CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL HECHO DE QUE SE IMPUGNE LA PERSONALIDAD DE QUIENES SIGNARON EL OFICIO DE DEMANDA, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES CON QUE CUENTEN PARA COMPARECER EN NOMBRE DE LA ACTORA, NO HACE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE, PUES TALES CUESTIONES SE ANALIZARÁN AL DICTARSE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 315/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2003. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios que adujo la parte recurrente esencialmente se hicieron consistir en:
a) Que debió desecharse la demanda de controversia constitucional en virtud de las razones que enseguida se exponen:
1. Porque quienes signaron el oficio de demanda no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, dado que aun cuando se ostentaron como síndicos primero y segundo del Municipio actor, lo cierto es que de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, se desprende que únicamente tienen el carácter de concejales propietarios, por lo que dichos servidores públicos no pueden promover en nombre y representación de la parte actora.
2. Porque se impugna una orden de auditoría emitida por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y toda vez que ésta no constituye un poder sino una dependencia del Poder Legislativo Local, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 105, fracción I, inciso i), constitucional, conforme al cual la controversia constitucional podrá promoverse en contra de actos que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios.
3. Porque la Contaduría Mayor de Hacienda es una dependencia del Congreso Local, por lo que los actos que emita no pueden ser materia de este tipo de procedimientos y tampoco pueden ser atribuidos a ese órgano legislativo estatal, debido a que éste solamente expide leyes, decretos, acuerdos o iniciativas de ley dirigidas al Congreso de la Unión y, por tanto, los actos de los órganos que le son jerárquicamente subordinados son atribuibles a éstos y no al Congreso como tal.
Que además, tomando en consideración que en el oficio de demanda no se demuestra que el Congreso Estatal haya emitido una norma general o especial que perturbe las atribuciones del actor, sino sólo que la Contaduría Mayor de Hacienda expidió una orden de auditoría, esto no es atentatorio de ninguna atribución del gobierno municipal, puesto que dicho órgano tiene facultades para practicar auditorías a los Municipios del Estado, sin que lo anterior pueda dar lugar a una controversia constitucional y de ahí que deba desecharse la demanda por notoriamente improcedente.
4. Porque el Municipio actor impugnó mediante un juicio de amparo un acto similar, en el que la Contaduría Mayor de Hacienda ordenó una auditoría y como resultado de ella la Comisión Permanente de Vigilancia dictaminó en el sentido de imponer una sanción al presidente municipal, procedimiento en cuya sentencia se determinó el sobreseimiento en el asunto, por considerar que los actos reclamados no constituían una resolución definitiva, de lo que se desprende que la controversia promovida es improcedente, puesto que ésta no es la vía idónea para combatir ese tipo de cuestiones.
5. Porque el Ministro instructor pasó por alto que no se plantean violaciones directas a la Constitución Federal, sino únicamente a la Constitución Política de esa entidad federativa, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y a sus reglamentos.
6. Porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el artículo 106, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca prevé una vía para la solución del conflicto que se plantea, por lo que el actor estaba obligado a agotarla previamente a la promoción de la controversia constitucional, máxime si se toma en consideración que de la lectura de la demanda se observa que no se aducen violaciones directas a la Constitución Federal.
b) Que con la admisión de la demanda se transgreden los artículos 39, 40 y 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se vulnera la soberanía del Estado, toda vez que la Constitución Local prevé un medio ordinario de defensa para dirimir las controversias entre un Ayuntamiento y el Poder Legislativo Estatal.
Visto lo anterior, debe precisarse que no serán materia de este fallo, por inatendibles, los argumentos vertidos en relación con violaciones a la Constitución Federal, dado que el recurso de reclamación constituye un medio al que las partes pueden acudir cuando estiman que durante el procedimiento de las controversias constitucionales se emitió algún auto o resolución que a su juicio resulta incorrecto, a través del cual, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará, únicamente, si el auto o resolución de que se trate fue dictado conforme lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y, a falta de disposición expresa, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que éstos son los ordenamientos legales que regulan el trámite y resolución de aquellos juicios.
Así lo sostuvo este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres, Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra indica:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido.
"Recurso de reclamación 212/2001, deducido de la controversia constitucional 33/2001. Poder Judicial del Estado de Guerrero. 8 de noviembre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
Atento lo expuesto, la materia de este asunto se limitará, exclusivamente, a dilucidar si como se aduce en los agravios, resultaba legalmente procedente el desechamiento de la demanda de controversia constitucional promovida por el Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:
El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, señala:
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
De acuerdo con lo dispuesto en este numeral, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.
Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.
"Recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 de octubre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
Así entonces, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda, debe apreciarse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.
Sirve de apoyo al efecto la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.
"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 9/97. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Estado de Campeche. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."
En términos de lo apuntado, debe concluirse entonces que si el motivo de improcedencia no está plenamente acreditado, por no ser manifiesto e indudable, lo procedente es admitir a trámite la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.
Tomando en consideración lo expuesto, se procede a dilucidar si los motivos de improcedencia invocados por la parte recurrente, efectivamente son manifiestos e indudables, de modo tal que pudieran dar lugar al desechamiento de plano de la controversia constitucional de la que deriva este asunto.
En primer lugar, por lo que hace al argumento en que se aduce, en síntesis, que quienes promovieron la demanda no acreditaron el carácter con el que se ostentaron sino uno diverso y que, por tanto, carecen de facultades para representar al Municipio actor, debe precisarse que esto no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, puesto que la personalidad de quienes promovieron la demanda, así como las atribuciones con que cuenten para comparecer en nombre de la parte actora, son cuestiones susceptibles de ser analizadas al momento de dictarse la resolución correspondiente, dado que durante la secuela del procedimiento pueden ser aportados todos los elementos necesarios para su debido acreditamiento, por lo que son de desestimarse los argumentos que en ese sentido se hicieron valer, toda vez que el motivo de improcedencia invocado no es claro por sí mismo y menos aún inobjetable, ya que no se advierte de la sola lectura del oficio de demanda y las pruebas que a ella se adjuntaron, sino que involucra cuestiones cuyo análisis se realizará en el momento procesal oportuno.
En segundo lugar, en lo relativo a que el acto impugnado no fue emitido por el Congreso Local, sino por la Contaduría Mayor de Hacienda de ese órgano legislativo, la que al ser una dependencia de ese cuerpo colegiado no constituye una entidad, Poder u órgano de los enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, por tanto, los actos que expida no son susceptibles de impugnación a través de una controversia constitucional, así como que no pueden ser atribuidos al Congreso Estatal, debe determinarse que esto tampoco constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, toda vez que los argumentos vertidos se encuentran en íntima vinculación con el estudio de fondo del asunto y, por ende, no pueden dar lugar a su desechamiento de plano; máxime si se toma en consideración que como lo ha sostenido este Alto Tribunal en reiteradas ocasiones, no es en el auto admisorio de la demanda en el que se puede calificar la existencia del interés contrario al del actor y la consecuente legitimación de la parte demandada, sino que es hasta el momento de dictar sentencia cuando el juzgador, una vez que se ha allegado de los elementos necesarios para la correcta resolución del juicio, se encuentra en condiciones de resolver sobre la procedibilidad de la acción en contra de las autoridades a las que se atribuyen los actos cuya invalidez se demanda, por lo que también son de desestimarse los agravios relativos.
El criterio de referencia se contiene en la tesis jurisprudencial P./J. 47/96, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo IV, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EL QUE SE SEÑALE, ENTRE OTRAS AUTORIDADES, A UNA SECRETARÍA DE ESTADO. En términos de lo dispuesto por el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en relación con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. En este orden de ideas, no es en el auto admisorio donde se puede calificar la existencia de ese interés contrario al del actor y la consecuente legitimación procesal pasiva del demandado, sino que es en la sentencia donde el Juez puede valorar los elementos existentes en autos, y resolver sobre la procedibilidad de la acción respecto de uno o varios de los demandados. Pues la legitimación pasiva ad processum deviene del simple hecho de que la parte demandada haya sido señalada como tal; en tanto que la legitimación ad causam constituye un aspecto que sólo puede examinarse en la sentencia. De ahí que, el hecho de que el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria sólo se refieran a entidades, poderes u órganos, sin mencionar expresamente a la Secretaría de Estado, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia si se considera que dichas dependencias se encuentran subordinadas al titular del Ejecutivo Federal, cuando éste también figura como demandado, ya que es uno de los poderes a que se refiere el artículo 105 constitucional.
"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 2/96. Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alejandra de León González."
Por otro lado, en lo referente a que la orden de auditoría cuestionada no vulnera ninguna atribución del Gobierno Municipal, porque la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Local tiene facultades para practicar auditorías a los Municipios del Estado, debe decirse que esto tampoco puede ser considerado como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, puesto que tal argumento está íntimamente vinculado con el pronunciamiento de fondo que en su momento se realizará, ya que el determinar si los actos impugnados vulneran o no la esfera competencial de la parte actora y en todo caso, si fueron emitidos conforme a los lineamientos previstos en la normatividad que los regula, constituye precisamente la cuestión toral materia de la controversia, que será motivo de estudio al dictarse la resolución correspondiente, por lo que son de desestimarse los agravios relativos, dado que lo que se plantea implica un análisis de fondo que en modo alguno podría ser realizado en el acuerdo inicial de admisión de la demanda.
Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 42/2003, visible en la página mil trescientos setenta y dos, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO. Los artículos 22, 25, 26 y 28 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los requisitos que debe contener la demanda, así como la obligación del Ministro instructor de examinarla, debiendo desecharla si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y si no lo encontrare, admitirla y ordenar emplazar a la demandada para que dentro del plazo legal produzca su contestación; asimismo, en caso de que el escrito fuere irregular u oscuro, establecen que el instructor debe prevenir a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días subsanen las irregularidades o lo aclaren. Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo inicial que admite o desecha la demanda de controversia constitucional es de mero trámite, es decir, en él únicamente deben dictarse las medidas necesarias para la debida integración del expediente, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto.
"Recurso de reclamación 365/2002, derivado de la controversia constitucional 64/2002. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 25 de marzo de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
En otro aspecto, por lo que hace a que es improcedente la vía intentada porque en un juicio de amparo promovido en contra de un acto similar al que en la controversia se impugna, se sobreseyó por considerar que los actos reclamados no constituían una resolución definitiva, debe determinarse que esto de ninguna manera puede constituir un motivo de improcedencia de la demanda y menos aún, de modo manifiesto e indudable, puesto que las controversias constitucionales y los juicios de amparo son medios de control constitucional diversos, se rigen por un ordenamiento distinto y, por su propia y especial naturaleza, difieren sustancialmente en cuanto a los efectos y sentido de sus resoluciones, por lo que la circunstancia de que en alguno de ellos se haya sobreseído en modo alguno conlleva a considerar que el otro sea improcedente, pues se trata de asuntos totalmente independientes y la improcedencia de la controversia constitucional de que se trata debe provenir de una causa expresamente prevista en la ley que la regula, esto es, en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional e indefectiblemente debe estar acreditada ante este Alto Tribunal y no ante un órgano jurisdiccional diverso.
Por otra parte, en lo referente a que debió desecharse la demanda porque no se plantean violaciones directas a la Constitución Federal, sino a diversos ordenamientos del Estado de Oaxaca, debe decirse que esto tampoco puede dar lugar a la improcedencia de la acción y mucho menos de manera manifiesta e indudable, ya que para estar en condiciones de determinar si con los actos impugnados se actualiza una violación directa a algún precepto constitucional o no, se hace necesario el estudio de fondo del asunto, por lo que resulta inconcuso que lo anterior no puede ser materia de la procedencia o improcedencia de la acción, por estar íntimamente relacionado con el análisis constitucional que se realizará al dictarse la sentencia definitiva y, por ende, lo procedente es desestimar los argumentos que al efecto se esgrimieron.
Sirve de apoyo a dicha determinación, el criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 140/2001, consultable en la página mil treinta y cuatro, Tomo XV, enero de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE HACER UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministro instructor para desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que implica que dicho motivo debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, esto es, debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, si para pronunciarse sobre la improcedencia de una demanda de controversia constitucional el Ministro instructor requiere hacer una interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal, es claro entonces que no se está en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues para determinar su actualización se requeriría de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva.
"Recurso de reclamación 212/2001, deducido de la controversia constitucional 33/2001. Poder Judicial del Estado de Guerrero. 8 de noviembre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
Finalmente, por lo que hace a que no se agotó el principio de definitividad inmerso en la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, dado que el artículo 104, fracción IV, de la Constitución Local, establece un medio de defensa ordinario que la parte actora debió agotar previamente a la promoción de la controversia, debe determinarse que esto tampoco constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que pudiera dar lugar al desechamiento de plano de aquélla, en virtud de que lo que el recurrente argumenta no se advierte de la sola lectura de la demanda y sus anexos, sino que se hace necesario contar con los elementos necesarios para dilucidar si el medio de impugnación invocado efectivamente constituye una vía apta para la solución del conflicto que se plantea, lo que únicamente puede ser analizado en el fallo definitivo y no así en el auto admisorio de la demanda, por lo que también son de desestimarse los agravios respectivos.
En las circunstancias anotadas, debe concluirse que fue correcta la admisión de la demanda, ya que los motivos de improcedencia que se invocan no son manifiestos ni indudables, puesto que no se advierten de la simple lectura de aquélla y las constancias que a ella se adjuntaron, sino que requieren de un estudio más profundo y, por tanto, no pueden dar lugar a su desechamiento de plano.
Por las consideraciones vertidas y ante lo infundado de los agravios planteados, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de reclamación y, por consiguiente, confirmar el acuerdo recurrido.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 98/2003, interpuesto por el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.-En la materia del recurso, se confirma el auto recurrido de veintitrés de octubre de dos mil tres, por el que se admitió a trámite la citada controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente). Ausente el señor Ministro Humberto Román Palacios.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18228-848e45b9/controversia-constitucional-el-hecho-de-que-se-impugne · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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