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Modo: Corpus Pro

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA RESOLUCIONES INTERMEDIAS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO EL QUEJOSO FUE VENCEDOR EN EL JUICIO Y PRETENDE QUE SE EJECUTE DEBIDAMENTE EL FALLO (EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 63/2003. · Registro digital (IUS): 17564
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INMOBILIARIA GARCÍA ESPINOSA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 1122.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 63/2003. INMOBILIARIA GARCÍA ESPINOSA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. En su primer agravio la recurrente aduce, en esencia, que la resolución recurrida le causa perjuicio, toda vez que el acto reclamado mediante el juicio de amparo constituye una actuación que genera actos de imposible reparación que inciden en la continuidad del procedimiento. En ese sentido, sostiene que el acuerdo impugnado en el que se ordena realizar la escrituración del inmueble controvertido a favor de Inmobiliaria García Espinosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como de su apoderado, José Luis García Espinosa, respecto de diversos departamentos, contraviene el resolutivo segundo de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el que establecía la facultad de la actora para designar a las personas físicas o morales a favor de las que se efectuaría la escrituración en comento.

Asimismo, señala que el resolutivo en cita es claro y preciso en cuanto a que le asiste la facultad para designar a favor de quienes debe escriturarse el inmueble ubicado en la calle Puebla número sesenta y cuatro (64), colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, sin que se establezca algún tipo de limitación en cuanto al tiempo y forma en que puede ejercer esa facultad, por lo que, dice, el Juez natural se equivocó al ordenar el desahogo de una vista a las partes con el escrito en el que nuevamente hacía la designación de la persona moral a cuyo favor debía escriturarse el inmueble controvertido, así como al atender las manifestaciones de su contraria (demandada en el juicio natural), quien afirmó al desahogar la vista aludida que la escrituración debía efectuarse atendiendo a las designaciones que la actora señaló en un primer escrito presentado el diez de noviembre de dos mil uno y no conforme a las que se consignaron en la promoción presentada posteriormente el veintiséis de agosto de dos mil dos.

En ese orden de ideas, el recurrente continúa señalando que de seguirse el criterio aplicado por el Juez natural en el sentido de imponer una limitación a la facultad de designación concedida a la actora, tampoco se podría tomar en cuenta el escrito de diez de noviembre de dos mil uno, dado que el derecho de designar a las personas a cuyo favor deben elaborarse las escrituras fue ejercido originalmente desde mil novecientos noventa y tres, como se advierte de la propia sentencia definitiva del juicio natural, y de aplicarse el criterio en comento se llegaría al absurdo de obligarla a designar a las personas que señaló en las cartas de veintiocho de enero y veinticinco de febrero del año en cita, dándose el caso de que una de esas personas ya falleció.

En el segundo agravio el recurrente aduce que el Juez de amparo ignoró el escrito del veintiuno de junio de dos mil dos, presentado por Luis Fernando Escandón, quien se ostentó como representante de la demandada, y en el que expresamente ese profesionista señaló que carecía de facultades para firmar la escritura, toda vez que sus poderdantes le habían negado el poder necesario para tal efecto. En ese sentido, agrega que desde ese momento debió quedar precisado que la persona referida no estaba facultada para intervenir en todo lo relacionado con la firma de la escritura ordenada y, por consiguiente, también estaba imposibilitada para renunciar a nombre de la demandada a la obligación de firmar la escritura, pues ello constituye un acto de dominio sobre el que no estaba capacitado legalmente para intervenir, según lo previsto en el artículo 2562 del Código Civil para el Distrito Federal.

A su vez, explica que el citado profesionista violó el encargo conferido, pues primero manifestó que renunciaba a la obligación de firmar la escritura y después continuó interviniendo en actos relacionados con la citada firma, en la que supuestamente no podía tener representación; proponiendo una serie de medidas y condiciones sobre su elaboración que son atendidas y resueltas por el juzgador natural en el auto del nueve de septiembre de dos mil dos, existiendo ahí un acto de imposible reparación, ya que a partir de esa determinación judicial el notario público procedería a elaborar la escritura multicitada, violando el derecho que tiene en cuanto a la designación de las personas a cuyo favor debe escriturarse el inmueble controvertido.

Los argumentos resumidos resultan inoperantes.

En efecto, la inoperancia estriba en que los argumentos en cita se refieren a cuestiones relacionadas con el fondo del amparo cuya demanda se desechó por ser notoriamente improcedente; por consiguiente, el juzgador de garantías no se pronunció respecto de esos temas, pues su estudio se limitó al análisis de la procedencia del juicio constitucional, llegando a la conclusión de que, en la especie, se actualizaba la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

En consecuencia, el sentido del auto recurrido no sólo liberaba al Juez de Distrito para abordar el estudio de los temas referidos por la aquí recurrente, sino que también lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder hubiera sido incongruente, en virtud de que la principal consecuencia de la no admisión de la demanda de garantías es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.

En otro aspecto, debe señalarse que el recurrente en el capítulo de antecedentes de su escrito del recurso de revisión, así como en una parte de su primer agravio, manifiesta una serie de argumentos en los que patentiza que ha promovido hasta en dos ocasiones la ejecución de la sentencia definitiva del juicio natural, la que fue favorable a sus intereses; mientras que su contraria se ha dedicado a obstaculizar esa ejecución mediante la interposición de una serie de recursos y la promoción de otro incidente de ejecución de sentencia del cual posteriormente se desistió, por lo que el acto de escrituración intentado mediante el procedimiento de ejecución quedó inconcluso, hasta que un año después a instancia suya nuevamente se solicitó efectuar la escrituración correspondiente ante el notario público encargado para tal efecto, e incluso presentó el escrito del veintiséis de agosto de dos mil dos, en el que señaló a la persona moral a cuyo nombre debía escriturarse el inmueble en conflicto, a saber, Inmobiliaria García Espinosa, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, concluye, la ejecución de la sentencia definitiva del juicio natural en la que resultó vencedor ha sido interrumpida por causas imputables a la demandada, con los subsecuentes perjuicios a sus derechos.

Esos argumentos son esencialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido y ordenar la admisión del juicio de garantías.

En principio, cabe señalar que los argumentos en cita se analizan tomando en consideración que se ha abandonado el criterio formal y estricto de exigir la precisión de un argumento lógico-jurídico a manera de un silogismo en el que necesariamente exista una premisa mayor, una menor y una conclusión, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo exigen para ello determinados requisitos esenciales e imprescindibles que se traduzcan en formalidades rígidas y solemnes y, por ende, basta con que en alguna parte del escrito de agravios se señale con claridad la causa de pedir, indicándose cuál es la lesión o agravio que el recurrente estime le causa la resolución recurrida, para que el juzgador esté constreñido a estudiarlo.

Es aplicable al caso la tesis número P./J. 69/2000, de la Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 5, del texto siguiente:

"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última."

En esas condiciones, asiste razón a la recurrente porque los argumentos precisados tienden a poner de manifiesto que no existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dado que los actos reclamados en el juicio de garantías obstaculizarían la debida ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, que tiene la categoría de cosa juzgada.

Cabe señalar que el Juez de Distrito estimó que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el precepto 114, fracción III, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no constituía la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y que por ello procedía desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 145 del propio ordenamiento legal en cita.

Los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevén:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"III. ... Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso."

De conformidad con dichos preceptos, la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y la posibilidad de que en esa ocasión puedan reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada; así como que por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución y dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia.

Por última resolución se entiende, en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia o convenio o, en su caso, establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia o convenio que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia o convenio, que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución; y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a obtener el cumplimiento estricto de la sentencia que es cosa juzgada, y que implica que la garantía de audiencia ya se cumplió antes de que se emita el acto de privación.

De ahí que debe atenderse en cada caso concreto a la naturaleza propia de las resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y al de la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto como medida de apremio, para establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución y cuándo se trata de un acto intermedio que prepara la ejecución, y cuya naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento deba ser analizada en el juicio de garantías.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia identificada con el número P./J. 32/2001, de la Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial la Federación y su Gaceta, página 31, que es del rubro y texto siguientes:

"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."

Ahora bien, cabe precisar que el peticionario de garantías señaló como actos reclamados la resolución del doce de noviembre de dos mil dos, dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca número 2983/02, y el auto emitido por el Juez Décimo Cuarto Civil en el Distrito Federal el nueve de septiembre de dos mil dos, en el que se ordena que la escrituración del inmueble ubicado en la calle Puebla número sesenta y cuatro (64), colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, se realice a favor de Inmobiliaria García Espinosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de unos departamentos, así como a favor del apoderado de esa persona moral, José Luis García Espinosa, respecto de otros. Es pertinente señalar que la resolución de la Sala responsable confirmó el auto dictado por el Juez natural.

Esas determinaciones no pueden considerarse como la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de la cual deriva el juicio de origen, ya que su efecto es únicamente ordenar al notario público encargado, designado para tal efecto, para que elabore las escrituras relacionadas con el contrato de compraventa base de la acción, atendiendo a las personas que ahí se refieren, sin que ello signifique que se está declarando en forma absoluta el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada o, en su caso, la imposibilidad para cumplirla.

No obstante la conclusión anterior, en el caso se estima que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez de amparo, toda vez que se infiere que quien promovió el juicio de garantías resultó vencedor en el procedimiento natural y está interesado en que se ejecute debidamente la sentencia definitiva emitida a su favor, surtiéndose un caso de excepción a la regla general plasmada en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

En efecto, la regla general que contempla el precepto legal citado, establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

En ese contexto, atendiendo a que la finalidad de dicho precepto es que no se entorpezca la ejecución de un fallo que ha adquirido la fuerza de cosa juzgada, debe admitirse que la regla general que prevé dicho precepto tiene una excepción, consistente en que a pesar de que el acto reclamado sea un acto intermedio dictado en el procedimiento de ejecución, sólo es aplicable a quien fue condenado en el juicio y no a quien resultó vencedor, como en el caso ocurrió, quien lógicamente no puede estar interesado en el entorpecimiento del procedimiento de ejecución, sino, por lo contrario, en que se lleve a cabo con rapidez.

Luego, en casos como el de que se trata, cuando se reclaman actos dictados en el procedimiento de ejecución no con el propósito de entorpecer ese procedimiento, sino con la finalidad de que se ejecute debidamente la sentencia que es cosa juzgada, si ese acto es susceptible de impedir la debida ejecución del fallo respectivo, una vez agotado el principio de definitividad es procedente de inmediato el amparo indirecto, sin necesidad de esperar a la última resolución dictada en el procedimiento, como lo exige la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo en su segundo párrafo, porque esa resolución no se ocupará de determinar si fue legal o no que en su oportunidad se haya negado el derecho al quejoso de designar a las personas físicas o morales a cuyo favor debe escriturarse el inmueble ubicado en la calle Puebla número sesenta y cuatro (64), colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Es aplicable al caso el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, contenido en la tesis número I.3o.C.328 C, de la Novena Época, publicada en el Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1292, que dice:

"-La regla general que contempla el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido y que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, en atención a que la finalidad de dicho precepto es que no se entorpezca la ejecución de un fallo que ha adquirido la fuerza de cosa juzgada, cabe admitir que la regla general que prevé sufre una excepción, consistente en que a pesar de que el acto reclamado sea un acto o resolución intermedio dictado en el procedimiento de ejecución, sólo es aplicable a quien fue condenado en el juicio y no a quien resultó vencedor, quien lógicamente no puede estar interesado en el entorpecimiento del procedimiento de ejecución sino, por lo contrario, en que se lleve a cabo con rapidez. Consecuentemente, cuando se reclama un acto dictado en el procedimiento de ejecución no con el propósito de entorpecer ese procedimiento, sino con la finalidad de que se ejecute debidamente la sentencia que es cosa juzgada, si ese acto es susceptible de impedir la debida ejecución del fallo respectivo, una vez agotado el principio de definitividad, es procedente de inmediato el amparo indirecto, sin necesidad de esperar a la última resolución dictada en el procedimiento, como lo exige el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, porque esa resolución no se ocupará de determinar si fue legal o no que en su oportunidad se haya negado el derecho al quejoso a ejecutar debidamente la sentencia ejecutoriada."

En ese contexto, es evidente que, en la especie, no existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que no se surten los supuestos previstos en el artículo 145 de la Ley de Amparo y, por tanto, que no puede considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías.

En las condiciones apuntadas, debe revocarse la resolución sujeta a revisión para que, de no advertirse una diversa causa de improcedencia manifiesta e indubitable o algún otro motivo para no admitirla, se provea sobre la admisión de la demanda de garantías promovida por Inmobiliaria García Espinosa, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción I, 85, fracción I, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la resolución recurrida.

SEGUNDO.-Se ordena al Juez Séptimo de Distrito "B" en Materia Civil en el Distrito Federal, que provea sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por Inmobiliaria García Espinosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado José Luis García Espinosa, contra los actos que reclama de la Sexta Sala Civil y Juez Décimo Cuarto Civil, ambas autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria, si no encuentra algún otro motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución remítanse los autos al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Neófito López Ramos, Armando Cortés Galván y María Soledad Hernández de Mosqueda, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente la tercera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17564-397ca4d4/ejecucion-de-sentencia-es-procedente-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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