sala Fiscal del conocimiento, al declarar la validez de la resolución impugnada, consideró inaplicable la tesis de jurisprudencia del rubro: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.’, resulta evidente que tal determinación resulta ajustada a derecho, pues como se ha visto, la jurisprudencia que emiten los tribunales del Poder Judicial de la Federación, por no ser una norma general y por consiguiente sólo se aplica a casos particulares conforme al principio de relatividad de la sentencia que rige el juicio de garantías, por tanto, no se contravino el artículo 192 de la Ley de Amparo.

"En las relacionadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

"Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión fiscal número 87/2003, interpuesto por la administradora local Jurídica de Naucalpan, en el Estado de México, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, por unanimidad de votos, en sesión de tres de ju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18300-0e4592bf/jurisprudencia-sobre-inconstitucionalidad-de-leyes-aunque-las-autoridades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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