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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL HECHO DE QUE SE IMPUGNE LA PERSONALIDAD DE QUIENES SIGNARON EL OFICIO DE DEMANDA, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES CON QUE CUENTEN PARA COMPARECER EN NOMBRE DE LA ACTORA, NO HACE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE, PUES TALES CUESTIONES SE ANALIZARÁN AL DICTARSE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 314/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2003. · Registro digital (IUS): 18153
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 1006.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 314/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2003. CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los agravios que adujo la parte recurrente, esencialmente se hicieron consistir en:

a) Que le causa perjuicio el proveído recurrido en virtud de que, de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Federal, esta Suprema Corte conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquél y cualquiera de las Cámaras de éste y, en su caso, la Comisión Permanente; por lo que, aplicando ese precepto por analogía, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Estatal no puede tener el carácter de parte demandada en la controversia constitucional de la que deriva este asunto, ya que el titular de dicho órgano es nombrado y removido libremente por la Legislatura Local y ésta tiene facultades para expedir la ley orgánica y el reglamento interior de dicho órgano, por lo que éste depende directamente y en todo momento del propio Congreso Local.

Que aunado a lo anterior y dado que la Contaduría Mayor de Hacienda forma parte del Poder Legislativo del Estado, carece de autonomía en cuanto a su función y, por tanto, no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia.

b) Que de una interpretación de la exposición de motivos de la reforma al artículo 105 constitucional se desprende que al hablar de órganos no se refiere a las oficinas administrativas u órganos auxiliares de algún poder estatal, sino a los órganos de gobierno del Distrito Federal, entendiéndose como tales a la Asamblea Legislativa o a las Cámaras del Congreso de la Unión, por lo que es incorrecto que este Alto Tribunal le haya otorgado tal carácter a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca.

c) Que es improcedente la demanda en virtud de que se impugna una orden de auditoría practicada al Municipio actor, la que no conlleva una invasión de competencias y fue emitida en apego al orden constitucional, por lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debió abstenerse de conocer y dirimir el conflicto planteado y el Ministro instructor debió declararse incompetente para conocer de dicha controversia constitucional.

Que además, el Municipio actor debió acudir ante un órgano diverso para resolver el conflicto que por esa vía plantea, dado que el acto impugnado no vulnera su esfera jurídica y tampoco implica una violación directa a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

d) Que no debió admitirse la demanda porque no se encuentra debidamente acreditado el carácter con el que se ostentaron quienes firmaron el oficio respectivo, puesto que de la constancia de mayoría relativa a la elección de concejales del Municipio actor, expedida por el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, no se desprende que cuenten con el carácter de síndicos con el que comparecieron a juicio.

En primer lugar, por lo que hace a los agravios primero y segundo, en los que se plantea, en esencia, que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca no puede tener el carácter de parte demandada en la controversia constitucional de la que deriva este asunto, debe precisarse lo siguiente:

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, así como quien tenga el interés contrario; en tal virtud, se ha considerado que no es en el auto admisorio de la demanda en el que se puede calificar la existencia de ese interés contrario al del actor y la consecuente legitimación pasiva de la parte demandada, sino que es hasta el momento de dictar sentencia cuando el juzgador, una vez que se ha allegado de los elementos necesarios para la correcta resolución del juicio, se encuentra en condiciones de resolver sobre la procedibilidad de la acción en contra de las autoridades a las que se atribuyen los actos cuya invalidez se demanda.

Atento lo anterior, debe determinarse que la legitimación pasiva de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca constituye una cuestión que se analizará al momento de dictar resolución en la controversia constitucional de la que deriva este asunto, toda vez que será hasta ese momento cuando este Alto Tribunal, con vista en todos los elementos de que el Ministro instructor se allegue, así como en el acervo probatorio ofrecido durante la secuela del procedimiento, contará con los elementos necesarios para estar en condiciones de determinar lo conducente y, por tanto, dado que lo argumentado por el recurrente no podría ser dilucidado en el auto inicial de admisión de la demanda y mucho menos en el presente recurso de reclamación, pues se encuentra en íntima vinculación con el estudio de fondo del asunto, son de desestimarse los agravios relativos, puesto que las cuestiones planteadas involucran un análisis susceptible de realizarse en el fallo definitivo y no así en el auto que admitió a trámite la demanda promovida por el Municipio de Oaxaca de Juárez, de la citada entidad.

Apoya dicha determinación el criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 47/96, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo IV, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EL QUE SE SEÑALE, ENTRE OTRAS AUTORIDADES, A UNA SECRETARÍA DE ESTADO.-En términos de lo dispuesto por el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en relación con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. En este orden de ideas, no es en el auto admisorio donde se puede calificar la existencia de ese interés contrario al del actor y la consecuente legitimación procesal pasiva del demandado, sino que es en la sentencia donde el Juez puede valorar los elementos existentes en autos y resolver sobre la procedibilidad de la acción respecto de uno o varios de los demandados. Pues la legitimación pasiva ad processum deviene del simple hecho de que la parte demandada haya sido señalada como tal; en tanto que la legitimación ad causam constituye un aspecto que sólo puede examinarse en la sentencia. De ahí que, el hecho de que el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria sólo se refieran a entidades, poderes u órganos, sin mencionar expresamente a la secretaría de Estado, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia si se considera que dichas dependencias se encuentran subordinadas al titular del Ejecutivo Federal, cuando éste también figura como demandado, ya que es uno de los poderes a que se refiere el artículo 105 constitucional.

"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 2/96. Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alejandra de León González."

Por otro lado, en lo relativo a que la demanda es improcedente porque se impugna una orden de auditoría practicada al Municipio actor, la que, según se aduce, no vulnera su esfera jurídica de competencia, fue emitida en apego al orden constitucional y no implica violación directa a ningún precepto de la Constitución Federal, es conveniente hacer las siguientes consideraciones:

Al respecto debe decirse que los argumentos planteados se encuentran estrechamente relacionados con el pronunciamiento de fondo que en su momento se realizará, ya que el determinar si los actos impugnados vulneran o no la esfera competencial de la parte actora, si fueron emitidos o no conforme a los lineamientos previstos en la normatividad que los regula y, en todo caso, si con su emisión se actualiza una violación directa a algún precepto constitucional o no, constituye precisamente la cuestión toral materia del juicio principal, que será motivo de estudio al dictarse la resolución correspondiente, por lo que son de desestimarse los agravios relativos, dado que lo que el recurrente aduce implica un análisis de fondo que en modo alguno podría ser realizado en el acuerdo inicial de admisión de la demanda, así como tampoco en el presente recurso de reclamación, puesto que guarda íntima vinculación con el estudio constitucional objeto de la resolución definitiva de la controversia y, por tanto, no puede ser materia de la procedencia o improcedencia de la acción.

Sirve de apoyo al efecto la tesis jurisprudencial P./J. 42/2003, visible en la página mil trescientos setenta y dos, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO.-Los artículos 22, 25, 26 y 28 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los requisitos que debe contener la demanda, así como la obligación del Ministro instructor de examinarla, debiendo desecharla si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y si no lo encontrare, admitirla y ordenar emplazar a la demandada para que dentro del plazo legal produzca su contestación; asimismo, en caso de que el escrito fuere irregular u oscuro, establecen que el instructor debe prevenir a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días subsanen las irregularidades o lo aclaren. Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo inicial que admite o desecha la demanda de controversia constitucional es de mero trámite, es decir, en él únicamente deben dictarse las medidas necesarias para la debida integración del expediente, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto.

"Recurso de reclamación 365/2002, derivado de la controversia constitucional 64/2002. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 25 de marzo de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."

Finalmente, en lo referente a que no debió admitirse la demanda porque quienes signaron el oficio relativo no acreditaron el carácter con el que se ostentaron, debe precisarse lo siguiente:

De conformidad con el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

El precepto invocado es del tenor siguiente:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."

En torno a lo anterior esta Suprema Corte ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.

"Recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 de octubre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."

Así entonces, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda debe apreciarse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido claramente manifestados por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.

Sirve de apoyo al efecto la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.

"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 9/97. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Estado de Campeche. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."

En este orden de ideas, debe concluirse entonces que si el motivo de improcedencia no está plenamente acreditado, por no ser manifiesto e indudable, lo procedente es admitir a trámite la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.

Tomando en consideración lo expuesto, debe determinarse que el argumento planteado por el recurrente no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por tanto, no puede dar lugar al desechamiento de plano de la controversia, puesto que la personalidad de quienes signaron el oficio de demanda, así como las atribuciones con que cuenten para comparecer en nombre de la actora, son cuestiones que se analizarán al dictarse la resolución correspondiente, ya que durante la secuela del procedimiento pueden ser aportados los elementos necesarios para su debido acreditamiento, por lo que son de desestimarse los agravios que al efecto se esgrimieron, dado que el motivo de improcedencia invocado no es claro por sí mismo y menos aún inobjetable, pues involucra cuestiones cuyo análisis se realizará en el momento procesal oportuno, cuando se tengan a la vista todos los elementos aportados durante la sustanciación del juicio y, de lo contrario, se privaría al actor de su derecho a promover la acción y ofrecer las pruebas que estime pertinentes.

Por las consideraciones vertidas y ante lo infundado de los agravios planteados, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de reclamación y, por consiguiente, confirmar el acuerdo recurrido.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 98/2003, interpuesto por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.-En la materia del recurso se confirma el auto recurrido de veintitrés de octubre de dos mil tres, por el que se admitió a trámite la citada controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente). Ausente el señor Ministro Humberto Román Palacios.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18153-f7d860ba/controversia-constitucional-el-hecho-de-que-se-impugne · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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