SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CONTRAGARANTÍA PARA LEVANTARLA PUEDE FIJARSE AUNQUE NO SE HAYAN PAGADO AL QUEJOSO LOS GASTOS QUE REALIZÓ PARA OBTENERLA, PERO DEBEN CUBRIRSE ANTES DE DEJARLA SIN EFECTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para establecer la existencia de la contradicción denunciada es necesario acudir a las consideraciones de las ejecutorias dictadas por los tribunales contendientes:
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito al resolver el recurso de queja 61/93, promovido por Unión de Conductores de Camiones de Pasajeros de Nuevo Laredo, Sociedad de Capital Limitado, el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres, en lo que interesa a la presente contradicción de tesis, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados los agravios.
"En efecto, asiste razón al inconforme al señalar que el Juez de Distrito le ocasionó perjuicios al fijar contragarantía para que dejara de surtir efectos la suspensión del acto reclamado que se decretó en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 358/993, toda vez que dejó de observar lo señalado por el artículo 126 de la Ley de Amparo sobre el particular, ya que no cumplió con los requisitos que exige dicho dispositivo al fijar la contragarantía de referencia, pues se limitó a establecer que: ‘... en cuanto a lo que solicita con fundamento en lo dispuesto por los artículo 126, 127 y 128 de la Ley de Amparo, y a fin de que quede sin efecto el beneficio de la suspensión provisional concedido a la parte quejosa, se fija contragarantía a la parte tercero perjudicada, por la cantidad de setenta mil nuevos pesos moneda nacional, misma que podrá otorgarse en cualquiera de las formas que autoriza la ley de la materia.’, apoyando su determinación en la tesis de jurisprudencia publicada en la página 2997, Segunda Parte del Apéndice 1917-1988, al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz de ‘CONTRAFIANZA EN EL AMPARO.’; y en relación con el diverso acuerdo recurrido estableció ‘... con la póliza de fianza número 40-496-31115 por valor de setenta mil nuevos pesos moneda nacional, expedida por Afianzadora Insurgentes, téngase por legalmente otorgada la contragarantía que se le fijó a la parte tercero perjudicada, a fin de que quede sin efecto el beneficio de suspensión provisional que le fue concedida a la parte quejosa, mediante acuerdo de fecha ocho de septiembre del presente año; en consecuencia, comuníquese esta circunstancia a las autoridades responsables, y la póliza de fianza de referencia guárdese en la caja de valores que lleva este juzgado ...’
"Tal decisión de la responsable es incorrecta, porque de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, previamente al otorgamiento de la contragarantía, debió requerir al quejoso en el amparo para que justificara los gastos que hubiere erogado en el otorgamiento de su fianza, a fin de que pueda fijar el monto de aquélla, pues es obvio que sólo hasta que queden cubiertos dichos gastos, debe declarar que surte efectos la contrafianza. La anterior consideración se apoya en las siguientes tesis, la visible en la página 1633, Tomo LI, Tercera Sala, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación; y la publicada en la página 2277, Tomo LXXXI, Tercera Sala, del mismo Semanario que dicen: ‘CONTRAFIANZA EN AMPARO. Conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, es requisito necesario para el otorgamiento de la contrafianza, la indemnización previa de los gastos erogados con motivo del otorgamiento de la fianza, por parte del quejoso.’ y ‘CONTRAFIANZA. De acuerdo con el artículo 126 de la Ley de Amparo, previamente al otorgamiento de la contragarantía, debe requerirse al quejoso en el amparo, para que justifique los gastos que hubiere erogado en el otorgamiento de su fianza, a fin de que la autoridad responsable pueda fijar el monto de aquélla, pues sólo hasta que queden cubiertos dichos gastos, debe declarar que surte efectos la contrafianza.’
"Sentado lo anterior, asiste razón al quejoso en cuanto afirma que el Juez Federal indebidamente comunicó a la responsable el otorgamiento de la contragarantía, sin que antes hubiere requerido al quejoso para que justificara los gastos erogados con motivo del otorgamiento de la fianza.
"Finalmente, no obsta a lo anterior lo que alega el inconforme relativo a que resulta desestimable el monto de la contragarantía, ya que independientemente de que sobre el particular el Juez fijó la cantidad de setenta mil nuevos pesos, el quejoso no señala con precisión la cuantía del negocio para estar en aptitud legal de advertir si la contrafianza decretada es o no correcta.
"A mayor abundamiento, cabe señalar que el Juez de Distrito actuó incorrectamente al levantar el beneficio de la suspensión provisional mediante el otorgamiento de la contragarantía que le fijó el tercero perjudicado (sic), pues de conformidad con lo establecido por el artículo 126 de la Ley de Amparo y que se refiere expresamente a los casos de la suspensión concedida conforme al diverso que lo precede (125), tal precepto en estudio se contrae a la suspensión definitiva, si se ha de tomar en cuenta que la medida provisional encuentra sustento en el artículo 130 de la ley en cita, sin que se pierda de vista que la mayor parte de los requisitos de la suspensión definitiva son aplicables a la suspensión provisional, entre los que destacan los relativos al numeral 124 pues, en todo caso, serán aquellos requisitos de la definitiva los que permitan armonizar con la provisional, a fin de que se deje viva la materia de la suspensión, porque de otra suerte, ejecutar el acto reclamado por el levantamiento de la suspensión provisional sería tanto como convertir en definitivos los resultados de la provisional, y ya no habría oportunidad de conceder la suspensión definitiva, por tanto, al trastocarse así los efectos de ambas suspensiones, se permitiría de hecho fijar la definitiva sin audiencia de las autoridades responsables, lo que conforme a derecho no es posible, salvo en el caso de la suspensión oficiosa.
"En ese orden de ideas, es evidente que mientras en el caso de la hipótesis del artículo 125 la garantía debe ser bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios, en el previsto por el artículo 130 se deben tomar medidas para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados.
"De lo anterior se advierte que aunque hay una gran similitud entre los extremos de las dos hipótesis, ellas no son idénticas, y esto es así, porque una correcta interpretación de ambos preceptos nos lleva a la necesaria conclusión de que la existencia de la suspensión provisional tiene por objeto conservar la materia de la suspensión, en tanto que la suspensión definitiva sirve para conservar la materia del juicio de garantías: y si en la especie el señor Juez Federal levantó la suspensión provisional mediante el otorgamiento de una contragarantía, entonces sería imposible la concesión de la suspensión definitiva y, en esas condiciones, es obvio que se rompería la simetría aludida por la exclusión de la segunda, o sea, de la suspensión definitiva.
"De lo que se colige que si la suspensión provisional tiene por objeto conservar la materia de la suspensión definitiva pues, precisamente, la concesión de la medida cautelar es para que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, como lo estatuye el mencionado artículo 130 de la Ley de Amparo, tal particularidad dejaría de cumplirse si se admitiera la contrafianza, lo que sería contrario a lo señalado por el referido precepto, ya que el otorgamiento de la suspensión definitiva sólo es para que el efecto de conservar la materia del amparo para, a su vez, esperar el resultado de la sentencia que se dicte en el juicio principal.
"Atento lo anterior, cabe destacar que la contragarantía a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, sólo es operante para el levantamiento de la suspensión definitiva, mas no de la suspensión provisional como lo determinó el Juez de Distrito; sin embargo, no es el caso de nulificar el proveído que admitió la contragarantía, puesto que esta cuestión no fue alegada por el recurrente y este fallo únicamente se circunscribe a declarar fundado el agravio relativo.
"Por las consideraciones que anteceden, procede declarar fundado el recurso de queja para el efecto de que el Juez de Distrito requiera a la parte agraviada a fin de que justifique los gastos que haya erogado en el otorgamiento de la fianza, y una vez justificado tal costo ordene le sea cubierto."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja 6/2003, promovido por Plusval, Sociedad Anónima de Capital Variable, el catorce de marzo de dos mil tres, en lo que interesa al presente asunto, se basó en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Los agravios expuestos por el inconforme resultan jurídicamente ineficaces.
"En el primero de los motivos de desacuerdo el recurrente aduce que el Juez de Distrito al fijar la contragarantía solicitada por el tercero perjudicado, conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 127, en relación con el segundo párrafo del 125, ambos de la Ley de Amparo, pues en su opinión uno de los efectos para los cuales fue concedida la suspensión definitiva de los actos reclamados, fue para el efecto de que no se le privara de la posesión del bien inmueble que aduce le pertenece, por lo que -razona-, en caso de que se deje sin efectos la medida cautelar, se procedería a su ‘lanzamiento’, lo que implica que le fueran causados daños y perjuicios no estimables en dinero, tales como las vejaciones y el descrédito; inclusive menciona que este Tribunal Colegiado al resolver la queja número 123/2001, se pronunció sobre el tema en particular.
"El anterior agravio deviene infundado.
"En efecto, los artículos 127 y 125, en su segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo establecen los supuestos para determinar la procedencia de la contragarantía en el juicio de garantías que, en lo conducente, establecen:
"‘Artículo 127. No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia (sic), ni en el caso del párrafo segundo del artículo 125 de esta ley.’
"‘Artículo 125. ... Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’
"De la transcripción precedente se advierte en qué casos se encuentra proscrita la fijación de la contragarantía a efecto de anular la suspensión otorgada en el juicio de garantías, y que son particularmente los siguientes:
"a) Cuando de ejecutarse el acto reclamado el juicio de amparo quede sin materia; y
"b) Cuando de ejecutarse el acto reclamado se afecten derechos del quejoso que no sean estimables en dinero.
"Ahora bien, ciertamente en el precedente invocado por el inconforme, este Tribunal Colegiado invocó al fallar la queja número 123/2001, el criterio jurisprudencial sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Apéndice editado en 1995, Tomo IV, tesis 378, página 254, del tenor literal siguiente:
"‘SUSPENSIÓN CONTRAFIANZA IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE LANZAMIENTO. Tratándose de lanzamiento, no debe admitirse el otorgamiento de contrafianza, ya que con su admisión resultarían afectados derechos del inquilino, no estimables en dinero, ocasionándosele perjuicios no sólo económicos sino de orden moral, vejaciones y descrédito, que no serían reparables aunque obtuviera sentencia favorable en cuanto al fondo del amparo.’
"Sin embargo, la hipótesis a que se refiere la tesis pretranscrita en el caso concreto no se actualiza, por las siguientes consideraciones:
"En efecto, de la copia certificada de la demanda de garantías presentada por el quejoso se aprecia que el inmueble del que afirma puede ser desposeído, tiene las siguientes características:
"‘Un terreno ubicado en la extinta Hacienda de Santo Domingo del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con superficie de 11-25-78.00 hectáreas y con las siguientes medidas y colindancias ...’
"Inclusive se aprecia del capítulo de antecedentes, particularmente en el punto identificado con el número 4, lo siguiente:
"‘Es el caso, que el 12 de septiembre del año en curso fui informado telefónicamente por parte de la persona que vigila el inmueble propiedad de mi representada, que había unas personas que se habían metido al terreno, por lo que en forma inmediata me constituí en el terreno multicitado con la finalidad de investigar quién se había introducido sin autorización, por lo que una vez constituido en dicho lugar, me percaté de que efectivamente andaban unas quince personas dentro del mismo, las cuales andaban realizando trabajos de desmonte ...’
"Como puede apreciarse con meridiana claridad de las constancias certificadas que obran agregadas al presente sumario, el inmueble afecto al juicio de garantías lo constituye un terreno rústico, el cual, inclusive, se aprecia que no se encuentra ni siquiera preparado para realizar labores propias del campo como la siembra y el cultivo de algún producto agrícola u otra explotación semejante, pues de la propia manifestación del impetrante de garantías se advierte que es necesario su desmonte.
"En tales condiciones, la circunstancia de que quede sin efecto la suspensión definitiva otorgada y, por consecuencia, se le prive al peticionario de la posesión detentada sobre el terreno en cuestión, en opinión de este órgano colegiado, de ninguna manera se actualizarían daños o perjuicios del orden moral, como vejaciones o descrédito, en virtud de sufrir el acto privativo de posesión, al ser evidente que ello sólo ocurre cuando el quejoso habita como domicilio personal la finca que va a ser objeto de lanzamiento, o bien, cuando el inmueble se destina en forma directa para realizar labores comerciales o industriales; empero, si en el caso la posesión detentada por la parte quejosa lo es a través de persona o personas contratadas ex profeso para su cuidado, en una zona rural que supone se encuentra en un área apartada del conglomerado urbano, los perjuicios ocasionados serán únicamente económicos.
"Por otra parte, la circunstancia alegada por el inconforme en el sentido de que levantada la medida cautelar se permitiría la escrituración a favor del tercero perjudicado, quien estaría en aptitud de transmitir el dominio del bien inmueble, afectando los intereses de terceros de buena fe, lo que a su decir sería de difícil reparación la ejecución del acto, resulta jurídicamente intrascendente.
"Se afirma lo anterior, porque aun en caso de que la hipótesis aludida fuera posible, ello no dejaría sin materia el juicio de garantías, ya que como el Juez de Distrito razona, en caso de que la quejosa obtuviera sentencia favorable en el amparo, el efecto restitutorio sería el volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, por tanto, quedaría sin efecto la escrituración mencionada, así como las transmisiones de dominio que, en su caso, se hubiesen hecho; y aun cuando se afectara con ello a terceros de buena fe, tal circunstancia de ninguna manera puede jurídicamente sustentar la negativa al derecho del tercero perjudicado de solicitar la contragarantía a efecto de llevar a cabo el acto reclamado pues, se repite, los artículos 125 y 127 de la Ley de Amparo son limitativos a aquellos casos en que ello no procede.
"Por último, resulta infundado el motivo de agravio expresado por el recurrente a través del cual reprocha al Juez de Distrito que, previo a fijar la contragarantía solicitada por el tercero perjudicado, debió requerir a la parte quejosa para que justificara los gastos que erogó con motivo del otorgamiento de la garantía, puesto que -concluye-, sólo hasta que queden cubiertos puede establecerse el monto de la contrafianza y es hasta entonces cuando podrá dejar de surtir efectos la suspensión otorgada.
"Sobre el tema en particular, el artículo 126 de la Ley de Amparo, textualmente establece:
"‘Artículo 126. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.
"‘Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado al quejoso. Este costo comprenderá:
"‘I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa afianzadora legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;
"‘II. El importe de las estampillas causadas en certificados de libertad de gravámenes y de valor fiscal de la propiedad cuando hayan sido expresamente recabados para el caso, con los que un fiador particular haya justificado su solvencia, más la retribución dada al mismo, que no excederá, en ningún caso, del cincuenta por ciento de lo que cobraría una empresa de fianzas legalmente autorizada;
"‘III. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria;
"‘IV. Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho para constituir el depósito.’
"(Lo subrayado, es autoría de este propio tribunal).
"Como puede advertirse de la atenta lectura al segundo párrafo del artículo pretranscrito, el requisito de cubrir el costo de los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho con motivo de la garantía exhibida, no se refiere a la decisión de fijar el monto de la contragarantía, sino que una vez exhibida esta última caución, no puede surtir los efectos condignos -es decir, que quede sin efecto la suspensión ya otorgada-, si previamente no se han cubierto los gastos erogados por el quejoso.
"En el caso concreto se aprecia que en la resolución impugnada de fecha trece de diciembre del año dos mil dos, el Juez de Distrito únicamente determinó la procedencia de fijar la contragarantía solicitada por el tercero perjudicado así como su monto; por ende, resulta inconcuso que si en el proveído de mérito el a quo federal no determina que la suspensión del acto reclamado quede sin efecto con motivo de la contragarantía, no se actualiza el agravio esgrimido por el inconforme en el motivo de inconformidad a examen.
"Sin que pase inadvertido que el Juez de Distrito mediante proveído de fecha dieciséis de diciembre último, tuvo al tercero perjudicado exhibiendo la contragarantía que le fue fijada y, como consecuencia, dejó sin efectos la suspensión definitiva decretada en el cuaderno suspensional; toda vez que este Tribunal Colegiado no puede hacer pronunciamiento alguno respecto de su legalidad, al no ser tal acuerdo motivo del presente recurso de queja."
CUARTO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, previamente transcritos, y de cuya interpretación esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que para que exista materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por este Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Conforme a las anteriores precisiones debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia previamente transcrita, en virtud de lo cual es de señalar que de lo antes reproducido se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
1. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la resolución de la queja 61/93, declaró fundado ese recurso, estimando que no procedía fijar la contragarantía que solicitó el tercero perjudicado al considerar, en síntesis:
a) Que de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, previamente al otorgamiento de la contragarantía, el Juez de Distrito debió requerir al quejoso para que justificara los gastos que hubiere erogado en el otorgamiento de su fianza.
b) Que la manifestación de los gastos erogados por el quejoso era necesaria para fijar el monto de la contragarantía.
c) Que sólo hasta que queden cubiertos dichos gastos se debe declarar que surte efectos la contrafianza.
Esa determinación dio lugar a la tesis aislada número XIX.2o.13 K, publicada en la página trescientos treinta y cuatro, Tomo XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que dice a la letra:
"CONTRAGARANTÍA. PREVIAMENTE DEBE CUBRIRSE EL COSTO EROGADO POR EL QUEJOSO, PARA QUE SURTA EFECTOS LA. El Juez de Distrito, antes de fijar la contragarantía que habrá de exhibir el tercero perjudicado, de conformidad con lo establecido por el artículo 126 de la Ley de Amparo, debe requerir al quejoso para que justifique los gastos que hubiere erogado en el otorgamiento de su fianza, pues sólo hasta que queden cubiertos éstos, puede declarar el monto de la contrafianza y, consecuentemente, hasta entonces, podrá dejar de surtir efectos la suspensión otorgada."
2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja 6/2003, declaró infundado el recurso, aduciendo que el Juez de Distrito actuó correctamente al determinar la procedencia de la contragarantía solicitada por el tercero perjudicado así como su monto al considerar, en síntesis:
a) Que de la lectura del segundo párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo, no podía advertirse que el costo de los gastos erogados por el quejoso con motivo del otorgamiento de la garantía, fuera requisito para determinar la procedencia de la contragarantía y fijar su monto; y,
b) Que el pago de esos gastos erogados por el quejoso es requisito para que, una vez exhibida la caución por el tercero perjudicado, esa contragarantía surta los efectos condignos, es decir, que quede sin efectos la suspensión ya otorgada.
Criterio que dio lugar a la tesis aislada IV.2o.C.14 K, publicada en la página novecientos cincuenta y cuatro, Tomo XVII, junio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"CONTRAGARANTÍA. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS LEGALES EROGADOS POR EL QUEJOSO Y SU POSTERIOR SATISFACCIÓN A CARGO DEL TERCERO PERJUDICADO, ES UN REQUISITO PREVIO PARA QUE LA CONTRAGARANTÍA SURTA SUS EFECTOS, NO PARA LA FIJACIÓN DE SU MONTO. Del texto del segundo párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo, se colige que el requisito de cubrir el costo de los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho con motivo de la garantía exhibida, no se refiere a la decisión de establecer su procedencia y fijar el monto de la contragarantía, sino a que, una vez exhibida esta última, no puede dar origen a que quede sin efectos la suspensión ya otorgada, si previamente no se han cubierto los gastos erogados por el quejoso."
Este Tribunal Pleno estima que sí existe la contradicción de tesis que se ha denunciado.
En efecto, el análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve que sí existe la contradicción de tesis denunciada, porque los Tribunales Colegiados al resolver los mencionados recursos de queja examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, como son los requisitos para determinar la procedencia y monto de la contragarantía que puede otorgar el tercero perjudicado para que se deje sin efectos la suspensión del acto reclamado.
Aspecto sobre el cual, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito determinó que conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, antes de fijar la contragarantía que debe exhibir el tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe requerir al quejoso para que justifique los gastos que hubiere erogado en el otorgamiento de la fianza; y que sólo hasta que queden cubiertos éstos, puede declarar la procedencia y el monto de aquélla.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito resolvió que del texto del mismo precepto 126 de la Ley de Amparo, se colige que el requisito de cubrir el costo de los gastos legales que acredite el quejoso haber erogado con motivo de la garantía exhibida, no se refiere a la decisión de establecer la procedencia y fijar el monto de la contragarantía, sino para que ésta surta sus efectos.
No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia, ello no resulta ser impedimento para que se decida cuál es el que debe prevalecer, puesto que ni la Constitución Federal, ni la Ley de Amparo establecen ese requisito, aserto que se corrobora con la siguiente tesis jurisprudencial:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, agosto de 1995. Tesis: P. LIII/95. Página: 69).
En esas condiciones, el punto de contradicción estriba en determinar si los gastos erogados por el quejoso en el otorgamiento de la garantía que dio lugar a la suspensión deben considerarse para fijar el monto de la contragarantía que solicite el tercero perjudicado, a fin de que quede sin efectos esa medida cautelar, y pagarse al agraviado antes de adoptar esa determinación.
QUINTO. A efecto de resolver la contradicción planteada y dilucidar qué criterio es el que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, conviene tener presente que la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial mantener viva la materia de amparo, lo cual se logra impidiendo que ese acto se consume irreparablemente antes de que se haya resuelto en forma definitiva, si es o no contrario a la Constitución, pues si tal consumación ocurre, no pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación en el caso de que se conceda el amparo. Pero también tiene como objeto evitar al quejoso los perjuicios que pudiera ocasionarle la ejecución del acto reclamado.
Para lograr esos objetivos, la suspensión afecta las medidas que tienden a la ejecución del acto reclamado, paralizándolas, impidiendo que el acto se ejecute, o haciendo cesar tales medidas, si la ejecución ya se ha iniciado.
Ejemplo de los efectos paralizadores de la suspensión se actualiza tratándose de la mayoría de los actos restrictivos de la libertad personal, pues si éstos se ejecutan causarían al quejoso daños y perjuicios de imposible reparación, como se menciona
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17917-91fb42a5/suspension-en-amparo-el-monto-de-la-contragarantia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2004-PL)
- VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, DEBE HACERSE CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA FECHA E (CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2003-SS)
- JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AUNQUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL EMITIR SUS ACTOS, SÍ DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS EN LA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2004-SS)
- CRÉDITO FISCAL. SU PAGO EN PARCIALIDADES, CONFORME AL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REQUIERE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2003-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBE CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis