CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 60/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2003. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El recurrente en sus agravios planteados, en esencia, aduce:
Que el presidente municipal de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, no acreditó su personalidad para promover a nombre y representación del citado Municipio que, por tanto, es procedente revocar el auto que admite la demanda por lo siguiente:
a) Que la sola manifestación del presidente municipal en el sentido de que el síndico se encontraba inhabilitado, debido a que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla dictó en contra del síndico municipal auto de formal prisión el diecinueve de octubre de dos mil dos y, como consecuencia, estaba impedido para promover la controversia constitucional, no es suficiente para tener por acreditada dicha representación, puesto que es el Congreso de la entidad el facultado por los artículos 115 de la Constitución Política Federal; 59, fracción IX y 113 de la Constitución Política del Estado; y, 89 y 93 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca para declarar mediante decreto la suspensión del mandato del citado funcionario municipal, por lo que al dictar el acuerdo impugnado no se observaron las disposiciones constitucionales y legales mencionadas.
b) Que corrobora lo anterior, el hecho de que también al presidente municipal por escrito del síndico y algunos regidores del Ayuntamiento de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, se le inició procedimiento de revocación de mandato toda vez que en el acta de Cabildo de veintiséis de noviembre de dos mil dos "acordaron la destitución del presidente municipal".
Que existe conflicto interno en el Ayuntamiento, lo cual tiene al síndico y al presidente municipales en iguales condiciones, porque mientras el presidente municipal promueve ante el Congreso del Estado suspensión del cargo del síndico municipal, cinco de siete concejales propietarios que conforman el Ayuntamiento han solicitado la suspensión y revocación del mandato del presidente municipal.
c) Que el auto recurrido violó lo dispuesto por los artículos 10, fracción I y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de que, en el caso, no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 48, fracción V, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, que establece que el presidente municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento cuando el síndico esté ausente o impedido legalmente para ello, puesto que el síndico municipal se encuentra en funciones hasta en tanto, conforme a la ley, el Congreso del Estado haga saber su suspensión, lo cual constituiría el impedimento legal a que se refiere el artículo en cita, lo que no se acreditó.
d) Que en caso de que el síndico se encontrara suspendido de sus funciones, asumiría el cargo inmediatamente el suplente, por tanto, ello no aseguraría que el presidente municipal pudiera promover juicio de controversia por inhabilitación del síndico municipal.
Previamente a cualquier otra cuestión, se debe precisar que la materia de este recurso se circunscribe a determinar si el auto recurrido se adecua a lo dispuesto por la ley reglamentaria de la materia, por tanto, son inatendibles los agravios en los que se aduce violación a los artículos 115 de la Constitución Federal; 59, fracción IX y 113 de la Constitución Política del Estado; y, 89 y 93 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.
En efecto, tratándose de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, su tramitación y resolución se rige por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia, y a falta de disposición expresa por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulte incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el presente recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal o Local o de la ley orgánica municipal de la entidad, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que precisamente a través del citado recurso esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá corregir las irregularidades que hubieran existido en el procedimiento.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres del Tomo XV, enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido.
"Recurso de reclamación 212/2001, deducido de la controversia constitucional 33/2001. Poder Judicial del Estado de Guerrero. 8 de noviembre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
En lo correspondiente a los demás planteamientos, los cuales se analizarán de manera conjunta dada su estrecha vinculación, debe precisarse que el recurrente, en sus agravios, manifiesta, esencialmente, que el presidente del Municipio de Teotitlán de Flores Magón, Estado de Oaxaca, carece de la representación legal para promover la controversia constitucional a nombre del Municipio, debido a que, en el caso, no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 48, fracción V, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, que establece que el presidente municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento cuando el síndico esté ausente o impedido legalmente para ello, ya que el síndico municipal se encuentra en funciones hasta en tanto, conforme a la ley, el Congreso del Estado determine su suspensión.
Ahora bien, se debe determinar si lo aducido constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que dispone lo siguiente:
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
De este numeral se desprende que el Ministro instructor deberá desechar de plano la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.
Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/98, consultable en la página ochocientos noventa y ocho, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que para desechar de plano la controversia constitucional las causas de improcedencia deben ser manifiestas e indudables. Dicha tesis es del tenor literal siguiente:
" Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.
"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 9/97. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Estado de Campeche. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."
Luego, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.
Al efecto, cabe destacar que por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios, y por indudable, que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.
Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del Pleno P./J. 128/2001, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.
"Recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 de octubre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
En este orden de ideas procede determinar si los motivos que alega el recurrente hacen improcedente la demanda de controversia constitucional de manera manifiesta e indudable y, por ende, debió desecharse.
En la especie, de la demanda de controversia constitucional se desprende que la promovió Fausto Horacio Pineda Pelayo en su carácter de presidente municipal de Teotitlán de Flores Magón, Estado de Oaxaca, en representación del propio Municipio, manifestando que la promovía en su representación, ante la imposibilidad jurídica que afectaba al síndico de esa entidad para promoverla, debido a que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla dictó en contra de dicho síndico auto de formal prisión el diecinueve de octubre de dos mil dos y acompañó al efecto copia certificada del referido auto.
Los artículos 10, fracción I y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la parte que interesa, establecen:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
"En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior. ..."
De las disposiciones transcritas, se desprende que el actor es la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, que deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y que en todo caso se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
Por otra parte, el auto recurrido se fundamentó en lo dispuesto por los artículos 48, fracción V y 51, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, que a la letra indican:
"Artículo 48. El presidente municipal es el representante político y responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones:
"...
"V. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios, cuando el síndico o síndicos estén ausentes o impedidos legalmente para ello."
"Artículo 51. Los síndicos serán representantes jurídicos del Municipio y responsables de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, con las siguientes atribuciones:
"I. Procurar, defender y promover los intereses municipales, representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal."
El presidente municipal podrá asumir la representación legal del Ayuntamiento cuando el síndico o síndicos estén ausentes o impedidos para ello.
De los preceptos transcritos se desprende que quien tiene la representación legal del Municipio es el síndico, y que el presidente asumirá la representación cuando el primero se encuentre impedido o ausente.
Luego, se desprende que no se está en la hipótesis prevista en el artículo 25 de la ley reglamentaria en cita, pues el motivo de improcedencia aducido no reúne los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, por lo que no puede considerarse que existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
En efecto, la cuestión de determinar si quien signa la demanda tiene o no la facultad de representar al Municipio actor para así poder promover la controversia constitucional en términos de los artículos 10, fracción I y 11 de la ley reglamentaria de la materia, evidentemente lleva a realizar un estudio y la valoración del impedimento aducido por el presidente municipal, así como la interpretación de las normas que contienen la Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Oaxaca, lo cual no es propio del auto de trámite, sino de la sentencia definitiva.
Lo anterior es así, porque acorde a sus propias características, el auto inicial, esencialmente, reviste el carácter de mero trámite en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos y, además, en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano.
Además, las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse, incluso, de oficio, por lo que deben quedar probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, para efectos del desechamiento de una demanda debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable, pues cualquier motivo de duda obliga a admitirla a trámite, con independencia de que en la sentencia pueda estimarse que se actualiza con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.
Por tanto, si las características del proveído de inicio que el Ministro instructor tenga que dictar para admitir o desechar una demanda, es propiamente de mero trámite, de tal manera que se ve impedido para realizar mayores consideraciones que impliquen esbozar cuestiones de fondo del asunto o que provoquen un estudio propio de una resolución y no de un acuerdo, ello hace que, en el caso, no se actualice la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no se está ante una causa de improcedencia que en forma notoria y manifiesta se actualice.
No es óbice a lo anterior, el hecho de que tanto la actora como el recurrente hayan aportado documentales para acreditar y desvirtuar, respectivamente, la representación que ostenta el presidente del Municipio actor, ya que en principio el Ministro instructor no contaba con tales elementos para poder llegar a una determinación diferente a la contenida en el auto que se recurre, aunado a que, como se apuntó, el análisis y valoración de dichas pruebas son materia de la sentencia de fondo y, por ende, no pueden ser tomadas en consideración en este recurso.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 32/96, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo III, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES. Al Ministro instructor, de acuerdo a lo que preceptúan los artículos 24, 25 y 36 de la ley reglamentaria, le corresponde examinar, ante todo, el escrito respectivo de la demanda a fin de cerciorarse acerca de la eventual existencia de motivos manifiestos e indudables de improcedencia que generarían el rehusamiento categórico de la demanda; le compete también llevar a cabo el trámite de la instrucción del juicio hasta ponerlo en estado de resolución; le concierne, asimismo, elaborar el proyecto de resolución que deberá someter a la consideración del Tribunal en Pleno. Sin embargo, por ser las controversias constitucionales juicios con características y peculiaridades propias, si frente al motivo de improcedencia hubiere alguna duda para el Ministro instructor, entonces no podría decretarse el desechamiento de la demanda y, en consecuencia, las causas de improcedencia que se invocaran por los demandados sólo podrían ser analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al pronunciar la sentencia definitiva. La característica de los motivos manifiestos e indudables de improcedencia de la demanda sobre controversia constitucional, estriba en que su naturaleza ostensible y contundente autoriza al desechamiento de plano de la demanda; en cambio, las causas diversas de improcedencia que las partes interesadas puedan invocar durante la secuela del procedimiento, o que de oficio se adviertan, sólo significa que se decretan después de haberse abierto el juicio y con apoyo en las pruebas allegadas por las partes durante la etapa respectiva.
"Controversia constitucional 11/95. Roberto Madrazo Pintado, Pedro Jiménez León y Andrés Madrigal Sánchez, en su carácter de Gobernador, Presidente del Congreso y Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, respectivamente, contra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Procurador General de la República. 26 de marzo de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega."
En consecuencia, resultan infundados los agravios a estudio hechos valer en el presente recurso, por lo que debe confirmarse el auto recurrido.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de once de febrero de dos mil tres, dictado en la controversia constitucional 10/2003.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro (ponente), Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. Ausente el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17637-89085d4e/controversia-constitucional-para-el-desechamiento-de-la-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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