PÉRDIDA FISCAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2002, QUE ESTABLECE SU AMORTIZACIÓN EN DOCE PAGOS PROVISIONALES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. PÉRDIDA FISCAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2002, QUE ESTABLECE SU AMORTIZACIÓN EN DOCE PAGOS PROVISIONALES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PÉRDIDA FISCAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2002, QUE ESTABLECE SU AMORTIZACIÓN EN DOCE PAGOS PROVISIONALES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PÉRDIDA FISCAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2002, QUE ESTABLECE SU AMORTIZACIÓN EN DOCE PAGOS PROVISIONALES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 269/2003. INMOBILIARIA POZO BRAVO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. La parte recurrente en su primer agravio hace valer, esencialmente, que la sentencia dictada por el Juez del conocimiento viola lo previsto por los artículos 78 y 79 de la Ley de Amparo, al no resolver lo efectivamente planteado, esto es, que el artículo segundo transitorio, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé su entrada en vigor el mismo día de su publicación, transgrede lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales y, por ende, dicha ley carece de vigencia y validez.
Es decir, que en los conceptos de violación nunca se argumentó que existiera una violación al proceso legislativo, sino que ante la ausencia de un periodo, entre la publicación de la norma y su entrada en vigor, denominado vacatio legis, se violan las garantías de seguridad y certeza jurídica, pues los gobernados no conocen el texto legal que deben cumplir.
Además, insiste la recurrente, nunca se argumentó que se violentaran los artículos 3o. y 4o. del Código Civil o el 7o. del Código Fiscal de la Federación, sino que estos preceptos se mencionaron para reforzar el hecho de que en nuestro orden jurídico sí está prevista la vacatio legis; por lo cual, al resultar inconstitucional el artículo segundo transitorio reclamado resulta claro que la Ley del Impuesto sobre la Renta nunca ha tenido vigencia ni validez.
Pues bien, el agravio así resumido debe considerarse de estudio preferente, por tratarse de un tema vinculado con el principio de legalidad que rige en materia tributaria, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro, texto y datos de localización que enseguida se mencionan:
"LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL. Las argumentaciones encaminadas a poner de manifiesto en el juicio de amparo, la existencia de una violación a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, deben examinarse previamente a las que también se esgriman respecto de la violación de las demás garantías de justicia fiscal de los tributos, dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, por lo que de no respetarse, no podría considerarse equitativa y proporcional una contribución cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley formal y material." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, agosto de 1999. Tesis: P./J. 77/99. Página: 20).
En su demanda de amparo, la empresa quejosa combatió la constitucionalidad de la fracción I del artículo segundo transitorio del decreto en el que se prevé la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir del primero de enero de dos mil dos, por considerar, en esencia, que al establecer el inicio de su vigencia el mismo día de su publicación resulta violatoria de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, ya que es necesario que exista un periodo en el cual los afectados por la misma la conozcan antes de su entrada en vigor (vacatio legis), señalando que el propio legislador ordinario reconoció la existencia de tal garantía al plasmar tal circunstancia en el artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación; 3o. y 4o. del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
El Juez de Distrito del conocimiento determinó que dicho concepto de violación resultaba ineficaz por dos razones, la primera porque los artículos 14, 16, 71 y 72 constitucionales no establecen como garantía individual el que las normas fiscales deban entrar en vigor en una fecha posterior a la de su publicación, y la segunda, porque la inconstitucionalidad que alega no puede derivarse de cuestiones doctrinales o de la confrontación con normas secundarias como son el Código Civil y el Código Fiscal.
En este contexto, resulta infundado el agravio que se analiza en atención a que, como bien lo resuelve el Juez del conocimiento, el hecho de que la ley impugnada haya entrado en vigor el mismo día de su publicación, no vulnera ninguna disposición constitucional conforme al criterio sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, de ahí que es incuestionable que la materia pueda ser regulada libremente por el legislador ordinario.
La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico. La Constitución Federal emplea las dos palabras con el mismo significado, tal como puede corroborarse de la lectura de los artículos 70, 72, inciso A y 89, fracción I, que disponen:
"Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: ‘El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto).’
"El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.
"La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
"Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia."
"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente."
"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
"I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia."
Esta afirmación se corrobora, con la tesis de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro, texto y datos de localización, que enseguida se mencionan:
"PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES. La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, sin que sea obstáculo para llegar a esta conclusión, el que en la doctrina, también jurídica, exista una corriente de opinión que pretenda encontrar diferencias entre la promulgación y la publicación de las leyes, pues tales diferencias son meramente teóricas, al resultar que la Ley Fundamental emplea las dos palabras con el mismo significado, según se desprende de la consulta, entre otros, de los artículos 70, 72 inciso a), y 89, fracción I, de la propia Constitución." (Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 139-144, Primera Parte. Página: 224).
Entonces, la finalidad de la promulgación es lograr que las leyes sean conocidas de aquéllos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas. Es así, que si bien el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, es claro que jamás podrá determinar que su vigencia sea anterior a su promulgación, empero, ninguna disposición constitucional le impide establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial.
Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que si bien lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios cuando cobre vigencia, lo cierto es que el sistema que establece que las leyes entrarán en vigor el día de su publicación no transgrede derecho fundamental alguno consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de la lectura que se realice a lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de dicho ordenamiento jurídico, que se refieren a "la iniciativa y formación de leyes", sólo se desprende que la intención del Constituyente fue que las leyes fueran obligatorias a partir del momento de su promulgación.
Así, dichos preceptos, a la letra, prevén:
"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
"I. Al presidente de la República;
"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
"III. A las Legislaturas de los Estados.
"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."
"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
"B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
"Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
"D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
"E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
"F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
"G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.
"H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
"I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.
"J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.
"Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente."
En esta tesitura, la única obligación del legislador ordinario, en cuanto a la formación de las normas, consiste en sujetarse a las disposiciones constitucionales antes transcritas.
Es cierto que en diversos ordenamientos secundarios, como el Código Fiscal de la Federación o el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el legislador dispuso sistemas de vigencia de leyes en los que media un plazo entre su publicación y su entrada en vigor; sin embargo, tales sistemas no lo obligan a establecer, de ese mismo modo, la vigencia de todas las leyes pues, es bien sabido que las distintas leyes que expide el legislador ordinario no tienen jerarquía unas sobre las otras, cada ley rige las situaciones jurídicas que prevé de una manera válida, eficaz y autónoma, en relación con otras disposiciones de distintos cuerpos de leyes; de manera tal que no hay duda de que el legislador ordinario se encontraba en posibilidad de apartarse de esos sistemas, ya que a lo único a que está obligado es a sujetarse a las disposiciones constitucionales.
Inclusive, aun cuando se tomaran en consideración las normas del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el concepto de agravio sería infundado, pues si bien es cierto que el artículo 3o. establece determinados plazos después de la publicación para que las leyes sean obligatorias, igualmente cierto resulta que el artículo 4o. dispone que si la ley fija el día de su vigencia, desde éste debe empezar a regir.
Por tanto, el decreto de reformas fiscales para dos mil dos, al establecer que entrará en vigor el mismo día de su publicación, no es violatorio de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en las tesis cuyos rubros, textos y datos de localización enseguida se mencionan:
"LEYES. EL LEGISLADOR ORDINARIO CUENTA CON LA FACULTAD DE ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE INICIA SU VIGENCIA. Aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71 y 72 señala a quiénes compete el derecho de iniciar leyes o decretos y el procedimiento que se sigue en las Cámaras de Diputados y Senadores para su formación, lo cierto es que no prevé regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, ni de su articulado se deduce la existencia de un sistema sobre tal vigencia, por lo que es incuestionable que esta materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. En consecuencia, el hecho de que una ley haya entrado en vigor el mismo día de su promulgación, no vulnera disposición constitucional alguna, pues debe tomarse en consideración que la promulgación de una ley, no es otra cosa que su publicación formal, esto es, su finalidad consiste en lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, por ende, el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, al no existir disposiciones constitucionales que le impidan establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial, aun cuando lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios antes de que cobre vigencia." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, diciembre de 2002. Tesis: P. XLV/2002. Página: 13).
"LEYES, FECHA DE VIGENCIA DE LAS. Es cierto que es contraria a la razón la hipótesis de que una ley puede ser conocida en toda la República el día de su publicación en el Diario Oficial; pero la única conclusión que puede derivarse es que son notoriamente injustas las leyes que establecen tal sistema, y no que sean inconstitucionales, pues la Carta Fundamental no establece regla alguna sobre vigencia de las leyes, ni de su articulado, que regula materias diversas a la de que se trata, puede deducirse que el espíritu del Constituyente fue el de que las leyes sean obligatorias cuando se satisfaga el requisito de su conocimiento posible. Si pues, la Constitución no dispone nada sobre el particular, es inconcuso que la materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario y, por lo mismo, no corresponde a los tribunales corregir las injusticias que cometa en determinados casos concretos, pues su misión es aplicar estrictamente la ley, salvo que contraríe algún precepto constitucional. Por las razones anteriores, el artículo transitorio de un decreto que ordene que éste entrara en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, no es inconstitucional y, por lo mismo, no violan garantías las autoridades al aplicarlo en sus términos." (Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXVIII. Página: 2273).
"LEYES FISCALES, CUANDO ENTRAN EN VIGOR. No puede desconocerse que el legislador ordinario que expidió el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, en Materia Común y para toda la República, en Materia Federal, pretendió establecer en los artículos 3o. y 4o., un sistema general sobre obligatoriedad de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general; pero no puede suscitar duda alguna el principio de que el mismo legislador ordinario pudo apartarse de ese sistema general, ya que solamente está obligado a ajustarse a las prescripciones constitucionales. Ahora bien, en materia fiscal, la legislación se ha apartado de las reglas contenidas en el derecho común, de tal manera que en ningún caso son aplicables, pues cuando la ley fiscal es omisa respecto a la fecha de su vigencia, la laguna queda suplida con el artículo 5o. de la Ley de Percepciones Fiscales o el artículo 7o. del Código Fiscal, en los casos respectivos, que contienen normas distintas a la consignada en el artículo 3o. del código citado." (Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXV. Página: 762).
Consecuentemente, se debe concluir que es infundado el agravio propuesto, porque contrariamente a lo que alega la recurrente, es constitucional la disposición que establece que el ordenamiento jurídico en estudio entrará en vigor el mismo día de su publicación y, consecuentemente, es correcta la decisión del Juez a quo, en cuanto a negar la protección federal, por lo que hace al artículo segundo, fracción I, del decreto legislativo por el que se establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos.
Procede en segundo término, el estudio del agravio referido a la irretroactividad de las leyes, toda vez que también se relaciona con el principio de legalidad en materia tributaria y, por ende, se entiende que su estudio es igualmente preferente.
Así, en su cuarto y último agravio, la parte recurrente aduce que resulta ilegal la sentencia combatida pues, por un lado, es incorrecta la determinación del Juez de Distrito respecto a que no se impugnó la fracción V del artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por ello el concepto de violación resulta inatendible, cuando es el caso que la fracción V de dicha norma resulta aplicable tratándose de la regulación de pérdidas fiscales en relación con la declaración anual y no así respecto a los pagos provisionales, motivo por el cual era innecesaria su impugnación al no regular ni limitar la aplicación de las pérdidas sufridas en los pagos provisionales para determinar si es o no atendible el concepto de violación.
En este sentido, añade la inconforme, el planteamiento que debió ser analizado se refiere a que el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de irretroactividad, al desconocer el régimen anterior aplicable a la amortización de pérdidas en el cálculo de los pagos provisionales, pues limita y reduce el monto de las pérdidas susceptibles de amortizar en cada pago provisional, obliga al pago de mayor impuesto e impide que se solicite autorización para reducir el monto de los pagos provisionales en el primer semestre del año, con lo cual se genera la desproporción e inequidad en el pago del impuesto sobre la renta, planteamiento del cual debió advertirse que se impugnaron el cúmulo de reformas que modificaron el sistema de amortización de pérdidas y, por ende, procede que se analice el concepto de violación referido a la retroactividad del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El agravio que se analiza resulta esencialmente fundado pero insuficiente para conceder el amparo solicitado.
En efecto, como afirma la quejosa, ahora recurrente, el Juez indebidamente declaró inoperante su concepto de violación respecto a la retroactividad del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1o. de enero de 2002, en tanto no era obligatorio impugnar la fracción V del artículo segundo transitorio del decreto de reformas. Esto es, en el concepto de violación hecho valer por la quejosa se dijo, de manera clara, que el artículo 14 de la ley mencionada resultaba violatorio del principio de retroactividad de las leyes, contenido en el artículo 14 constitucional, en la medida en que el mecanismo que establece para disminuir pérdidas fiscales de los pagos provisionales, desconoce el mecanismo previsto, hasta antes de las reformas, por el artículo 55 del mismo ordenamiento, en el cual no existía limitación alguna a la deducción de las pérdidas, mientras que ahora se obliga al contribuyente a fraccionarlas, con lo cual se le impide disminuir las pérdidas fiscales al 100%, motivo por el cual el Juez de Distrito estaba en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión planteada y no declarar inoperante el concepto de violación respectivo, pues la fracción V del artículo segundo transitorio se refiere a la mecánica del cálculo de las pérdidas fiscales en general, pero no en relación específica con su deducción de los pagos provisionales y, por ello, no tenía por qué ser impugnada.
Así las cosas, este Tribunal Pleno en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace cargo del análisis del concepto de violación propuesto y estima, sin embargo, que éste resulta infundado. En el entendido de que, si bien en el escrito de demanda la parte quejosa impugna el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en general, de la lectura detenida de dicho escrito se desprende que, en realidad, está impugnando la fracción II, tercer párrafo, del precepto señalado, en la medida en que lo que reclama es la nueva mecánica que se le obliga a aplicar para deducir, de los pagos provisionales, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores.
Hecha la aclaración que antecede, para dar adecuada respuesta al concepto de violación relativo, es necesario tener presente la jurisprudencia P./J. 87/97 y las tesis aisladas sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, página 7, y Volúmenes 145-150, Primera Parte, Séptima Época, página 53, que, respectivamente, establecen:
"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan."
"DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado."
De conformidad con las tesis transcritas, para determinar si existe violación al principio de no retroactividad de la ley, previsto en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución, debe examinarse si la parte quejosa cuenta con un derecho adquirido con anterioridad a la vigencia de una norma y, además, precisar cuáles de las consecuencias jurídicas de dicho acto se produjeron durante la vigencia de la ley anterior, las que no pueden ser afectadas por la aplicación de la norma actual, situación a la que se constriñe la imposibilidad de afectación por un acto sustentado en la ley en vigor.
En relación, específicamente, con el principio de retroactividad en materia fiscal, el Pleno y la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, han sustentado los criterios que a continuación se transcriben, publicados en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 14, Primera Parte, página 29; Quinta Época, Tomo LXXIII, página 8106; y, Quinta Época, Tomo LXXII, página 2109, que, respectivamente, son del siguiente tenor literal:
"RETROACTIVIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL. Si bien las leyes fiscales, por ser de interés público, pueden retrotraerse y es legítima facultad del Estado cambiar las bases de la contribución, la justicia de tal retroactividad sólo puede entenderse en el sentido de que los contribuyentes no pueden alegar que han adquirido el derecho
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17692-29d3e403/perdida-fiscal-el-articulo-14-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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