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Modo: Corpus Pro

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. ACTIVO. EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE ESE IMPUESTO, ENTRE OTROS, Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS A DIVERSOS CONTRIBUYENTES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MAYO DE 2002, NO VIOLA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ANÁLISIS DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN I. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA AL PODER EJECUTIVO POR SU ARTÍCULO 39, FRACCIÓN I, NO SE ENCUENTRA LIBRE DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL. EQUIDAD TRIBUTARIA. ÁMBITO ESPECÍFICO DE SU APLICACIÓN. IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. MEDIDAS DE EXONERACIÓN EN MATERIA FISCAL. SU PROPÓSITO DEBE RESPONDER A UN RELEVANTE INTERÉS SOCIAL O ECONÓMICO NACIONAL, Y ATENDER AL PRINCIPIO DE IGUALDAD. EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1629/2004. · Registro digital (IUS): 19792
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INMOBILIARIA DOS CARLOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 30.

AMPARO EN REVISIÓN 1629/2004. INMOBILIARIA DOS CARLOS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se cuestionó la constitucionalidad de una ley federal, como lo es la Ley del Impuesto al Activo.

Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.

SEGUNDO. Oportunidad. Resulta innecesario analizar la oportunidad en la interposición del recurso, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto realizó el cómputo respectivo y concluyó que fue interpuesto en tiempo.

TERCERO. Cuestiones que deben quedar firmes. Por no haber sido combatidas por la parte a la que pudieran perjudicar, debe quedar firme lo sostenido por el Juez a quo a través del punto considerativo noveno de la sentencia recurrida, en el cual se dio respuesta a los planteamientos de la quejosa, en virtud de los cuales se hizo valer la violación a los artículos 5o. y 28 constitucionales.

CUARTO. Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto, deberá dilucidarse si los agravios formulados por la empresa quejosa, ahora recurrente, son suficientes para modificar o revocar la negativa al otorgamiento de la protección constitucional.

QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Las consideraciones necesarias para resolver el presente asunto, son las que a continuación se sintetizan.

1. A través de la demanda de garantías, la empresa quejosa endereza los siguientes conceptos de violación.

1.1. En su primer concepto de violación, la parte quejosa señala que el sistema tributario creado como consecuencia de la coexistencia de la Ley del Impuesto al Activo y del "Decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes" -en lo sucesivo el "decreto"-, transgrede en su perjuicio los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Previa delimitación de los principios que se desprenden de la fracción IV del artículo 31 constitucional, la quejosa sostiene que el artículo primero del referido decreto es violatorio del principio de equidad tributaria, en virtud de que su aplicación se condiciona al cumplimiento de los requisitos que conforman lo que denomina el "criterio diferenciador", a saber:

- No haber excedido un determinado nivel de ingresos en el ejercicio fiscal de dos mil uno; y,

- No haber excedido un determinado nivel de activos en el propio ejercicio fiscal identificado.

Posteriormente, la sociedad mercantil quejosa procede a la delimitación del alcance del principio de equidad en materia tributaria, procediendo a continuación a argumentar que el "criterio diferenciador" otorga un trato preferente a los contribuyentes del impuesto al activo, cuyos ingresos y activos no superen el nivel de $14'700,000.00 (catorce millones setecientos mil pesos), toda vez que los exime totalmente del pago del tributo, bajo el argumento de que dicha medida se encamina a la reactivación de la economía y del empleo, siendo el caso que, a juicio de la quejosa, no existen diferencias relevantes entre los causantes que excedan dicho nivel y los que no lo hagan, como para que se justifique que unos dejen de pagar el impuesto.

La impetrante de garantías precisa que el artículo 31, fracción IV, constitucional, no justifica que ante los supuestos de reactivación económica y del empleo -consideraciones del decreto-, no sea necesario cumplir con los requisitos de equidad, proporcionalidad y legalidad.

Al respecto y ampliando su planteamiento a lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, la quejosa señala que el gobierno no debe hacer distinciones entre las personas o las clases, en lo que concierne a los sacrificios que de éstas pueden exigirse, de tal manera que la presión para todos sea igual en la medida de lo posible y que el sacrificio para el conjunto sea menor.

Derivado de lo anterior, señala que al exentar del pago del impuesto al activo a las empresas consideradas "pequeñas" o "medianas" -características éstas que, a su juicio, tampoco son delimitadas y que, por otra parte, no son una base válida para establecer categorías que distingan entre los causantes-, resulta inconstitucional, toda vez que la carga fiscal no sería repartida entre todas las personas que se encuentren en los supuestos normativos establecidos para tal efecto, violándose los principios de generalidad y de uniformidad o igualdad que conforman la garantía de equidad tributaria.

En este contexto, la quejosa señala que la necesidad de reactivar la economía y el empleo existe tanto para las empresas beneficiadas por el decreto -las "pequeñas" y "medianas"-, como para las que no gozan del beneficio -las consideradas "grandes"-, con independencia de su nivel de activos o de ingresos en el ejercicio fiscal de dos mil uno, siendo el caso que todas estas empresas tienen derecho a un trato igualitario.

Por otra parte, la impetrante argumenta que el "criterio diferenciador" se apoya en elementos ajenos al impuesto al activo -como lo es el monto de los activos y/o de los ingresos del ejercicio anterior-, aunado a que dicho nivel de activos e ingresos en ocasiones no dependería del sujeto, sino de cuestiones aleatorias ajenas a la voluntad de éste, lo cual pondría de manifiesto el establecimiento de una excepción discriminatoria.

En apoyo a lo dicho, afirma que el caso en estudio se plantearía en condiciones idénticas a lo resuelto por este Máximo Tribunal en relación con el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo, vigente hasta mil novecientos noventa y seis, en relación con el cual se concluyó que éste era violatorio de la garantía de equidad tributaria, estableciéndose la jurisprudencia de rubro: "ACTIVO. LA EXENCIÓN DE ESTE IMPUESTO A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."

Asimismo, la sociedad mercantil quejosa aduce que, en casos similares, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad de la discriminación tributaria, citando para tal efecto, las tesis de jurisprudencia de rubros: "RENTA. EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY RELATIVA, EN CUANTO A LA TASA ADICIONAL, VIOLA EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV CONSTITUCIONAL (D.O. 31-XII-1985).", "RENTA. IMPUESTO SOBRE LA. LA TASA ADICIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY RESPECTIVA VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL (D.O. 31-XII-1985).", "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTÍCULO 24 TRANSITORIO DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. ES INCONSTITUCIONAL PORQUE VIOLA LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL YA QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE EQUIDAD DE LOS TRIBUTOS.", "EQUIDAD TRIBUTARIA. LA TRANSGRESIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO REQUIERE COMO PRESUPUESTO QUE SE ESTABLEZCAN DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES." y "RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA

Por último, alega que la inconstitucionalidad del decreto es confirmada por el hecho de que, previo a dos mil dos, el Ejecutivo exclusivamente tomaba en cuenta el monto de los ingresos a fin de delimitar el universo de causantes al que resultaba aplicable la exención -es decir, no se hacía referencia al valor de los activos del contribuyente-; al respecto, la quejosa argumenta que el Ejecutivo no justificó debidamente el porqué de su decisión en el sentido de que el beneficio también debía condicionarse al valor de los activos, no sustentándose lo anterior en razones objetivas.

1.2. En cuanto al segundo concepto de violación, la parte quejosa se duele de una violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, en relación con el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, por parte del numeral primero del decreto en cuestión, pues estima que éste transgrede la garantía de equidad tributaria y presenta un vicio de falta de observancia de lo prescrito por la ley fiscal.

A) En un primer apartado de dicho concepto de violación, la parte quejosa aduce que el "criterio diferenciador" contenido en la parte final del artículo primero del referido decreto, constituye una distinción que no está prevista dentro de las hipótesis normativas a que se refiere el artículo 39, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, mismas que facultan al Ejecutivo a eximir a determinados contribuyentes del pago de un impuesto, con lo cual, a su juicio, se vulnera la garantía de equidad tributaria.

A fin de soportar lo anterior, primeramente se remite a lo señalado por el Ejecutivo en el decreto reclamado, a través del cual habría expuesto que la medida determinada obedecía a la incertidumbre prevaleciente en la economía internacional, misma que podría afectar de manera directa el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, reduciendo la inversión en sus activos productivos y mermando la creación de empleos.

Al respecto, la quejosa aduce que en ejercicio de la facultad que se confiere al Ejecutivo a través del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, se establece una exención temporal en materia de impuesto al activo, discriminándose a algunas empresas que, a criterio del propio Ejecutivo, no son pequeñas o medianas, lo cual para la quejosa constituiría una medida cuyo fundamento, razón o motivo se desconoce, siendo el caso que lo anterior no se encontraría previsto entre las hipótesis normativas contempladas por el referido numeral del código tributario federal.

La quejosa argumenta que la fracción I de dicho artículo, establece diversos supuestos que permitirían condonar o eximir, total o parcialmente del pago de un tributo, o bien, autorizar su pago diferido o en parcialidades -cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de una actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias-, entre los cuales no se cuenta la posibilidad de distinguir a los contribuyentes con base en una generalidad, como a su juicio sucede en la especie.

Al respecto, señala que si la medida se otorgó con el fin de impulsar el empleo, no se justificaría establecer una distinción con base en el patrimonio de los contribuyentes, considerando que la posibilidad de crear empleos no es una base para distinguir entre las empresas "pequeñas" y "medianas", por un lado, y las "grandes", por el otro -mucho menos atendiendo a su nivel de activos-, y menos aún si se considera que las empresas que se ubican en dicho supuesto no se identificarían precisamente con las "pequeñas" o "medianas".

El quejoso arguye que la disposición deja una carga tributaria excesiva y desproporcional a los contribuyentes con ingresos y activos mayores a los señalados en el decreto reclamado, considerando que el volumen de activos es un parámetro directamente proporcional a la capacidad de creación de nuevas fuentes de empleo, pudiéndose aprovechar las sumas correspondientes al pago del impuesto al activo para los fines propuestos en el decreto.

La quejosa expone que el empleo no es una actividad exclusiva de las empresas "pequeñas" o "medianas", sino que constituye una generalidad de todo ente económico. Asimismo, aduce que el decreto no cumpliría el propósito de beneficiar a las empresas "pequeñas" y a las "medianas", toda vez que no existiría dispositivo legal alguno que estableciera que el nivel de ingresos y activos en el que basa su determinación el Ejecutivo, sea el que permita distinguir a las empresas "pequeñas" y "medianas".

Por otra parte, la quejosa hace valer que la clasificación propuesta en el decreto no encontraría soporte en ley, decreto o documento alguno, siendo, en todo caso "inexacta", toda vez que no atendería a los lineamientos establecidos por la entonces denominada Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través del "Acuerdo por el que se modifican las definiciones de micro industria, industria pequeña e industria mediana", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y tres, mismo que definiría a la industria pequeña como "empresas que ocupen hasta 100 personas y el valor de sus ventas anuales no rebase el equivalente a N$9'000,000.00", mientras que a las industrias medianas se les definiría como "empresas que ocupen hasta 250 personas y el valor de sus ventas netas anuales no rebasen el equivalente a N$20'000,000.00".

A juicio de la parte quejosa, existe una violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que el "criterio diferenciador" mencionado no estaría previsto en la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal en vigor, estimando que el mismo consiste en un concepto genérico que no se contempla dentro de las facultades de exentar del Ejecutivo.

En cuanto a los efectos de la posible concesión del amparo en contra del sistema que deriva de las disposiciones legales que establecen la obligación de pago y del decreto referido, la quejosa estima que sí puede tener efectos restitutorios, atento a lo dispuesto por la tesis 2a. LXXVII/2001, emitida por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, pues el acto reclamado es formal y materialmente legislativo y, asimismo, modifica uno de los elementos esenciales de la contribución, por lo que la sentencia emitida en su favor debería tener como efecto el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación de pago.

B) En el segundo apartado de dicho concepto de violación, la quejosa aduce que el Ejecutivo no habría contemplado un procedimiento que evitara que el acceso al beneficio pudiera perderse por el solo hecho de que se superara el monto máximo de ingresos o de activos.

A su juicio, un sistema de tarifas como del impuesto sobre la renta de las personas físicas, habría sido un mecanismo idóneo para evitar discriminaciones injustificadas para aquellos contribuyentes que excedieran los niveles de ingresos y/o activos, aunque fuera por un peso o fracción de éste.

Al no contemplar dicho mecanismo, la quejosa estima que el "criterio diferenciador" que se desprende del decreto reclamado es "simplista" y "poco objetivo", como otros que este Alto Tribunal ya habría declarado inconstitucionales. A fin de soportar lo anterior, cita diversas tesis de jurisprudencia, entre las que destaca la de rubro: "IMPUESTOS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO, CONLLEVA UN INCREMENTO EN LA TASA APLICABLE QUE ELEVA EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATORIAS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS."

La empresa quejosa aduce que la aplicación conjunta del decreto y de las disposiciones legales que establecen la obligación de pago, genera una situación de inequidad, toda vez que las personas que excedieran el nivel de ingresos o de activos -mismo que califica de arbitrario-, aunque fuera por un solo peso, se encontrarían obligados a pagar el impuesto, considerando que el parámetro de distinción es absoluto -es decir, no contempla una tarifa o un "escalón"-, lo cual, adicionalmente, daría lugar a la violación de la garantía constitucional de proporcionalidad.

1.3. En lo tocante al tercer concepto de violación, la parte quejosa estima que el "criterio diferenciador" al que se ha hecho referencia, transgrede la garantía de libre concurrencia, en relación con la libertad de trabajo, industria y comercio, establecida en los artículos 5o. y 28 de la Constitución Federal.

Al respecto, señala que el artículo 28 constitucional garantiza la igualdad de condiciones a aquellos gobernados que se dedican a una misma actividad, proscribiéndose los monopolios y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes respectivas.

En relación con lo anterior, la impetrante argumenta que a través del decreto reclamado, se otorga una ventaja exclusiva e indebida a varias personas determinadas -a los contribuyentes cuyos ingresos y activos no excedan del monto contemplado en dicho decreto-, generándose un "exclusivismo" o prerrogativa para el desempeño de su actividad y, por otra parte, se les estaría liberando de su obligación de contribuir al gasto público, contraviniéndose lo prescrito por el artículo 28 constitucional.

De esta forma, el decreto reclamado no garantizaría una igualdad de condiciones entre aquellos gobernados que se dedican a la misma rama productiva, generándose una desigualdad entre los que, a juicio de la quejosa, se encontrarían en condiciones iguales. Para respaldar sus razones, utiliza la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS."

Por otro lado, estima que el artículo 28 constitucional equipara la exención de impuestos a la creación de un monopolio, situación que, a su juicio, se actualiza en la especie, pues la aplicación del decreto tendería a evitar la libre competencia, así como la libre concurrencia económica, en perjuicio no sólo de la quejosa y de las demás empresas excluidas -las cuales no podrían contribuir al cumplimiento de los fines del decreto, es decir, a la reactivación de la economía y del empleo-, sino también "del pueblo en general", el cual podría verse perjudicado, adicionalmente, con un incremento de precios.

En este contexto, la quejosa concluye que el "criterio diferenciador" viola los artículos 5o. y 28 constitucionales, haciéndose procedente la concesión del amparo en contra de la "aplicación mancomunada" del decreto reclamado y de la obligación de pago prevista en los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley del Impuesto al Activo, lo cual -reitera la quejosa- debería tener el efecto de liberarla de la referida obligación de pago de dicho gravamen por el ejercicio fiscal de dos mil dos.

1.4. Por lo que hace al cuarto concepto de violación, la quejosa se duele de una violación a la garantía de proporcionalidad tributaria, por parte del artículo 1o. del decreto mencionado, en aplicación conjunta con los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley del Impuesto al Activo, lo cual deriva de dos líneas argumentativas, mismas que se desarrollan a continuación.

A) En primer término, la quejosa hace valer que la sola tenencia de activos no denotaría capacidad contributiva, en la medida en que no se pueden traducir en una cantidad líquida de ingresos, motivo por el cual no debería ser un elemento para determinar la exención de pago del gravamen.

Al delimitar el alcance de la garantía constitucional de proporcionalidad, la quejosa precisa que los gravámenes se deben fijar de conformidad con la verdadera capacidad contributiva de cada sujeto pasivo. En esta misma línea, señala que el impacto económico que las contribuciones deben tener en el patrimonio del causante, debe guardar una relación directamente proporcional con la fuente de riqueza que se pretende gravar -o, como acontece en la especie, exentar- a fin de que la razón de la exención obedezca a un elemento objetivo que denote capacidad contributiva.

La quejosa argumenta que la sola tenencia de activos no produce un incremento en su esfera patrimonial y, por ende, al no poderse traducir aquellos en un ingreso acumulable para la empresa, dicha tenencia no es un factor económico suficiente válido para condicionar el otorgamiento de una exención del impuesto al activo.

Señala la impetrante que el primer acto de aplicación de los numerales mencionados presupone un ingreso virtual, una ganancia mínima por parte de la empresa por ser propietaria de inmuebles, lo cual generaría una utilidad equivalente al 1.8% del valor de los mismos y, por ende, le obligaría a efectuar un pago provisional a cargo del impuesto del ejercicio. En relación con lo anterior, señala que si dicha tenencia no es un elemento que refleje capacidad contributiva no debiendo tributar en función de los activos, mucho menos podrían ser éstos el elemento distintivo para efectos de decretar la exención.

De esta manera, la quejosa reitera que la capacidad contributiva no se ve reflejada en la mera tenencia de activos y/o generación de ingresos de un ejercicio anterior, considerando que se violan sus garantías individuales al quedar excluido del beneficio establecido por el decreto y quedando conminada al pago del impuesto al activo, al presuponerse una riqueza virtual que no tiene razón objetiva de ser.

B) Por otro lado, la sociedad mercantil quejosa argumenta que, en todo caso y aun suponiendo sin conceder que los activos o el ingreso fueran un elemento que reflejara capacidad contributiva, dichos elementos deberían valorarse en el ejercicio en curso, y no atenderse a su valor en un periodo diverso, como lo es el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con el artículo primero del decreto reclamado.

A juicio de la impetrante de garantías, es inconstitucional que a fin de valorar el elemento distintivo de capacidad económica, dicha disposición se refiera a un ejercicio fiscal anterior, con lo cual se desatiende la capacidad presente, debiendo tomarse en cuenta que el nivel de activos o de ingresos puede variar de un ejercicio a otro, en función de una serie de factores como son la economía o la situación particular del mercado.

En apoyo de su argumento, cita la tesis de jurisprudencia de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE ESTABLECE EL MOMENTO EN QUE SE EFECTUARÁN LAS DEDUCCIONES TRATÁNDOSE DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES SUJETOS A IMPORTACIÓN TEMPORAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."

1.5. Finalmente, a través del quinto concepto de violación, la parte quejosa argumenta que el decreto en cuestión transgrede el artículo 28 constitucional, en relación con los diversos 49, 72, inciso H y 131, también de la Carta Magna, considerando que el Ejecutivo carece de facultades para establecer exenciones en materia de impuestos federales.

La impetrante de garantías considera que al actuar con base en la potestad reglamentaria conferida en el artículo 89, fracción I, constitucional, el Ejecutivo invade la facultad legislativa conferida al Poder Legislativo en el diverso 72, inciso H, pues aquél no le confiere la posibilidad de establecer exenciones a las contribuciones y, por ende, tampoco a condicionarlas.

Argumenta que existe una vulneración al principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 constitucional, pues el Ejecutivo sólo puede legislar en los supuestos excepcionales previstos en los numerales 29 y 131 de la Constitución Federal, precisando que este último numeral no le autoriza para legislar en lo relativo a impuestos federales, excepción guardada en materia de comercio exterior.

Asimismo, la parte quejosa alega que el artículo 28 constitucional prescribe que sólo la ley puede establecer las condicionantes al establecimiento y creación de las exenciones de impuestos y, de la misma manera, que las leyes regularán lo relativo a la libre competencia económica.

Concluye que en razón de que el decreto en cuestión tiene efectos materialmente legislativos, excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo y contradice la Constitución Federal, motivo por el cual resultaría procedente la concesión del amparo.

2. Por su parte, el Juez de Distrito expuso las siguientes consideraciones, en relación con los planteamientos efectuados por la quejosa.

2.1. En lo que hace a la procedencia del juicio de garantías, el a quo sostiene lo siguiente:

A) En primer término, el a quo determinó que se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, relativo al sobreseimiento del juicio de amparo, considerando que diversas autoridades negaron los actos que les fueron atribuidos, siendo el caso que la quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara tal negativa.

En efecto, el director general de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, negó el acto reclamado consistente en la "tramitación" de la Ley del Impuesto al Activo.

Por otra parte, el director del Diario Oficial de la Federación negó el acto reclamado consistente en la publicación de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales para el ejercicio de dos mil dos.

Finalmente, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en ausencia del secretario de Gobernación, de los subsecretarios y del oficial, negó el acto reclamado consistente en la publicación de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales para el ejercicio de dos mil dos.

En consecuencia, el a quo decreta el sobreseimiento por los referidos actos reclamados, en lo que concierne a las autoridades responsables identificadas.

B) Por otra parte, a través de los puntos considerativos quinto y sexto del fallo recurrido, el juzgador de primera instancia analiza las causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables, así como por el agente del Ministerio Público de la Federación.

En relación con lo anterior, el a quo concluye que las causales invocadas -mismas que corresponden a las fracciones XII y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, esta última en relación con el diverso artículo 80 del mismo ordenamiento- no se actualizan en el presente caso.

Finalmente, al no advertir oficiosamente que alguna diversa causal cobrara vigencia, el Juez procede al estudio del fondo del asunto planteado por la empresa quejosa.

2.2. En cuanto a la negativa del amparo, el Juez atiende los razonamientos de la quejosa con los siguientes argumentos.

A) En primer término, el a quo atiende los argumentos formulados a través del quinto concepto de violación -en razón de que a través del mismo se plantean cuestiones de competencia, estimadas de estudio preferente-, mismos que son considerados infundados, atento a las siguientes consideraciones.

Previa transcripción del decreto reclamado, el Juez a quo se remite al pronunciamiento efectuado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional 32/2002, lo cual tuvo verificativo en sesión de fecha doce de julio de dos mil dos.

Asimismo, partiendo de dicha resolución, el juzgador de primera instancia acude a lo resuelto por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 229/2002, mismo que, a juicio de dicho juzgador, sería similar al asunto identificado en el párrafo que antecede.

El Juez a quo cita ambos precedentes, señalando que a través de los mismos, este Alto Tribunal habría considerado que al expedir el decreto reclamado, el presidente de la República habría ejercitado la facultad que le es conferida por el artículo 89, fracción I, constitucional, de ejecutar lo establecido en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, facultad ésta mediante la cual podía válidamente expedir decretos y acuerdos, así como ordenar todos los actos necesarios para la observancia de las leyes dentro del ramo hacendario.

B) En cuanto al tercer concepto de violación, el a quo lo considera infundado, estimando que el "criterio diferenciador" que se desprendería del artículo primero del decreto reclamado, no vulneraría las garantías constitucionales de libre concurrencia, en relación con la libertad de trabajo, industria y comercio.

En relación con lo anterior, el juzgador de primera instancia señala que, a su juicio, el decreto en cuestión no prohíbe que la parte quejosa se dedique a la actividad o profesión que le acomode siendo lícita, sino que únicamente determina la exención de un tributo a pagar.

El juzgador argumenta que si bien es cierto que el artículo 5o. constitucional establece la libertad de trabajo mediante la cual todas las personas pueden dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más les acomode, también lo es que ésta no debe entenderse como limitante al Congreso de la Unión para establecer, en el uso de sus facultades legislativas, las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Federación y, por ende, gravar los activos con los que la quejosa pudiera contar.

En apoyo a lo anterior, utiliza, por analogía, la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, página 51, cuyo rubro establece: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUES

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19792-1b91c521/analisis-constitucional-su-intensidad-a-la-luz-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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